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$1,6 millones para salvarse de un delito: La Justicia aceptó que Alberto Fernández pague para cerrar la causa del Olivos Gate

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El presidente quedó exonerado de su delito por celebrar un cumpleaños en la residencia presidencial en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, dictaminó este lunes a favor de conceder la “conciliación” al presidente, Alberto Fernández, y a su novia, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el Covid-19 que él mismo había decretado al celebrar un cumpleaños clandetino en la Quinta de Olivos en julio del 2020.

Alberto Fernández ofreció una reparación de 1,6 millones de pesos para cerrar la investigación mediante uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos judiciales. Además, Yáñez se comprometió a pagar 1,4 millones de su propio bolsillo.

Ahora sólo resta la homologación por parte del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para que pueda hacerse efectivo el pago. Lo irónico es a dónde será destinado este dinero: irá a “fortalecer el sistema sanitario de los hospitales públicos dedicados a atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia“.

Cabe recordar que el 14 de julio del 2020, en el marco del cumpleaños número 39 de Fabiola Yáñez, el mandatario llevó a cabo una celebración en plena cuarentena en los primeros meses de la pandemia del coronavirus. Fernández organizó una fiesta en la Quinta de Olivos, residencia presidencial, donde se registraron fotos y videos del encuentro publicadas por varios medios.

Todos llegaron al lugar en auto, lo cual no estaba permitido, estuvieron en un espacio cerrado sin ventanas abiertas ni barbijo, lo cual era ilegal, y no cumplieron con el distanciamiento social. Mientras pasaba esto, familias enteras llevaban meses sin verse, sin festejar cumpleaños ni asistir a velorios, por un decreto inconstitucional del propio presidente.

En el evento participaron nueve personas, incluidas amigas de Yañez, sus empleados, la modelo Sofía Pacchi y Emmanuel López, quien fuera su asesor.

Alberto Fernández y otros tres imputados primero intentaron establecer la “inexistencia de delito”, contradiciendo su propio decreto que lleva su propia firma. Pero finalmente la Cámara Federal de San Martín desestimó el planteo y afirmó que había necesidad de involucrar a la Justicia.

A partir de ese momento, el abogado Juan Pablo Fioribello diseño una estrategia para que el presidente no vaya a juicio, y trató, con éxito, resolver la cuestión en audiencia conciliatoria. Lo logró con todos los imputados. Alberto Fernández pagará $1,6 millones, Fabiola $1,4 millones; Emmanuel López $250.000; y Santiago Basavilbaso y Fernando Consagra $220.000 cada uno.

La donación propuesta es un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Este polémico mecanismo permite la extinción de la acción penal “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

Según el mandatario, pedirá un préstamo al Banco Nación para pagar la conciliación, ya que no cuenta con el dinero para hacer el pago. Según su declaración patrimonial de 2021, Alberto Fernández cuenta con un patrimonio total de 5,7 millones de pesos, pero no todos están líquidos.

La gran mayoría de su patrimonio en blanco está en un departamento en la Av. Callao donde solía tener su estudio jurídico, que luego convirtió en sede de campaña en 2019. Esta propiedad está valuada en poco más de 2 millones de pesos.

Después asegura tener créditos (dinero que otras personas le deben pero no ha podido cobrar) por otros casi 2 millones de pesos. Por último, tiene un Corolla XEI PACK 1.8 CVT modelo 2019, valuado en $1.455.000, y menos de $350.000 en bienes, acciones, y efectivo.

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Crece la tensión en CABA: con decenas de bloqueos en todo el país, sigue el paro de transportistas

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Con el acto principal en el Obelisco, la Policía corta los accesos de los camiones en los ingresos a la Capital y empieza a escalar el clima. Cómo está la situación en el resto del país.

Una nueva jornada de protestas se vivirá en todo el país ante la falta de gasoil que se detectó en 23 jurisdiccionesdesde que comenzó la escasez. En ese marco, se realizará un paro en todo el país con cortes en diferentes puntos, con un acto principal en el Obelisco, que concentrará la mayor movilización.

En el centro de la Ciudad de Buenos Aires, los transportistas se concentrarán en 9 de julio y Diagonal Norte, que tendrá un acto durante el mediodía. La movilización la integrarán Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap) y la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra).

En las primeras horas de la marcha, la Policía de la Ciudad cortó el acceso para los camiones en el Puente Pueyrredón para evitar que los vehículos de gran porte ingresen a la 9 de julio, donde podrían causar aún más un caos de tráfico. Mientras tanto, los manifestantes están en el lugar y la tensión empieza a subir.

Las medidas de fuerza se concentrará en “la falta de respuestas de las autoridades competentes”, donde se espera que haya duras críticas al Gobierno y a la gestión de Alexis Guerrera, quien prometió que en 15 días se regularizará la situación.

No solo está dentro del reclamo la normalización del abastecimiento, sino que reclamarán el valor de los fletes. Piden que el Gobierno intervenga en un ajuste del valor de referencia por kilómetro, pero en el Ministerio de Transporte afirman que no hacerlo porque se trata de contratos entre privados.

Por su parte, la escasez de combustible hace que los precios oficiales no sean los que se ven reflejado en los surtidores y que la fijación de los precios sea según la situación de cada plaza. La dispersión en los precios queda a la vista gracias al relevamiento de precios que hizo FADEEAC por medio de las 44 Cámaras de transporte que nuclea.

En total, hay seis provincias que venden el litro de gasoil por encima de los 250 pesos, marcando una diferencia con los precios que se venden en otras jurisdicciones como Buenos Aires o con la Patagonia, que alcanza a tener una difernecia de cien pesos.

Tierra del Fuego, la única provincia que tiene gasoil

La falta de gasoil empieza a afectar a todo el país y cada vez se agudiza aún más. En las últimas horas, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) relevó la situación entre el miércoles 15 y el sábado 25 de este mes.

En ese marco, el único distrito de la Argentina en el que los transportistas no informaron problemas para acceder al combustible es en Tierra del Fuego.

El mapa muestra: 16 distritos “en rojo” (Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, San Juan, Mendoza, La Rioja y La Pampa); 4 provincias “en naranja”, que identifica los distritos en los que el promedio de suministro es de 20 litros por unidad, entre las que se encuentran San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, y Santa Cruz.

Un poco menos complicados están los dos distritos coloreados “en amarillo” (Neuquén y Río Negro), color que refiere a los lugares en los que se cargan entre 51 y 100 litros. En tanto que en Chubut se verificaron cupos de carga de entre 51 y 100 litros por unidad, por lo cual el mapa se pintó allí de “verde claro”, con tono amarillento como símbolo de las dificultades.

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Argentina

Los horrores que el radicalismo elige no recordar: El Corralito de Alfonsín y la pesificación forzosa de Illia

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A 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical, los dirigentes evitan hablar de las peores facetas de las presidencias radicales.

Este domingo se cumplieron 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical (UCR) por Leandro N. Alem, originalmente conocida como la “Unión Cívica Anti Acuerdista”, en rechazo a un pacto de la Unión Cívica con el Partido Autonomista Nacional (PAN) para una fórmula presidencial “de unidad” para las elecciones de 1892.

Esa fuerza política, que se constituyó como el partido con la ideología más extremista del momento en contra del entonces gobierno conservador, se cambió el nombre a Unión Cívica Radical el 2 de julio, en contraposición de la Unión Cívica Nacional, de Mitre, una fuerza política mucho más moderada.

Desde entonces, el partido se ha mantenido a lo largo de la historia como la fuerza política más tradicional de Argentina, dejando muy lejano las ideas extremistas de Alem. Sin embargo, a lo largo de los diferentes gobiernos que conformaron en el último siglo, han provocado verdaderos horrores económicos y sociales en el país.

Los principales dirigentes radicales en todo país destacaron el rumbo histórico del partido, pero decidieron ignorar deliberadamente algunos de los episodios más dramáticos de la historia económica argentina llevados a cabo por presidencias radicales.

La expropiación de los depósitos en dólares en la presidencia de Illia

El programa integral del presidente Arturo Umberto Illia se caracterizaba por un feroz estatismo económico, junto con un diagnóstico muy poco convencional acerca de la situación heredada en 1963.

Hacia diciembre de 1963, el ministro de Economía radical, Eugenio Blanco, lanzaba la receta económica auspiciada por la plataforma oficial del radicalismo: control de precios y tarifas públicas, cepo cambiario con un límite de compra de hasta US$ 50 por mes, y la anulación de contratos petroleros con empresas privadas para que YPF recuperara el monopolio absoluto.

El programa dio indicios de agotamiento a mediados de 1964, cuando la inflación minorista se enquistaba en el 23% interanual y la mayorista subía hasta el 26%, 3 puntos por encima de diciembre de 1963.

Además, y como sucede en la actualidad, el país atravesaba una profunda crisis de vencimientos por el pago de deuda pública externa. Los violentos controles cambiarios impedían la acumulación de reservas, aún a pesar de que el Gobierno radical restringía severamente las importaciones.

La falta de acceso al mercado externo de divisas provocó que los bancos no pudieran estar en condiciones para afrontar los depósitos en dólares, que alcanzaban los US$ 200 millones en 1964. El Gobierno radical decidió, por decreto, pesificar compulsivamente los depósitos de los ahorristas al tipo de cambio vigente en el mercado libre (y no el oficial).

Del mismo modo en que lo hizo Eduardo Duhalde en 2002, las medidas de Illia destruyeron el poder adquisitivo de los ahorristas que habían depositado su confianza y sus ahorros en dólares al sistema bancario.

El fracaso del Plan Austral y el “Corralito” de Alfonsín

Después de una primera hiperinflación hacia fines de 1984, el entonces presidente radical Raúl Alfonsín anunciaba su Plan Austral para poner fin a la inflación. El programa incluía la reducción del déficit fiscal con un drástico aumento de impuestos y retenciones, mientras que al mismo tiempo reemplazaba al “peso argentino” por el austral, y se establecían controles de precios, salarios y tarifas públicas.

A pesar del aumento de las cargas sociales a la seguridad social, el impuesto a las Ganancias, las retenciones y los aranceles de importación, el déficit fiscal no se eliminó y para 1987 el programa se encontraba virtualmente agotado en una nueva crisis de estanflación.

Hacia abril de 1989, y después del fracaso del segundo programa de estabilización en la primavera de 1988, la inflación superaba el 460% interanual y el sistema bancario se encontraba al borde del colapso.

El presidente Alfonsín y su ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille en 1985.

A causa de la pésima reputación del Gobierno y su programa, las expectativas inflacionarias se dispararon y la demanda de australes se derrumbó. Esto provocó un pánico de los ahorristas, que dejaron de confiar en el ajuste de las tasas de interés y buscaron retirar sus fondos bancarios para rápidamente transformarlos en dólares y así protegerse de la inflación.

El Gobierno de Alfonsín estableció un estricto límite al retiro de fondos de los bancos, lo que se conoce formalmente como “Corralito”, para evitar el colapso del sistema financiero, de la misma manera en que lo hizo Fernando De la Rúa en 2001.

“Hacia fines de abril de 1989, ante la perspectiva de un estallido hiperinflacionario, las autoridades monetarias argentinas introdujeron severas restricciones al retiro en efectivo de los depósitos bancarios. Esto provocó temporalmente el surgimiento de un sistema monetario bipapélico en el que circularon dos monedas: el austral billete y el austral cheque”, explicaba el CEMA en octubre de 1990.

En medio del caos, el Presidente radical huyó del Gobierno y transfirió el poder en julio de 1989 al entonces Presidente electo Carlos Menem, que debió hacerse cargo de la conducción del Poder Ejecutivo. 

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Argentina

Detuvieron a un iraní con documentación falsa en Entre Ríos tratando de escapar a Uruguay: ¿Otro operativo de las Fuerzas Quds?

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El hombre de 28 años quedó bajo investigación de la justicia federal de la provincia. Este lunes, será indagado, bajo sospecha de una conexión con el avión venezolano-iraní que está retenido en Ezeiza.

A 20 días de que el avión venezolano-iraní quedara varado en Ezeiza por determinación de la Justicia, un ciudadano iraní fue detenido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, mientras intentaba viajar con documentación falsa hacia Uruguay.

Según indicó TN, se trata de Asan Azad de 28 años que antes de ser retenido en Concepción del Uruguay por orden del Juez Federal Pablo Sero, quien lo indagará este lunes, el hombre había estado en Venezuela, Ecuardor, Perú y Bolivia. Mientras tanto, una comisión de Gendarmería Nacional intentará la identificación mediante un sistema de la Embajada de Estados Unidos.

“Fue detenido en Concepción del Uruguay intentando comprar pasajes a Concordia con documentación falsa para luego ir a Uruguay. Apenas habla inglés. Aparentenemente con un DNI de un correntino y registro de Buenos Aires”, informó este viernes a través de su cuenta de Twitter Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio.

En el el tuit, el cual tiene una imagen del joven, agregó: “Manifestó ser iraní”, y con ironía apuntó: “¿Será instructor de vuelo?”.

Qué dijo Asad Azan sobre sus orígenes

En una declaración migratoria, el sujeto dijo que su nombre es Asad Azan, que nació en Irán el 16 de mayo de 1994, y que es hijo de Azan Ramazan y Zara Rivan, pero aseguró no recordar su número de Cédula o Pasaporte, y no llevaba consigo ninguna documentación legal.

El joven de 28 años indicó que en 2016 viajó desde Teherán a Venezuela intentando conseguir la ciudadanía, pero no lo logró. Luego, se instaló en Ecuador con el objetivo de poder quedarse, pero terminó perdiendo su documentación en proceso. Desde allí, se trasladó a Perú, después a Bolivia, y finalmente, el 8 de septiembre de 2021, llegó a pie a la Argentina.

Su trayectoria es extremadamente sospechosa, ya todos los países visitados son o estaban en su momento en manos del Foro de Sao Paulo, organización política vinculada al régimen teocrático iraní, y a sus organizaciones terroristas.

Se especula que el avión venezolano-iraní traía operadores de las Fuerzas Quds, famosos por entrenar insurgentes en varios países del mundo. Estos operadores han estado trabajando con agentes del Sebin venezolano en por ejemplo entrenar a los principales agitadores del “estallido social” en Chile, Colombia y Ecuador.

Es altamente probable que este vuelo, que pasó por Córdoba, tenía como objetivo entrenar células de insurgentes que luego viajarían al sur para entrenar a los mapuches, tanto en Argentina como del otro lado de la cordillera.

Los vínculos entre Venezuela, Irán y los terroristas mapuches de la RAM y la CAM son extensos, y sospechosamente no son investigados por el Gobierno Nacional, que debería estar al frente tratando de evitar que se militarice un grupo de subversivos que quieren destruir la soberanía argentina.

Por el momento se desconoce si este sujeto tiene algo que ver con estas operaciones, pero sus viajes previos y su nulo registro de una vida, sumado a la llegada del vuelo con tripulación vinculada a las Fuerzas Quds, pinta una situación compleja que sin dudas debe ser investigada a fondo.

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