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$1,6 millones para salvarse de un delito: La Justicia aceptó que Alberto Fernández pague para cerrar la causa del Olivos Gate

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El presidente quedó exonerado de su delito por celebrar un cumpleaños en la residencia presidencial en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, dictaminó este lunes a favor de conceder la “conciliación” al presidente, Alberto Fernández, y a su novia, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el Covid-19 que él mismo había decretado al celebrar un cumpleaños clandetino en la Quinta de Olivos en julio del 2020.

Alberto Fernández ofreció una reparación de 1,6 millones de pesos para cerrar la investigación mediante uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos judiciales. Además, Yáñez se comprometió a pagar 1,4 millones de su propio bolsillo.

Ahora sólo resta la homologación por parte del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para que pueda hacerse efectivo el pago. Lo irónico es a dónde será destinado este dinero: irá a “fortalecer el sistema sanitario de los hospitales públicos dedicados a atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia“.

Cabe recordar que el 14 de julio del 2020, en el marco del cumpleaños número 39 de Fabiola Yáñez, el mandatario llevó a cabo una celebración en plena cuarentena en los primeros meses de la pandemia del coronavirus. Fernández organizó una fiesta en la Quinta de Olivos, residencia presidencial, donde se registraron fotos y videos del encuentro publicadas por varios medios.

Todos llegaron al lugar en auto, lo cual no estaba permitido, estuvieron en un espacio cerrado sin ventanas abiertas ni barbijo, lo cual era ilegal, y no cumplieron con el distanciamiento social. Mientras pasaba esto, familias enteras llevaban meses sin verse, sin festejar cumpleaños ni asistir a velorios, por un decreto inconstitucional del propio presidente.

En el evento participaron nueve personas, incluidas amigas de Yañez, sus empleados, la modelo Sofía Pacchi y Emmanuel López, quien fuera su asesor.

Alberto Fernández y otros tres imputados primero intentaron establecer la “inexistencia de delito”, contradiciendo su propio decreto que lleva su propia firma. Pero finalmente la Cámara Federal de San Martín desestimó el planteo y afirmó que había necesidad de involucrar a la Justicia.

A partir de ese momento, el abogado Juan Pablo Fioribello diseño una estrategia para que el presidente no vaya a juicio, y trató, con éxito, resolver la cuestión en audiencia conciliatoria. Lo logró con todos los imputados. Alberto Fernández pagará $1,6 millones, Fabiola $1,4 millones; Emmanuel López $250.000; y Santiago Basavilbaso y Fernando Consagra $220.000 cada uno.

La donación propuesta es un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Este polémico mecanismo permite la extinción de la acción penal “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

Según el mandatario, pedirá un préstamo al Banco Nación para pagar la conciliación, ya que no cuenta con el dinero para hacer el pago. Según su declaración patrimonial de 2021, Alberto Fernández cuenta con un patrimonio total de 5,7 millones de pesos, pero no todos están líquidos.

La gran mayoría de su patrimonio en blanco está en un departamento en la Av. Callao donde solía tener su estudio jurídico, que luego convirtió en sede de campaña en 2019. Esta propiedad está valuada en poco más de 2 millones de pesos.

Después asegura tener créditos (dinero que otras personas le deben pero no ha podido cobrar) por otros casi 2 millones de pesos. Por último, tiene un Corolla XEI PACK 1.8 CVT modelo 2019, valuado en $1.455.000, y menos de $350.000 en bienes, acciones, y efectivo.

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Los radicales presentaron un proyecto para ilegalizar la portación de armas blancas, en camino opuesto a lo que pide la población

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El diputado Juan Martín, de la UCR, presentó un proyecto para prohibir la portación de cuchillos, armas de goma o réplicas.

Encabezados por el diputado santafesino Juan Martín, un grupo de diputados de la UCR presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal con el objetivo de tipificar y sancionar la portación de armas blancas.

La iniciativa va en dirección opuesta a lo que pide la población, que aclama por una mayor flexibilidad en la portación de armas de fuego para poder defenderse de la crisis de inseguridad que atraviesa Argentina.

Los radicales proponen incorporar al Código Penal de la Nación que quien porte armas blancas u objetos cortantes o contundentes, será reprimido con prisión de 6 meses a dos años de prisión y multa de $50.000 a $100.000. Igual pena corresponderá a quien suministre estas armas a menores de 18 años.

Además, el texto establece que la tenencia de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de armas blancas será reprimida con prisión de 1 a 3 años de cárcel, y multa de $100.000 a $250.000.

Nuestro Código Penal tiene más de 100 años: los tiempos exigen que actualicemos las normas y nos hagamos cargo. No puede ser que cualquiera pasee con un cuchillo por la calle y no pase nada“, aseguró el diputado Martín en la presentación.

La Policía y la Justicia deben hacer su trabajo, pero necesitamos herramientas claras en nuestra legislación. No son momentos de mirar para el costado. Hace falta determinación y firmeza”, explicó el autor del proyecto.

Esta afirmación es falsa, y la Policía actualmente tiene la facultad de detener a cualquier persona en concepto de la Ley 23.950, la cual establece la detención por averiguación de identidad. No necesita de ninguna proscripción de armas blancas para poder detener a una persona que tenga empuñada un cuchillo.

Los requisitos para detener a una persona en estos casos son: que haya circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiera cometido un delito o pudiere cometer y no acredite fehacientemente su identidad. La detención no podrá excederse por más de 10 horas y el detenido no podrá estar incomunicado.

El proyecto de ley es incluso más difícil de justificar de esta manera, ya que también propone una sanción a quienes porten armas de aire o gas comprimido, ballesta o similares, como también réplicas con arma de fuego. Cabe la pregunta entonces, ¿qué delito podría cometer una persona con un arma falsa?

La legislación llevará entonces a la creación de licencias para la portación de elementos cortantes que se entregarían por motivos de profesión, oficio o actividad. Por ejemplo, un carnicero debería sacar una licencia para poder ostentar un cuchillo en su comercio que da a la vía pública.

Proyecto de Ley

La iniciativa también cuenta con la firma de los legisladores María Luján Rey; Gabriel Chumpitaz; Mario Barletta; Manuel Aguirre; Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Jimena Latorre; Lidia Ascárate; Aníbal Tortoriello; Gustavo Bouhid y Martín Berhongaray.

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Un borocotazo en Salta complica el armado nacional de Juntos por el Cambio

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El diputado salteño y olmedista, Juan Carlos Zapata, abandonó Juntos por el Cambio para sumarse a un nuevo frente liderado por un diputado de La Campora.

Carlos Zapata

Tras las recordadas migraciones de los diputados Ávila, Carambia y Ansaloni, que saltaron de Juntos por el Cambio (JxC) al kirchnerismo tras la victoria de Alberto Fernández en 2019, la política salteña se vio sacudida esta semana por el “borocotazo” del diputado nacional Carlos Zapata, quien abandonó la coalición opositora (había sido electo diputado hace apenas dos años por JxC), para sumarse a una nueva formación provincial liderada por el diputado de La Cámpora, Emiliano Estrada.

Estrada fue ministro de Juan Manuel Urtubey hasta 2019, y ese mismo año acompañó como candidato a vicegobernador del Frente de Todos al líder del cristinismo salteño, Sergio “El Oso” Leavy, quién perdió dicha compulsa con el actual gobernador Gustavo Sáenz.

Ambicioso y con buena llegada a la familia Kirchner, el candidato que hoy apoya Zapata supo ser mano derecha de Eduardo “Wado” De Pedro en el Ministerio del Interior, cargo que abandonó en 2021, justamente para competir contra Zapata por un lugar en la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que el fragor de la última campaña entre Zapata y Estrada quedó en el olvido y hoy se muestran juntos y decididos a capturar el voto de los kirchneristas duros, que no aprueban la gestión de Sáenz.

Boleta de Estrada en las elecciones legislativas de 2021

Este martes se realiza el lanzamiento oficial de la nueva formación, que reúne a otras viejas caras de la “casta” política salteña, como la kirchnerista Cristina Fiore, el radical de izquierda Rubén “Chato” Correa, el ex diputado Fernando Biella, y el ex dirigente del PRO, Martín Grande, que en agosto abandonó el bullrichismo para sumarse al equipo de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora abandona a éste para apoyar al candidato ultra-K.

Lo más llamativo del “garrochazo” de Zapata radica en que su apoyo al candidato de La Cámpora ocurre en el mismo momento en que su jefe político, Alfredo Olmedo, hace esfuerzos denodados para asegurarse la franquicia de Javier Milei en Salta, e incluso ha gastado un dineral para pintar toda la provincia con el lema Milei-Olmedo.

Según se especulaba ayer en los medios salteños, el sorpresivo pase de Zapata podría obedecer a un pedido del ex gobernador, Juan Carlos Romero, quien buscaría debilitar así a JxC en el plano local, para mejorar las chances de reelección de su hija Bettina, intendente de Salta que hoy aparece hundida en las encuestas tras una pésima gestión.

En el oficialismo salteño festejaron la movida, en tanto, por entender que el quiebre de JxC le da aire también a Gustavo Sáenz, quién viene golpeado tras una gestión tan carente de logros como la de su antecesor Juan Manuel Urtubey.

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Ante las presiones y las movilizaciones en su contra, Maduro canceló su viaje a la Argentina

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El dictador venezolano se asustó de las protestas que los venezolanos argentinos estaban organizando para protestar su visita a Buenos Aires.

El sanguinario dictador venezolano Nicolás Maduro canceló su viaje a la Argentina donde había sido invitado por el presidente Alberto Fernández para participar de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El líder chavista denunció un “plan de la derecha neofascista” para convocar movilizaciones en su contra en Buenos Aires y que estas protestas “amenazaban contra su vida“.

Además, aunque no lo dijo, la realidad que sobre su cabeza pesa una orden de captura del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con una recompensa por US$ 15 millones de dólares, y la Policía Federal Argentina (PFA), como parte de Interpol, tiene el deber de capturarlo de pisar suelo argentino.

Si bien Alberto Fernández había dado la deplorable orden de no arrestarlo como la ley demanda, todo indica que los asesores de Seguridad del chavismo le recomendaron no realizar el viaje.

Maduro denunció que la oposición argentina elaboró un “plan extravagante” en su contra. “Pretenden montar un show deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional“, subrayó en un comunicado publicado por el régimen socialista.

“Así buscan contribuir a la campaña de descrédito -ya fracasada- que se ha emprendido contra nuestro país desde el Imperio Norteamericanoañade. Por ese motivo, el dictador venezolano tomó “la decisión responsable” de enviar al canciller, Yván Gil, “como jefe de delegación con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela”, y “no ir en persona“.

Hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente”, advirtió Maduro, en referencia a las masivas protestas que se estaban organizando en Buenos Aires por su visita.

Como Estado fundador de la Celac, Venezuela desea cuidar el éxito de este principal mecanismo de unión e integración regional a favor de nuestros pueblos”, concluye el escrito, mientras que agradece al presidente argentino Alberto Fernández por la invitación.

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