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A pesar de que la cuarentena se está terminando, el Gobierno extendió la doble indemnización y la suspensión de los despidos para el sector privado

El ministro Moroni anunció la extensión de la cláusula que limita y penaliza a las empresas que necesiten reducir su personal. Mientras tanto, el éxodo empresario se profundiza y Argentina deja de ser un lugar para invertir.

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Bajo el Decreto 961/2020 publicado en el Boletín Oficial, se extendió hasta el 25 de enero de 2021 la doble indemnización ante despidos injustificados. Esta condición hubiese vencido el 17 de diciembre, y la había implementado Alberto Fernández a principio de año. 

Desde el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, ya habían decidido extender la cláusula que limita y penaliza a las empresas que necesiten reducir su personal ya sea sin causa justa o por falta o disminución de trabajo y razones de fuerza mayor.

El ministro Moroni es un hombre de confianza para Alberto Fernández, histórico militante kirchnerista y ex titular de la AFIP, presentado en sus comienzos como «el amigo de la facu», ya que el actual Presidente y el Ministro eran compañeros en la Universidad de Buenos Aires.

Es difícil analizar esta medida: 233 días en cuarentena hubiera dejado a gran parte de la población sin empleo pero al mismo tiempo una regla así destruye cualquier capacidad de que las empresas se salven de la crisis. El presidente brasileño Jair Bolsonaro recientemente se rio de esta medida y aseguró que «si no dejas que las empresas echen empleados, el único camino que le queda es la quiebra«.

La única solución a semejante dilema es no poner una cuarentena que te quiebre al sector privado, y es preocupante que el Gobierno haya decidido extender esta medida ahora que no hay más una cuarentena tan estricta como a la que se sometió al país entre marzo y noviembre de este año.

Claudio Moroni, durante una reunión que tuvo el mes pasado con la dirigencia de la CGT, había anunciado con anticipación que esta extensión, así como también la prohibición de despidos y suspensiones para empresas que hayan cobrado algún subsidio del Estado.  

Moroni entre risas, el hombre de confianza del Presidente y ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo.

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Presionado por los sindicatos y el miedo a que el país tenga un brote de violencia social e inestabilidad en las calles, el Gobierno optó una vez más con penalizar y castigar a las empresas que necesiten recurrir a la reducción de personal para sobrevivir.

Bajo estas modalidades los sindicatos operaron para presionar al Ministro:

Las empresas nacen con el fin de hacer dinero y para hacer dinero necesitan recursos humanos, y si deciden realizar recortes es porque previamente hay algo que no ha estado funcionando. Evidentemente durante el 2020 lo que no ha funcionado fue la economía, a partir de las decisiones del gobierno kirchnerista.

No es sorpresivo de parte de un funcionario público que encabeza, junto otros empleados estatales, lleva adelante exposiciones orales a favor de políticas públicas para que crezca el trabajo haciendo referencia a la esclavitud que habrían en caminos opuestos, sin embargo al Ministerio de Trabajo se le escapa la información que muestra un éxodo de empresas, que elijen irse de Argentina por las medidas que el kirchnerismo dispone.

El Decreto fue recientemente firmado por el presidente Alberto Fernández, por Santiago Cafiero y por todos sus ministros. La excusa vuelve a repetirse y es la “emergencia pública en materia ocupacional” que declararon apenas asumieron y mucho antes de la pandemia, el 13 de diciembre del 2019. 

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“En caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización”, indica la medida extendida.

El contenido del Decreto deja en claro que este facilidades (para el empleado) no se puede ejecutar sobre aquellas personas que fueron contratadas “con posterioridad a la entrada en vigencia” de la norma original ni tampoco para los que pertenecen al sector público. Por lo tanto las dificultades se le aplican al sector privado.

Entre otros argumentos, el gobierno sostiene que esta decisión se lleva adelante “en el marco «en el marco de las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y con el objetivo de preservar la paz social”.

“Resulta indispensable continuar garantizando por imperio normativo la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en áreas de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas causados por la pandemia”, sostiene el Gobierno.

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Moroni sostuvo que “quedaban una serie de situaciones como el despido indirecto, cuando el trabajador se da por despedido por incumplimientos graves del empleador. En ese caso si no prorrogábamos la doble indemnización iba a tener una indemnización simple”.

Y finalizó indicando que “se da el caso también de empresas que no pueden reincorporar porque cierran. Entonces para completar la protección teníamos que mantener la doble indemnización”. Lo que estamos protegiendo son esas situaciones que no quedaban alcanzadas por la prohibición de despidos”.

Respecto al recorrido del actual funcionario kirchnerista, en el pasado ha tenido fuertes reclamos desde varios sectores sindicales por reiteradas estafas y a partir de ellos diferentes escraches en las redes sociales.

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Tras realizar el pago presupuestario y a pesar de la marcha, el Gobierno de Milei considera que la discusión por las universidades “está saldada”

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En la conferencia de presa, Manuel Adorni, portavoz del presidente, afirmó que no hay ninguna intención de cerrar las universidades. Además, calificó como “tren fantasma” a los dirigentes que anunciaron su participación en la movilización.

Manuel Adorni, portavoz presidencial, afirmó este martes en su conferencia de prensa diaria que la disputa en torno al presupuesto asignado a las universidades «está saldada y transferida«, y que para el gobierno de Javier Milei es un tema terminado.

«La cuestión presupuestaria de las universidades y de los hospitales universitarios no solo está solventada, sino también transferida«, expresó durante una rueda de prensa. Además, agregó: «La presencia de diversas organizaciones políticas ha convertido esto en una marcha con tintes políticos«.

En esta misma línea, el funcionario mencionó la posible participación en la protesta de figuras como Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Martín Lousteau y Juan Grabois, entre otros. «Es casi como un tren fantasma», afirmó Adorni, pero diferenció este acompañamiento del reclamo que puedan tener los estudiantes y señaló que el gobierno nacional es “super respetuosos de la expresión que tengan los jóvenes”.

«Pocos espacios respetan a los estudiantes tanto como nosotros. Es legítimo cualquier reclamo que planteen en busca de una mejor educación», enfatizó.

La semana pasada, el Ministerio de Capital Humano anunció que había llegado a un acuerdo con las autoridades universitarias para actualizar el presupuesto en dos etapas: una ya entregada en marzo del 70% y otra prevista para mayo, también del 70%. Sin embargo, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, señaló que la propuesta del Gobierno «no resuelve nada«.

«Una vez resuelta la cuestión presupuestaria, consideramos que no había motivo para continuar fomentando una marcha de este tipo por parte de aquellos que definen políticas universitarias. Creemos que su objetivo principal no es garantizar la calidad educativa y asegurarse de que los estudiantes salgan de la universidad siendo mejores académicamente de lo que eran al ingresar«, argumentó Adorni.

Según el vocero presidencial, la movilización no es motivo de preocupación para el Gobierno. «Estamos atentos y receptivos a todos los reclamos, y estamos al tanto de lo que sucede en todos los ámbitos. Sin embargo, cuando el reclamo tiene una causa específica y esa causa se resuelve, entendemos que algunos dirigentes, al perder el motivo original de la marcha, deberían desalentar su continuación, ya que carecería de sentido. Por supuesto, seguimos vigilantes de los acontecimientos y de cualquier reclamo legítimo que pueda surgir«, señaló.

En otro momento de la conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario reiteró la importancia de realizar auditorías en el gasto del presupuesto universitario. «Es lo que los argentinos merecen, tanto en este ámbito como en otros«, afirmó. También destacó la necesidad de discutir el acceso a la universidad gratuita para estudiantes extranjeros.

El costo de que un extranjero venga a estudiar a una universidad pública a la Argentina lo pagamos nosotros. Vos, yo y el alumno que está al lado del alumno extranjero. Son temas que hay que atender, debatir, y no nos parece que sea una discusión que no deba darse”, expresó.

Durante la marcha del día de hoy, se defendió todo tipo de cosas menos la educación. Hubo presencia de la CGT, la izquierda, de dirigentes kirchneristas, y del aparato radical de las universidades, entre otros.

Resulta extraño que los «estudiantes universitarios» hayan recibido alegremente a Sergio Massa, responsable del ajuste de más de 50 mil millones de pesos del presupuesto educativo en sus años de gestión, y quien logró casi un 300% de inflación en 2023, destruyendo por completo el valor real del dinero destinado a la educación. ¿Y que hicieron los «estudiantes universitarios» durante esos años? Nada.

Cosas como esas demuestran que poco les importó y les importa la educación a esos «estudiantes universitarios», y lo único que terminaron haciendo fue servir a los intereses de los políticos opositores al Gobierno de Milei.

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El kirchnerismo copó la marcha universitaria del radicalismo y Massa, Kicillof y la CGT se llevaron el foco del día

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La UCR perdió protagonismo en una marcha en la que el foco estuvo puesto en los dirigentes kirchneristas que tienen reclamos contra Milei por fuera de las universidades.

En medio de las negociaciones por la suba del presupuesto universitario, que el anterior gobierno kirchnerista dejó congelado desde 2022, las universidades públicas, fogoneadas por sus líderes radicales, emprendieron este martes una masiva marcha a Plaza de Mayo.

Sin embargo, lejos de ser una movilización de mayoría estudiantil, y ante la confirmación del gobierno de Javier Milei que se aprobaron y se realizaron todos los pagos para los gastos de funcionamiento, la marcha terminó siendo copada por el kirchnerismo.

El exministro Sergio Massa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a todo su Gabinete; las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y hasta la CGT se adueñaron completamente de la marcha, dejando en ridículo a los radicales.

El primero en aparecer fue Massa, quien a pesar de su defensa de la universidad pública, se recibió de grande de la Universidad de Belgrano (UB), y lo que es peor, durante su gestión fue el responsable de congelar el presupuesto y dejarlo sin aumentos por 18 meses.

El gobierno de Milei se dispuso a terminar con el ciclo de congelamiento de presupuestos, y es por eso que, este viernes el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Gallego (h.), anunció la aprobación de un pago de 22 mil millones de pesos para las universidades públicas y para los hospitales universitarios como el Clínicas.

A su vez, el lunes, el día antes de la marcha, el Ministerio de Capital Humano publicó todos los resúmenes de pagos y las facturas para confirmar que se había hecho el desembolso de 11 mil millones para las universidades y otros 11 mil millones para los hospitales estudiantiles.

También estuvo en la marcha Axel Kicillof junto a Verónica Magario, la vicegobernadora. Por último, Cristina Kirchner se asomó por el balcón del Instituto Patria y saludó a los manifestantes, que para esa hora era ciento por ciento militantes kirchneristas

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¿En qué gastan las universidades? Miles de millones se destinan a cursos, materias y carreras de género

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En medio de la polémica por el presupuesto de las universidades, estudiantes revelan un entramado multimillonario de gastos en cuestiones de género en todas las facultades públicas del país.

Este 23 de abril, las universidades nacionales convocaron a una masiva marcha para que el Gobierno Nacional les actualice el presupuesto educativo, a pesar de que el Ministerio de Capital Humano confirmó este mismo viernes que ya fue aprobado, con aumentos del 170% para los gastos operativos (como la luz o salarios docentes) y una suba del 70% adicional para hospitales universitarios.

Sin embargo, la idea de la Marcha Federal Universitaria ya se convirtió en una bandera de resistencia contra el gobierno de Javier Milei de la UCR, del kirchnerismo y del Frente de Izquierda, por lo que la convocatoria se mantiene, aunque carezca de sentido.

En este contexto, los estudiantes indignados con la utilización política de ciertos sectores, han estado investigando en qué gastan las universidades y por qué dicen no tener plata para pagar la factura de luz o por qué no actualizan los salarios docentes hace 2 años.

En un primer análisis, se enfocaron en analizar todos los gastos en cuestiones de género, un porcentaje del presupuesto que se podría recortar íntegramente sin perder calidad educativa. Por el contrario, aumentaría de calidad.

El mayor nivel de gastos está en las carreras de género que lanzó cada universidad nacional. Se destacan por lo absurdo un doctorado y una maestría en Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y una especialización en Intervenciones Transdiciplinarias en Violencia de Género de la Facultad de Psicología de la UBA.

En la Universidad de La Plata, por ejemplo, se destinan millones del presupuesto para una especialización en Educación en Géneros y Sexualidades de la Facultad de Humanidades, o en una especialización en Perspectiva Feminista y de Derechos Humanos, en la Facultad de Trabajo Social.

Otras universidades que destinan recursos públicos en doctorados, maestrías o especializaciones de género son la Universidad Nacional de Córdoba, la de Cuyo, la de Lomás de Zamora, la de Rosario, la de Lanús, la de Salta, la de San Luis, la de San Martín, la de Tres de Febrero, la de Tucumán, la del Comahue, la de José C. Paz, la de Luján e incluso la Universidad de Defensa Nacional.

Pero esto no termina acá. La locura continúa. En un análisis más riguroso, se encontró que las universidades gastan millones en organismos internos enfocados en implementas políticas de género. Plata hay, pero está mal administrada.

La UBA, que apagó las luces de sus facultades porque dicen que no pueden pagar sueldos, gastan millones en una Comisión de Género para la Facultad de Agronomía, una Unidad de Género para Diseño y Urbanismo, un Espacio de Atención para Discriminación de Género en Económicas, un Programa de Igualdad de Género en Exactas, una Secretaría de Género en la Facultad de Ciencias Sociales, un Programa de Violencia de Género en Veterinaria y un Programa de Género y Derecho en la Facultad de Derecho.

Hay más, en la Facultad de Medicina, que cortó la luz hace una semana porque dice que no tiene plata para pagar la factura de electricidad, gasta millones en un Departamento de Género y Abordaje Inclusivo. Esto incluye salarios de los empleados asignados al departamento, además de docentes y personal educativo.

Pero esto no se limita a la UBA, la UNC tiene hasta una Prosecretaría de Género en la Facultad de Psicología, y una «Escuela Itinerante de Género» en la Facultad de Ciencias Médicas. Lo mismo la Universidad del Litoral, con un Programa de Género en la Facultad de Ciencias Jurídicas.

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