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"Bases para la Reconstrucción de Argentina": Las 10 mejores medidas del Decreto de Desregulación de Javier Milei

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Estas son las 10 mejores medidas, en orden de relevancia para la reforma de la economía argentina, que parten del decreto que firmó el Presidente este miércoles.

El gobierno del presidente Javier Milei firmó un mega-paquete de medidas el pasado miércoles 20 de diciembre, y a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, lanzó su primera tanda de reformas para desregular la economía argentina.

Titulado "Bases para la Reconstrucción de Argentina", el decreto emerge como un faro que ilumina una senda estratégica para revitalizar la economía del país, que no atravesaba reformas de esta envergadura desde hace 30 años, pero eclipsa incluso el Decreto de Desregulación Económica que firmó el ex presidente Carlos Menem en 1991.

El decreto deroga o modifica más de 300 leyes, muchas que vienen incluso de la era de las dictaduras militares, y es un cambio generacional para la Argentina, modernizando el Estado y sacándolo finalmente del siglo pasado.

A continuación, los analistas Jeremías Rucci y Augusto Peréz Ferrero identificaron 10 medidas destacadas como las más importantes y trascendentales del decreto, conformando así una "Tier List" que publica La Derecha Diario.

10. Inclusividad Deportiva: Ampliando los Sujetos de Recursos

El Artículo 331, que amplía la definición de sujetos de recursos a organizaciones deportivas y clubes, refleja un reconocimiento integral de los actores en el ámbito deportivo, promoviendo la inclusividad y la diversidad en este sector crucial.

De esta manera, se le entrega a todos los clubes de fútbol la posibilidad de que, si los socios votan en elecciones libres y transparentes, la organización deportiva pueda empezar a recibir dinero de empresas como inversiones y no solamente para patrocinar su marca.

9. Desburocratización Automotriz: Agilización de Trámites (Artículo 9)

El Artículo 9, al establecer que los registros automotores deben abonar el arancel fijado por el Poder Ejecutivo Nacional, simplifica los trámites automotores, promoviendo eficiencia y reduciendo burocracia.

Entre otras cosas, se elimina burocracia y se termina con el conocido "curro" de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), no habrá que presentar comprobante de seguro (aunque sigue siendo obligatorio tenerlo) en un retén vehicular, y deja de existir el "libre deuda".

8. Adaptación al Teletrabajo: Sustitución del Artículo 18 (Ley No 27.555)

La sustitución del artículo 18 de la Ley No 27.555 por el Artículo 95, que establece un registro simple y electrónico para el teletrabajo, demuestra una adaptación proactiva a las transformaciones en la dinámica laboral contemporánea.

Se moderniza la ley laboral para la nueva era que dejó el Home Office, y se quitan las peores partes de lo que había sido al Ley de Teletrabajo aprobada en 2020 por el kirchnerismo durante la emergencia sanitaria.

7. Fomento al Emprendimiento: Artículo 96 – Emprendimiento Productivo Independiente

El Artículo 96, al permitir que el trabajador independiente cuente con hasta cinco colaboradores, fomenta el espíritu emprendedor y fortalece la creación de pequeños negocios, contribuyendo al desarrollo económico.

El clásico ejemplo de la ley anterior al decreto, es el de un albañil, que cuando hace un trabajo en una casa o en un negocio, lleva a empleados en negro, debido a la ineficiente ley laboral. De esta manera, podrá tener hasta cinco personas trabajando en blanco sin generar un vínculo laboral.

6. Modernización Aérea para la Integración Global – "Cielos Abiertos"

El decreto aborda una profunda modernización en el sector aeronáutico, impulsando la competitividad y la integración global. Estas reformas fortalecerán la posición de Argentina en el escenario aeronáutico global, abriendo nuevas oportunidades y fortaleciendo la conectividad internacional.

La medida reincorpora el concepto de "cielos abiertos", de manera que se habilitará a cualquier aerolínea que demuestre solvencia técnica y financiera a explotar rutas domésticas e internacionales. Para esto se derogan leyes del Código Aeronáutico vigentes desde 1967, bajo el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.

5. Modernización Comercial: Derogación de la Ley N° 25.626

La derogación de la Ley N° 25.626 marca un hito al eliminar restricciones a la importación, abrazando prácticas comerciales modernas y fomentando la flexibilidad en el comercio internacional.

Se terminan de esta manera trabjas que obstaculizaron por 20 años la importación de determinadas mercaderías como neumáticos, repuestos, y equipos.

4. Libertad Responsable en el Alquiler: Derogación de la Ley 27.551

La derogación completa de la Ley 27.551 redefiniendo la legislación de alquiler, eliminando restricciones y fomentando una libertad contractual más responsable entre propietarios e inquilinos.

Milei hizo lo que Juntos por el Cambio prometió que iba a hacer durante todo el gobierno de Alberto Fernández, pero sin éxito. El presidente libertario pone fin a la Ley de Alquileres y el mercado inmobiliario se vuelve a regir por el Código Civil y Comercial, donde priman los acuerdos entre partes.

3. Innovación Laboral: Regulación Detallada de Indemnizaciones (Artículos 81 y 82)

Los cambios en las regulaciones de las indemnizaciones por despido, detallados en los Artículos 81 y 82, introducen un enfoque más preciso y equilibrado, ofreciendo protección a los trabajadores mientras proporcionan flexibilidad a los empleadores.

Esta medida pone fin a la llamada "industria del juicio", en la que empleados no podían ser despedidos porque conseguían abogados que utilizaban la ley laboral que estaba vigente hasta la sanción del decreto para sacarle millones al empleador.

3 bis. Flexibilidad Laboral: Opciones para Contratos de Desvinculación (Artículo 81)

En otra parte del decreto, se introduce la posibilidad de que los empleadores opten por contratar un sistema privado de capitalización para solventar la indemnización (Artículo 81), introduciendo una dimensión de flexibilidad en las relaciones laborales.

2. Apertura Global: Derogación del Registro de Exportadores e Importadores (Artículo 92)

La eliminación del registro de exportadores e importadores (Artículo 92) promueve la apertura global, eliminando barreras artificiales que encarecen los productos y contribuyendo a la competitividad en el comercio internacional.

A partir de la firma de este decreto, quedan eliminadas todas las barreras para el comercio internacional, lo que llevará a un boom económico en materia de inversión y relaciones comerciales con el resto del mundo.

1. Sociedades Transformadas: Fortaleciendo la Eficiencia Empresarial (S.A.)

Se transformarán todas las sociedades con participación estatal en Sociedades Anónimas (S.A.), lo cual representa un paso audaz hacia la simplificación estructural y la mejora en la gestión de empresas, un componente esencial para la revitalización económica.

Esta medida permite no solo cambiar la estructura arcaica que tenían las empresas del Estado, si no que permite empezar la era de privatizaciones que prometió el Presidente Javier Milei durante la campaña.

Para cerrar, el presidente anticipó en una entrevista para Radio Rivadavia que esto es solo un comienzo: "Les aviso que viene más, hay más y pronto se van a enterar".

Probablemente veamos en las próximas semanas el envío de una serie de leyes al Congreso, como la tan mencionada Ley Ómnibus, donde se plantearía la reforma profunda del Estado nacional, más otros ítems de materia penal, tributaria, o electoral, como la Eliminación de las PASO y la introducción de la Boleta Única, que no pueden ser modificados por DNU.

El periodista Enrique Fraga, creó un "Decreto GPT", una herramienta de IA basada en Chat GPT para poder interactuar con el decreto desregulador y obtener fácilmente respuestas a las preguntas que surgen de analizar semejante pieza de reforma económica.

Argentina

Los gobernadores le declaran la guerra a la Nación porque Milei se niega a pagarles su deuda: “Son amenazas chavistas"

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La Oficina del Presidente le respondió al gobernador Nacho Torres por sus amenazas subversivas: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, del PRO, lanzó un explosivo comunicado que fue acompañado por la firma de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), el grupo conocido como "los patagónicos".

En dicho documento, titulado "las Provincias Unidas del Sur", los gobernadores de la Patagonia aseguran que expropiarán y retendrán todo el petróleo y el gas que extrae YPF y las empresas privadas, si el Gobierno Nacional no le vuelve a enviar el dinero de las transferencias discrecionales, que las provincias usan para pagar sus deudas.

Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador de Chubut, que encabeza el "grupo subversivo" contra el Gobierno Nacional.

En concreto, Torres reclama unos $13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual, que la Nación le retuvo a Chubut porque la provincia no estaba pagando una deuda que se había tomado con el Estado Nacional.

El Gobierno de Javier Milei le había dicho desde el 10 de diciembre que Chubut tiene que recortar los gastos para reducir su déficit, ya que la Nación no les seguiría solventando su despilfarro, pero en ya casi 3 meses, Torres no ha tomado ni un solo paso en la dirección del saneamiento fiscal.

Lo mismo ocurre con muchas provincias. Si bien casi todos los gobernadores habían expresado sus intenciones de recortar el gasto público tras la asunción de Milei, con el tiempo se fueron dando cuenta que el ajuste que pedía el Presidente de la Nación era mucho mayor al que ellos tenían en mente.

A través de un fuerte comunicado, la Oficina del Presidente, que el presidente Javier Milei utiliza para expresar sus palabras oficiales, trató a Torres de "chavista" y le recomendó que se atenga a las respuestas judiciales de sus amenazas subversivas.

"En respuesta al comunicado emitido por el Gobernador de Chubut, la Oficina del Presidente informa que los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación", aclaró el Presidente.

"Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional", agregó.

"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", impone.

"Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", aseveró la vía de comunicación oficial del Presidente.

Y agrega: "Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".

"Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad", finaliza.

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Argentina

Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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