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Campo Argentino

Las confederaciones rurales anunciaron su discrepancia con el impuesto a la riqueza: “es un impuesto al progreso”

Las CRA aseguraron que el proyecto del oficialismo atenta contra la producción nacional, y que este efecto regresivo podría resultar incluso contraproducente para el desarrollo del país. Reina la incertidumbre en el sector agropecuario.

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Esta semana, y tras conocer los últimos detalles del proyecto oficialista que pretende gravar todavía más al ahorro en el país, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) criticaron duramente esta decisión, de la mano de su presidente Jorge Chemes. 

Dentro de la mesa de enlace que mantienen con el gobierno, aseguraron que el proyecto no hará más que fracasar en sus objetivos. Desde las confederaciones, reiteraron que el proyecto “está flojo de papeles, con falencias técnicas y poca impronta intelectual”. De esta forma, el sector agropecuario se suma a la ola de reclamos por el penoso proyecto del kirchnerismo. 

Esta vez, la famosa dicotomía entre el sector agropecuario y el sector industrial parece haber desaparecido, pues los dirigentes de ambos sectores manifestaron su preocupación con respecto a los derechos de propiedad, y la incertidumbre que reina en el ánimo inversor argentino. 

A los numerosos reclamos, también se sumó la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que subrayó el rol que tiene el sector privado a la hora de crear empleo genuino y productivo, además de su acción social frente a combatir la pobreza. La AEA llamó a respetar la Constitución y los derechos de propiedad, como único camino para lograr el desarrollo. 

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Por su parte, CRA concluyó que el proyecto podría implicar una mayor recaudación del Estado en el muy corto plazo, pero, con el tiempo, impondrá duras dificultades para sostener el nivel de producción necesario para abastecer no sólo a las numerosas demandas correspondientes, sino a la necesidad de divisas que requiere el país. 

Menos producción, menos granos, menos frutas, menos verdura, menos leche y menos carne, serán los resultados inequívocos de este proyecto de impuesto al progreso; se utilizan viejas recetas, poco estudiadas, con grandes falencias técnicas y poca impronta intelectual”, sentenciaron las confederaciones rurales. 

El proyecto del gobierno plantea un aumento general en la carga fiscal para todos aquellos sujetos afectados, en términos jurídicos, tanto personas físicas como entes societarios. La alícuota planteada oscila en un rango que va desde el 2% y hasta el 3,5% en los casos más extremos.
Este impuesto no reemplaza, sino que se añade, al que ya existe sobre los bienes personales. 

Es decir, se trata de una doble imposición que, sin embargo, no es reconocida como tal por simples pretextos normativos, pero de hecho lo es.
Suponiendo la aprobación del nuevo impuesto, y reconociendo las demás cargas sobre la riqueza que existen en nuestro país, Argentina podría convertirse en uno de los países con más altos impuestos al patrimonio en todo el mundo, con alícuotas mucho más altas que las europeas. 

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El gobierno asegura que es sólo un instrumento temporal, pero la credibilidad es muy baja. Lo mismo ocurrió con la alícuota del impuesto al valor agregado (IVA), el propio impuesto a los bienes personales, el impuesto al cheque, entre muchos otros. Todos ellos se mantienen sin cambios hasta el día de hoy, a pesar de ser “temporales”. 

Este es el principal motivo de la incertidumbre en todos los sectores de la sociedad, desalentando fuertemente la inversión y poniendo en duda el derecho de propiedad como tal, aplicando alícuotas que rozan el límite confiscatorio. 

Desde CRA, destacaron además la ya enorme carga impositiva que soporta el sector agropecuario, y su excesivo aporte para mantener a un Estado sobredimensionado. Aseguraron que, del total de la rentabilidad que genera por sí mismo el sector, el 77% lo capta el Estado, y sólo el 23% se destina al sector que realmente lo produce. 

Este margen de rentabilidad constituye solamente a los ingresos, siendo los mismos productores los encargados de mantener los distintos costos correspondientes que requiere la actividad, además de destinar una parte de los resultados para reinvertir en el propio funcionamiento del sector. 

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Campo Argentino

Estalla el Campo: La presión de las retenciones llegó a su nivel más alto desde 2008

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La recaudación total por derechos de exportación en 2021, en relación al valor de las exportaciones totales, llegó al nivel más elevado desde el último gran estallido agropecuario bajo el Gobierno de Cristina Kirchner y el ministro Martín Lousteau.

En medio de la fuerte tensión entre el Gobierno y el sector agropecuario, el peso de las retenciones se torna cada vez más aplastante a 20 años de su reintroducción distorsiva en el sistema tributario. En 2021, la recaudación nacional por derechos de exportación, como proporción del valor FOB de las exportaciones, alcanza el 15,5% y es el valor más alto desde 2008.

Solamente en lo que va de la administración de Alberto Fernández, el ratio entre recaudación por retenciones y exportaciones aumentó casi 5 puntos porcentuales con respecto al año 2019.

Tomando el promedio de la presión por retenciones durante el Gobierno de Fernández, la cifra asciende al 15,25%, holgadamente por encima del promedio registrado entre 2003 y 2015, que ascendía al 12,5%. Lejos de cualquier tipo de moderación, el kirchnerismo se radicaliza cada vez más.

Evolución de la presión por derechos a las exportaciones.

El último gran estallido agropecuario había tenido lugar bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Martín Lousteau, que disponía la famosa “resolución 125” para elevar dramáticamente la alícuota por retenciones.   

Como en aquel entonces, el sector agropecuario se encuentra asfixiado por los tributos a exportar, pero con una diferencia importante: la economía mantiene un estricto cepo cambiario sobre el comercio exterior, una condición que no estaba presente en 2008. La presión real sobre el campo es ahora mucho más intensa que antes, dado que los exportadores deben enfrentarse a un precio del dólar artificialmente bajo.

El último gran “tractorazo” del campo en la Capital Federal reclamó al Gobierno la eliminación de las retenciones, el alivio de la brutal presión fiscal y el cese de la excesiva intervención regulatoria. El hartazgo del sector agropecuario es el último eslabón en décadas de intervencionismo tributario y cambiario en contra del sector.

Con la sola excepción del Gobierno de Carlos Menem, que redujo a una mínima expresión las alícuotas por retenciones entre 1992 y 1999, y posteriormente de Fernando De la Rúa entre 1999 y 2001, todos los demás Gobiernos democráticos aplicaron retenciones en mayor o menor medida. Incluso antes de la llegada de la democracia en 1983, todos los Gobiernos desde la Revolución Libertadora aplicaron retenciones.

Como impuesto, las retenciones son exageradamente distorsivas porque generan un sesgo anticompetitivo en contra del país. En el mundo, sólo un puñado de países aplican efectivamente retenciones por un valor significativo a su recaudación: además de Argentina, se aplican en Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Costa de Marfil, Guinea-Bissau y Papua Nueva Guinea

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Argentina

El Campo se movilizó a la Casa Rosada con un masivo Tractorazo: Piden Retenciones Cero, menos impuestos y fin del cepo a exportaciones

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Productores rurales se manifestaron con un masivo Tractorazo este sábado después del mediodía en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada.

Desde Avenida del Libertador y Udaondo, los manifestantes autoconvocados y junto a otros del interior iniciaron su caravana hacia Plaza de Mayo y apenas minutos pasadas las 15 arribaron los primeros tractores al punto de encuentro frente a la Casa Rosada.

A lo largo de la caravana, mucho público de la Ciudad se sumó a la marcha, en señal de apoyo al reclamo que traen desde el interior a la Capital Federal. El Campo exige la eliminación de retenciones, que actualmente se ubica en el 33% de todo lo que se exporta, y una baja de impuestos general.

Específicamente, se reclama que no se envíe al Congreso el delirante e inconstitucional “impuesto a la renta inesperada”, que actuaría como una retención extra a los productores rurales cuando sube el precio de los commodities, muy parecida a las retenciones móviles que quería imponer el gobierno con la 125 en 2008.

En el acto frente a la Casa Rosada, dirigentes rurales leerán una proclama con los reclamos del sector. Se estima que se contó con la presencia de 50.000 personas.

La iniciativa es impulsada por agrarios del norte bonaerense, sur de Santa Fe y de Córdoba; sumado a la adhesión de cientos de sociedades y asociaciones rurales de todo el país, aunque no tiene el apoyo de la Mesa de Enlace, conformada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina y Coninagro.

La Mesa de Enlace fue la columna vertebral de las protestas del 2008 contra la Ley 125, pero desde entonces, se han vuelto complacientes y se han acercado al kirchnerismo, poniendo frenos continuos a los pedidos de movilización masiva.

No obstante, el presidente de la SRA, Nicólás Pino, estuvo esta mañana en la Costanera Norte “para saludar” a los productores.

“Como va a ser un día difícil para saludar a los productores que trajeron los tractores a la Ciudad de Buenos Aires, me di una vuelta ahora por Costanera Norte”, dijo a Infobae“Como decimos desde la entidad, donde haya un productor, allí está la Rural. Y eso es lo que vamos a hacer acompañando a los productores”, aseguró Pino.

Manifestantes en la previa de la lectura de la proclama

Uno de los sectores que organizó la marcha es el movimiento “Campo + Ciudad”, que agrupa a productores rurales y ciudadanos, desde donde anunciaron que la marcha “no es partidaria” y el eje de su reclamo será “la baja del gasto público, y más precisamente del gasto político: una erogación enorme e inútil, cuyos únicos beneficiarios son los propios funcionarios. Reducir drásticamente el gasto es un paso imprescindible para detener la inflación, bajar los impuestos y eliminar las retenciones: tres cosas que la Argentina necesita para salir adelante trabajando”, manifestaron en un comunicado.

“Si hay algún reclamo que tenga que ser atendido, lo vamos a escuchar. Nosotros somos el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y escuchamos todos los reclamos“, dijo el funcionario el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, desde Israel, donde está de gira.

“Es importante que se sepa que tenemos una relación con las entidades del sector de trabajo permanente, donde estamos trabajando con una agenda de diferentes temas”, agregó.

La Proclama

La proclama leída parece sacada de un discurso de Javier Milei: “La receta del socialismo, y su muleto el estatismo, es siempre la misma”, dijeron los productores sobre un escenario: “Envilecer la moneda con emisión, ahogar a las actividades productivas con impuestos y empobrecer a todos para ofrecerse como solucionadores de los mismos problemas que han creado”.

En un mundo libre“, prosiguieron, “las soluciones van por el camino opuesto. Permitir que quienes generan recursos sigan generándolos y los multipliquen y no expulsarlos como ocurre actualmente con jóvenes y empresas que se van. Los regímenes estatistas propician desatinos económicos que perjudican a todos pero mucho más a los necesitados y vulnerables”.

“No somos ciegos, las necesidades existen. Pero las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. No se puede seguir cargando al burro que mueve la noria y menos comérselo. Para repartir riqueza primero hay que crearla y la mejor manera de distribuirla es el trabajo libre donde los beneficios vuelven a la sociedad sin necesidad de intervención estatal, que además de cara es violenta y distorsiva”.

Y admitieron su responsabilidad por no haber hecho nada desde las protestas del 2008: “Somos responsables de haber tolerado estos disparates”. Pero agregaron: “Son responsables también muchos de nuestros gobernadores y legisladores. Han resignado la autonomía federal por una indigna alianza de vasallaje feudal en la que aceptan el saqueo de las actividades productivas de sus comprovincianos a cambio de ser tratados como mendigos de lujo por el Poder Central y eventualmente ser nuevamente ungidos”.

El texto, en estilo pancarta, concluye con una serie de consignas que interpelan al Gobierno y le exigen un cambio total en su matriz ideológico:

  • “Basta de mentiras.
  • Basta de fronteras que son un colador.
  • Basta de entregar nuestro Mar Austral a la depredación.
  • Basta de soltar presos y perseguir policías.
  • Basta de someter a alumnos y maestros a la dictadura de ideólogos y burócratas.
  • Basta de vándalos y usurpadores.
  • Basta de opresión impositiva.
  • Basta de sarasa”.

Por si no quedara claro, al final la proclama reitera: “Anímense a pensar un país con menos impuestos. gasten menos. arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa”.

Hubo alusiones explícitas a la vicepresidente de la Nación
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Argentina

Prohibido Olvidar: El último tractorazo en Casa Rosada, la 125 y un kirchnerismo que iba por todo

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El Campo se moviliza por primera vez en 14 años contra el Gobierno a la Plaza de Mayo y establece un tractorazo frente a la Casa Rosada.

El 11 de marzo de 2008, el gobierno de Cristina Kirchner anunció que establecería un sistema móvil para las retenciones a la soja, el trigo y el maíz, entre otros productos. En soja, la tasa movía el esquema del 35% al 44,1%, alcanzando después un tope del 48,7 por ciento, con la posibilidad de llegar hasta un 60% si el precio de la soja seguía subiendo.

Los productores y las entidades del agro rechazaron por “confiscatoria” la medida y se desató un conflicto que duró más de 120 días, desde el 11 de marzo hasta el 17 de julio.

Cuatro entidades rurales, con marcadas diferencias entre sí, aunaron fuerzas ante el anuncio de la resolución 125 del entonces ministro de Economía Martín Lousteau, y conformaron la Mesa de Enlace.

Fue así que la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO y Federación Agraria Argentina (FAA), tomaron medidas contra esa resolución. Hubo paros de comercialización y piquetes en las rutas.

14 años después, un nuevo gobierno kirchnerista amenaza con subir retenciones nuevamente e imponer un delirante impuesto a las ganancias no esperadas. Es hora de aprender del pasado.

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