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Un informe reveló que la Corte Interamericana recibe fondos de organizaciones progres que influyen en sus decisiones

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Global Center for Human Rights (GCHR) le respondió a la jueza Nancy Hernández con ejemplos de transferencias que condicionan su trabajo. La organización pide transparencia y advierte que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en riesgo.

En la Inauguración del Año Judicial Interamericano, la presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la jueza costarricense Nancy Hernández López, buscó desmentir con su discurso de apertura que la Corte IDH esté “financiada por intereses particulares para favorecer determinada agenda”, al asegurar que circulan afirmaciones “sin sustento” y que el tribunal “no recibe contribuciones que vayan dirigidas a favorecer temas o países determinados”.

De esta manera, la magistrada se hizo eco del «Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada», publicado por el Global Center for Human Rights, una ONG de derechos humanos con sede en Washington DC. Sebastián Schuff, presidente de GCHR, explica que “allí está documentado que, al menos por dos años, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financió proyectos de la Corte en cuyos títulos se definían temáticas determinadas, impulsando una agenda política concreta”.

Casos de financiamiento condicionado

De acuerdo a la investigación de GCHR, la Corte IDH elabora en promedio once sentencias y menos de una opinión consultiva al año. En este contexto, la atención a las temáticas indicadas en proyectos financiados por AECID es llamativamente desproporcionada.

En 2016, la agencia española aportó fondos para el proyecto de “Protección de víctimas y personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre alegada discriminación por orientación sexual y garantías del debido proceso”, y ese mismo año la Corte IDH se abocó en dos ocasiones a la resolución de casos contenciosos sobre “discriminación por orientación sexual”, alineándose de este modo a la temática del proyecto financiado. En dicho año, la Corte IDH “alegó el incumplimiento de obligaciones inexistentes en los tratados acerca de la llamada «orientación sexual e identidad de género", cuando condenó a Colombia en el marco del Caso Duque”, y a Ecuador en el Caso Flor Freire.

Otro caso de financiamiento condicionado de la Corte por parte de AECID, nuevamente, aparece en el informe financiero 2018, en un acuerdo por USD 313.350 para el “Mantenimiento de las capacidades de la Corte IDH para resolver casos y opiniones consultivas que contribuyan a la protección de grupos vulnerables, a través de la emisión de estándares sobre medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, deberes de especial protección de las niñas y los niños, asilo, violencia sexual y no discriminación por orientación sexual y por identidad de género, y para difundir audiencias de casos y opiniones consultivas”. Consecuentemente, durante ese periodo se elaboraron tres opiniones consultivas sobre medio ambiente, no discriminación por orientación sexual e identidad de género y asilo.

“Si bien llama la atención que la Corte haya emitido tres opiniones consultivas en seis meses, lo que realmente preocupa es que esas opiniones respondan explícitamente, otra vez, a los requerimientos determinados en el proyecto financiado por AECID”, explicó Sebastián Schuff. “Esto pone de manifiesto, al contrario de lo que afirma la presidenta del tribunal regional, que hay probado sustento para decir que la Corte IDH recibe contribuciones dirigidas a favorecer temas determinados”, sentenció el abogado.

A partir de las declaraciones realizadas por la jueza costarricense se habilitaron en la página web de la Corte IDH datos referidos al financiamiento, tal como anunciaron, pero los mismos no detallan montos, títulos, ni donantes de cada proyecto específico.

“Más preocupante es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano esencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) por ser el encargado de seleccionar los casos a tratar y cuya transparencia es aún más opaca que la de la Corte, esté siendo financiada parcialmente por países extracontinentales, empresas privadas y ONG transnacionales, como la Fundación Ford o la Open Society Foundation.”

Conflictos de interés e inseguridad regional

La investigación realizada por la ONG de derechos humanos alerta sobre la gravedad que conllevarían los potenciales conflictos de interés, ya que algunas organizaciones internacionales que apoyan a la Corte IDH o a la CIDH también financian a las partes peticionarias de casos de litigio estratégico en el sistema.

Un ejemplo de esta irregularidad es la contribución regular que la Fundación Ford a realizado en favor de la Comisión, mientras financia a la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, la cual fue una de las organizaciones peticionarias en el caso «Manuela vs. El Salvador» (según reconocieron las dos de las organizaciones que representan a la parte peticionaria). El conflicto de interés se evidencia nuevamente en el caso «Beatriz vs. El Salvador», que tiene por parte peticionaria a la misma agrupación.

Algo similar parece suceder con la Fundación Heinrich Böll, del partido político alemán Los Verdes, que impulsa una agenda socialista, ecologista y de género, y que desde 2017 financia proyectos de la Corte y apoya a aquella misma agrupación peticionaria.

“El problema es mayúsculo, porque el hecho de que una misma entidad financie al juez y al peticionario afecta gravemente la independencia e imparcialidad necesaria de estos órganos”, advirtió Schuff “Lo que es inaceptable en cualquier país, es un hecho habitual en la Corte IDH y sus órganos asociados”, añadió.

En relación al Caso Beatriz, Schuff sostiene que “allí se juega la credibilidad de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. GCHR y otras entidades advierten que el Pacto de San José de Costa Rica es el fundamento de la existencia de la Corte IDH, y este mismo tratado consagra en su artículo 4° el derecho a la vida “a partir del momento de la concepción”. En este caso, la Corte IDH debe decidir si las autoridades de El Salvador obraron bien al procurar el cuidado de las dos vidas, la de la madre y la de su beba, y evitar así que se sometiera a un aborto a una madre con la excusa de terminar con la vida de su beba, que padecía una malformación.

El Salvador está obligado a respetar tanto el Pacto, que reconoce como personas con iguales derechos a Beatriz y a su hija Leilani, como a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que impediría discriminar a la pequeña Leilani por su grave discapacidad.

“El caso debería haberse declarado inadmisible por contradecir estos tratados”, sostuvo Schuff, en línea con el informe de fondo del comisionado Edgar Orellana, advirtiendo que “una sentencia que contradiga explícitamente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos provocaría, sin dudas, una implosión de todo el Sistema Interamericano de Derechos. Y pondría a todos los Estados miembros en una situación de inseguridad jurídica insostenible.”

Por todo esto el abogado sostiene que “es necesario que se reformulen las normas del SIDH para que no haya más financiamiento condicionado. Pero que además se aclare cómo funciona la Corte, porque si se convierte en un tribunal supranacional sin ningún límite ni control, va a ser una amenaza para la democracia y la soberanía de todo el Continente”.

Ecuador

Diana Salazar: La Fiscal de Ecuador que embandera la lucha contra la corrupción correísta y crece en popularidad entre la derecha

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La fiscal se presentó este lunes ante la Asamblea Nacional para defenderse de los ataques de la izquierda correísta, a la que está investigando por sus múltiples casos de corrupción, en medio de la crisis que atraviesa Ecuador.

La Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar que, al igual que Javier Milei, ha sido incluida por la revista Times entre las 100 personas más influyentes del mundo producto de su trabajo para combatir la corrupción en su país, reveló recientemente que los sicarios contratados para asesinar a Fernando Villavicencio, que aspiraba a la presidencia de su país, tenían también como tarea matarla.

Durante toda su gestión y con “el visto bueno” de los Estados Unidos, se dedicó a evidenciar las redes de corrupción desatadas en Ecuador durante los últimos años. Producto de su trabajo, Diana Salazar logró empatizar con la derecha ecuatoriana que, a través de diversas movilizaciones, le expresan su apoyo ante cada investigación que realiza.

Este lunes se hizo presente en la Asamblea Nacional de Ecuador en el marco de un juicio político en su contra, impulsado por legisladores correistas de extrema izquierda. Si bien la fiscal desmiente en público sus intenciones presidenciales, varios analistas locales consideran que este es una oportunidad para su posicionamiento público y que le conviene esperar a que pasen estos meses para lanzar su candidatura.

Para entender por qué Diana Salazar tiene alto apoyo popular, a niveles presidenciales, es clave analizar el contexto político y social que atraviesa el país. Lo primero es que casi la mitad de los ecuatorianos está en contra del correismo y ella enarbola mejor que nadie la lucha contra la corrupción de aquel espacio.

En segundo lugar está la imagen de Daniel Noboa. El actual presidente se ve atado a la difícil situación económica, una crisis energética con apagones, un escándalo reciente de su esposa en la costa ecuatoriana y, sobre todo, el costo político de haber recientemente aumentado el IVA y los combustibles para financiar su guerra contra el narco.

A dicho contexto se le suma que Diana, con encuestas que la entusiasman tras altos índices de popularidad, finaliza su mandato como Fiscal General del Estado en 2025. Dentro de la opinión pública, logró posicionarse como una de las principales anticorreistas dentro del escenario político local.

Jan Topic, ex candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano (PSC), es el tercer integrante que completa el podio de la derecha ecuatoriana para combatir al correismo junto con Noboa.

Crisis de inseguridad y económica

Ecuador está atravesando un conflicto armado interno contra organizaciones delictivas y el narcotráfico desde el 9 de enero de 2024, cuando un grupo de delincuentes tomó los estudios televisivos de TC.

Desde entonces, el principal objetivo de Daniel Noboa fue combatir la inseguridad y por eso convocó a una consulta popular el pasado 21 de abril en la que los ecuatorianos le dieron las facultades necesarias para atacar al delito.

Sin embargo, una problemática creciente, y que asoma como el dilema central de la próxima elección, es la economía. La falta de empleo, producto de la carencia de las inversiones, se ubica como la principal preocupación dentro de los ecuatorianos.

La presidencia de Noboa

Si bien el presidente Daniel Noboa goza de altos índices de popularidad entorno al 60%, la coyuntura y los errores no forzados lo van desgastando. Incluso la tendencia de apoyo a su gobierno marca tendencias a la baja, ya que hace pocos meses contaba con números cercanos al 80%.

El ataque a la embajada mexicana, la suba de los combustibles y el gas, el incremento del IVA y los pocos resultados de su Plan Fénix explican la caída del mandatario. De todoso modos, en el oficialismo vieron con optimismo el triunfo en la consulta popular y confían en poder encaminar el rumbo de cara a las elecciones del 2025.

Cabe recordar que Noboa está terminando el mandato de Guillermo Lasso, por lo que en tan solo un año deberá revalidar su propia gestión para ganar 4 años propios de gobierno, si es que quiere mantenerse al frente de la tan difícil tarea.

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Argentina

Adorni defiende el liberalismo de Milei: "Nosotros no creemos en un Estado fuerte, creemos en un Estado al revés de lo que plantea Lacalle"

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El vocero argentino opinó sobre los dichos de Lacalle Pou en contra del liberalismo que defiende el presidente Javier Milei.

Unas semanas atrás, el presidente Javier Milei se cruzó con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en la cena anual de la Fundación Libertad. Los mandatarios se fundieron en un cálido abrazo, y el argentino le aceptó una invitación a Montevideo, aunque sin una fecha concreta.

Sin embargo, un rato antes, el saliente presidente de la República Oriental propinó una chicana contra el modelo libertario que promueve Milei, asegurando que el "liberalismo a la uruguaya" cree en "políticas liberales pero con Estado fuerte".

"La libertad no se puede gozar si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a la salud o no se estudia. Tenemos que tener un Estado fuerte para poder gozar de la libertad", dijo insólitamente en su discurso. Esta frase no fue escuchada por Milei en ese momento, ya que todavía no había arribado al evento y llegó luego de la exposición de Lacalle.

Aunque en su momento no la escuchó el mandatario argentino, resonó fuerte entre los liberales seguidores de Milei, y abrió un debate. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó la postura del Gobierno argentino en una entrevista para el diario El País.

"Bueno, es la posición de Lacalle Pou. Nosotros no pensamos así. Nosotros creemos en un Estado al revés de lo que plantea Lacalle Pou. Que sea un Estado que no le complique la vida a la gente. Y creemos en la igualdad de oportunidades reales. En la igualdad ante la ley. Y en el esfuerzo y el sacrificio. Y ahí el Estado no tiene mucho que hacer", explicó el portavoz argentino al periodista Sebastián Fest.

Sobre la postura respecto al Mercosur, Adorni explicó: "Nosotros tenemos una idea clara de lo que queremos en términos de comercio internacional, que es la libertad comercial absoluta. Dentro del Mercosur, nosotros lo que vamos a hacer es siempre promover eso. Todo lo que pueda sugerir trabas o complicaciones o burocracias, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Por lo tanto, si el Mercosur puede ir en línea con nuestras ideas, bienvenido sea".

Y expandió: "Nosotros somos afines con los que efectivamente son afines con nosotros. Entendemos que Uruguay, o Chile, o incluso Paraguay, han hecho muchas veces las cosas mejor que nosotros. Tenemos mucho camino por andar".

"Los demás países seguramente también, pero Argentina viene un paso atrás y son pasos que queremos dar de manera acelerada, para salir de esta bancarrota, miseria y decadencia en la que estamos. Después, si el Mercosur es parte de esa agenda, mejor. No hay mucho para cuestionar ni para enaltecer con respecto al Mercosur", completó.

Por último, se refirió a la batalla cultural que está dando Milei en Argentina, algo que nunca pareció importarle a Lacalle Pou en Uruguay. "La batalla cultural es, para nosotros, el debate de la libertad, de lo que pueda significar la desregulación del Estado, de la economía y la baja de impuestos. Normalizar este país. Y creo que lo vamos a hacer, vamos a tener un gran resultado", cerró.

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Brasil

Elon Musk donará 1.000 antenas de internet satelital a Brasil por las inundaciones, a pesar de los ataques dictatoriales de Lula

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Mientras aumenta la persecución política a opositores y la censura a la red social X por parte del Gobierno de Brasil, Elon Musk ayudará al pueblo brasileño en estos momentos difíciles.

Elon Musk anunció este jueves que luego de las terribles inundaciones en Brasil, donará 1.000 terminales de comunicación satelital por internet a los servicios de emergencia en ese país a través de su red de satélites Starlink, para que los equipos puedan coordinar las evacuaciones.

"Espero lo mejor para los brasileños", señaló Musk en la red social X. "Dadas las terribles inundaciones en Río Grande del Sur, Starlink donará 1.000 terminales a los servicios de emergencia".

Además de la donación de los equipos, la empresa proporcionará de forma gratuita el uso de todas las terminales en la región hasta que se complete la recuperación tras las inundaciones.

Starlink es una constelación compuesta por más de 6.000 pequeños satélites, operada por Starlink Services, una subsidiaria de SpaceX. Esta constelación proporciona cobertura de comunicaciones en más de 75 países.

Las tormentas y lluvias que comenzaron en Brasil hace unas semanas han causado al menos un centenar de muertos y 1,5 millones de damnificados. Muchos de los afectados están esperando ser rescatados de las zonas más afectadas en el sur de Brasil.

Según las autoridades, hay 129 personas desaparecidas y 372 heridas en el estado de Río Grande do Sul. El 80% de los municipios en esta región están total o parcialmente inundados, y alrededor de 230.500 personas han debido abandonar sus hogares.

Además de las pérdidas humanas, miles de viviendas e infraestructuras, como puentes y carreteras, han sido destruidas. El aeropuerto de Porto Alegre se ha convertido en una enorme laguna, lo que ha obligado a suspender por completo sus operaciones hasta finales de este mes.

La ayuda de Argentina

Por otro lado, el Gobierno brasileño expresó su agradecimiento por la ayuda humanitaria enviada por Argentina a los damnificados por las inundaciones en el sur de Brasil, que causaron la muerte de 108 personas.

"Brasil agradece a Argentina la solidaridad y el envío a Río Grande do Sul de dos purificadores de agua y 72.000 pastillas potabilizadoras, material prioritario para atender a la población afectada", anunció la cancillería brasileña en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Los purificadores, transportados en un avión Hércules de la fuerza aérea argentina, fueron descargados en la base militar de Canoas, ya que el aeropuerto de Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul, sigue sin operar debido a la inundación de sus pistas.

"La embajada del Brasil en Buenos Aires agradece al gobierno de la República Argentina las reiteradas manifestaciones de solidaridad y el envío de importante ayuda humanitaria a los afectados por las inundaciones en el sur del país", indicó un mensaje de la representación diplomática repostado por la cancillería.

La entrega del material, en el marco de la operación ‘Mano Amiga’, fue supervisada directamente por el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri. Según el Gobierno argentino, la ayuda fue ofrecida el lunes al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y aceptada de inmediato. Sin embargo, la entrega se retrasó dos días debido a que no había ninguna pista habilitada para recibir el avión militar hasta el miércoles.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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