Los resultados de la Encuesta de Expectativas de Inflación, elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella, indican una caía por debajo del 100% de la inflación en los próximos 12 meses, ubicándola en un 98,5%.

En el último relevamiento realizado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) entre el 3 y el 11 de abril, se observa una marcada disminución en las expectativas de inflación para los próximos 12 meses. Según los datos recopilados, la inflación esperada promedio se sitúa en un 98,5%, por debajo del 100%.

Estos resultados reflejan una tendencia a la baja en las expectativas inflacionarias, con un impacto notable en las diversas regiones del país y en todos los niveles de ingreso. Si bien el país se dirigía a una hiperinflación, el plan Milei-Caputo está surtiendo efecto y se está poniendo fin a la escalada de precios.

Este último relevamiento se da unos dias despues de que el FMI haya elogiado el impresionante avance de Argentina en términos económicos y que estime que la inflación de 2024 será del 150%, valor que a diferencia del otro, incluye los primeros 3 meses del combate de Milei contra la hiperinflación que dejó Massa.

La UTDT mediante la Encuesta de Expectativas de Inflación (EI), lleva analizando los datos inflacionarios desde la asunción del presidente Javier Milei, y los resultados son sorprendentes. A nivel nacional, y tomando el promedio de la distribución de respuestas en diciembre, la inflación esperada en aquel entonces para los próximos doce meses era del 225,9%.

En enero, había incluso subido al 230%. Sin embargo, a partir de enero se inicia un proceso significativo de desaceleración de la inflación estimada. En febrero, esta cifra desciende a un 170,8%, en marzo baja a 123,8%, y en la última medición de abril, se registra un descenso hasta el 98,5%, marcando una pronunciada desaceleración inflacionaria.

En cuanto a la distribución regional, se observa que el interior del país presenta las expectativas de inflación anual más bajas, que pasó de un 111,2% en marzo, a un 96,4% en abril.

El interior es seguido por el Gran Buenos Aires (GBA), que registró un 148,2% en marzo, y una baja al 98,7% en abril. Finalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) esperaba un 140,7% en marzo, y terminó disminuyendo a 111,2% en el mes de abril.

Por otro lado, en términos de niveles de ingreso, la reducción en las expectativas inflacionarias es más pronunciada en los hogares de menores ingresos.

Los individuos de mayor nivel educativo tienen mayores expectativas de inflación, mientras que los individuos de menor nivel educativo registraron una gran disminución en la percepción, pasando de 127,7% en marzo a 86,9% este mes, mientras que los de mayor nivel educativo pasaron de un valor de 122,2% en marzo a 104,7% en abril.

En relación con las expectativas de inflación para los próximos 30 días, se observa una disminución similar. En abril, la inflación esperada se situó en un 13,30% según la media, en comparación con el 15,46% registrado en marzo. Estos datos indican una percepción más optimista respecto a la evolución de los precios en el corto plazo por parte de la población encuestada.

Los resultados del relevamiento realizado por la UTDT sugieren una notable reducción en las expectativas de inflación tanto a corto como a largo plazo, lo cual refleja un mayor grado de confianza en la estabilidad económica futura y en el Gobierno de Milei por parte de la población.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

La fábrica es propiedad de Fabricaciones Militares y se encuentra en las cercanías de la ciudad de Rosario, que desde hace semanas es asediada por grupos narcoterroristas que intentan robar su producción de armas.

En respuesta a la crisis de seguridad que afecta a la provincia de Santa Fe, el Gobierno Nacional, a través del Comité de Crisis que establecieron la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Ministro de Defensa, Luis Petri, han tomado la decisión de establecer una zona militar en la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán", que pertenece a la empresa Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.

Esta fábrica se dedica a la producción de munición y armamento destinado al uso de las Fuerzas Armadas. La medida fue oficializada a través del decreto 350/2024, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con esta medida, las Fuerzas Armadas serán responsables de organizar y dirigir el uso adecuado de los recursos materiales requeridos para prevenir y/o reprimir la comisión de cualquier delito en esta zona militar.

Además, el Ministerio de Defensa ha sido instruido para que se tomen todas las medidas necesarias para proporcionar asesoramiento legal, representación y apoyo en procedimientos judiciales y/o administrativos a todo el personal que, al cumplir con sus deberes en el curso de sus funciones reguladas, pudiera enfrentar acciones legales.

El Gobierno argumenta que cualquier ataque a la jurisdicción militar durante tiempos de paz, además de poner en riesgo la capacidad defensiva del país, también representa una amenaza para la seguridad interna. Por lo tanto, sostiene que es responsabilidad de la autoridad militar preservar la integridad y restaurar el orden dentro de su jurisdicción y/o en el ámbito territorial militar, de acuerdo con las leyes vigentes en la materia.

En este contexto, justifica su decisión en la necesidad de garantizar la seguridad para proteger adecuadamente la integridad física de las personas y los activos del Estado. El Gobierno ha establecido esta zona militar principalmente debido a la grave crisis de seguridad que enfrenta la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, conocida como la capital del narcotráfico a nivel nacional.

La fábrica militar se encuentra a solo 20 kilómetros de esta ciudad, que desde hace semanas ha sido objeto de constantes ataques por parte de bandas criminales que buscan robarse las armas para continuar con su régimen del terror.

Desde marzo, las organizaciones narcocriminales han desatado una ola de violencia contra el orden público, llevando a cabo asesinatos a sangre fría en plena vía pública. Entre las víctimas de esta escalada de violencia se encuentran colectiveros, taxistas y empleados de estaciones de servicio.

El objetivo era presionar al gobernador Maximiliano Pullaro para que revocara las medidas implementadas en las cárceles contra los presos de alto perfil. Incluso, los sicarios dejaron notas amenazantes en la escena del crimen, advirtiendo a Pullaro que las muertes continuarían si se persistía con esas políticas.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional decidió desplegar las Fuerzas Federales de Seguridad para colaborar en la contención del avance del narcotráfico. El Ejército fue convocado para brindar apoyo logístico, conforme a lo estipulado en la Constitución Nacional.

Esta medida va en sintonía con lo que anunció hace unos días Nicolás Wiñazki, periodista de TN, quien lanzó la primicia de que el Ministro de Defensa, Luis Petri, acordó con la General estadounidense, Laura Richardson, que Argentina empiece a exportar balas 9mm y 7.62 de FAL y que la idea del Gobierno de Milei es usar Fabricaciones Militares para transformarla en una de las fabricas más importantes del mundo, en lo que respecta a la producción y exportación de munición.

Los cuatro jueces del tribunal supremo han rechazado un recurso de per saltum presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez contra el decreto desregulador.

En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inadmisible un "per saltum" presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei en diciembre del año pasado.

De esta manera, el decreto desregulador toma cada vez más fuerza y se fortalece su constitucionalidad. La fundamentación principal del rechazo radica en la ausencia de un "caso concreto", "causa" o "controversia" que justificara la derogación de las reformas.

El recurso presentado por Gil Domínguez buscaba promover un "proceso autosatisfactivo", instando a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación a que abordaran de manera inmediata el tratamiento del DNU 70/23, con el fin de su aprobación o rechazo en un plazo máximo de 30 días, según lo establecido por la ley 26.122. La Corte dijo que el DNU no presenta inconstitucionalidades en este sentido, que su vigencia está acorde a la ley, y desestimó el pedido.

El reclamo llegó a los tribunales después de que fuera rechazado inicialmente por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo de Rodolfo Facio, quien desestimó el planteo por ausencia de legitimación activa y falta de "caso" o "controversia", pero Gil Domínguez procedió con la apelación y elevación a la Suprema Corte.

El fallo de la Corte, dado a conocer ayer, cuenta con las firmas de los cuatro integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En su decisión, los jueces argumentaron que la petición no presentaba una afectación concreta y particularizada, por lo que las razones esgrimidas por el demandante resultaban "insuficientes" para configurar un caso o controversia.

Esta decisión refleja un patrón similar al de casos anteriores relacionados con el DNU de Milei. La Justicia rechazó de manera unánime, hace unos días, dos planteos contra el DNU 70/23 de Javier Milei, argumentando que no existíam razons que justificaran su intervención.

Uno de los fallos corresponde al recurso extraordinario presentado por el abogado Jorge Rizzo, en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho, en diciembre de 2023, poco después del anuncio del decreto en cadena nacional por parte del presidente, solicitando la anulación total del DNU.

Por otro lado, la misma pretensión tuvo la medida cautelar presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a través de sus representantes legales Raúl Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, quienes en febrero de este año promovieron una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objetivo de poner fin al estado de incertidumbre derivado de la supuesta "inconstitucionalidad" del decreto.

El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, ha expresado en diversas ocasiones que es necesario darle tiempo a la política para resolver estos asuntos, aunque ha dejado claro que, si no se resuelven, lo hará la Justicia. Rosatti ha manifestado su preferencia por evitar la judicialización prematura de temas políticos.

Sin embargo, aún quedan pendientes otros reclamos relacionados con el DNU, siendo el más significativo el referido a la reforma laboral incluida en el Capítulo IV, que tiene como objetivo eliminar el trabajo en negro y modernizar el mercado laboral.

Además, según un relevamiento, la Corte tiene cerca de 30 reclamos de 16 provincias que reclaman por recortes de fondos, sumando un total de aproximadamente US$ 1.000 millones de dólares que el Gobierno Nacional dejó de enviar debido a la firma del decreto.

Por otro lado, Javier Milei anunció la semana pasada a través del Boletín Oficial su propuesta para que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco y el cupo que se abrirá debido a la jubilación de Juan Carlos Maqueda, respectivamente.

Este anuncio abre un período de quince días para que la ciudadanía y diversas organizaciones presenten sus posturas respecto a los candidatos propuestos, antes de que deban ser votados por el Senado.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.