Luego de la cartelización por parte de las prepagas de la UAS, bajo la conducción de Claudio Belocopitt, la Secretaría de Comercio dictó una resolución que ordena que los incrementos deben retrotraerse.

El gobierno de Javier Milei emitió este miércoles un pedido dirigido al 75% de las empresas de medicina prepaga que fueron identificadas como parte de la cartelización de Claudio Belocopitt. Tras su renuncia a la Unión Argentina de Salud (UAS), el Gobierno entiende que la estrategia de aumentos de precios ha llegado a su fin y pider retrotraer las cuotas a enero.

El Gobierno le pide a estas empresas que recalculen los aumentos que han aplicado desde diciembre, y que lo hagan utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde enero a marzo se han registrado subas del 160% en las prepagas, cuando la inflación fue del 44,7%.

De manera simultánea, la Superintendencia de Salud ha presentado una medida cautelar ante la Justicia, solicitando que estas empresas reembolsen el dinero a los usuarios entre el valor con aumentos extraordinarios y el aumento que correspondería por inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó esta medida haciendo referencia a la importancia de que las prepagas compitan libremente libre de cartelización. En X, publicó que las “Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia“.

Y felicitó a su equipo que llevó a cabo las negociaciones: “Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media”.

Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 17, 2024

Por otro lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que “por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”.

El portavoz explicó además que las empresas “deberán aplicar como máximo el IPC para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”. La medida, explicó Adorni, se tomó a raíz de una denuncia “por presunta cartelización”.

El anuncio se da luego de la fuerte polémica por los exorbitantes incrementos que las compañías aplicaron desde diciembre del año pasado, muy por encima de la inflación general. El Gobierno identificó como máximo responsable de esta cartelización a Claudio Belocopitt.

Belocopitt tiene estrechos vínculos con Sergio Massa, por los millonarios subsidios otorgados a sus empresas durante la pandemia, con los cuales pudo comprar a la mayoría de su competencia y, cuando Milei liberó el mercado, quedó en una posición de poder monopólica. En consecuencia, el empresario terminó renunciando a la presidencia de la UAS el pasado martes 16 de abril.

La medida del Gobierno tomó por sorpresa a las empresas, que aseguraron no haber participado en ninguna negociación con el Gobierno y están evaluando qué acciones tomar. Desde el Ejecutivo, señalaron que aunque las compañías tienen la opción de apelar, la resolución ya está en vigor y su aplicación no se detendrá mientras se presente una apelación.

“El Gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avidada se terminó el 10 de diciembre pasado”, añadió Adorni.

La resolución fue emitida por la Secretaría de Industria y Comercio siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, que encontró “indicios múltiples de un posible acuerdo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”, según lo informado oficialmente.

La medida preventiva, además de ordenar retrotraer precios, busca detener cualquier tipo de intercambio de información que involucre precios, servicios a proveer, costos u otra información comercial dentro de la UAS, acusada de cartelizarse bajo el mando de Belocopitt.

Adorni señaló que se espera una reducción considerable en los precios de las cuotas, y destacó que la Superintendencia de Servicios de Salud presentó una medida cautelar para que las empresas afectadas devuelvan a sus afiliados la diferencia entre los aumentos aplicados y los que deben aplicarse según la disposición oficial.

Tambien se resaltó que si bien la Superintendencia ya no controla los precios, sigue velando por la libre competencia y la libertad de elección en beneficio de los argentinos cuando hay una situación en la que una entidad o una empresa consigue una posición monopólica gracias a la ayuda del Estado.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.

La Justicia rechazó los planteos presentados por la provincia de La Rioja y el abogado Jorge Rizzo, ya que no encontraron un caso concreto, causa o controversia que justificara su intervención.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, de manera unánime, los planteos realizados por la provincia de La Rioja y el abogado Jorge Rizzo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 emitido por Javier Milei. Según indicaron fuentes judiciales, en ninguno de los dos casos se identificó un “caso concreto“, “causa” o “controversia” que justificara la intervención del máximo tribunal.

El 14 de marzo, la casta politica decidió ponerse una vez mas en contra de los argentinos de bien, y como consecuencia, el DNU fue rechazado en la Cámara de Senadores, pero aún no se ha llevado a cabo el análisis para su aprobación o rechazo en la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, mientras no sea rechazado en ambas cámaras, todos sus efectos permanecen vigentes, excepto aquellos que hayan sido suspendidos por decisión judicial. Entre los puntos que siguen en vigencia se encuentran la reforma laboral, la ley de tierras, el capítulo sobre la yerba mate y los reclamos específicos relacionados con las prepagas.

A finales del año pasado, tras la emisión del DNU, el gobernador ultra peronista de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quien había prometido renunciar en caso de que ganara Milei, presentó una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objetivo de boicotear el DNU 70/2023, con la excusa de una presunta inconstitucionalidad.

En su reclamo, solicitaba una medida cautelar para suspender la aplicación del DNU y fundamentaba su legitimidad en el artículo 128 de la Constitución Nacional. Este artículo establece que los gobernadores provinciales son agentes del gobierno federal para garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes nacionales. Quintela argumentaba que el decreto afectaba diversas actividades productivas y económicas de la provincia.

A finales del año pasado, la Corte Suprema de Justicia determinó que el asunto no correspondía a la feria judicial. Posteriormente, a fines de enero, la Procuración General consideró que el tema estaba dentro de la competencia original del máximo tribunal. La respuesta de la Corte llegó, y concluyó que “la provincia de La Rioja no ha puesto a consideración del Tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión corresponda a los tribunales de la Nación de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Constitución y 2° de la ley 27″.

La resolución, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, argumentó que la demanda de La Rioja no había identificado ningún interés propio de la provincia que estuviera afectado de manera actual y concreta. Se señaló específicamente que las alegaciones presentadas respecto a una posible modificación en las relaciones de la administración provincial con sus empleados carecían de entidad para revertir esa apreciación.

Además, se indicó que estas alegaciones eran genéricas y no ofrecían precisiones sobre la condición de empleadora de la provincia ni sobre el interés que tendría en impugnar la constitucionalidad del decreto 70/2023. Similar consideración se aplicó a la referencia sobre la elaboración de aceite de cannabis.

En consecuencia, la demanda presentada por La Rioja contra el Decreto de Necesidad y Urgencia fue totalmente rechazada. Es importante destacar que La Rioja fue la única provincia que intentó impugnar el DNU de Milei en su totalidad.

El segundo planteo fue presentado por el abogado Jorge Rizzo, en su propio nombre y en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho. Este planteo buscaba mediante una acción de amparo que se declare la inconstitucionalidad total del DNU 70/23 emitido por el Estado Nacional.

Sin embargo, tanto en primera instancia como en segunda instancia, la acción fue rechazada debido a la falta de configuración de una “causa”, “caso” o “controversia” que correspondiera ser resuelta por el Poder Judicial de la Nación según lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Nacional.

La Corte indicó que Jorge Rizzo no pudo refutar la conclusión principal del pronunciamiento impugnado, el cual establece que ni él ni la asociación que lidera poseen un interés específico o significativo en la declaración de inconstitucionalidad del DNU.

La Corte argumentó que los tribunales federales no tienen la facultad constitucional de analizar la constitucionalidad de normas o realizar interpretaciones abstractas de las mismas, lo que evitaría pronunciamientos meramente teóricos o consultivos.

Permitir reclamos de esta índole, sostuvo, modificaría drásticamente la naturaleza del Poder Judicial de la Nación, convirtiéndolo en un órgano diferente al establecido por la Constitución. En base a estas consideraciones, la Corte desestimó el recurso de queja.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.

El proyecto de la base naval integrada junto a Estados Unidos en Ushuaia, que será la mas cercana a la Antártida, además del rearme que lanzó el presidente Javier Milei, encendieron las alarmas en el país andino.

Mientras el presidente Javier Milei trabaja para solucionar los problemas económicos, lograr un crecimiento sostenido, y modernizar a las Fuerzas Armadas, las autoridades chilenas están comenzando a observar con creciente preocupación los planes de Milei para Tierra del Fuego y la Antártida.

Además de la compra de los F-16, nuevos vehículos armados y nuevo armamento, la anunciada creación de una “base naval integrada” de las tres Fuerzas argentinas en cooperación con Estados Unidos, esta semana se llevó a cabo un ejercicio de adiestramiento del Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM4) en las costas del canal Beagle que levantó las alarmas en el gobierno de Gabriel Boric.

El personal perteneciente al Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM4), dependiente de la Fuerza de Infantería de Marina Austral, llevó a cabo un adiestramiento helitransportado en las costas del Canal Beagle junto con un helicóptero Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, que forma parte del Grupo Aeronaval Embarcado a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.

“Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego. ¿Y de qué más? Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y todo el espectro marítimo. Fue el acto de mayor soberanía que se hizo en los últimos 40 años. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale, que la saquen del ángulo“, dijo el presidente sobre estas recientes acciones en una entrevista con Alejandro Fantino.

Estas acciones por parte de Argentina generaron preocupación en la Cancillería chilena, liderada por el socialista Alberto Van Klaveren. Según indicaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto la reclamación argentina como la chilena sobre la Antártida son “históricas y están reguladas por el Tratado Antártico, el cual congela las disputas territoriales entre los países firmantes“.

La Cancillería chilena afirmó que la base naval anunciada por Milei está principalmente orientada a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y destacó con preocupación que en las declaraciones del Presidente Milei se hizo una mención explícita a Malvinas.

En este contexto, la oposición chilena intenta presionar al presidente Gabriel Boric para que empiece a tomar decisiones propias y empiece una escalda armamentística para no perder poderío frente a la Argentina. “Milei y Biden van rumbo a una alianza estratégica que reconoce la importancia geopolítica del austro del mundo. Mientras tanto, se está quedando Chile atrás, muy atrás”, escribió el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic.

Incluso, el diputado socialista Tomás de Rementería, titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso chileno, instó al presidente argentino a “leer un tratado antártico y saber que la Antártica no tiene que ver con nada militar”.

“Acá hay un tratado que define principios, no hay una disputa, sino que hay pretensiones que están congeladas”, agregó. En ese sentido, consideró que “debería asesorarse mejor Milei porque no todo esto es una competencia brutal por quién gana mejores o peores posiciones, esto no es una pasada de gol; acá hay una situación“.

“Chile tiene una presencia en la Antártida y no marcada por el militarismo, sino por la investigación científica, la cooperación, que son realmente lo que define la presencia de cualquiera en la Antártica”, dijo con mucho miedo.

Por su parte, el diputado Jorge Brito, del partido izquierdista Revolución Democrática, afirmó que estaban “viendo con preocupación que Estados Unidos, mediante el Comando Sur“, había iniciado “una campaña agresiva para estimular la carrera armamentista en Sudamérica” y habló de la base que proyectan los argentinos.

“Lamento que el presidente de Argentina, el señor Milei, ceda soberanía a Estados Unidos abriendo, además, un dilema de seguridad entre dos pueblos hermanos“, dijo siguiéndole el juego a la izquierda argentina.

“Chile y Argentina van a prosperar cuando colaboren y no cuando desperdicien dinero en carreras armamentistas que no tienen mucho que ver con el interés de nuestros propios pueblos y sí tienen que ver más con el decaimiento de Estados Unidos y la competencia que proviene de China“, adicionó.

Cabe recordar que la República Argentina reclama el “Sector Antártico Argentino” en virtud de múltiples elementos, entre los que se destacan la contigüidad geográfica y continuidad geológica con el territorio argentino; la instalación y ocupación permanente de bases antárticas y el desarrollo de actividad científica por más de un siglo; y la herencia histórica de España, entre otros, por lo que la iniciativa del presidente Milei de construir una base naval integrada respalda el reclamo argentino y la soberanía sobre la Antártida.

Pareciera ser que Chile, un pais que colaboró con el Reino Unido durante la guerra de las Islas Malvinas, traicionando a su pais vecino, ahora está cada vez mas preocupado por el rearme militar de Argentina. En buena hora.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.