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Argentina deberá pagar una cifra millonaria tras perder un juicio por la estatización de las jubilaciones, impulsada por Cristina Kirchner

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La demanda fue presentada por la aseguradora Metlife en 2017, y fue debatida por el tribunal arbitral del Banco Mundial, que falló en contra de Argentina.

Las consecuencias de las malas decisiones tomadas por el gobierno kirchnerista siguen pasándole factura a los argentinos. Este jueves, el Estado argentino perdió un juicio arbitral contra la empresa internacional Metlife por la estatización de los fondos de jubilaciones durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Según dictaminó la justicia, el resarcimiento otorgado por el Gobierno K fue considerablemente menor al reclamado inicialmente por Metlife, la cual demostró los daños específicos causados por aquella decisión política que afectó a todas las proveedoras de jubilaciones privadas en el país.

La demanda, presentada en 2017, se fundamentó en la violación del Tratado de Protección de Inversiones entre Estados Unidos y Argentina de 1991, que fue ultrajado con la decisión de expropiar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) al comienzo del mandato presidencial de Cristina Kirchner.

El tratado fue ratificado mediante la ley Nº 24.124 del Congreso en 1992, mientras que las AFJPs fueron establecidas por la ley 24.241 en 1993. Durante el gobierno kirchnerista, se optó por eliminar las AFJP y meterle mano a la mayor caja del país.

Según lo informado, este caso representa el demanda número cincuenta y cuatro presentada por este tema ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una entidad afiliada al Banco Mundial. Estos casos incluyen tanto disputas relacionadas con decisiones tomadas durante la crisis económica de 2001 como aquellas vinculadas a medidas adoptadas durante el gobierno kirchnerista.

La empresa recibió asesoramiento legal de White & Case LLP, un estudio jurídico conocido en Argentina por su participación en controversias relacionadas con la deuda soberana. Por otro lado, la defensa argentina, liderada por la Procuración del Tesoro, fue asistida por el estudio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, tanto en Estados Unidos como en Argentina, pero la violación a las leyes fue demasiado evidente como para evitar una sentencia de este tipo.

Metlife, presente en Argentina desde 1994, se dedica a la venta de seguros de vida, de ahorros, patrimoniales y por accidentes, pero durante la vida de las AFJPs, administraba también un fondo de pensiones. La demanda la presentó casi una década después de la expropiación, lo cual estaba en su derecho, ya que este tipo de casos no están sujetos a plazos de prescripción.

Originalmente, la demanda contra el Estado argentino era de "cientos de millones de dolares", pero finalmente la Argentina recibió una penalidad de aproximadamente US$ 8 millones de dolares, una cifra mucho menor a la reclamada.

Este "logro" en el caso MetLife es aún mayor si se tienen en cuenta los recursos destinados a la preparación de la defensa. Mientras que los costos de la defensa de MetLife ascendieron a USD 13,82 millones, los de la defensa argentina fueron de USD 1,97 millones, incluidos los honorarios de los miembros del tribunal y los costos del CIADI.

Con sus casos, entre concluidos y pendientes, la Argentina ha sido el país más demandado en el CIADI, seguido de cerca por Venezuela, con 49. La última demanda contra el país la iniciaron dos empresas concesionarias de autopistas de peaje, Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), a través de su accionista Abertis, en el marco de una disputa por los contratos de concesión pactados en 2018 y rescindidos ilegalmente en la gestión de Alberto Fernández.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

Argentina

La Justicia investiga otra megacausa contra los piqueteros: Hay más de 1.000 denuncias sobre extorsiones para ir a las marchas

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La causa recayó en el juez Ariel Lijo, quien ordenó diversos informes y declaraciones testimoniales. Por el momento, Patricia Bullrich confirmó que se judicializaron más de 10 mil casos.

La causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que puso contra las cuerdas a los principales grupos piqueteros por extorsionar a los beneficiarios de planes sociales para que vayan a las marchas para seguir cobrando el programa.

Esta semana comenzó con una serie de allanamientos en la causa que engloba al Polo Obrero, pero no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Su colega Ariel Lijo tiene a cargo otra mega causa por los mismos delitos.

En ese expediente, según se pudo saber de fuentes judiciales, hay más de 1.000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134. La causa que tramita en el juzgado de Lijo, incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei.

Una fue de las protestas del 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía.

Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.

El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA).

La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros. Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.

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Argentina

"Se les acabó la luna de miel": Por fin separaron a las asesinas de Lucio Dupuy, que estaban viviendo juntas en la cárcel

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Magdalena Espósito Valenti abandonó la cárcel de San Luis custodiada por el Servicio Penitenciario Federal. La separación de las asesinas era algo reclamado por la familia de Lucio.

Las mujeres condenadas a perpetua por el homicidio y abuso sexual de Lucio Dupuy fueron separadas por decisión de la Justicia de La Pampa, y tras la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que sean movidas a una cárcel federal.

Se trata de Magdalena Espósito Valenti, madre del nene de 5 años asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021, y su novia Abigaíl Páez, quienes estaban conviviendo juntas en una cárcel de San Luis.

Ambas estaban alojadas en la misma celda del Complejo Penitenciario de San Luis, hasta esta madrugada, cuando la primera fue trasladada por el Servicio Penitenciario Federal al Complejo Penitenciario Federal N° 6 ubicado en Lujan de Cuyo, Mendoza.

Desde que fueron detenidas, la familia de Lucio reclamaba que cumplan la pena en prisiones diferentes. “Están de luna de miel”, solían denunciar los abuelos del niño asesinado al respecto.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X un mensaje al respecto. "Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy", tituló, y explicó: "Lo mataron su madre y su novia. Se lo sacaron a su abuelo y a su tía. Lo torturaron hasta matarlo. En su declaración, la pareja asesina confesó que Lucio era "el obstáculo": así le decían para estar juntas y por eso lo mataron".

"Estaban juntas en la cárcel de La Pampa, lo que para el abuelo y la tía era darles un beneficio y no una pena. Por eso, nos pidieron separarlas y así lo hicimos", expresó la ministra.

"Ahora ya están separadas, en dos cárceles en provincias distintas, y pasarán hasta el último día de sus vidas encerradas y sin verse. Las responsables de su sufrimiento y el de toda su familia van a tener su merecido, y Lucio y su familia van a tener justicia", concluyó el mensaje.

El crimen de Dupuy

El trágico suceso que involucra a Lucio Dupuy tuvo lugar en la noche del viernes 26 de noviembre de 2021, cuando fue llevado al Hospital Evita de la capital pampeana por su madre y su pareja, mostrando múltiples y graves lesiones. En un estado crítico y con apenas signos vitales, los esfuerzos médicos por reanimarlo resultaron infructuosos, y su fallecimiento fue confirmado minutos después. Posteriormente, en el juicio que enfrentaron, se demostró que las mujeres mintieron ante los médicos, alegando que habían sido víctimas de un robo y que los asaltantes también habían agredido a Lucio. Esta versión falsa condujo a la intervención de la Policía provincial, resultando en la detención de Magdalena y Abigail.

La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una "hemorragia interna" inducida por las brutales agresiones sufridas por Lucio. Además, se descubrió que el niño presentaba tanto lesiones antiguas como recientes, habiendo sido tratado previamente por fracturas de brazos y dedos en varios centros de salud. Su cuerpo exhibía evidencias de golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillos.

Ambas mujeres fueron sometidas a juicio y el 17 de febrero de 2023, el Tribunal de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, las condenó a cadena perpetua.

Magdalena Espósito Valenti, la madre, fue encontrada culpable como autora material del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y el ensañamiento. Por su parte, Abigail Pérez, su pareja, fue condenada como autora material del delito de homicidio doblemente calificado por la alevosía y el ensañamiento, y además, culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la tutora y por tratarse de una víctima menor de 18 años de edad.

El 26 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó las condenas y agregó el delito de abuso sexual a la condena de la madre. El 3 de mayo fue promulgada la Ley Lucio (27.709), que busca prevenir y detectar tempranamente situaciones de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.

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Un joven argentino murió peleando contra terroristas en la Franja de Gaza: tenía 20 años y se había enlistado en las Fuerzas de Israel

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La AMIA confirmó la noticia. Se llamaba Ilán Cohen, pertenecía al batallón 202 y falleció durante un enfrentamiento bélico al norte de la Franja de Gaza contra terroristas de Hamás.

El gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, emitió un comunicado a través de Twitter, donde reveló la triste noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino de 20 años que se había enlistado en las Fuerzas de Defensa de Israel y combatía al norte de la Franja de Gaza.

Cohen, nacido en Argentina, había prestado su servicio como paracaidista en el Batallón 202, y falleció el miércoles por la mañana en un combate contra guerrilleros de Hamás. La familia viajará de urgencia para estar presente en el último adiós.

“Recibimos la estremecedora noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino que formaba parte de las Fuerzas de Defensa de Israel falleció combatiendo en Gaza. Abrazamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor, y rezamos por la elevación de su alma”, expresó el rabino a través de un tuit, junto a una imagen del soldado, donde se lo puede ver con el uniforme militar.

Ilán es hijo de David Oscar y Adriana Edith Zac, solía asistir a la comunidad judía del Templo Ajdut Israel, en el barrio porteño de Belgrano, donde celebró su bar mitzvá en 2017, según indicó Eliahu Hamra.

La AMIA confirmó que el padre de Ilán, y uno de sus hermanos, abordarán un vuelo de urgencia desde Ezeiza en las próximas horas. “Les informó la desgarradora noticia del cónsul israelí, y mañana viajará también su madre”, comentó, mientras les brindan contención en este desolador momento.

El grupo terrorista Hamás secuestró a 21 argentinos en su ataque al sur de Israel el pasado 7 de octubre, donde asesinaron a más de 1.500 judíos en cuestión de horas, en la peor masacre en contra de la comunidad desde el Holocausto.

Ilán, como tantos judíos a lo largo del mundo, se postularon para ser parte de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, y poder pelear en contra de los guerrilleros palestinos.

Su muerte se da en la recta final del combate en la Franja, donde Hamás ya ha entrado a la ciudad de Rafah, el último bastión del terrorismo islámico en el territorio palestino. El ejército de Israel dijo que las tropas habían matado a "un gran número de terroristas" en su último combate en Jabalia.

La ONU dice que casi 600.000 personas que se refugiaron han sido desplazadas desde el inicio de una operación terrestre israelí en las afueras del este de la ciudad hace nueve días, incluidas 150.000 personas en las últimas 48 horas.

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