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Alberto Fernández vive en el radicalismo de los 80: ¿Argentina va a ese mismo destino?

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Hiperinflación, cortes de luz programados, pobreza extrema, inestabilidad política y una alienación con el comunismo internacional. La admiración obsesiva de Alfonsín es apenas una demostración de su peligroso anacronismo.

No está mal que un presidente construya sus valores en base a una figura política específica, como tampoco es reprochable recordar a ciertos hombres que hicieron de la Argentina un país mejor, más libre y desarrollado.

El problema surge cuando ese encandilamiento es dirigido hacia la persona equivocada, y se agrava aún más cuando la admiración se convierte en obsesión. Los rivales políticos de Alberto Fernández, internos y externos, se hacen eco de su manía ochentosa, y se lo echan en cara. No es casual que la vicepresidente Cristina Kirchner haya contado que le regaló por su cumpleaños un libro sobre la debacle alfonsinista.

Desde el inicio de su mandato en 2019, Alberto Fernández no se cansa de revivir la figura de Raúl Alfonsín. “Nos devolvió la democracia. Era un gran hombre. No era peronista, pero merecía serlo”, decía el 5 de abril de 2020 en una conferencia en Francia.

Vengo a anunciar el relanzamiento de un sueño de Raúl Alfonsín, en los albores de nuestra democracia en 1983: vamos a crear un cuerpo de administradores gubernamentales”, decía en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en marzo de ese año. Durante las protestas en julio de 2020 contra la cuarentena totalitaria que estaba aplicando el gobierno publicó un video en sus redes sociales de un discurso de Alfonsín, asegurando que en el “padre de la democracia” siempre encuentra las fuerzas para seguir adelante.

La enérgica postura anti-porteña del presidente, a pesar de vivir siempre en Puerto Madero, también proviene de aquel radicalismo ochentista. Durante todo el año pasado, además de quitarle parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, se animó a promover el traslado de la capital federal a alguna ciudad del interior.

Precisamente, ese fue un sueño de Alfonsín en 1987 cuando decretó al Distrito Federal de Viedma-Carmen de Patagones como la nueva capital argentina, lo que de paso iba a expropiar cientos de miles de hectáreas para la demarcación territorial. El plan murió rápido, se evitaron las expropiaciones y Carlos Menem terminó derogando ese desvarío unos años después.

La idea del albertismo de cumplir en realidad los sueños de Alfonsín no fue un chiste. Cuando en éste verano los cortes masivos de luz le complicaron la vida hasta a los propios vecinos de la Quinta de Olivos, el gobierno mandó a los trabajadores estatales a hacer home office para ahorrar energía. ¿A quién le pudo haber copiado esa idea? Sí, en 1989, Alfonsín decretó asueto para los estatales como una medida extrema para paliar la creciente demanda en la matriz energética, auto-provocada tanto ayer como hoy, para estatizar las empresas de distribución eléctrica luego de congelar los precios de las tarifas.

Calles a oscuras, baldes de agua, calor extremo y solo 4 horas de tevé: a  30 años del verano que vivimos sin luz - Infobae
Así mostraban los diarios de la época la profunda crisis energética que generó Alfonsin hacia el final de su mandato.

Su política exterior también coincide con los ’80. Por un lado, trata de programar una agenda que se focalice en los problemas de América Latina mientras defiende a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin contar la protección política que le dio a Evo Morales y las ayudas que le dio para que su fuerza vuelva al poder y lleve adelante una cacería de opositores.

Lo mismo ocurrió en 1983 cuando el ungido mandatario radical decidió quebrar con el alineamiento Buenos Aires-Washington y virar hacia un eje soviético Buenos Aires-Moscú, y se convirtió en el primer presidente argentino en visitar la Unión Soviética, algo que repitió luego en 1986.

Y por otro lado, exhibe un falso pragmatismo diplomático en el que se muestra de centro pero que se entrega en las sombras de forma completa al comunismo internacional. Tal como lo hizo Alfonsín con la Unión Soviética y las izquierdas latinoamericanas terroristas que surgían por entonces, como en la propia Argentina, ya que jamás se le ocurrió promover un “Juicio a las Guerrillas” ni nada por el estilo, como sí hicieron otros países de la región.

Esa mentalidad ochentosa brilla esplendorosamente cuando Fernández trata temas económicos. En el caso de la crisis de deuda, sus discursos son idénticos. Ambos expusieron que jamás firmarían un acuerdo con los organismos crediticios internacionales que significara un plan de ajuste para los trabajadores. Sin embargo, ambos lo hicieron.

En el caso de la inflación, la copia es absoluta, pero a Alfonsín por lo menos no le tembló el pulso para cambiar de signo monetario y creó el austral, que duró poco y lo tuvo que eliminar Menem cuando se estaba empezando a imprimir billetes de 500.000 australes.

La administración actual cree que la inflación debe resolverse mediante grandes acuerdos de precios y severos controles en los supermercados, de la misma manera que lo quiso conseguir Alfonsín y que derivó en un fracaso rotundo al promediar 5.000% de inflación durante 1989.

Mariano Tilli 💚 on Twitter: "1. Todas las crisis económicas requieren de  un Ejecutivo fuerte para afrontarlas. Hoy se identifica esta  excepcionalidad con el peronismo. Pero en 1985, en plena crisis, Alfonsin

Aquella década fue el preludio de una gran etapa para Occidente, que dio paso a los expansivos años 90 en los que Menem hizo desaparecer la inflación atando de manos al Banco Central con la ley de convertibilidad de Domingo Cavallo.

En el mundo, la Unión Soviética se estaba cayendo a pedazos, mientras Ronald Reagan y Margaret Thatcher fomentaban la economía de mercado bajando impuestos y combatiendo al sindicalismo parasitario no solo en sus países si no que en todo el mundo. América Latina no la pasaba muy bien, pero varios países de la región empezaban a aplicar políticas pro-mercado, con la excepción de la Argentina de Raúl Alfonsín a la que le rinde culto Fernández.

Toda esa experiencia radical de los años 80 lo paraliza al presidente, que evoca en éxtasis esos vicios alfonsinistas de democratizar hasta la forma de comer de los argentinos. La consecuencia de vivir en un pasado tan reciente, desastroso, hiperinflacionario, empobrecedor y endulzado con el simpático disfraz de democracia, quizás lleve a Fernández y a todos los argentinos al mismo destino.


Por Eliseo Bottini, para La Derecha Diario.

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Se hizo justicia: Cristina fue condenada a 6 años de prisión y se baja de la carrera presidencial del 2023, aunque no irá presa

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“En 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros”, dijo a los gritos en su defensa después del veredicto por parte del TOF 2.

La vicepresidente Cristina de Kirchner fue condenada esta tarde a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la corrupción en la concesión de obras públicas en Santa Cruz conocida como “Causa Vialidad“, la culminación de casi una década de denuncias e investigaciones contra la dirigente más corrupta de la historia argentina.

La sentencia fue laxa, considerando que los fiscales habían pedido 12 años, y solo se la consideró autora del delito de administración fraudulenta, quedando absuelta del delito de asociación ilícita. Sin embargo, marca un antes y un después en la democracia argentina, demostrando que el sistema judicial es independiente del poder de turno y no avala la impunidad.

Cristina así se convierte en la primera ex presidente y primera vicepresidente en el cargo en ser condenada por robarle al erario público. Los argumentos de los jueces tardarán en llegar, sin embargo, ya que disponen de un período de 40 días hábiles para darlos a conocer.

A pesar del ejemplar fallo, Cristina todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión judicial, por lo que la sentencia no estará firme hasta que se resuelva en todas las instancias. Esto podría tomar entre 1 o 3 años, dependiendo la celeridad de la justicia y la insistencia de la líder kirchnerista en cuestionar la decisión.

Además, incluso si la sentencia estuviera firme, Cristina actualmente cuenta con fueros por su cargo de Vicepresidente, por lo que no iría presa. Para ello, debería tratarse su desafuero en el Senado, una votación que ya sobrevivió en el pasado cuando se pidió la prisión preventiva y ella todavía era senadora.

El desafuero podría tratarse en cualquier momento en el Congreso, pero para esta causa no tiene sentido por el momento ya que los fiscales, extrañamente, no pidieron la prisión preventiva. Esta decisión fue polémica, ya que no hay dudas que Cristina en libertad puede influenciar la causa o escaparse del país.

Tras la sentencia, Cristina dio un discurso grabado desde su oficina en el Senado, donde a los gritos aseguró que no será candidata a presidente en 2023, una promesa que no suena muy creíble pero por el momento es la única declaración sobre su potencial presentación en las elecciones del año que viene.

“En 2023, no voy a ser candidata a nada, y ya no voy a tener fueros”, anticipó en su defensa. “No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. No voy a ser candidata en el 2023. Pero mascota de usted, Magnetto, nunca. A nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa”, dijo la jefa del Frente de Todos.

La vicepresidenta argumentó que con el fallo en su contra “buscan disciplinar a la dirigencia política” y agregó: “La condena no son los seis años en la cárcel. La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron por elección popular”.

Me van a poder meter presa el 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando, a algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar alguna banda de marginales me peguen un tiro, que eso es lo que quieren. Presa o muerta”, concluyó victimizándose por el reciente atentado en su contra.

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Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente para apoyar a Cristina, al borde de la condena

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El presidente instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse acciones penales contra el grupo de funcionarios que viajaron a Lago Escondido para determinar si se cometió algún delito

El presidente Alberto Fernández dio su primera cadena nacional este lunes para expresar su apoyo a la vicepresidente Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que la tiene contra las cuerdas y una condena este martes es prácticamente una certeza.

En su corto discurso, que parecía estar pre-grabado, aseguró que instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse acciones penales contra un grupo de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios que se habrían reunido en Lago Escondido, quienes según una investigación del diario kirchnerista Página 12 estaban confabulando para arrestar a Cristina.

En una guerra de operaciones de prensa, los diarios ultra-kirchneristas Página 12, Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna, publicaron material hackeado de una línea de celular, adjudicada al sitio breached.vc, que muestra un supuesto intercambio de mensajes de audio entre los jueces Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), y Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro, quien sería el propietario de la línea, y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

Según el sitio web patagonianfacts.com, alineado al kirchnerismo, también aparecen en las filtraciones el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes, según se desprende de los mensajes de voz difundidos, habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

Reunión en Lago Escondido

El viaje de los jueces se habría dado el pasado jueves 13 de octubre en un vuelo de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando. Llegaron todos juntos en un avión privado al aeropuerto de Bariloche para trasladarse luego a la inmensa propiedad del británico Joe Lewis en las afueras de El Bolsón.

Según los medios kirchneristas, el mismo día los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta a la inevitable condena a Cristina Kirchner, que incluía supuestamente presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D’Alessandro y los directivos de Clarín, Casey y Rendo, se reunieron para elaborar una estrategia unificada para evitar que prospere la denuncia kirchnerista contra los magistrados por el delito de dádivas, que Cristina intentó esgrimir para contraatacar en la causa.

En los mensajes que supuestamente se cruzaron por Telegram, acuerdan que intentarían condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py, donde sería cajoneada.

Alberto le rinde pleitesía a Cristina

Entre los mensajes figura un nombre que complicó a Alberto Fernández y llevó a que hoy tenga que salir con algo tan pesado como una cadena nacional para demostrar lealtad a Cristina. Se trata de Julián Leunda, el actual jefe de asesores del presidente.

El joven de 32 años, que se desempeñó como Director de Asuntos Institucionales de C5N y de Ámbito Financiero, aparece mencionado en los chats por uno de los implicados, asegurando que ya habló con él y que les aseguró que los ayudaría a mantener las reuniones en secreto.

Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto, dice: “Gente: me acaba de llamar Julián Leunda. Parecía que hubiera venido con nosotros. Caliente con Kollmann por la nota”. Esto lo dijo en referencia del periodista de Página 12 que publicó originalmente la noticia del viaje a Bariloche.

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Alberto Fernández logra mantener oculta la letra chica de los contratos de las vacunas por US$ 2000 millones de dólares

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El kirchnerismo logró aprobar en la Auditoría General de la Nación (AGN) sin debate un documento que valida los 10 contratos que se firmaron con laboratorios sin mostrar los textos completos.

La mayoría kirchnerista que conforma la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó mantener oculto el texto final de los 10 contratos de compra de vacunas contra el coronavirus por parte del Estado argentino y dispuso que se mantuviera bajo secreto todas las actuaciones de los convenios.

En otras palabras, el Gobierno se negó a mostrar la letra chica de los acuerdos que el Estado suscribió con las compañías farmacéuticas en 2020, y que le costaron al país unos US$ 1.737 millones de dólares.

De esta forma, además, Alberto Fernández logró que no se avance en una auditoría integral sobre sus negociaciones en las compra de las vacunas. Cabe recordar que en un primer momento acordó solamente con la rusa Sputnik, luego con la china Sinopharm, y recién casi un año después, accedió a firmar un contrato con la norteamericana Pfizer y la inglesa AstraZeneca, lo cual generó polémica por parte de la oposición, que denunció intereses económicos de fondo.

Los auditores de Juntos por el Cambio, en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe del oficialismo, que hubiera requerido mostrar los contratos tal y como fueron firmados.

Sin embargo, el Frente de Todos hizo pesar su mayoría y aprobó el documento sin que se pudiera discutir cuestiones tales como la elección de los laboratorios, los montos que se pagaron y la entrega de las vacunas, entre otras cuestiones.

La decisión de declarar o transformar en reservada es, a mi juicio, infundada y perjudicial y yo podría citar a un destacadísimo cientista político italiano, Giovanni Sartori, que llama la atención sobre una de las principales promesas de la democracia es la transparencia que está siendo afectada por esta circunstancia”, manifestó el jefe auditor de la oposición Jesús Rodríguez.

El equipo de auditores de la oposición, compuesta por Miguel Ángel PichettoAlejandro Nieva y Jesús Rodríguez, asegura que el documento que suscribió el kirchnerismo “autolimita” el accionar de la AGN ya que no les permite realizar un control exhaustivo de los convenios de las compras de las vacunas.

Desde el entorno de los auditores aseguran que en la letra chica que se quería auditar se quería determinar por qué se tardó tanto en firmar el contrato con Pfizer o cuál es el contenido de las cláusulas confidenciales que se firmaron.

En particular la oposición quería conocer la letra chica del convenio con AstraZeneca, quien tuvo diversos incumplimientos que afectaron la campaña de vacunación en la Argentina, y se han denunciado sobreprecios con el productor en el país, Hugo Sigman, dueño del grupo farmacéutico Insud, amigo del entonces ministro de Salud, Ginés González García.

El kirchnerismo usa como argumento para mantener el secreto las cláusulas de confidencialidad que pidieron y firmaron los laboratorios. El Gobierno asegura que no quieren “defraudar” a las grandes multinacionales que esto podría generar demandas por parte de las farmacéuticas.

Diez contratos por 146.000.000 vacunas a cambio de U$S 1737 millones

En total, Alberto Fernández firmó 10 contratos por un total de 146 millones de vacunas que le representaron al país el pago de US$ 1.737 millones de dólares. Entre los sueros adquiridos se encuentra la Sputnik V (Rusia); Sinopharm y Cansino (China); CovidShield (India); AstraZeneca (Reino Unido); y Pfizer y Moderna (Estados Unidos).

Durante la presentación del informe, que comenzó el miércoles a la mañana, la oposición cuestionó la “pobreza” del informe y hasta el propio Pichetto dijo que en el sitio oficial del Ministerio de Salud puede encontrarse mayor información. También hablaron de demoras en la presentación del documento.

En los 30 años de la AGN es difícil encontrar un tema más relevante que este de los contratos”, expresó Rodríguez. Y agregó: “No sólo por la magnitud del esfuerzo fiscal involucrado, si no por las razones que justificaron esas contrataciones. Excepción hecha de las cuentas de inversión que la Constitución nos manda que analicemos”.

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