La fábrica es propiedad de Fabricaciones Militares y se encuentra en las cercanías de la ciudad de Rosario, que desde hace semanas es asediada por grupos narcoterroristas que intentan robar su producción de armas.

En respuesta a la crisis de seguridad que afecta a la provincia de Santa Fe, el Gobierno Nacional, a través del Comité de Crisis que establecieron la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Ministro de Defensa, Luis Petri, han tomado la decisión de establecer una zona militar en la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán", que pertenece a la empresa Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.

Esta fábrica se dedica a la producción de munición y armamento destinado al uso de las Fuerzas Armadas. La medida fue oficializada a través del decreto 350/2024, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con esta medida, las Fuerzas Armadas serán responsables de organizar y dirigir el uso adecuado de los recursos materiales requeridos para prevenir y/o reprimir la comisión de cualquier delito en esta zona militar.

Además, el Ministerio de Defensa ha sido instruido para que se tomen todas las medidas necesarias para proporcionar asesoramiento legal, representación y apoyo en procedimientos judiciales y/o administrativos a todo el personal que, al cumplir con sus deberes en el curso de sus funciones reguladas, pudiera enfrentar acciones legales.

El Gobierno argumenta que cualquier ataque a la jurisdicción militar durante tiempos de paz, además de poner en riesgo la capacidad defensiva del país, también representa una amenaza para la seguridad interna. Por lo tanto, sostiene que es responsabilidad de la autoridad militar preservar la integridad y restaurar el orden dentro de su jurisdicción y/o en el ámbito territorial militar, de acuerdo con las leyes vigentes en la materia.

En este contexto, justifica su decisión en la necesidad de garantizar la seguridad para proteger adecuadamente la integridad física de las personas y los activos del Estado. El Gobierno ha establecido esta zona militar principalmente debido a la grave crisis de seguridad que enfrenta la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, conocida como la capital del narcotráfico a nivel nacional.

La fábrica militar se encuentra a solo 20 kilómetros de esta ciudad, que desde hace semanas ha sido objeto de constantes ataques por parte de bandas criminales que buscan robarse las armas para continuar con su régimen del terror.

Desde marzo, las organizaciones narcocriminales han desatado una ola de violencia contra el orden público, llevando a cabo asesinatos a sangre fría en plena vía pública. Entre las víctimas de esta escalada de violencia se encuentran colectiveros, taxistas y empleados de estaciones de servicio.

El objetivo era presionar al gobernador Maximiliano Pullaro para que revocara las medidas implementadas en las cárceles contra los presos de alto perfil. Incluso, los sicarios dejaron notas amenazantes en la escena del crimen, advirtiendo a Pullaro que las muertes continuarían si se persistía con esas políticas.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional decidió desplegar las Fuerzas Federales de Seguridad para colaborar en la contención del avance del narcotráfico. El Ejército fue convocado para brindar apoyo logístico, conforme a lo estipulado en la Constitución Nacional.

Esta medida va en sintonía con lo que anunció hace unos días Nicolás Wiñazki, periodista de TN, quien lanzó la primicia de que el Ministro de Defensa, Luis Petri, acordó con la General estadounidense, Laura Richardson, que Argentina empiece a exportar balas 9mm y 7.62 de FAL y que la idea del Gobierno de Milei es usar Fabricaciones Militares para transformarla en una de las fabricas más importantes del mundo, en lo que respecta a la producción y exportación de munición.

Los cuatro jueces del tribunal supremo han rechazado un recurso de per saltum presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez contra el decreto desregulador.

En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inadmisible un "per saltum" presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei en diciembre del año pasado.

De esta manera, el decreto desregulador toma cada vez más fuerza y se fortalece su constitucionalidad. La fundamentación principal del rechazo radica en la ausencia de un "caso concreto", "causa" o "controversia" que justificara la derogación de las reformas.

El recurso presentado por Gil Domínguez buscaba promover un "proceso autosatisfactivo", instando a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación a que abordaran de manera inmediata el tratamiento del DNU 70/23, con el fin de su aprobación o rechazo en un plazo máximo de 30 días, según lo establecido por la ley 26.122. La Corte dijo que el DNU no presenta inconstitucionalidades en este sentido, que su vigencia está acorde a la ley, y desestimó el pedido.

El reclamo llegó a los tribunales después de que fuera rechazado inicialmente por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo de Rodolfo Facio, quien desestimó el planteo por ausencia de legitimación activa y falta de "caso" o "controversia", pero Gil Domínguez procedió con la apelación y elevación a la Suprema Corte.

El fallo de la Corte, dado a conocer ayer, cuenta con las firmas de los cuatro integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En su decisión, los jueces argumentaron que la petición no presentaba una afectación concreta y particularizada, por lo que las razones esgrimidas por el demandante resultaban "insuficientes" para configurar un caso o controversia.

Esta decisión refleja un patrón similar al de casos anteriores relacionados con el DNU de Milei. La Justicia rechazó de manera unánime, hace unos días, dos planteos contra el DNU 70/23 de Javier Milei, argumentando que no existíam razons que justificaran su intervención.

Uno de los fallos corresponde al recurso extraordinario presentado por el abogado Jorge Rizzo, en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho, en diciembre de 2023, poco después del anuncio del decreto en cadena nacional por parte del presidente, solicitando la anulación total del DNU.

Por otro lado, la misma pretensión tuvo la medida cautelar presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a través de sus representantes legales Raúl Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, quienes en febrero de este año promovieron una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objetivo de poner fin al estado de incertidumbre derivado de la supuesta "inconstitucionalidad" del decreto.

El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, ha expresado en diversas ocasiones que es necesario darle tiempo a la política para resolver estos asuntos, aunque ha dejado claro que, si no se resuelven, lo hará la Justicia. Rosatti ha manifestado su preferencia por evitar la judicialización prematura de temas políticos.

Sin embargo, aún quedan pendientes otros reclamos relacionados con el DNU, siendo el más significativo el referido a la reforma laboral incluida en el Capítulo IV, que tiene como objetivo eliminar el trabajo en negro y modernizar el mercado laboral.

Además, según un relevamiento, la Corte tiene cerca de 30 reclamos de 16 provincias que reclaman por recortes de fondos, sumando un total de aproximadamente US$ 1.000 millones de dólares que el Gobierno Nacional dejó de enviar debido a la firma del decreto.

Por otro lado, Javier Milei anunció la semana pasada a través del Boletín Oficial su propuesta para que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco y el cupo que se abrirá debido a la jubilación de Juan Carlos Maqueda, respectivamente.

Este anuncio abre un período de quince días para que la ciudadanía y diversas organizaciones presenten sus posturas respecto a los candidatos propuestos, antes de que deban ser votados por el Senado.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

“La marcha se desvirtuó”: el día después a la masiva movilización universitaria, militantes estudiantiles de Franja expresaron su descontento porque referentes de UxP coparon la Plaza de Mayo y politizaron la movilización.

El bloque de Unión por la Patria (UxP) pidió este miércoles una sesión especial para discutir proyectos vinculados al financiamiento de la universidad pública, como la suba de su presupuesto, la reintroducción del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y cambios en la movilidad jubilatoria.

Sin embargo, y a pesar de que menos de 24 horas antes habían marchado juntos para pedir más fondos para las universidades públicas, una gran parte de la Unión Cívica Radical (UCR) no bajó al recinto y se negó a darle quórum al kirchnerismo.

Y es que, sacando al sector amigable con el gobierno de Javier Milei del radicalismo, el sector que responde a Emiliano Yacobitti está molesto con el kirchnerismo por haberle "manchado" la movilización del martes con la presencia del exministro Sergio Massa, del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Madres de Plaza de Mayo y hasta la CGT.

Con cinco legisladores menos de los necesarios para abrir el debate en mayoría, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión al no haber suficientes diputados sentados en sus bancas. Cuando la sesión ya estaba levantada, se sumó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Gabriela Brouwer de Koning, de la UCR, pero todavía estaban lejos de los 129 presentes requeridos para empezar una sesión.

Hacemos Coalición Federal, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, tampoco dio quórum con todo su espacio, y le propuso al kirchnerismo postergar la convocatoria de la sesión para después del debate de la Ley Bases. La fecha que se barajó fue el 8 de mayo, con la idea de que para ese momento las reformas de Milei ya hayan superado la Cámara de Diputados y no haya conflictos. Sin embargo, UxP quiso llevar al recinto la épica de la movilización universitaria y se rehusó a modificar su cronograma.

Descontento en Franja Morada por la presencia del kirchnerismo

En las filas de Franja Morada esperaban que agrupaciones estudiantiles kirchneristas hicieron presencia en la marcha, pero no les gustó nada que el kirchnerismo, especialmente referentes nacionales de Unión por la Patria participaran y se llevaran el foco de atención. Además, el kirchnerismo copó la Plaza de Mayo, en vez de las agrupaciones universitarias.

“Las agrupaciones políticas se mandaban por calles internas y llegaban directo a la Plaza de Mayo. Entonces las universidades, que veníamos todas juntas, nos planchamos ahí”, admitió Francisco Grecco, referente estudiantil en Ciudad Universitaria.

“La marcha de desvirtuó, se metieron un montón de grupos políticos que no tenían nada que ver. Después vimos en la tele que había hablado una madre de Plaza de Mayo. Hubiese estado bueno que no se mezclaran las consignas para que el mensaje fuera claro. Por eso nosotros llevamos un libro o apuntes”, acotó en una entrevista para LA NACIÓN.

LA NACIÓN también confirmó la bajada política de los profesores el día después de la marcha. Este miércoles, antes de ingresar a dar clases en un aula de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU, también en Ciudad Universitaria), el profesor de Introducción al Pensamiento Científico, Ricardo Ibáñez, habló la convocatoria de ayer.

“Hace más de 30 años que soy docente, fui a varias marchas universitarias en la época de De la Rúa, de Menem. Recuerdo especialmente una muy grande contra el recorte de presupuesto universitario de López Murphy" aseguró, obviando que Massa les congeló el presupuesto por 18 meses con una inflación de más del 200% y no marcharon ni una sola vez.