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Alberto Fernández otorgó más de 21.500 hectáreas nacionales a los mapuches en Mendoza

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El kirchnerismo entrega territorio nacional a un grupo que se autoproclama independiente y en el sur está cometiendo atroces actos de terrorismo.

El Gobierno nacional, a través de una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), otorgó la posesión de 21.500 hectáreas a dos comunidades mapuches mendocinas, según fue publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial.

De esta manera, las comunidad de El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe, obtuvieron grandes pedazos de tierras que estaban siendo utilizados para la ganadería caprina, tanto por los mapuches que ahora serán propietarios de la tierra como por otros mendocinos.

El organismo que responde a Alberto Fernández concluyó el relevamiento territorial sobre esas hectáreas y accedió a la petición, a pesar de que ninguna de las dos comunidades está registrada legalmente aún, y por lo tanto ambas carecen, entre otras falencias, de la personería jurídica que las reconozca como tales.

El documento rubricado por el controvertido organismo estatal afirma, entre otros argumentos, que está comprobada la presencia ancestral de los indígenas en el lugar, pero no hay evidencia de que estos pueblos sean "originarios" de este territorio.

Menciona el artículo 18 del Código Civil y Comercial que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley”, pero estas comunidades no están ni reconocidas ni hay evidencia de que tradicionalmente ocuparon las hectáreas concedidas.

Como si esto fuera poco, en los considerandos de las resoluciones, se destaca la importancia de “relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”.

La medida generó el repudio generalizado de la población argentina por entregarle terreno soberano a una comunidad que se autoproclama independeniente. La oposición también se quejó por la decisión, pero como siempre, se quedó en la publicación de un comunicado criticando, sin la espalda política para hacer nada al respecto.

El ex gobernador y actual senador radical Alfredo Cornejo fue uno de los primeros que alzó la voz para cuestionar el otorgamiento. A través de las redes sociales expresó su disgusto ante las resoluciones del INAI: “¿Hasta cuándo van a seguir haciendo daño el Gobierno Nacional de Alberto Fernández y el kirchnerismo en el sur de Mendoza?”, criticó el parlamentario.

Territorio argentino que fue entregado a una comunidad que no se reconoce argentina, en una decisión del propio gobierno argentino.

Argentina

La Justicia investiga a más de 80 dirigentes sociales por más de 40 causas de extorsión contra manifestantes para que marchen

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El juez federal de Quilmes, Luis Armella, inició 44 expedientes que mencionan a alrededor de 80 líderes sociales y piqueteros. Además de la organización encabezada por Emilio Pérsico, se hace referencia, entre otras, a Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur y el Movimiento Teresa Rodríguez.

La investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros por "extorsión" y "facturas falsas", que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita, tiene una derivación de gran relevancia en el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.

Este último está investigando a más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y cooperativas de trabajo a través de 44 expedientes. Estos líderes utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, obligándolos a asistir a marchas, concentraciones, campañas políticas y actos en estadios y espacios públicos donde debían apoyar a los candidatos a gobernador y presidente de la nación de Unión por la Patria.

La mayoría de las organizaciones investigadas forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), destacándose el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico; Barrios de Pie, encabezado por Daniel Menéndez; y la Corriente Clasista y Combativa, dirigida por Juan Carlos Alderete.

Pérsico estaba en una posición dual, siendo también el titular de la Secretaría de Economía Social, bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social, utilizado por el kirchnerismo para mantener los "curros" que hoy en día están saliendo a la luz. Menéndez, que ocupaba un cargo en la misma entidad, actualmente es Subsecretario de Economía Popular en el gobierno de Axel Kicillof.

Además, se están investigando organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, dirigido por Eduardo Belliboni; Libres del Sur, liderado por Silvia Saravia; el Frente de Trabajadores Combativos (FTC); y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTE).

En mayo, el juzgado de Armella recibió dos expedientes en los que Casanello se declaró incompetente, ya que las llamadas al 134, el número habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para denuncias sobre presiones a beneficiarios de planes sociales, provenían de domicilios en localidades bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda. Estas áreas correspondían a la jurisdicción del Juzgado Federal de Quilmes.

Por razones prácticas, el juez y su secretario, Diego Quiroga, dividieron los dos casos en 44 expedientes, agrupándolos según movimientos sociales, agrupaciones políticas, piqueteras, etc. Las diligencias judiciales y las investigaciones en el terreno son realizadas por la Prefectura Naval Argentina, una de las fuerzas federales que responden a la ministra Patricia Bullrich. Los agentes son responsables de verificar cada uno de los datos denunciados en las llamadas telefónicas al 134.

Según fuentes judiciales, "la mayoría de las declaraciones de las personas que denunciaron ser extorsionadas y presionadas fueron corroboradas de manera fehaciente".

Aunque la instrucción lleva poco más de un mes, la investigación "está muy avanzada". En estos momentos, se siguen verificando direcciones e identidades de los dirigentes sociales mencionados en las denuncias telefónicas.

Los lugares ya corroborados complican a las organizaciones que concentran gran parte de sus actividades en la zona sur del conurbano bonaerense, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC y el Polo Obrero, entre los movimientos más relevantes.

Las diligencias de Armella también determinaron que algunos comedores que recibían alimentos no existen, fueron cerrados o las direcciones eran falsas.

Las denuncias más destacadas incluyen amenazas como "te vamos a sacar el plan" por no asistir a las marchas o concentraciones; advertencias porque "estás llevando poca gente"; o acusaciones de que "hace mucho que no van" o "hace mucho que no se movilizan".

También se denunció que, en lugar de asistir a la cooperativa de trabajo o al comedor, lugares que funcionaban como Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo, los beneficiarios debían asistir a una actividad partidaria o piquetera, donde se pasaba lista. A los tres ausentes se les tramitaba la baja del plan ante la Secretaría de Economía Social, a cargo de Pérsico. Otras víctimas directamente señalaron que los referentes sociales les quitaron el plan o los amenazaron con hacerlo.

"Me llamaron de mi organización y me dijeron que hace mucho que no movilizamos y que por eso me daban de baja al Potenciar", se lee en una de las transcripciones asentadas en el expediente. Otros recibían el lapidario mensaje de "te quedaste afuera" o "te vas a quedar afuera la próxima vez que faltes a la marcha". También hay referencias a exigencias como repartir volantes a favor de los candidatos kirchneristas de Unión por la Patria.

Los investigadores a cargo de Armella esperan terminar de reunir la información de campo para ordenar intervenciones telefónicas y, posteriormente, los allanamientos. Por esta razón, de momento se reservan los nombres de los dirigentes mencionados.

Así como en las causas que tramitan en el fuero federal porteño, donde una gran mayoría de dirigentes están vinculados al Polo Obrero, en el juzgado federal de Quilmes el mayor peso de las denuncias parece recaer en movimientos sociales peronistas como el Movimiento Evita.

La línea 134, habilitada por el Gobierno a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya ha reportado más de 170,000 llamadas realizadas contra organizaciones sociales y algunos sindicatos a lo largo del país. Las denuncias provienen de las personas más vulnerables que recibían un plan social por parte del Estado y que, según informaron, eran extorsionadas y amenazadas. Los juzgados que investigan estas maniobras delictivas están llenos de nombres y apellidos, afiliaciones a organizaciones, videos, capturas de pantalla y correos de voz.

En todos estos casos, la recopilación de datos, antes de ser aportados a los tribunales, fue realizada por funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Capital Humano. Este último está a cargo de Sandra Pettovello, quien ayer denunció un hecho de "intimidación" ya que intentaron ingresar por la fuerza a su propiedad, ubicada en un barrio cerrado de la zona oeste del conurbano bonaerense.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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El que las hace, las paga: La Justicia dictó prisión preventiva a los terroristas que destrozaron la Plaza del Congreso

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Los detenidos por los disturbios ocurridos durante la votación de la Ley Bases en el Senado serán trasladados a Comodoro Py. Se ha solicitado la prisión preventiva para ellos. Las autoridades están revisando las filmaciones para identificar a otros posibles sospechosos involucrados en los incidentes.

La causa por los destrozos durante el debate de la Ley Bases en el Senado, ocurridos en las afueras del Congreso, ha comenzado a avanzar. Los 33 detenidos quedaron bajo la jurisdicción de la jueza federal María Servini, quien iniciará las indagatorias en las próximas horas. El fiscal Carlos Stornelli los acusó de graves delitos contra el orden público, sedición y acciones terroristas, solicitando sus prisiones preventivas.

Inicialmente, el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, había anunciado su intención de presentarse como querellante en el caso. Sin embargo, posteriormente decidieron retractarse de esta decisión. Según fuentes, "Dado el requerimiento de Stornelli, no hace falta convertirnos en querellante".

La causa involucra a más de 30 detenidos, con aproximadamente una veintena de personas bajo la jurisdicción de la justicia porteña desde ayer miércoles, y una decena bajo la justicia federal. Además, un par de detenidos por robos fueron puestos bajo la órbita de la justicia de instrucción ordinaria. Hoy, los otros fueros decidieron remitir sus casos a la jueza Servini, quien centralizará todo el expediente en Comodoro Py 2002.

Según la justicia porteña al remitir el expediente, "Esta es la respuesta más razonable tanto desde la perspectiva de la correcta administración de justicia, como de la preservación de los derechos y garantías de las personas que podrían resultar acusadas, ya que proceder de forma contraria, implicaría duplicar los procesos, y posibilitar el dictado de pronunciamientos contradictorios respecto de un mismo contexto fáctico, además de poder dilatar cuestiones que resultan de urgente tratamiento y resolución”.

En base a esto, el fiscal Stornelli ha determinado que el caso investiga acciones y conductas que en algunos casos podrían haber sido organizadas, dirigidas a incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer ideas por la fuerza o el temor, y generar un temor público que conduzca a tumultos o desórdenes. Además, se sospecha de un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vía democrática, con el objetivo de perturbar o impedir temporalmente el ejercicio libre de las facultades constitucionales de los representantes del Senado que estaban en sesión.

Estas acciones, según el fiscal, involucraron el ejercicio de violencia que se manifestó en diversos atentados contra la autoridad, agresiones al personal de seguridad, daños simples y agravados, incendios, estragos dolosos y en algunos casos, posesión y uso de material explosivo o incendiario.

Los delitos imputados incluyen una amplia gama de acusaciones graves según se informó, como lesiones, daños simples y agravados, incendio o estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, pertenencia a agrupaciones con objetivos coercitivos, atentado contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones legislativas, y acciones terroristas.

El Ministerio de Seguridad de la Nación reportó en un comunicado que como resultado de estos eventos, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos. Además, se registraron daños significativos que incluyen un automóvil incendiado intencionalmente, la totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad destinadas al uso público y varios contenedores, entre otros objetos. Actualmente hay 33 personas detenidas, con la expectativa de más arrestos a medida que se identifiquen más involucrados.

El Ministerio Público también adelantó que buscará recuperar los costos del operativo, los cuales aún están siendo determinados y abarcarán tanto los gastos de la operación como los costos de tratamiento médico para los efectivos heridos y la reposición del material dañado. Según el Gobierno porteño, solo la reposición del mobiliario urbano afectado podría ascender a casi 100 millones de pesos.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Martin Lousteau volvió a sus orígenes kirchneristas y votó junto con Unión por la Patria en contra de la Ley Bases

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El senador radical colaboró con el kirchnerismo para que el Gobierno de Milei se quede sin la Ley Bases, aunque como siempre, terminó fracasando.

Martín Lousteau, el exministro de economía de Cristina Kirchner y autor de la 125, volvió a ponerse del lado del kirchnerismo, esta vez votando en contra de la Ley Bases y, en consecuencia, en contra de la voluntad popular de aquella mayoría que votó a Javier Milei.

Afortunadamente el mega-proyecto de reformas liberales fue aprobado con el desempate de Victoria Villarruel, pero en un momento la sesión en el Senado de la Nación se encontraba sumida en total incertidumbre, y el voto de Lousteau hubiera sido clave para llevar tranquilidad a los argentinos. No ocurrió.

La posibilidad de que la ley no hubiera sido aprobada estaba ligada a la necesidad de alcanzar al menos 37 votos negativos. En este contexto, el presidente de la UCR se desmarcó del resto de sus copartidarios, y decidió tomar una postura clara: votar junto con el kirchnerismo, en contra de la Ley Bases.

El dirigente que lo único que ha logrado en su carrera han sido fracasos, había acusado al oficialismo de "presionarlo" para que vote a favor, lo cual utilizó como excusa para mantener su postura crítica hacia la ley que defienden la mayoría de los argentinos.

Su estrategia, en un intento de querer tirar abajo la Ley Bases, se centraba en presentar su propio dictamen, el cual presenta importantes cambios respecto al texto original, y que hubiera significado una ley completamente diferente a la que Milei estaba buscando aprobar. De esta manera, buscó hacer su show de político casta, y posicionarse como un "opositor constructivo", dispuesto a "colaborar" en la mejora de la legislación.

Luego de la votación, se pudo evidenciar que de oposición constructiva no tenía nada, ya que no se diferenció del kirchnerismo a la hora de criticar y atacar tanto a la Ley del oficialismo, como también al Presidente de la Nación y a sus ideas que, además, fueron votadas por 14,5 millones de personas, siendo el mandatario más votado de la historia.

Mientras Lousteau mantenía su posición firme, las negociaciones internas dentro del Senado continuaban intensamente por parte del oficialismo. El gobierno entendió a la perfección que cualquier error estratégico con Lousteau podría tener consecuencias graves, incluso la no aprobación de la ley en el recinto.

Esta oposición de Lousteau al gobierno de Milei no es algo nuevo. Al inicio del debate llevado a cabo en el Senado, que terminó rechazando el DNU de Milei, el exministro de economía de Cristina Kirchner sorprendió al ser el único senador radical en expresar su oposición a la moción de La Libertad Avanza para postergar el tratamiento del DNU. El voto de Lousteau, junto con el de los representantes del peronismo y el kirchnerismo, permitió que el decreto fuera tratado en la sesión.

En aquella ocasión, el ministro del Interior, Guillermo Francos, no se guardó nada y criticó a Martín Lousteau. "Él fue el autor de la 125 y hoy votó con el kirchnerismo", expresó Francos.

"Lousteau es muy particular. Creo que tiene una disputa de egos entre economistas y es uno de los que no pueden tolerar que un economista rupturista como Javier Milei sea presidente de la República y él, que se considera un gran economista, fue autor de la 125", señaló Francos.

Refiriéndose a la trayectoria de Lousteau, Francos quiso "recordar" su desempeño como presidente del Banco Provincia. "Su gestión fue un desastre y, después de eso, yo recuperé el Banco Provincia durante el mandato de Scioli como gobernador. Me fui con aplausos y él se fue por la puerta chica. Y el señor Lousteau fue el autor de la 125 con Cristina Kirchner, y hoy votó con el kirchnerismo", concluyó Francos, dejando en completo ridículo al senador "radikal".

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