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24 de Marzo: El relato kirchnerista se encargó de esconder que la guerra contra la subversión comenzó con Perón 3 años antes del golpe

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A pesar de que el kirchnerismo se haya esmerado en tergiversar la historia, la realidad es que Juan Domingo Perón, "Isabelita", José López Rega, Italo Lúder y Antonio Cafiero empezaron la represión y las desapariciones forzadas desde 1973.

Como todos los 24 de marzo, se conmemora el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, en referencia a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina, que llegó al poder a partir de un golpe de Estado ese mismo día en el año 1976.

Como se difundió en los medios, tanto el kirchnerismo como una parte del radicalismo se movilizó en Plaza de Mayo con motivo de la fecha, junto a otros sectores políticos ligados al peronismo y a la izquierda. Pero estos grupos que hoy se movilizan, probablemente difundan una versión distorsionada de la historia, la versión que se obstinaron a instalar durante sus años en el poder.

Esta versión no solo omite deliberadamente los actos de terrorismo de la guerrilla perpetrados por grupos revolucionarios en los años previos al golpe, sino que ignora completamente que la represión, el combate a la guerrilla y los desaparecidos comenzaron antes del 24 de marzo, durante el gobierno del propio Perón.

El historiador Juan Bautista Yofre lo sintetizó en su aparición en LN+ esta tarde, cuando aseguró que Perón volvió al país en 1973 para "terminar con los putos y aventureros que gobernaban con Cámpora".

Eso generó fuertes rispideces internas en el entonces gobierno peronista. Perón era fuertemente rechazado por la izquierda y por un grupo de peronistas que veían en el expresidente en una persona que llevaría nuevamente hacia la derecha al movimiento, y esto llevó a una exacerbación de la violencia.

"Perón le dice a su doctor que volvía al país porque Cámpora le había llenado su gobierno de izquierdista", y en el mismo vuelo hacia Ezeiza, el líder popular le dice a su secretaria: "No se equivoque, yo vuelvo con el apoyo de los Estados Unidos para terminar con el populismo".

La historia que pretenden olvidar

La lucha contra la subversión, a la que los peronistas y kirchneristas le achacan a la última dictadura, comenzó en realidad durante un gobierno peronista elegido por la voluntad popular. La represión no apareció de un día para el otro el 24 de marzo del año 1976 por los hombres de gorra, sino que tiene sus antecedentes en el tercer gobierno peronista, comandado por el mismísimo Juan Domingo Peron a la vuelta de su exilio.

Para contextualizar, el primer punto de esta historia comienza en el año 1973, unos tres años antes del golpe. La Argentina se encuentra gobernada por Peron, quien en elecciones libres había ganado su puesto después de años en el exilio y proscripciones militares. En ese gobierno, una de las figuras claves va a ser José López Rega, un ex agente de la policía, vinculado a la extrema derecha y guardaespaldas de la esposa de Peron, que ocupaba el puesto de Ministro de Bienestar Social.

La figura de López Rega va a ser clave, ya que con él se da pie a un furiosa lucha contra la subversión para terminar con los “marxistas infiltrados” en el peronismo, a tal punto que su cartera fue catalogada como el “Ministerio de la Muerte”. Todo esto tres años antes de que Videla aparezca en escena.

Asi, a partir de la conduccion de López Rega y el aval del presidente Peron, el "tercer gobierno peronista" realiza una brutal ofensiva contra la subversion de escala mucho mayor que los anteriores gobiernos militares. Entre otras cosas, se crea la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), una fuerza parapolicial que empezó con la desaparición de personas, se reforma el código penal para poder realizar arrestos con menos burocracia y se prohiben los periódicos de varios grupos subversivos, incluido Montoneros.

El 1ro de julio de 1974, muere Perón, y asume la vicepresidente que a su vez era su esposa, Estela Martínez de Perón, más conocida como “Isabelita”. Bajo el mando de la señora de Perón, López Rega se convierte en el presidente de facto y toma control sobre todas las funciones de gobierno.

Estando a dos años del golpe todavía, López Rega establece como prioridad terminar la subversión y para esto decide atacar directamente a los militantes de la Juventud Peronista (JP), semillero de los grupos armados revolucionarios como FAR, FAP, y Montoneros.

Llegando a 1975, Isabelita hace un pedido de licencia y deja a Italo Lúder, presidente provisional del Senado, como presidente interino de la Nación. Lúder, uno de los principales líderes del peronismo, inmediatamente firma y ejecuta los famosos "decretos de aniquilamiento", donde faculta a todas las fuerzas del orden a matar que buscaban aniquilar a la subversión.

Lúder, junto a Antonio Cafiero, por entonces Ministro de Economía, firma el decreto 2772/75, en el que se ordena a las Fuerzas Armadas y de Seguridad que “tomen todas las medidas necesarias para terminar con la acción de los elementos subversivos en el territorio nacional”.

No contentos con eso, el gobierno peronista establece a Jorge Rafael Videla, sin ser presidente todavía, como Comandante en Jefe del Ejército, quien dijo que “habrá tantos muertos como sea necesario para asegurar la paz en el país”. Todo esto hasta un año antes del 24 de marzo de 1976.

El peronismo, complaciente con la dictadura de 1976-1983

Esta historia tendrá su desenlace el 24 de marzo de 1976, cuando Isabelita, quien ya había retornado de su licencia, es depuesta por un golpe de Estado, que no hizo otra cosa que formalizar una situación que ya se estaba dando.

La entonces presidente no tenía más control sobre las Fuerzas Armadas, luego de perder a López Rega quien renunció junto a Celestino Rodrigo, y el Ejército operaba con independencia y en directa relación con Ítalo Lúder y Antonio Cafiero.

Videla tomaría control del país en cuestiones institucionales, pero la lucha contra la guerrilla continuaba exactamente igual. Este gobierno duraría hasta 1983 y se auto-catalogaría como “Proceso de Reorganización Nacional”.

Siete años después, nos encontramos en 1983. Una dictadura debilitada y cuestionada por la opinión pública a partir de los crímenes de Estado cometidos, pero no desde 1976, si no desde 1975. El presidente de facto, Reynaldo Bignone, se ve obligado a llamar a elecciones libres.

En ese escenario, dos candidatos de las fuerzas tradicionales, que siguieron gobernando sus municipios y sus provincias durante toda la dictadura (por eso cívico-militar). Así, compiten mano a mano el radicalismo (UCR) y el peronismo (PJ) por primera vez desde el choque de Perón y Balbín en 1973.

Justamente, el PJ elige a Lúder de candidato, quien había empezado la guerra contra la subversión años antes de la dictadura. Incluso, representó al peronismo en la Multipartidaria de 1981 y se encargó de transmitir un apoyo implícito a los militares, al asegurarles que no iban a ser perseguidos por los crímenes cometidos durante los últimos años.

El peronismo comandado por Lúder temía que se revisara la historia y que salgan a la luz las violaciones de los derechos humanos cometidos desde el tercer peronismo y en especial bajo el mando de Lúder y la señora de Perón. La gente dijo que no, y quien ganó con el 52% de los votos fue el radical Raúl Alfonsín.

La situación fue incluso más explícita cuando Alfonsín luego creó una comisión de investigación independiente con el objetivo de establecer la verdad sobre los desaparecidos, la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), y una gran parte del peronismo se negó a formar parte.

La razón de fondo era que Lúder quería una comisión parlamentaria de investigación, para poder controlar sus resultados y evitar cualquier referencia al terrorismo de estado cometido durante el ultimo mandato peronista. Finalmente la CONADEP, en este contexto de presiones por parte del justicialismo, se contentó con señalar en un paréntesis los 600 secuestrados durante el tercer mandato peronista, aunque fueron muchos más, y se negó a sumar a los muertos antes de la dictadura al número que dictaminó como 8.961 desapariciones forzadas.

Menem luego trataría de poner un final a la discusión con indultos a ambos lados del conflicto, y esto ayudaría a empezar a sanar las heridas que dejó la subversión y la posterior dictadura militar. Pero esto no le serviría a Néstor Kirchner, que reabrió la herida para ganar capital político con un sector de la sociedad.

El matrimonio “K” y si se quiere también Alberto Fernández, se encargó sistematicamente de ocultar y blindar al relato de todas las referencias del terrorismo de Estado cometido por el peronismo, y poner a los Montoneros como víctimas de la dictadura, y no del propio tercer Perón.

Así, los Kirchner armaron un cóctel explosivo que tiene como objetivo contar una historia distorsionada. Esta historia distorsionada silenció lo hecho por el peronismo y negó la violencia ejercida por los grupos subversivos.

El kirchnerismo tomó a los derechos humanos y los convirtió en una causa totalmente partidista y usada para sacar rédito electoral. Incluso se animaron a lucrar con el tema, basta ver lo que es la causa “Sueños Compartidos”, donde la justicia investiga un desvío multimillonaria de un plan de vivienda de la Fundación Madres Plaza de Mayo.


Por Lucas Bello para la Derecha Diario.

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Milei y Caputo evitaron la hiper: Por el fin de la emisión, se espera una inflación abajo del 100% en los próximos 12 meses

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Los resultados de la Encuesta de Expectativas de Inflación, elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella, indican una caía por debajo del 100% de la inflación en los próximos 12 meses, ubicándola en un 98,5%.

En el último relevamiento realizado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) entre el 3 y el 11 de abril, se observa una marcada disminución en las expectativas de inflación para los próximos 12 meses. Según los datos recopilados, la inflación esperada promedio se sitúa en un 98,5%, por debajo del 100%.

Estos resultados reflejan una tendencia a la baja en las expectativas inflacionarias, con un impacto notable en las diversas regiones del país y en todos los niveles de ingreso. Si bien el país se dirigía a una hiperinflación, el plan Milei-Caputo está surtiendo efecto y se está poniendo fin a la escalada de precios.

Este último relevamiento se da unos dias despues de que el FMI haya elogiado el impresionante avance de Argentina en términos económicos y que estime que la inflación de 2024 será del 150%, valor que a diferencia del otro, incluye los primeros 3 meses del combate de Milei contra la hiperinflación que dejó Massa.

La UTDT mediante la Encuesta de Expectativas de Inflación (EI), lleva analizando los datos inflacionarios desde la asunción del presidente Javier Milei, y los resultados son sorprendentes. A nivel nacional, y tomando el promedio de la distribución de respuestas en diciembre, la inflación esperada en aquel entonces para los próximos doce meses era del 225,9%.

En enero, había incluso subido al 230%. Sin embargo, a partir de enero se inicia un proceso significativo de desaceleración de la inflación estimada. En febrero, esta cifra desciende a un 170,8%, en marzo baja a 123,8%, y en la última medición de abril, se registra un descenso hasta el 98,5%, marcando una pronunciada desaceleración inflacionaria.

En cuanto a la distribución regional, se observa que el interior del país presenta las expectativas de inflación anual más bajas, que pasó de un 111,2% en marzo, a un 96,4% en abril.

El interior es seguido por el Gran Buenos Aires (GBA), que registró un 148,2% en marzo, y una baja al 98,7% en abril. Finalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) esperaba un 140,7% en marzo, y terminó disminuyendo a 111,2% en el mes de abril.

Por otro lado, en términos de niveles de ingreso, la reducción en las expectativas inflacionarias es más pronunciada en los hogares de menores ingresos.

Los individuos de mayor nivel educativo tienen mayores expectativas de inflación, mientras que los individuos de menor nivel educativo registraron una gran disminución en la percepción, pasando de 127,7% en marzo a 86,9% este mes, mientras que los de mayor nivel educativo pasaron de un valor de 122,2% en marzo a 104,7% en abril.

En relación con las expectativas de inflación para los próximos 30 días, se observa una disminución similar. En abril, la inflación esperada se situó en un 13,30% según la media, en comparación con el 15,46% registrado en marzo. Estos datos indican una percepción más optimista respecto a la evolución de los precios en el corto plazo por parte de la población encuestada.

Los resultados del relevamiento realizado por la UTDT sugieren una notable reducción en las expectativas de inflación tanto a corto como a largo plazo, lo cual refleja un mayor grado de confianza en la estabilidad económica futura y en el Gobierno de Milei por parte de la población.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Milei y Petri establecen una "zona militar" en una fábrica de armas de Rosario para protegerla de ser asaltada por grupos narcos

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La fábrica es propiedad de Fabricaciones Militares y se encuentra en las cercanías de la ciudad de Rosario, que desde hace semanas es asediada por grupos narcoterroristas que intentan robar su producción de armas.

En respuesta a la crisis de seguridad que afecta a la provincia de Santa Fe, el Gobierno Nacional, a través del Comité de Crisis que establecieron la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Ministro de Defensa, Luis Petri, han tomado la decisión de establecer una zona militar en la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán", que pertenece a la empresa Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.

Esta fábrica se dedica a la producción de munición y armamento destinado al uso de las Fuerzas Armadas. La medida fue oficializada a través del decreto 350/2024, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con esta medida, las Fuerzas Armadas serán responsables de organizar y dirigir el uso adecuado de los recursos materiales requeridos para prevenir y/o reprimir la comisión de cualquier delito en esta zona militar.

Además, el Ministerio de Defensa ha sido instruido para que se tomen todas las medidas necesarias para proporcionar asesoramiento legal, representación y apoyo en procedimientos judiciales y/o administrativos a todo el personal que, al cumplir con sus deberes en el curso de sus funciones reguladas, pudiera enfrentar acciones legales.

El Gobierno argumenta que cualquier ataque a la jurisdicción militar durante tiempos de paz, además de poner en riesgo la capacidad defensiva del país, también representa una amenaza para la seguridad interna. Por lo tanto, sostiene que es responsabilidad de la autoridad militar preservar la integridad y restaurar el orden dentro de su jurisdicción y/o en el ámbito territorial militar, de acuerdo con las leyes vigentes en la materia.

En este contexto, justifica su decisión en la necesidad de garantizar la seguridad para proteger adecuadamente la integridad física de las personas y los activos del Estado. El Gobierno ha establecido esta zona militar principalmente debido a la grave crisis de seguridad que enfrenta la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, conocida como la capital del narcotráfico a nivel nacional.

La fábrica militar se encuentra a solo 20 kilómetros de esta ciudad, que desde hace semanas ha sido objeto de constantes ataques por parte de bandas criminales que buscan robarse las armas para continuar con su régimen del terror.

Desde marzo, las organizaciones narcocriminales han desatado una ola de violencia contra el orden público, llevando a cabo asesinatos a sangre fría en plena vía pública. Entre las víctimas de esta escalada de violencia se encuentran colectiveros, taxistas y empleados de estaciones de servicio.

El objetivo era presionar al gobernador Maximiliano Pullaro para que revocara las medidas implementadas en las cárceles contra los presos de alto perfil. Incluso, los sicarios dejaron notas amenazantes en la escena del crimen, advirtiendo a Pullaro que las muertes continuarían si se persistía con esas políticas.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional decidió desplegar las Fuerzas Federales de Seguridad para colaborar en la contención del avance del narcotráfico. El Ejército fue convocado para brindar apoyo logístico, conforme a lo estipulado en la Constitución Nacional.

Esta medida va en sintonía con lo que anunció hace unos días Nicolás Wiñazki, periodista de TN, quien lanzó la primicia de que el Ministro de Defensa, Luis Petri, acordó con la General estadounidense, Laura Richardson, que Argentina empiece a exportar balas 9mm y 7.62 de FAL y que la idea del Gobierno de Milei es usar Fabricaciones Militares para transformarla en una de las fabricas más importantes del mundo, en lo que respecta a la producción y exportación de munición.

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La Corte Suprema volvió a rechazar otro recurso en contra del DNU de Milei y fortalece su constitucionalidad

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Los cuatro jueces del tribunal supremo han rechazado un recurso de per saltum presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez contra el decreto desregulador.

En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inadmisible un "per saltum" presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei en diciembre del año pasado.

De esta manera, el decreto desregulador toma cada vez más fuerza y se fortalece su constitucionalidad. La fundamentación principal del rechazo radica en la ausencia de un "caso concreto", "causa" o "controversia" que justificara la derogación de las reformas.

El recurso presentado por Gil Domínguez buscaba promover un "proceso autosatisfactivo", instando a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación a que abordaran de manera inmediata el tratamiento del DNU 70/23, con el fin de su aprobación o rechazo en un plazo máximo de 30 días, según lo establecido por la ley 26.122. La Corte dijo que el DNU no presenta inconstitucionalidades en este sentido, que su vigencia está acorde a la ley, y desestimó el pedido.

El reclamo llegó a los tribunales después de que fuera rechazado inicialmente por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo de Rodolfo Facio, quien desestimó el planteo por ausencia de legitimación activa y falta de "caso" o "controversia", pero Gil Domínguez procedió con la apelación y elevación a la Suprema Corte.

El fallo de la Corte, dado a conocer ayer, cuenta con las firmas de los cuatro integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En su decisión, los jueces argumentaron que la petición no presentaba una afectación concreta y particularizada, por lo que las razones esgrimidas por el demandante resultaban "insuficientes" para configurar un caso o controversia.

Esta decisión refleja un patrón similar al de casos anteriores relacionados con el DNU de Milei. La Justicia rechazó de manera unánime, hace unos días, dos planteos contra el DNU 70/23 de Javier Milei, argumentando que no existíam razons que justificaran su intervención.

Uno de los fallos corresponde al recurso extraordinario presentado por el abogado Jorge Rizzo, en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho, en diciembre de 2023, poco después del anuncio del decreto en cadena nacional por parte del presidente, solicitando la anulación total del DNU.

Por otro lado, la misma pretensión tuvo la medida cautelar presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a través de sus representantes legales Raúl Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, quienes en febrero de este año promovieron una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objetivo de poner fin al estado de incertidumbre derivado de la supuesta "inconstitucionalidad" del decreto.

El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, ha expresado en diversas ocasiones que es necesario darle tiempo a la política para resolver estos asuntos, aunque ha dejado claro que, si no se resuelven, lo hará la Justicia. Rosatti ha manifestado su preferencia por evitar la judicialización prematura de temas políticos.

Sin embargo, aún quedan pendientes otros reclamos relacionados con el DNU, siendo el más significativo el referido a la reforma laboral incluida en el Capítulo IV, que tiene como objetivo eliminar el trabajo en negro y modernizar el mercado laboral.

Además, según un relevamiento, la Corte tiene cerca de 30 reclamos de 16 provincias que reclaman por recortes de fondos, sumando un total de aproximadamente US$ 1.000 millones de dólares que el Gobierno Nacional dejó de enviar debido a la firma del decreto.

Por otro lado, Javier Milei anunció la semana pasada a través del Boletín Oficial su propuesta para que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco y el cupo que se abrirá debido a la jubilación de Juan Carlos Maqueda, respectivamente.

Este anuncio abre un período de quince días para que la ciudadanía y diversas organizaciones presenten sus posturas respecto a los candidatos propuestos, antes de que deban ser votados por el Senado.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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