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A pesar de que no terminó el escrutinio, la CNE se lava las manos y asegura que no hubo irregularidades en la elección

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En connivencia con la campaña del oficialismo, la CNE recordó los 40 años de democracia ininterrumpida para cruzar a los ciudadanos que denunciaron irregularidades en la elección del 22 de octubre. 

El periodista Luis Gasulla, y cientos de miles de usuarios en redes sociales, llevan varios días denunciando irregularidades sistemáticas en los telegramas de la elección del pasado domingo.

Hay más de 1700 mesas donde se registraron cero votos a la oposición y 100% de votos a Sergio Massa, lo cual es estadísticamente imposible, y quiere decir que ni siquiera los candidatos locales se votaron por ellos mismos.

Además, hay otras miles de mesas donde un estudio más detallado comparando las actas con el telegrama demuestra que hubo "errores" en la carga de datos que llevó a que candidatos como Milei o Bullrich registraran menos votos en el escrutinio provisorio de los que realmente se apuntó en el acta original.

Lo que sorprende es que la totalidad de los "errores" fueron en contra de la oposición y no se registró, por el momento, ningún voto que haya perdido "sin querer" el candidato oficialista Sergio Massa.

En el contexto de estas denuncias, la Justicia Nacional Electoral emitió un comunicado donde, a pesar de que no terminó el escrutinio definitivo, donde se busca, entre otras cosas, subsanar estas denuncias, que es falso que hubieran irregularidades en la elección.

Cualquiera puede verificar las irregularidades en la página del Gobierno, donde se puede comparar el acta detrás de cada mesa, con el telegrama que finalmente se cargó para ver los números que son reportados comúnmente por los medios, por lo que no tiene mucho sentido el comunicado.

Frente las invocaciones de fraude sin fundamento que estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas -en tanto desconocen que el único escrutinio válido es el definitivo a cargo de la Justicia Nacional Electoral- se vuelve necesario recordar tan trascendente hecho institucional, como un modo de poner relieve en el valor que revisten para la historia de la democracia argentina las elecciones periódicas, libres, transparentes y auténticas”, dice uno de los párrafos del comunicado.

Este domingo, argentinos se congregaron en una masiva marcha que fue del Obelisco a la Casa Rosada en reclamo por el fraude electoral, demandando una investigación completa de las actas y para concientizar a los ciudadanos sobre la fiscalización.

Durante las elecciones, no solo hubo "errores" en la carga de datos, si no que hubo aprietes mafiosos a los fiscales tanto de La Libertad Avanza como de Juntos por el Cambio. En provincias como Santiago del Estero y Formosa, las autoridades de mesa resultaron ser familiares y empleados jerárquicos del poder de turno.

Muchas de estas irregularidades se van corrigiendo en el escrutinio definitivo, donde se vuelven a contar todas las actas desde cero, sin la necesidad de pasar la información a un telegrama, donde lo que se busca es que el Ministerio del Interior pueda estimar un resultado la misma noche de las elecciones.

Sin embargo, en el escrutinio definitivo que se está llevando a cabo esta semana, al igual que ocurrió el domingo de las elecciones, gente de los gremios UOCRA y UPCN amenazan a los fiscales para que no se controle el proceso como corresponde.

Es importante entender que para evitar el robo, la rotura o impugnación de las boletas durante la jornada de votación se necesitan fiscales partidarios que, como bien indica la palabra, fiscalizan y controlan que todo transcurra con normalidad

A su vez, cuando se cuentan los votos tienen que estar presentes los fiscales para garantizar que las sumas sean correctas, y también se pide que haya fiscales presentes durante el escrutinio definitivo, para verificar que las actas estén siendo cargadas correctamente.

Para esto se necesitan miles de fiscales en todo el país, algo que solo tienen dos partidos en Argentina: el PJ y la UCR, por lo que son estas dos fuerzas las que controlan las fiscalizaciones en el país.

También resulta indispensable saber que, hasta que el sistema electoral no sea actualizado con la boleta única de papel, las mañas y las trampas seguirán transcurriendo, por eso, además de que los fiscales se comprometan y se capaciten, la política tiene un debate pendiente sobre una reforma del código electoral.

Massa dijo públicamente en su reunión con Lula en Brasil que está dispuesto a "hacer lo que sea necesario" y utilizar todos los recursos del Estado para asegurarse su reelección, ya que comanda el Ejecutivo hace poco más de un año, cuando relegó el rol de Alberto Fernández a un cargo meramente ceremonial y tomó control del Gobierno. 

Estado, sindicatos y aparato partidario harán esfuerzos sobrehumanos para retener la presidencia y evitar que Javier Milei sea el próximo mandatario, luego de cumplir su objetivo de retener la provincia para Axel Kicillof y Verónica Magario. 

La Cámara Nacional Electoral no queda fuera de este esquema, por eso emite su opinión a través de su comunicado en redes sociales, rompiendo con la costumbre de que la Justicia Electoral se pronuncie una vez que haya terminado el proceso, y con los resultados finales en mano.

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Bullrich designó la nueva Viceministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ex asesora de Bukele y experta en el combate al narco

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Se trata de una exfuncionaria del Gobierno de Córdoba, asesora en seguridad en Honduras y El Salvador, con experiencia laboral tanto en Argentina como en Colombia, donde fue victima de un secuestro de la guerrilla comunista.

Alejandra Monteoliva se convertirá en la nueva Secretaria de Seguridad de la Nación, cargo equivalente al de Viceministra de Seguridad de la cartera. Fue designada este domingo por la titular del Ministerio, Patricia Bullrich, como reemplazante de Vicente Ventura Barreiro, quien fue desplazado la propia ministra.

Los cambios en la cartera de Seguridad fueron confirmados en las redes sociales. “Alejandra Monteoliva será mi nueva Secretaria de Seguridad de la Nación. Con mucho valor, se suma a continuar la lucha contra el narcoterrorismo, las organizaciones criminales y asegurar el imperio de la ley y el orden”, escribió la ministra a través de su cuenta de X.

“Alejandra es la persona adecuada para este tiempo histórico de cambio de paradigma en seguridad que nos toca enfrentar. De probada experiencia como consultora en seguridad en países como Honduras y El Salvador, donde trabajó en el exitoso Modelo Bukele; y en gestión, tanto en Colombia como en nuestro país, donde me acompañó en mi anterior gestión como Ministra de Seguridad, tendrá la enorme responsabilidad de colaborar en la seguridad de Argentina, cuidando en cada rincón del país a los argentinos de bien”, añadió Bullrich.

Por otra parte, desde el Ministerio de Seguridad indicaron: “Monteoliva es discípula del General Oscar Naranjo en Colombia, fue secuestrada por la guerrilla, y se desempeñó como ministra de Seguridad en Córdoba. Además, tiene una destacada trayectoria como Directora de Operaciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante cuatro años y, en los últimos años, trabajó como consultora en seguridad en Honduras y El Salvador”.

Monteoliva fue ministra de Seguridad del gobierno de la provincia de Córdoba durante la gestión del gobernador Juan Schiaretti. A su vez, cuenta con experiencia en la administración nacional, ya que entre 2015 y 2020 ocupó cargos dentro del Ministerio de Seguridad como Directora Nacional de Gestión de Información Criminal, primero, y como Directora de Operaciones de las Fuerzas Federales, luego.

Durante su amplia trayectoria, también se desarrolló en organismos internacionales. Ha desempeñado cargos en la función pública en todos los niveles, tanto en provincias de la Argentina como en distintos países.

Conforme a su currículum, Monteoliva se desarrolló como consultora en el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Drogas y como asistente técnica y consultora en El Salvador, donde se enfocó en hechos de violencia sexual y asesinatos, trabajando de cerca con los equipos del presidente Nayib Bukele. También trabajó en la Policía Nacional de Colombia como docente y asesora.

En el país, la funcionaria trabajó en la municipalidad de Vicente López como asesora en Seguridad Ciudadana y en la municipalidad de Totoras, en la provincia de Santa Fe, como parte del Ministerio de Seguridad, brindando apoyo técnico al Programa Vínculos de Prevención del Delito y la Violencia.

La exfuncionaria cordobesa es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Católica de Córdoba. Además, realizó una maestría en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.

La nueva secretaria de Seguridad forma parte de seis redes vinculadas al área en diferentes países. Según indica su currículum, es miembro de la Asociación Internacional de Analistas Delictuales, de la Red Internacional Amassuru – Mujeres de América Latina en Seguridad y de la International Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Association.

También integra la Asociación de Criminología de Colombia y la Red Internacional de Observatorios y Centros de Investigación del Delito del mismo país, así como la Red Internacional de Observatorios y Centros de Investigación del Delito de INTERPOL-DIJIN, de Colombia. Por último, es miembro de la Red Argentina de Evaluación.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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"Juntada Pilchera" en el Tortugas Open Mall terminó en desgracia: Hubo 4 acuchillados y más de 10 detenidos

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Cientos de jóvenes convocados por las redes sociales para mostrar "su pilcha" terminaron a las piñas y a los facazos en una batalla campal en el Tortugas Open Mall, en el partido de Malvinas Argentinas.

Así como los floggers se reunían en el Abasto y los emos en la Plaza Rodríguez Peña allá por el año 2007 y 2008, ahora una nueva tribu urbana comenzó a hacerse notar en los centros de compra de zona norte y otros puntos del conurbano.

Se trata de “la Juntada Pilchera”, un nombre que reúne a jóvenes y adolescentes con deseos de exhibir sus prendas deportivas de marca a sus pares. Así como ocurría hace más de una década, la convocatoria se realiza por redes sociales. Sin embargo, esta vez los grupos que se juntan muestran un altísimo nivel de violencia.

Esto quedó plasmado en una juntada que hicieron este sábado, cuando integrantes de esta nueva tribu protagonizaron una pelea campal en el Tortuguitas Open Mall (TOM), en el partido de Malvinas Argentinas, que terminó con cuatro heridos con cortes y una docena de detenidos.

La violencia estalló cuando los grupos de "pilcheros" arrancaron con corridas y a golpearse entre sí por un conflicto por el cual no hay mayores detalles. La muchedumbre ingresó por la puerta principal al sector del patio de comidas, y se trenzaron en peleas, provocando destrozos.

Según indicaron fuentes policiales, hubo cuatro adolescentes con heridas ocasionadas con cuchillos. Entre ellos, un chico de 14 años, con una herida cortante superficial en la muñeca izquierda; un menor de 16, con una lesión de cuchillo en la espalda; otro joven de 15 años, con cortes en el abdomen y la pierna derecha, y otro menor de 16 años que sufrió un puntazo en el abdomen.

Efectivos de la Policía bonaerense llegaron ante la denuncia por los incidentes y aprehendieron a un adolescente de 15 años, a quien se le incautó un cuchillo modelo tramontina. Este joven fue señalado por testigos como uno de los principales agresores. En otro de los videos que circularon en las últimas horas, aparecen otros menores que permanecían aprehendidos por la fuerza policial.

En línea con el parte al que accedió este medio, intervinieron 17 patrulleros de la Policía y 15 de la Protección Ciudadana de Malvinas Argentinas. En total, 70 efectivos participaron del operativo. Con el correr del tiempo, las autoridades lograron detener a 14 menores de edad, que quedaron a disposición de la Justicia.

Los videos se viralizaron en X (ex Twitter) pero solo recibieron repercusión en un primer momento por medios independientes, como La Derecha Diario. No fue hasta que la gente empezó a denunciar un blindaje mediático al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que los medios empezaron a hablar del tema. De todos modos, con muy baja difusión.

Tras el hecho, el centro comercial emitió un comunicado explicando la situación. “La acción que se llevó a cabo en nuestras instalaciones no fue organizada por Tortugas Open Mall. Se trató de una convocatoria organizada por un grupo de personas a través de sus redes sociales, que eligieron a nuestro shopping como punto de encuentro”, comienza diciendo el mensaje.

Y agregaron: “Tan pronto alertamos la cantidad de gente y cómo se estaba desarrollando la situación, priorizamos la seguridad e integridad de nuestros visitantes y de las personas que trabajan en nuestro establecimiento. Por lo cual, activamos el protocolo de seguridad y dimos aviso a las autoridades, quienes respondieron de inmediato”.

La seguridad y el bienestar de quienes visitan el centro comercial, como el de las personas que trabajan en él, es nuestra máxima prioridad”, cierra el comunicado.

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Es falso que la Cámara de Diputados no puede rechazar las modificaciones del Senado a la Ley Bases: Tiene primacía por ser cámara de origen

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Los medios están intentand instalar falsamente que la Cámara de Diputados no puede insistir en una corrección o supresión efectuada por el Senado, con el objetivo de entorpecer un proceso legislativo del que no hay dudas sobre su desarrollo.

Con motivo del rechazo y/o modificaciones de algunos artículos de la Ley Bases y de la Reforma Fiscal durante su tratamiento en particular en el Senado, se ha generado un debate acerca de si la Cámara de Diputados, como cámara de origen de esos proyectos, puede insistir en el texto original o si lo que aprobaron los senadores es inamovible.

Para que se entienda, en el caso de la Ley Bases, la Cámara de Diputados es considerada la cámara de origen, por haberse presentado allí el proyecto originalmente, mientras que el Senado es la cámara revisora.

Cualquier proyecto de ley debe ser aprobado en general por ambas cámaras para pasar al escritorio del presidente para su firma y entrada en efecto. Sin embargo, la discusión de fondo se da sobre el tratamiento en particular, ya que hay varios artículos aprobados por la cámara de origen (Diputados) pero rechazados por la cámara revisora (Senado). ¿Qué es lo que ocurre en estas situaciones?

La respuesta está en el artículo 81 de la Constitución Nacional: "(…) Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria".

Y agrega: "A menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora".

En resumen y sin tanta vuelta, la cámara de origen tiene siempre supremacía sobre la revisora, con la salvedad de que si los rechazos o modificaciones en particular pasaron por la revisora por dos tercios, se necesitan dos tercios en la de origen para anular esos rechazos o modificaciones.

Toda la doctrina, la jurisprudencia y los precedentes parlamentarios coinciden en señalar que la Cámara de origen tiene prerrogativas para imponer el proyecto por ella sancionado, sobre la revisora. Entonces, ¿por qué algunos constitucionalistas, legisladores y en especial, periodistas, aseguran que Diputados no puede insistir en el proyecto originalmente aprobado?

Se basan en una interpretación textualista del artículo 81, que dice que la Constitución solamente habla del "proyecto de ley" en su totalidad, y no hace referencia a las votaciones en particular. Esta postura es bochornosa.

En palabras del abogado constitucionalista Ricardo Ramírez Calvo: "Quienes sostienen que la Cámara de Diputados como cámara de origen no puede insistir en las partes rechazadas por el Senado enfrentan un primer obstáculo: las palabras expresas de la Constitución. El único caso previsto en la Constitución en el que la cámara de origen no puede insistir en el texto aprobado originalmente por ella y cuyo tratamiento no puede repetirse en las sesiones de ese año es el de un proyecto de ley desechado totalmente por alguna de las cámaras. La Constitución Nacional no prevé ningún otro supuesto de rechazo “total” que excluya el derecho a insistir por parte de la cámara de origen ni el art. 81 hace alusión a rechazos parciales".

E insiste: "“Proyecto de ley” es, obviamente, la totalidad de los artículos que forman una propuesta de norma a ser considerada por ambas cámaras del Congreso. Que dentro de un proyecto existan artículos que se refieran a temas diferentes es irrelevante. Por ende, el argumento que asimila el rechazo en el tratamiento en particular de uno o más artículos de un proyecto de ley con el rechazo in totum de ese proyecto (a partir de la dudosa idea de la existencia de una “ley dentro de la ley”) es inválido en la medida en que pretende extender una consecuencia constitucional a un supuesto no previsto por el constituyente".

Y concluye: "La Constitución no contiene ningún “principio de especificidad normativa”. Ese principio tampoco surge de una lectura sistemática del texto constitucional. En realidad, es un invento que contradice el texto constitucional expreso. El art. 75, inc. 12 prevé que el Congreso dicta los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social. Esa simple enumeración muestra que la supuesta especificidad normativa o unidad de materia ha sido descartada por el constituyente: las normas del trabajo y de la seguridad social, por ejemplo, están relacionadas, pero no forman una única materia. Tan es así que los conflictos judiciales que se deriven de su aplicación están sometidos a fueros diferentes".

Las supresiones parciales del texto de la ley, están comprendidos dentro del concepto de “correcciones” como lo aclara muy bien el destacado constitucionalista y convencional constituyente de 1994, Humberto Quiroga Lavié (Constitución de la Nación Argentina Comentada, editorial Zavalía, año 1996, página 519), por lo que es indudable que la Cámara de Diputados puede insistir restituyendo los textos eliminados de la Ley Bases y el paquete fiscal.

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