Agarraron in fraganti a un puntero bonaerense del PJ usando las tarjetas de 48 asesores de la Legislatura para extraer dinero. Denuncian un masivo esquema de corrupción que involucra al kirchnerismo y al bullrichismo

Por lo bajo y casi sin cobertura de los medios, está explotando quizás el escándalo más importante del Poder Legislativo desde el 2001, y tiene de figura central a Julio “Chocolate” Rigau, un puntero de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en una causa de corrupción que implica tanto al kirchnerismo como a Juntos por el Cambio.

Como si se tratara de una película, el masivo entramado de corrupción que llega hasta lo más profundo de la casta política fue puesto contra las cuerdas por un indigente que dormía dentro del Banco Provincia, ubicado en calle 7 y 54 de la ciudad de La Plata.

Molesto porque una persona que había estado más de 20 minutos frente del cajero automático no lo dejaba dormir, el indigente se puso a mirar con atención lo que estaba haciendo el hombre, y notó algo sospechoso.

El sujeto tenía una pila de tarjetas de débito y estaba sacando plata una por una. Pensando que se trataba de un delincuente que las había robado, el indigente acudió se acercó al policía que estaba de guardia a una cuadra y le denunció los hechos que había observado.

El policía se acercó al cajero automático y lo descubrió a “Chocolate” Rigau, con 48 tarjetas de débito en su poder, con bolsos llenos de pesos que había extraído de la máquina. Fue detenido en el acto, y según explicó luego la policía, había llegado a extraer 1 millón de pesos cuando fue atrapado.

Pero no se trataba de un común delincuente que robaba tarjetas. Por el contrario, Chocolate es el jefe de los punteros del PJ en la Legislatura bonaerense y, como se descubrió a partir de su detención, manejaría una de las redes de corrupción más grandes del país.

Las 48 tarjetas pertenecían a distintos empleados de la Legislatura bonaerense, todos asesores de los diputados provinciales, a quienes Chocolate habría ayudado a colocar en sus puestos, presuntamente como ñoquis. A cambio, el puntero se encargaría de cobrar el dinero de sus tarjetas, quedarse con una comisión, y luego repartiría el dinero.

Las contrataciones de las tarjetas que se le encontraron a Rigau no son de ahora: la gran mayoría pertenecen al período 2015-2019, cuando la Cámara baja estaba bajo control de un acuerdo de gobernabilidad entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa, que implicó una presidencia rotativa entre Cambiemos (el PRO, puntualmente bajo la figura del ex diputado Manuel Mosca) y el Frente Renovador.

Estas contrataciones espurias fueron mantenidas hasta el día de hoy con el aval de dos figuras: Martín Insaurralde, por el lado del kirchnerismo, y de Néstor Grindetti, del lado de Juntos por el Cambio.

A través del presidente de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Federico Otermín, alfil de Insaurralde en la Legislatura, y su vicepresidente, Adrián Urreli, que responde a Grindetti y actualmente coordina su campaña en el territorio bonaerense, le ponían la firma a los cheques que serían depositados en las cuentas de estos empleados truchos, para que luego sean recaudados por Chocolate.

No es casual que estas dos figuras se hayan quedado con el control de la Legislatura y hayan apañado el esquema de corrupción que había instalado Vidal y Massa en la Cámara Baja. Otermín y Urreli se conocen muy bien, y junto a Guillermo Viñuales, otro alfil de Insuarrlade, fundaron la agrupación “Hacemos” hace unos años.

Viñuales, quien llegó a ser jefe de Gabinete de la Municipalidad de Lomas durante toda la gestión de Insaurralde, hoy es candidato a intendente de Lomas de Zamora por la lista de Bullrich y Grindetti en Juntos por el Cambio.

Su mera existencia confirma el pacto que existe en la Provincia de Buenos Aires entre los pesos pesados del kirchnerismo y del bullrichismo, pero que se mantenía detrás del telón, lo más tapado posible. Lo de Chocolate Rigau sirvió para levantar la cortina y hacer que le dé un poco la luz.

Obviamente, que lo hayan atrapado in fraganti a Chocolate no significa nada en Argentina. A pesar de que estuvo detenido y se abrió una causa por “malversación de fondos”, el caso fue cerrado en tiempo récord y el hombre ahora mismo está en libertad.

En la corta investigación, se pudo determinar que Chocolate llevaba 177 defraudaciones reiteradas consumadas y otras 45 en grado de tentativa, por lo cual solo en el último año había recaudado alrededor de $350 millones de pesos.

Según la Cámara de Apelaciones de La Plata, cómplice en todo esto, la detención de Chocolate estuvo “mal realizada“. Supuestamente, sus derechos se los leyeron recién cuando llegó a la comisaría donde quedó arrestado y no antes cuando se le pusieron las esposas, por lo que toda la causa quedó anulada.

“La causa ya no existe, al menos que el fiscal de Cámaras apele y de vuelta el fallo”, remarcaron fuentes policiales a Infobae. La investigación del hecho estaba a cargo de la fiscal de la UFI N°2, Betina Lacki, pero los camaristas que lo dejaron en libertad fueron Juan Benavides y Alejandro Villordo de la Sala III.

Chocolate Rigau

Antes de este escándalo, para el público, Julio Rigau no era más que un leal militante del PJ, quien a su vez mantenía un comedor comunitario en el barrio La Granja, que recibe un subsidio millonario del Ministerio de Desarrollo Social.

Sin embargo, ya había sido denunciado por sus vecinos porque, a pesar de dar una imagen externa de humildad y pobreza, Rigau recientemente se había renovado el interior de su casa, levantado un flamante quincho con parrilla incluida, y dejando “todo de lujo“.

Chocolate empezó su carrera política apadrinado por el concejal Facundo Albini, hijo de Claudio Albini, ex Director de Personal de la Legislatura Bonaerense, de quien se sospecha que fue el inventor de este esquema de corrupción que sige en vigencia hasta el día de hoy. 

Sus contactos con el poder se hicieron notar inmediatamente. A pesar de mostrarse como un humilde, Rigau logró la excarcelación en tiempo récord gracias a la defensa del estudio legal Gascón Cotti, el más prestigioso y caro de la ciudad de La Plata.

Maximiliano Abad, el otro gran implicado

Teniendo que revelar sus vínculos en medio de una situación de emergencia para salvar la situación, el prestigioso abogado platense Alfredo Gascón defendió a Chocolate. Un error: su involucramiento dejó en evidencia la profunidad de este escándalo.

Cuando su nombre empezó a aparecer vinculado con Rigau, rápidamente salió a la luz que existe un vínculo laboral de los dos hijos de Gascón con la Cámara de Diputados Bonaerense. Ambos ingresaron a pedido de la diputada Sandra Paris, actual Pro Secretaria administrativa de la Cámara y compañera de espacio político de Maximiliano Abad.

Según pudo saber El Disenso, y de acuerdo a su currículum público, Jerónimo Gascón ingresó a la Legislatura Bonaerense en 2015 como asesor de Sandra Paris. A partir de 2018 ocupó el puesto de Prosecretario Legal del bloque de Juntos.

Por su parte, Alfredo Gascón (h), también ingresó a la legislatura bonaerense como asesor de Sandra Paris, en el año 2018. Pero a partir de mayo de 2022, el joven Gascón figura como “Relator de la comisión de Industria y Minería” presidida por Vanesa Zuccari, otra dirigente radical del espacio de Abad.

Así, sin darse cuenta, de repente Maximiliano Abad, jefe del radicalismo bonaerense y actual candidato a Senador nacional por la lista de Patricia Bullrich en la Provincia de Buenos Aires, quedó pegado al masivo caso de corrupción.

Insólitamente, Abad encabeza la lista de senadores que lleva de segunda a la ex UIF María Eugenia Talerico, del espacio Ricardo López Murphy, quien denunció esta semana a los dos camaristas platenses que anularon la investigación. Quizás Talerico le debería preguntar a su compañero de fórmula qué fue lo que pasó.

El Senado aprobó el pliego de la jueza Ana María Figueroa, gracias a la ausencia de la senadora bullrichista Lucila Crexell que está de viaje en Estados Unidos.

Los argentinos votarán este 22 de octubre entre tres fuerzas principales, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Sin embargo, con cada votación en el Congreso, queda más claro que los dos primeros, en realidad, son cómplices.

El Senado de la Nación aprobó este jueves a la tarde el pliego de la camarista ultra-kirchnerista de Casación Ana María Figueroa, quien al cumplir los 75 años el pasado 9 de agosto, perdió la investidura judicial ya que alcanzó la edad de retiro obligatorio.

Si bien la jueza había intentado resistir conservar su cargo, la Corte Suprema confirmó su retiro tras cumplir su edad jubilatoria, pero señaló que el Senado podría votar una extensión por cinco años más.

Los jueces sostuviero que “tras la reforma de 1994 el artículo 99 -inciso cuarto, tercer párrafo- de la Constitución Nacional, se prevé que “un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo del Senado será necesario para mantener en el cargo” a cualquier juez “una vez que cumpla la edad de 75 años“.

La jueza Figueroa está a cargo de la causa Hotesur-Los Sauces en la que se encuentran investigados la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, entre otros. En todos los años que ha estado al frente de la causa, se ha encargado de blindar a la ex presidente y a su familia.

Por lo tanto, Cristina, quien ya se desvinculó completamente de la campaña electoral de su partido, no es candidata a nada y no se muestra junto a Massa, tenía como último objetivo antes de dejar la vicepresidencia que su jueza amiga se mantenga en el cargo para no ir presa.

Por alguna razón, quizás porque Patricia Bullrich quiere mantener viva a Cristina Kirchner para no cerrar la grieta y conservar su popularidad como una anti-kirchnerista, Juntos por el Cambio no votó de manera unánime en contra de este pliego.

Gracias a la ausencia de la senadora Lucila Crexell, la votación resultó en un empate 35 contra 35. Si hubiera estado presente y la legisladora neuquina de JxC votaba junto al resto de su bloque, el pliego hubiera quedado rechazado, 36 contra 35.

Pero esto no ocurrió, y el empate fue resuelto con el voto de la senadora Claudia Ledesma Abdala, quien estaba como presidente provisional del Senado ante la ausencia de Cristina, quien se recusó de la votación por el claro conflicto de intereses. Abdala, desde ya, votó en el desempate en favor de Cristina.

Desde abril, Juntos por el Cambio y el interbloque Unidad Federal (UF), conformado por peronistas anti-K, habían hecho un trabajo de hormiga para cajonear la votación, y evitar que el kirchnerismo pueda renovar el pliego que pondría a la jueza Figueroa devuelta al frente de la causa Hotesur.

Sin embargo, algo cambió porque este jueves ambos bloques bajaron al recinto, a pesar de que sabían que no tenían los números para derribar el pliego. La ausencia de Crexell era sabida, se encuentra de vacaciones en el extranjero desde el pasado 14 de septiembre, particularmente en Estados Unidos.

Tras la aprobación de Figueroa, el kirchnerismo, muy astuto, aprovechó la debilidad de Juntos por el Cambio y llevó al recinto la aprobación de los pliegos de más de 30 jueces kirchneristas: todos fueron aprobados.

El espacio de Patricia Bullrich respaldó el debate por la reducción de la jornada laboral legal en Argentina, aunque buscará presentar su propio proyecto. Los dos espacios del establishment político buscan aprobar una reforma que ahogaría al sector privado, en medio de la peor crisis de los últimos 20 años.

La bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados presentó un borrador que estudia rebajar la jornada laboral legal de Argentina hasta las 36 horas semanales como máximo, y propone como mínimo un piso de 40 horas.

Contrariamente a su discurso “opositor”, el espacio de Juntos por el Cambio, que votó en contra de la eliminación del Impuesto a las Ganancias en Cuarta Categoría para no apoyar las medidas del kirchnerismo, se mostró favorable a las reformas para rebajar la jornada, solamente marcando ciertas diferencias “cosméticas” en detalles de la ley con el oficialismo.

Algunos integrantes del bloque de Patricia Bullrich, como por ejemplo el diputado radical Martín Tetaz, aceptaron la rebaja de la jornada legal como una “prueba piloto” para algunas empresas, ofreciendo incentivos fiscales para poder efectuarla.

Nadie en Juntos por el Cambio mencionó el problema de que reducir la jornada laboral, pulverizará los sueldos mensuales y generará una caída en el nivel de salarios de Argentina, en un momento de alta inflación cuando lo que se debería buscar es recomponer los jornales, no reducirlos.

En esta oportunidad, Juntos por el Cambio no demuestra el mismo reparo “fiscalista” que mantuvo en la discusión por la rebaja del impuesto a las Ganancias. Tetaz no explicó de dónde saldrían los recursos para financiar tales rebajas tributarias, algo que para la jerga de JxC podría constituir una estafa a su propio electorado.

Por su parte, la diputada de JxC Mónica Frade manifestó su apoyo explícito a la reducción de la jornada laboral legal, pero se diferenció del proyecto oficialista marcando que el rango de 36 horas semanales resulta excesivo. Propuso establecer un sendero de reducción gradual similar al que aprobó el presidente socialsita Gabriel Boric en Chile.

Bajo el punto de vista de Justos por el Cambio, en lugar de aplicar una ley que fomente activamente la informalidad y la desocupación de un día para el otro, buscará establecer un proyecto que produzca exactamente el mismo efecto pero “en cuotas”.

Tanto el espacio de Bullrich como el oficialismo conducido por Sergio Massa y Cristina Kirchner consideran necesario y oportuno que Argentina aplique una jornada legal similar a la que tienen los países más desarrollados del planeta, aún cuando el nivel de productividad del país se asemeja más a la de un país africano.

De hecho, el producto medio por trabajador (una métrica usual para medir la proactividad) se encuentra en los valores más bajos de los últimos 20 años, y por la misma razón los salarios en términos reales también retrocedieron a los niveles más bajos desde 2003.

Argentina no muestra las condiciones mínimas e indispensables para llevar a cabo una reforma de la jornada laboral de estas características. Más aún cuando la mayor parte del empleo creado en los últimos 4 años fue altamente precario (generalmente empleo informal), y cada vez son más las personas que deben recurrir a un segundo o incluso un tercer trabajo para poder llegar a un umbral de ingresos razonable.