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Argentina

Actualmente nueve de cada diez hogares en Argentina recibe algún tipo de “ayuda” estatal

Según cifras del Ministerio de Desarrollo Productivo, el 89% de los hogares argentinos percibe ingresos por concepto de asistencia del Estado, confirmando que la economía nacional se encuentra en terapia intensiva.

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Debido a la implementación de las medidas de asistencia estatal frente a la pandemia, hoy en día casi 40 millones de personas (89% de la población total) viven en un hogar donde al menos uno de sus miembros percibe algún tipo ingreso proveniente del Estado. De esta colosal cifra se desglosa que existen 21 millones de adultos, los cuales viven con otras 19 millones de personas, que reciben “ayuda” del gobierno

Desde el comienzo del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, hace ya más de 90 días, el gobierno nacional ha multiplicado casi de manera virulenta -valga la analogía- los mecanismos para paliar los efectos de la pandemia. Programas de ayuda social, subsidios, créditos a tasa cero, bonos, transferencias de refuerzo a distintos organismos y demás instrumentos han sido aplicados con cuestionable eficacia. 

Según datos de la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso), un organismo técnico de análisis fiscal que brinda soporte a los legisladores y publica informes en su página web, las medidas anunciadas para afrontar la crisis suman en total $1,37 billones. Dicha cifra equivale al 4,84% del Producto Bruto Interno, según la última estimación de $28,5 billones de PBI calculado por la OPC para 2020

Ese monto de $1,37 billones se compone de $607.857 millones incluidos en decretos y decisiones administrativas ya incorporados al Presupuesto nacional, más casi $195.000 millones correspondientes a anuncios cuya norma legal aún no fue dictada. 

Además, se incluyen otros $571.774 millones sin impacto presupuestario, como son las garantías del Estado a los bancos privados para promover los créditos a las Pymes y monotributistas a tasas bajas o con cero interés.  

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Según explicó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, de la población total del país, un 47,2% está recibiendo alguna transferencia del Estado, lo cual representa aproximadamente unas 21,3 millones de personas. 

En cifras concretas, de esa cantidad, 8,3 millones reciben el IFE (de los cuales 2,4 millones son IFE-AUH y 1,5 millones IFE-AUH-Alimentar), otros 7,1 millones son jubilados y pensionados (incluyen pensiones no contributivas), 3,2 millones son empleados públicos, 2,3 millones son asalariados privados que reciben ayuda por la ATP, medio millón son monotributistas y autónomos que cuentan con crédito a tasa cero, y hay otros 0,6 millones que reciben una serie de asistencias estatales como salario social complementario (0,5 millón) y seguro de desempleo (0,1 millón). 

El objetivo es tener mirada muy fuerte en la salud. Si el virus se propaga, la economía también se verá perjudicada porque las personas no podrán ir a trabajar si se enferman”, manifestó Kulfas.

Sin embargo, estas palabras han sido repetidas hasta el cansancio desde el gobierno y que, lejos de tranquilizar, agudizan la angustia de miles de empresarios y trabajadores autónomos que cada vez terminan dependiendo más del “Estado presente”. 

Con una economía cada vez más deprimida, en la cual no se produce prácticamente nada, la única fuente de ingresos es la recaudación fiscal, que como ya es sabido disminuye con el paso de los días. 

Todo esto resulta en un déficit cada vez mayor, el cual no se puede financiar eternamente con emisión monetaria, y claramente nadie va a comprar títulos del gobierno argentino porque, básicamente, nunca paga. El Covid-19, por lo visto, le vino como anillo al dedo al gobierno del presidente Alberto Fernández, ya que cualquier impacto nefasto que la ya infame “cuarentena” genere, será invariablemente atribuido a la pandemia.  

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Argentina

Aumentos en las tarifas: estiman que el incremento de la luz rondaran el 200% y el del gas un 80%

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Aún se desconoce de cuánto será el aumento, a partir de cuándo comenzará a regir y quién lo implementará.

 La aplicación de la segmentación para la quita de subsidios a la energía aún reviste mas incógnitas que certezas. Los cambios en la Secretaria de Energía engordaron la falta precisiones de la medida, como por ejemplo saber de cuánto será el incremento, cuándo comenzará a regir y quién lo implementará

Lo que aún no puede comunicar el gobierno, ya lo estimó la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo. Los incrementos finales serían del 85% para la tarifa de gas y en torno al 200% para la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, según consta en el último informe presentado por la consultora.

“En general la mayor parte de los hogares, el 70% de los usuarios del AMBA, tiene un nivel de consumo por debajo de los 400 kv que puso de tope el gobierno para aplicar a partir del excedente el pago de tarifa plena” afirmó Arceo que aclara que se trata de un promedio anual porque el nivel de consumo varía según la estación del año.

Ahora bien, si la mayoría de los usuarios consume por debajo del tope, la pregunta es cual es el ahorro para el fisco en tanto eliminación de subsidios. Sobre esto Arceo explica que el 30% de los hogares donde se consume mas de 400 kv explican a su vez el 50% del consumo de energía total. “Son pocos hogares que consumen mucha energía, con lo cual sin subsidio, o se reduce, el nivel de ahorro fiscal es bastante significativo”.

Para Arceo la incorporación del criterio de tope de consumo es un premio al ahorro de energía muy eficaz en otros países. Sin embargo este consultor explica que los sectores populares, que no tienen acceso a la red de gas, consumen más energía, sobre todo en invierno. “Por eso es importante saber si el tope de consumo alcanza también a los beneficiarios de tarifa social” agrega Arceo, para quien este punto es nodal “para proteger a los que menos tienen”. Según el consultor esto todavía no está garantizado ya que queda “esperar la letra chica de la reglamentación de la medida”.

No obstante Arceo reivindica la medida: “Es correcto penalizar el consumo excesivo dado el incremento que tuvo la demanda de gas y energía eléctrica en los últimos años que llevo a la Argentina a que solo en el primer semestre de este año creció un 18% respecto al mismo período del 2019”.

En lo que respecta al servicio de gas por red y servicio de agua potable, Massa no dio precisiones.”En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad”, dijo, sin más detalles.

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Senado: El kirchnerismo impulsa una ley para crear un ingreso fijo por indigencia

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La ley, elaborada por la senadora Di Tullio, alanzaría a 1.7 millón de personas, con un costo fiscal más bajo que el salario básico que pide Grabois.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto para crear un ingreso por indigencia, que beneficiaría a 1.7 millones y fue elaborado después de una ronda de consultas con organizaciones sociales y funcionarios.

Es mucho más restrictivo que el salario básico universal que propone Juan Grabois, porque abarca a desocupados desde 25 años a uno menos que el límite de la jubilación (59 mujeres y 64 hombres), que no sean beneficiarios de planes sociales. 

Recibirían el equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, que según el Indec alcanza 15.057 pesos mensuales. Se actualizaría por trimestre. 

El proyecto de Itahí Hagman, diputado del Frente de Todos cercano a Grabois, también propone pagar una canasta por adulto, pero abarca a desocupados de entre 18 y 64 y a quienes registren bajos ingresos. 

Se definen como tales a trabajadores de casas particulares, monotributistas de categoría A o asalariados con haberes similares. El beneficio llegaría a entre 7 y 9 millones de personas y el costo fiscal podría ser entre 2 y 3 puntos del PIB.

Di Tullio trabajó en un diseño que redujera el impacto fiscal, que esperaba presentar la semana pasada, pero debió postergar hasta que el nuevo ministro de Economía Sergio Massa se pusiera al tanto. 

Calcula un costo fiscal de 0.09 del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. El ingreso durará un año y para renovarlo el beneficiario deberá acreditar que continúa sin ingresos.

Y se promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica.

De esta manera, el Estado se encargaría de la reinserción laboral del beneficiario, que formará parte de un Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción, mediante un cruce de datos con Anses.

Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero se estima que no podrá demorarse más allá del debate del presupuesto, que llegará el 15 de septiembre a Diputados. El último no se sancionó y el kirchnerismo lo cuestionó, justamente porque no contemplaba ayuda directa a los sectores vulnerables.  

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Cuarta audiencia del juicio por la Obra Pública a Cristina Kirchner: el fiscal apuntó a la “caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”

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Se trata de las obras por remediación de canteras por las que recibió 220 millones de dólares. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron hoy la cuarta audiencia de sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, la Fiscalía ahondó sobre lo que llamó la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

Se trata de las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para obras de remediación de canteras y movimiento de suelos.

Ante el Tribunal Oral Federal 2, y sin la presencia de Cristina Kirchner, autorizada a ausentarse, el fiscal Luciani señaló que Báez ganó todas las licitaciones para la remediación de canteras por un total de 220 millones de dólares y que la gran mayoría fueron cercanas a las elecciones presidenciales de 2007 que ganó el Frente de Todos.

En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, dijo Luciani. El fiscal, con el aporte de filminas, mostró cada una de esas obras en las que expuso como en las licitaciones competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti y en algunas otras empresas, en su mayoría Petersen, que siempre quedaba descalificada. Se trata del mismo mecanismo que se utilizó para las licitaciones de las obras viales que la Fiscalía analizó en las audiencias anteriores.

A su turno, el fiscal Mola señaló que esas licitaciones se buscaron ocultar en su publicidad. Explicó que se debían publicar en los diarios de Santa Cruz para que las empresas que quisieran se presenten a competir. Pero Mola destacó que las licitaciones se publicaban en las secciones de belleza, de chistes o donde se publicaban avisos contra la eyaculación precoz. “La ley no especifica donde debe publicarse pero se hacía en lugares no relacionados con la obra publica”, señaló Mola.

La audiencia de hoy comenzó con una recusación que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, presentó contra el fiscal Luciani y uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Las defensas de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, adelantaron que también presentaron medidas similares.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, acusó Luciani el primer día los alegatos, el pasado 1 de agosto.

La Fiscalía tiene nueve audiencias para alegar la acusación contra los 13 imputados en el juicio. Luciani adelantó que usará todas y que inclusive podrían necesitar algunas más. Luego será el turno de los alegatos de cada una de las defensas que tendrántres audiencias. La primera en alegar será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

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