Según los últimos datos publicados, el porcentaje de extranjeros asistiendo a la Universidad de Buenos Aires rondaría el 10%, y podría llegar a recaudar más de $30.000 millones de pesos.

En 2021, última fecha en que se publicó una estadística sobre el tema, se registraban un total de 117.820 estudiantes extranjeros en universidades argentinas sobre un alumnado total de 2.730.754. Esto significa que representaban un 4,3% del total de la matrícula: un 4% en las universidades de gestión estatal y 5,5% en las de gestión privada.

Sin embargo, yendo particularmente a la Universidad de Buenos Aires (UBA), que en ese año contaba con aproximadamente 300.000 estudiantes, de los cuales casi 20.000 son extranjeros, precisamente un 9,1% provienen del exterior, el doble que el promedio a nivel nacional.

Mientras que a los argentinos no les regalan nada en los países extranjeros, hasta el punto de que lo shan dejado morir en la vía publica, como fue el lamentable caso de un jubilado argentino en Bolivia que terminó muriendo debido a que se negaron a atenderlo por el hecho de no ser ciudadano argentino, en Argentina los extranjeros cuentan con todo tipo de privilegios.

Los argentinos que no pueden acceder a los estudios universitarios, o que viven en una situación de pobreza, son los mismos que pagan impuestos con los cuales se financian las carreras y los estudios de personas que vienen del exterior y utilizan nuestro sistema educativo de manera “gratuita“, y que una vez finalizadas sus carreras, en la mayoría de casos se suben a un avión y vuelven de regreso a su país.

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estan realizando una campaña de terrorismo educativo a sus estudiantes, mediante el corte del suministro de luz y gas, y con amenazas de un supuesto “cierre de la universidad pública“, utilizando la excusa de “no contar con el presupuesto suficiente para afrontar los gastos operativos“.

Si bien la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano ya aprobó el aumento de un 170% para el presupuesto universitario de la UBA, incluido un aumento presupuestal para los hospitales universitarios como el Hospital Clínicas, la universidad podría cobrarle a los extranjeros y olvidarse de sus problemas de financiación para siempre.

En Argentina, el gobierno tiene el mandato constitucional de garantizar la educación pública a sus ciudadanos, pero nada está escrito sobre regalarle la educación a los extranjeros. Si bien el costo por estudiante solo incide, en el caso de la UBA, en un 10% del presupuesto, hay un masivo costo de oportunidad perdido al entregar este servicio de manera gratuita a los no-argentinos.

¿Cuánto cobran las universidades de los diferentes paises de la región?

En el caso de Bolivia, los estudiantes extranjeros pagan alrededor de US$ 3.000 a US$ 5.000 por año en matrícula, bibliografía, transporte y otros gastos. Por su parte, en Chile, el costo promedio, solo en matricula anual de una carrera universitaria, es de US$ 8.500 dólares.

Si la UBA les cobrara a los extranjeros, de igual manera que le cobran a los argentinos en sus paises, implementando una pequeña matricula de US$ 1000 anual, la Universidad de Buenos Aires podría recaudar unos US$ 30 millones de dolares, que en pesos sumarían un total de $30.000 millones.

De esa forma, la UBA podría contar con un gran capital disponible, con el cual se podrían mejorar los salarios de los docentes y nodocentes, construir nuevas obras, y mejorar todos los establecimientos educativos, pero en el fondo lo que no hay es voluntad de las autoridades para defender los intereses de los Argentinos, especialmente de los jóvenes estudiantes.

Si bien hay una distribución mayormente igual de alumnos extranjeros en todas las carreras, particularmente la Facultad de Medicina supera por mucho la media, con un 22,5% de estudiantes provenientes del exterior.

Tambien hay que tener en cuenta que ese gráfico mide la proporción en la Facultades, pero no mide el Ciclo Básico Común (CBC), en donde hay gran cantidad de estudiantes adicionales. La educación es un derecho fundamental, pero debe ser gestionada de manera justa y equitativa para garantizar un futuro próspero y sostenible para todos

El comunicado fue emitido por las autoridades estadounidenses, por medio de su embajada en Argentina. El subsidio representa una asistencia gratuita para la compra de artículos de defensa y servicios

Este jueves, el gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de un fondo no reembolsable de 40 millones de dólares para fortalecer la seguridad nacional en Argentina.

La embajada estadounidense en el país comunicó oficialmente este subsidio, destacando que se otorga a “socios importantes” y resaltando que es la primera vez desde 2003 que se envía una partida de dinero en este concepto.

El Financiamiento Militar Extranjero (FMF) es un subsidio de asistencia en seguridad dirigido a socios destacados. Este permite a Argentina adquirir equipos de defensa, entrenamiento y servicios de Estados Unidos a través de fondos de asistencia gratuita, así como mejorar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses.

El subsidio contribuirá al esfuerzo de modernización militar argentino, facilitando la compra de aviones de combate supersónicos F-16, según detalla el comunicado de la embajada.

El anuncio del gobierno de Estados Unidos se alinea con las recientes acciones emprendidas por la administración de Javier Milei, a través del ministro de Defensa, Luis Petri, en Dinamarca. Argentina adquirió 24 aviones de combate F-16 modernizados, que ahora se suman a la Fuerza Aérea del país. Como resultado, Estados Unidos destacó que Argentina se une a un selecto grupo de naciones que cuentan con este tipo de armamento.

“La compra de los 24 F-16 a Dinamarca sitúa a Argentina junto a otras 26 naciones y aliados que utilizan esta plataforma, lo que incrementa la interoperabilidad. Los F-16 permitirán a Argentina defender su territorio de manera más efectiva y colaborar con socios regionales para mantener la paz y la estabilidad en América“, expresó la embajada estadounidense.

“Estados Unidos ha mantenido una relación sólida y duradera con Argentina en materia de adquisiciones militares, entrenamiento y educación profesional. Desde 1998, Argentina es considerada un Aliado Mayor fuera de la OTAN. La Embajada y el gobierno de EE.UU. están colaborando estrechamente con nuestros socios argentinos para fortalecer aún más la seguridad del país y la asociación de defensa entre ambas naciones a través del programa F-16“, añade el comunicado oficial.

La decisión anunciada por el Gobierno estadounidense representa un paso adicional para consolidar la relación entre ambos países, un objetivo fundamental desde la llegada al poder del presidente Javier Milei.

El presidente ha reiterado en varias ocasiones que su política exterior se basa en fortalecer los lazos con los países occidentales, especialmente con la potencia del norte, y que la alineación con el gobierno de Estados Unidos “es independiente de quién esté en el poder“.

El Gobierno también ha sido claro respecto a los conflictos en los que está involucrado Israel, aliado de Estados Unidos, con los países vecinos de Oriente Medio. En cada situación, el presidente ha sido contundente al expresar la posición de su administración, alineada al Estado de Israel. En este contexto se enmarca la ayuda anunciada este jueves por Estados Unidos.

Por otro lado, se ha revelado que existe la posibilidad de que se realice una nueva adquisición de equipamiento, esta vez desde Estados Unidos. Se trataría de una operación valuada en 143 millones de dólares, que incluiría la compra de aviones Basler BT-67, motores de repuesto, repuestos y accesorios, así como servicios de reparación y mantenimiento.

Además, abarcaría modificaciones importantes, soporte técnico y de mantenimiento, equipos para aeronaves, asistencia en tierra, publicaciones técnicas y otros elementos relacionados.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha señalado que, por el momento, el gobierno no tiene planes de avanzar en esta operación. Aunque se realizó una gestión para evaluar la posibilidad, no se descarta que pueda considerarse en el futuro.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.

Estos proyectos abarcan la instauración de una Ley Antimafias renovada, el ampliamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos, así como endurecimiento contra la reincidencia delictiva y ampliar la legítima defensa.

El martes, el Gobierno anunció la presentación de cuatro proyectos de ley en el Congreso Nacional dirigidos a enfrentar el crimen organizado en Argentina.

Estas iniciativas normativas abarcan una amplia gama de medidas, como una Ley Antimafias, la creación de un registro de datos genéticos actualizado, la inclusión del concepto de reincidencia delictiva y el derecho a la legítima defensa en cumplimiento del deber. Asimismo, proponen ajustes en aspectos relacionados con la unificación de penas y el concurso de delitos.

“El Gobierno Nacional considera estas medidas como fundamentales para erradicar el crimen en todas sus manifestaciones y dimensiones, y para impulsar un cambio profundo y duradero en la sociedad argentina“, resaltaron desde el Ejecutivo. Los proyectos cuentan con las firmas del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; así como de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.

La nueva Ley Antimafias tiene como objetivo combatir las organizaciones criminales y está diseñada para ser aplicada en una variedad de delitos. En palabras de Bullrich: “Cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”.

La importancia de la ley se basa en cuatro aspectos claves:

• Se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

• Crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

• La pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

• Extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional

Otra de las propuestas del Gobierno, a fin de reducir el porcentaje de delitos, es el de incorporar el concepto de reiterancia.

Conforme a la normativa actual, se considera reincidente a aquel individuo con dos o más condenas que resultaron en privación efectiva de libertad. Con la inclusión del concepto de reiterancia, ya no será necesario que las condenas hayan sido cumplidas para ser considerado reincidente. En caso de dos hechos delictivos independientes, las penas se sumarán aritméticamente, alcanzando un máximo de 50 años.

El proyecto propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos, que está relacionado con delitos sexuales y funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, mediante la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal“, que estaría bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad de la Nación.

De esta manera, el registro se ampliaría para incluir todos los delitos, no solo aquellos cometidos por agresores sexuales. Se destaca que esta medida sería una verdadera revolución en la identificación criminal, similar a la introducida en septiembre de 1891 con la identificación dactiloscópica desarrollada por el argentino Juan Vucetich.

El Gobierno planea utilizar las huellas genéticas obtenidas en la escena del crimen para compararlas con los perfiles genéticos de sospechosos e individuos condenados, agilizando así los procesos judiciales. Además, se contempla la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas contribuyan voluntariamente con sus perfiles genéticos para facilitar la identificación de cuerpos o personas no identificadas.

Otro aspecto destacado del proyecto es la actualización del Código Penal en relación con el accionar de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento del deber o en situaciones de legítima defensa. El objetivo es proporcionar un marco legal claro que permita a los agentes actuar con confianza y sin temor a represalias legales injustas, considerando que en ocasiones se han sentido cohibidos de actuar por temor a ser procesados por cualquier acción que realicen.

El proyecto busca garantizar que las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin poner en riesgo su carrera ni su libertad. Esto es crucial para que puedan proteger la vida y la libertad de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, se considera que la legítima defensa es un derecho fundamental que emana del derecho a la vida y a la integridad de las personas cuando se enfrentan a una situación que pone en peligro su seguridad.

Una de las propuestas del proyecto es contemplar la situación en la que una persona se defiende de un agresor que, aunque esté desarmado, pueda representar una amenaza debido a diferencias de edad, contextura física, experiencia en la pelea, o al número de agresores presentes que puedan causar daño a su integridad física o sexual.

El proyecto también amplía las disposiciones para proteger a quienes se defienden de intrusos en su hogar. Anteriormente, la legislación requería que esta situación ocurriera exclusivamente durante la noche, pero con la propuesta se extendería a cualquier momento del día. Además, no solo abarcaría la defensa contra intrusos en el hogar, sino también en cualquier lugar donde la persona tenga un derecho legítimo de permanencia, como una oficina, un comercio o un establecimiento.

Se incluyen también aclaraciones que reflejan precedentes judiciales, como el caso de alguien que se defiende de un agresor que utiliza un arma falsa con apariencia de real, o de alguien que sigue ejerciendo violencia, como disparos con un arma de fuego, mientras se aleja de la víctima.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.