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A pesar de que la cuarentena se está terminando, el Gobierno extendió la doble indemnización y la suspensión de los despidos para el sector privado

El ministro Moroni anunció la extensión de la cláusula que limita y penaliza a las empresas que necesiten reducir su personal. Mientras tanto, el éxodo empresario se profundiza y Argentina deja de ser un lugar para invertir.

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Bajo el Decreto 961/2020 publicado en el Boletín Oficial, se extendió hasta el 25 de enero de 2021 la doble indemnización ante despidos injustificados. Esta condición hubiese vencido el 17 de diciembre, y la había implementado Alberto Fernández a principio de año. 

Desde el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, ya habían decidido extender la cláusula que limita y penaliza a las empresas que necesiten reducir su personal ya sea sin causa justa o por falta o disminución de trabajo y razones de fuerza mayor.

El ministro Moroni es un hombre de confianza para Alberto Fernández, histórico militante kirchnerista y ex titular de la AFIP, presentado en sus comienzos como “el amigo de la facu”, ya que el actual Presidente y el Ministro eran compañeros en la Universidad de Buenos Aires.

Es difícil analizar esta medida: 233 días en cuarentena hubiera dejado a gran parte de la población sin empleo pero al mismo tiempo una regla así destruye cualquier capacidad de que las empresas se salven de la crisis. El presidente brasileño Jair Bolsonaro recientemente se rio de esta medida y aseguró que “si no dejas que las empresas echen empleados, el único camino que le queda es la quiebra“.

La única solución a semejante dilema es no poner una cuarentena que te quiebre al sector privado, y es preocupante que el Gobierno haya decidido extender esta medida ahora que no hay más una cuarentena tan estricta como a la que se sometió al país entre marzo y noviembre de este año.

Claudio Moroni, durante una reunión que tuvo el mes pasado con la dirigencia de la CGT, había anunciado con anticipación que esta extensión, así como también la prohibición de despidos y suspensiones para empresas que hayan cobrado algún subsidio del Estado.  

Moroni entre risas, el hombre de confianza del Presidente y ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo.

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Presionado por los sindicatos y el miedo a que el país tenga un brote de violencia social e inestabilidad en las calles, el Gobierno optó una vez más con penalizar y castigar a las empresas que necesiten recurrir a la reducción de personal para sobrevivir.

Bajo estas modalidades los sindicatos operaron para presionar al Ministro:

Las empresas nacen con el fin de hacer dinero y para hacer dinero necesitan recursos humanos, y si deciden realizar recortes es porque previamente hay algo que no ha estado funcionando. Evidentemente durante el 2020 lo que no ha funcionado fue la economía, a partir de las decisiones del gobierno kirchnerista.

No es sorpresivo de parte de un funcionario público que encabeza, junto otros empleados estatales, lleva adelante exposiciones orales a favor de políticas públicas para que crezca el trabajo haciendo referencia a la esclavitud que habrían en caminos opuestos, sin embargo al Ministerio de Trabajo se le escapa la información que muestra un éxodo de empresas, que elijen irse de Argentina por las medidas que el kirchnerismo dispone.

El Decreto fue recientemente firmado por el presidente Alberto Fernández, por Santiago Cafiero y por todos sus ministros. La excusa vuelve a repetirse y es la “emergencia pública en materia ocupacional” que declararon apenas asumieron y mucho antes de la pandemia, el 13 de diciembre del 2019. 

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“En caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización”, indica la medida extendida.

El contenido del Decreto deja en claro que este facilidades (para el empleado) no se puede ejecutar sobre aquellas personas que fueron contratadas “con posterioridad a la entrada en vigencia” de la norma original ni tampoco para los que pertenecen al sector público. Por lo tanto las dificultades se le aplican al sector privado.

Entre otros argumentos, el gobierno sostiene que esta decisión se lleva adelante “en el marco “en el marco de las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y con el objetivo de preservar la paz social”.

“Resulta indispensable continuar garantizando por imperio normativo la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en áreas de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas causados por la pandemia”, sostiene el Gobierno.

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Moroni sostuvo que “quedaban una serie de situaciones como el despido indirecto, cuando el trabajador se da por despedido por incumplimientos graves del empleador. En ese caso si no prorrogábamos la doble indemnización iba a tener una indemnización simple”.

Y finalizó indicando que “se da el caso también de empresas que no pueden reincorporar porque cierran. Entonces para completar la protección teníamos que mantener la doble indemnización”. Lo que estamos protegiendo son esas situaciones que no quedaban alcanzadas por la prohibición de despidos”.

Respecto al recorrido del actual funcionario kirchnerista, en el pasado ha tenido fuertes reclamos desde varios sectores sindicales por reiteradas estafas y a partir de ellos diferentes escraches en las redes sociales.

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Larreta y Moyano llegan a un acuerdo para mantener el acarreo porteño en manos del Estado

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El Gobierno de la Ciudad le pagará $4 millones de pesos a los 500 trabajadores de acarreos de Dakota y BRD, que pasarán a la órbita de la estatal SBASE.

Después de que la oposición en la Ciudad de Buenos Aires encontrara un posible caso de corrupción en el acarreo de grúas y elevara una ley para cambiar el régimen de acarreo, que tenía los precios de la concesión atrasados más de una década y se estaba pagando una suma insignificante para uno de los servicios más rentables de la vía pública, Larreta decidió “solucionar” el conflicto estatizando el sistema.

Desde el 1° de octubre, los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarán a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes y que está en convenio con Camioneros.

El pase a las manos del Estado generó un choque con Hugo Moyano, quien exigió la aplicación de la “Ley Moyano“, que requiere que todos los afiliados al Sindicato de Camioneros reciban una indemnización cuando su empresa cambia de dueños, aunque no existe una normativa que lo requiera.

El sindicato amagó con declararle la guerra al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″, según explicó Pablo Moyano, pero, como siempre, finalmente terminaron llegando a un acuerdo.

Larreta asegura que “pronto se llamará a una licitación”, pero ya pasaron varios meses y no hay novedades. Este acuerdo con Moyano, negociado personalmente por la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Manuela López Menéndez, y el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, indica que el acarreo estatal durará un tiempo largo.

Para lograr esto sin problemas con Moyano, Larreta accedió a pagarle a cada uno de los 500 empleados una indemnización de $4 millones de pesos, con un costo toal de $2.000 millones que saldrán del bolsillo de los contribuyentes porteños.

La llamada “Ley Moyano” es una exigencia que no está contemplada en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998. Básicamente, implica que una empresa que ganó una concesión de servicios despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar para poder acceder a esa concesión, lo cual incluye al Estado cuando un servicio se estatiza.

Una investigación publicada en julio pasado en el medio Infobae, realizada por Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, reveló que Dakota y BRD tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos todos los días.

Los liberales, los kirchneristas y la Coalición Cívica en la Legislatura porteña se unieron en lo que fue llamado coloquialmente como el “frente antigrúas“, que impulsaban una sesión especial para suspender el sistema de acarreo.

Sin embargo, Larreta convenció a los cívicos de evitar esa votación con la estatización del sistema, que apoyaron en un primer momento, aunque ahora luego Lilita Carrió criticó duramente por este acuerdo con Moyano.

Por el momento, la operación del servicio de grúas será de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) y los empleados dependerán de SBASE con el mismo salario, adicionales y condiciones de trabajo, además de esta insólita “indemnización“.

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Abrupto giro a la derecha en la Universidad Di Tella: Ambos partidos que disputan el Centro de Estudiantes se oponen al progresismo

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Tras varios años de hegemonía progresista, las listas más propensas a ganar el centro de estudiantes muestran signos de cambio de rumbo en su alumnado. La lista oficialista, anteriormente asociada al larretismo, presenta un candidato abiertamente hacia la derecha.

Vientos de cambio soplan en la Universidad Di Tella, que se convirtió en los últimos años en la institución típica del establishment. Mientras que las autoridades de la UTDT continúan impulsando una agenda progresista en materia de charlas e iniciativas académicas, son los alumnos quienes muestran su disconformidad por el rumbo que toma la universidad.

Actualmente dos listas principales disputan la presidencia del Centro de Estudiantes de Di Tella (CEDIT). La lista Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario (M.E.N.E.M.), se perfila como la favorita a ganar la contienda electoral. En una nota previa de La Derecha Diario, consultamos a algunos de sus miembros sobre la impronta de su lista.

Se identifica en ellos un perfil de tinte liberal, y de carácter no tan ideológico como podría indicar su nombre. De acuerdo a los fundadores del espacio, su lista surge en respuesta a un CEDIT de poca utilidad para los alumnos y no como una reacción doctrinaria.

“El CEDIT no brinda suficientes herramientas de apoyo a los alumnos. Es como que actualmente se utiliza para hacer política personal. Buena parte de las charlas organizadas son con políticos, y rara vez sobre experiencia profesional o sobre adquisición de herramientas” afirma un estudiante de la agrupación M.E.N.E.M.

Por otro lado, está la lista ADN Di Tella, agrupación oficialista que lleva tres años al frente al CEDIT, pero que presenta este año un cambio rotundo de agenda en relación con años anteriores.

Probablemente en un intento de contener votos por derecha, la lista tiene por candidato a presidente a Valentino Díaz, quien públicamente ha manifestado sus preferencias ideológicas sin filtro.

En una crítica explícita a George Soros, Díaz, el candidato de ADN Di Tella, tuiteó “te quieren meter el aborto y sus 1025 géneros por la ventana” y cierra con “La doble moral de la sociedad abierta“, en una clara referencia a las fundaciones de Soros, Open Society.

Díaz en una declaración contra las Open Society Foundations

Valentino Díaz, de tan solo 20 años, es un estudiante de segundo año de la Facultad de Economía, quien se presenta por primera vez a la presidencia.

Su ferviente oposición al aborto, las políticas de género, y la intervención de fundaciones extranjeras en Argentina es una novedad para la lista oficialista, usualmente asociada con el gobierno porteño y las fundaciones progresistas que tiene detrás.

En otro tweet, Díaz reafirma su clara oposición a las ONGs extranjeras y la ideología de género: “No estoy en contra de los homosexuales, pero sí de la doble moral de las ONGs y sus financiadores”.

Quizá la sorpresa más importante es su apoyo al activista político libertario Nicolás Morás, típicamente vinculado a conspiraciones en su canal de YouTube de más de 500 mil suscriptores, donde suele deslizar mentirosas críticas al sionismo y la banca internacional.

Díaz muestra un perfil abiertamente de derecha. Sin embargo, sus dichos dejan entrever preferencias vinculadas a discursos de odio y figuras asociadas a lo peor del populismo. Cabe recordar que Morás está vinculado a RT e HispanTV, medios estatales de Rusia e Irán, respectivamente.

Otra particularidad de la fórmula presidencial de ADN Di Tella es que se trata de una pareja. Valentino Díaz impulsa como candidata a vicepresidente del CEDIT a su novia, quien también manifestó abiertamente su opinión respecto a la ideología de género y la cultura interna de la universidad.

Prevalecieron en la interna unos desequilibrados de ultraderecha” nos dice una estudiante de Relaciones internacionales que prefirió el anonimato. Cabe recordar que hace años que ADN Di Tella profesa el progresismo.

Lo que es seguro es que cualquiera de las dos listas que voten los estudiantes, estarán poniendo un voto por la derecha, y el futuro del CEDIT será contrario a la corriente woke que predomina en las últimas elecciones.

Según pudo averiguar este medio, Juan José Cruces, rector de la universidad, se encuentra sumamente preocupado por el giro hacia la derecha entre los alumnos de la universidad. Cruces debe renovar su banca en 2023, y en su gestión ha impulsado iniciativas de corte progresista, y teme que si mantiene esa línea no pueda reelegir.

En este momento, múltiples universidades muestran la aparición de diferentes expresiones de vientos de cambio. La Universidad Di Tella es solo un espacio más donde han florecido ideas de corte liberal y de derecha. Sin embargo, el simbolismo de una posible victoria de ideas de derecha en una universidad como Di Tella es llamativa por su cercanía a la formación de futuros dirigentes empresariales y políticos.

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El legislador de derecha Nahuel Sotelo pidió que repriman a los gremialistas que frenan la producción de neumaticos

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El diputado derechista Nahuel Sotelo, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que el gobernador Axel Kicillof utilice las fuerzas de seguridad en el conflicto con las empresas de neumáticos. 

Nahuel Sotelo en su banca dentro del recinto

Nahuel Sotelo, el diputado provincial bonaerense respaldado por Javier Milei, presentó un proyecto de declaración ante la Legislatura de la provincia para que la Policía bonaerense haga uso de la fuerza y reprima a los militantes gremiales en las fábricas del sector neumático que permanecen en huelga en el marco del conflicto laboral por paritarias que lidera el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

El texto del legislador le solicita al gobernador Kicillof que “por intermedio de los organismos competentes arbitre los medios necesarios para que, haciendo uso de sus facultades a través de la fuerza pública, intervenga en el restablecimiento del derecho al trabajo de los empleados de las empresas Bridgestone, Fate, Firestone y Pirelli”.

“La Constitución de nuestra provincia garantiza la libertad de trabajo, industria y comercio a todo habitante y que el bloqueo a las empresas es el resultado de un abandono y desprotección de dicha libertad”, señaló Sotelo. “Es hora de que, en nuestro país, comience a respetarse la ley por sobre la violencia y el avasallamiento de los derechos que provocan el bloqueo de estas empresas, generadoras de miles de puestos de trabajo en nuestra provincia”, agregó.

Ante esta situación extrema solicitamos y apoyamos el accionar de la policía de la provincia para que las fábricas retomen el orden y los trabajadores puedan volver a sus puestos de trabajo, continuando la producción y favoreciendo a una industria que genera miles de puestos de trabajo que hoy están en riesgo”, completó Sotelo.

Según Sotelo, “hay que hacer una diferencia entre los trabajadores y los sindicalistas extorsivos donde plantean cosas que no están reglamentadas en ningún convenio del trabajo, como el pago del 200 por ciento de las horas extras”.

“Existe el derecho a la huelga pero también está el derecho al trabajo. El gobernador también tiene que mandar a la fuerza pública para garantizar la salud de los que sí quieren trabajar”, dijo el legislador de derecha. A su vez remarcó que “Si lo hace, lo vamos a apoyar pese a que sea del Frente de Todos”.

En las últimas horas, la conducción del SUTNA liderada por Alejandro Crespo, y las empresas del rubro retomaron el pasado miércoles las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, luego del cuarto intermedio convenido este lunes ante la ausencia de acuerdo.

No obstante, el ministro de economía, Sergio Massa amenazó con abrir la importación de neumáticos de no hallarse una pronta resolución al conflicto. 

Una historia sin fin

La disputa salarial se detonó la semana anterior luego de no encontrar mutuo acuerdo para cerrar la paritaria, generando que el gremio dicte huelga indeterminada con ocupación de parte de la sede de la cartera laboral, siendo esta segunda medida finalmente suspendida tras una convocatoria de una nueva audiencia entre las partes.

Tras el recrudecimiento de la problemática y la prolongación del paro, las principales empresas automotrices frenaron la producción. Algunos casos son la planta de Toyota en Zárate, que comunicó la interrupción de la fabricación de los vehículos ante la falta de neumáticos, o la planta de Ford en Pacheco, que paró sus dos turnos ya que también se vió afectada por la escasez del insumo.

Anteayer, el SUTNA -que conduce el sindicalista de ultraizquierda Alejandro Crespo- y las empresas de la actividad no habían alcanzado un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y pasaron a un cuarto intermedio hasta el pasado miércoles por la tarde, continuando con las negociaciones en busca de pronta una salida a este conflicto que lleva varios meses. Se espera que para el fin de semana encuentren un punto medio.

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