En el marco de un nuevo aniversario del asesinato del fiscal Alberto Nisman, en la noche previa a que declare contra la entonces presidente Cristina Kirchner, el nuevo Gobierno dio un contundente respaldo a la investigación.

El domingo 18 de enero de 2015, por la noche, fue encontrado muerto de un tiro en la cabeza el fiscal Alberto Nisman, en su departamento de las Torres Le Parc de Puerto Madero. Esto sucedía apenas unas horas antes de presentar su denuncia en el Congreso contra la entonces presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto encubrimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El fiscal había denunciado a la ex mandataria, a su canciller Héctor Timerman, ya fallecido, y a otros dirigentes kirchneristas por encubrir a iraníes acusados por el ataque terrorista a la AMIA. Actualmente su causa ha quedado cajoneada, mientras se resuelve la causa donde se investiga, oficialmente, el homicidio del propio Nisman.

Allí, se encuentran procesados su asistente más cercano, el perito informático Diego Lagormarsino, quién le prestó el arma Bersa calibre 22 con la que se halló que fue el disparo, y los cuatro guardaespaldas del fiscal.

En esta línea y marcando una fuerte diferencia con la comunicación del anterior gobierno, desde la Oficina del Presidente, Javier Milei no tuvo miedo de usar la palabra "homicidio", término que empleó la propia Cámara Criminal y Correccional Federal en el último fallo de la causa.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 18, 2024

La causa pasó por las manos de diferentes jueces, tuvo varios informes, uno del Cuerpo Médico Forense, que respaldó la insólita teoría del suicido por decir que no podía constatar a terceras personas en el baño, mientras que luego un peritaje de Gendarmería Nacional, en ese momento dependiente de la actual y también aquel entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que sostuvo que fue un homicidio.

Desde ese entonces, para el juez Julián Ercolini y el fiscal Edudardo Taiano, solamente hay identificado un solo responsable: Lagomarsino, el ex empleado de la UFI AMIA, asistente más cercano y perito informático del fiscal asesinado, aunque también están procesados sus cuatro guardaespaldas.

Lo jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia apuntaron que la muerte de Nisman se trató de un asesinato: "Se encuentra prima facie acreditado que Natalio Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA Asociación Mutual Israelita Argentina que dejó 85 muertos y más de 300 heridos".

¿Cómo se acerca Alberto Nisman a la causa AMIA?

Alberto Nisman contaba con una larga carrera en el sistema judicial argentino, en el que había comenzado como fiscal en los Tribunales de Morón. En el año 1997, lo convocaron a sumarse a la causa AMIA, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba​ que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en la calle Pasteur 633 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el lunes 18 de julio de 1994. Dos años antes, en 1992, un furgón cargado con explosivos se estrelló contra el frente del edificio de la Embajada de Israel y causó 22 muertos y 242 heridos.

Estos dos atentados colocan a la Argentina como uno de los dos países americanos, junto con Estados Unidos, en ser víctima de la violencia del terrorismo fundamentalista islámico. Esto llevó a un gran interés político por resolver la causa, pero fue también culpa de la política que un fallo se retrasara y la investigación llegara a un punto muerto.

Estado de la causa AMIA

Las víctimas del atentado terrorista de la AMIA siguen esperando justicia hace ya 30 años. Se trata de la causa más compleja de la historia judicial del país, y una que sufrió la mayor injerencia de la política, seguramente del mundo.

La Justicia argentina considera que el ataque fue ideado y preparado por quienes por entonces ejercían el gobierno en la República Islámica de Irán, y ejecutado por la organización terrorista libanesa Hezbolá, que es el brazo armado terrorista de la teocracia iranía.

Según la Unidad Fiscal de Investigación para las causas vinculadas con el atentado contra la AMIA (UFI AMIA), se ejecutó un pedido de captura internacional para un grupo de sujetos que se consideran sospechosos del ataque o de su planificación. Sin embargo, no hay una sola condena y no se sabe ni uno solo de los nombres de los autores materiales del ataque.

El juez interviniente declaró al hecho como un crimen de lesa humanidad. Actualmente, son seis los sujetos –cinco iraníes y un libanés– que, en la órbita de INTERPOL, registran un pedido de captura internacional con máxima prioridad de búsqueda, lo que se denomina una “notificación roja”.  

Dos juicios orales y la investigación aseguran que el atentado se realizó con una camioneta Trafic cargada con explosivos, que se subió a la vereda y se detonó en la puerta de la Mutual. La reconstrucción del derrotero del motor al que pertenecía ese vehículo reveló que había sufrido un incendio poco tiempo atrás, y que sus restos habían sido adquiridos finalmente por un sujeto que hacía del doblado de autos su medio de vida. Se trataba de Carlos Alberto Telleldín.

En 1996, declara Telleldín, en un tribunal, aceptando haber entregado un vehículo a un grupo de policías de la Provincia de Buenos Aires, por lo que fueron detenidos él y cuatro funcionarios. Pero en el proceso, se constata que Telleldín por instrucción de un juez había recibido de la SIDE, unos US$ 400.000 para declarar falsamente acusando a los policías, de manera de cerrar la causa sin involucrar a los verdaderos culpables.

El tribunal dejó libres a los acusados en el 2004, dictando su inocencia en 2009, y mandando a juicio nuevamente a Telleldin. Los jueces del Tribunal 3 expresamente señalaron que el “juez instructor orientó su actuación a ‘construir’ una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender, de ese modo, las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”

Luego de ello, resultaron absueltos los 22 imputados por los cuales se había hecho el juicio. También a partir de ese fallo fue que, en la órbita de la Procuración General de la Nación, se dispuso la creación de la UFI AMIA.

La UFI AMIA logró sellar la condena de los responsables del encubrimiento, pero hasta la fecha no ha podido avanzar en los nombres de los responsables del ataque. En un informe de la UFI AMIA, se lee: “se condenó al exjuez Juan José Galeano a la pena de 6 años de prisión por los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba; el ex Secretario de Inteligencia Hugo Alfredo Anzorreguy fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado y encubrimiento por favorecimiento personal; Carlos Alberto Telleldín fue condenado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión por el delito de peculado; el ex Subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar fue condenado a 3 años de prisión por encubrimiento por favorecimiento personal y falsedad ideológica; en tanto que el excomisario Carlos Antonio Castañeda fue condenado a 3 años de prisión por los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal, violación de medios de prueba y falsedad ideológica"

"También fueron condenados mediante ese veredicto los ex fiscales Eamon Gabriel Müllen y Carlos José Barbaccia, ambos a la pena de 2 años de prisión en suspenso, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Finalmente, también resultó condenada la expareja de Carlos Telleldín, Ana María Boragni, a la pena de dos años de prisión en suspenso, por su participación en el delito de peculado. Los restantes acusados, entre quienes se encontraba el ex Presidente de la Nación, Carlos Menem, resultaron absueltos. Cabe aclarar que este fallo no se encuentra firme al día de la fecha, dado que se encuentra en proceso de revisión por parte de la Sala II de la Cámara de Casación Penal”, se completó.

Funcionarios iraníes responsables

Según el informe de la UFI AMIA, los funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el ataque son: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán; Alí Fallahijan, por entonces Ministro de Información iraní; Alí Akbar Velayati, en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”; Ahmad Vahidi, en aquella época a cargo de la fuerza de elite “Al Quds”, perteneciente a la Guardia Revolucionaria; Mohsen Rabbani, al tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina; Ahmad Reza Asghari, en aquel entonces Tercer Secretario de la Representación Diplomática iraní en Argentina; y Hadi Soleimanpour, en aquella época Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.

La Justicia también considera responsables en la ejecución del atentado a Imad Fayez Moughnieh, por entonces a cargo del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa Hezbolá, y a Samuel Salman El Reda, miembro activo de la aludida organización terrorista.

La denuncia a Cristina Kirchner

Cuatro días antes de su muerte, Nisman había acusado públicamente a la por entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, de firmar un acuerdo con Irán, con la finalidad de entablar relaciones comerciales (se dice que CFK quería superar la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos) a cambio de encubrir judicialmente a los sospechosos iraníes de altos cargos, implicados en el atentado, pertenecientes a la organización terrorista Hezbolá, considerada artífice del terrible atentado.

La entonces mandataria negó rotundamente que ese pacto llamado “Memorando de Entendimiento con Irán” existiera, alegando que ella buscaba entablar una relación que permita buscar juntos a los responsables.

Sin embargo, el presidente Mauricio Macri, en el 2015, revisó y suspendió el Memorándum de Entendimiento, donde se comprobó que habían sucedido negociaciones entre los gobiernos argentinos e iraníes. A finales de febrero de 2019, el antiguo presidente Carlos Menem fue declarado inocente de haber ocultado el atentado durante su mandato.

Nuevamente hubo un cambio de dirección en la causa, cuando volvió a cambiar el signo político del Gobierno. En 2021, en pleno mandato de Alberto Fernández, se dictaron sobreseimientos, alegando que ese memorando no constituía un delito, pero la causa se reabrió nuevamente en septiembre de 2023.

Nuevos datos en 2023: Inorgánicos de la AFI

Con la aparición de Ariel Zanchetta, la causa tiene nuevos datos. Zanchetta es un ex policía que queda preso por espiar a jueces de Comodoro Py y de la Corte Suprema. Su defensa es que mantenía una actividad como periodista. Se dice que podría ser un agente inorgánico de la AFI, que respondía a tres espías de la central, según el fiscal Gerardo Pollicita, ya que tenía en su poder información sobre la causa Nisman. 

Previo y posterior a ello, muchos altos rangos de la AFI declararon en la causa. Se sabe que luego de la muerte de Nisman, desde la AFI de Óscar Parrilli se investigó a Viviana Fein, esto confirmado por Fernando Pocino, ex director de la SIDE, en sus declaraciones.

Tiempo después de que Parrilli asumió en la reconvertida AFI (ex SIDE), el jefe de los espías Jaime Stiuso presentó su renuncia, agente que había trabajado muy cerca del fiscal Alberto Nisman, ayudando en la causa.

Zanchetta decía en el informe que había un “cúmulo de fallas” que se registraron en la seguridad del edificio Torres Le Parc de Puerto Madero que llevaron a que sea plausible la teoría de que una persona se coló en su departamento, y que había que investigar las comunicaciones antes, durante y después del hecho.

En 2016, Stiusso declaraba “estoy convencido de que a Alberto Nisman lo mataron, estoy seguro que Alberto era blanco de una inteligencia paralela”. Estas declaraciones, sumadas a las de Zanchetta, impulsaron a que la justicia investigue la existencia de un grupo de espías rebeldes que operan por fuera de la dirigencia que se ubica en la Casa Rosada.