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Belliboni contra las cuerdas: Una empresa fantasma vinculada al Polo Obrero facturó $500 millones y declaraba un solo empleado

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Se trata de "Coxtex", una de las empresas que generaba facturas para justificar gastos frente al Ministerio de Desarrollo Social. AFIP la estuvo vigilando desde 2022, pero nunca llegó a suspenderla.

El 30 de agosto de 2022, la AFIP concluyó una inspección sobre la empresa Coxtex, determinando que se trataba de una usina de facturas sin capacidad económica ni financiera. Por esta razón, decidió incluirla en la base E-Apoc, que reúne a todas las empresas que emiten facturas falsas.

Casi dos años después, esta misma empresa es parte de una investigación judicial que involucra al Polo Obrero y a sus principales dirigentes, como Eduardo Belliboni. La Justicia sospecha que Coxtex generó varias facturas para "justificar" gastos de esa organización.

La inspección de la AFIP, ahora parte del caso que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, reveló la actividad inusual de Coxtex en los meses siguientes a su creación en octubre de 2020. En el primer semestre de 2021, emitió facturas por un total de $115.531.342,83, y en el segundo semestre del año, la cifra ascendió a $226.074.302,49, según el informe judicial.

Pero hay más. Entre enero y febrero de 2022, el mismo año de la inspección, Coxtex facturó $139.119.572,65. En total, suman más de $480 millones en solo trece meses. "La última facturación importante es de febrero de 2022; después aparecen montos menores hasta julio de ese año", señaló un investigador.

Los investigadores de la AFIP visitaron los domicilios personales de los dos "socios fundadores" de Coxtex: María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, conocido como el enigmático "canadiense". La investigación alarmó a los implicados, aunque para ese momento la sociedad ya estaba prácticamente inactiva.

En el teléfono de Vega se encontraron mensajes relacionados con el conflicto. El 24 de octubre de 2022, Gabriela Anahí Rivero alertó a Vega: "Te están buscando de la AFIP. Por una sociedad que no pueden ubicar. Vinieron a casa". Tres días después, Vega comunicó a Rivero su malestar: "Anita, recién pasó el hombre de la AFIP (…) me desvinculó de todo. Hay muchas empresas a mi nombre: Recinsur, VSP, Coxtex".

En efecto, Vega y Pichuaga habían prestado sus nombres para la creación de otras tres sociedades durante 2020: Consulting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL.

Cuando allanaron la casa de Vega, una mujer de origen humilde, no estaba presente. Más tarde llegó junto a su pareja, un albañil de 55 años, de manera espontánea. La Policía la registró y encontró un teléfono Samsung, el cual fue posteriormente peritado.

Hace aproximadamente un mes, Pichuaga también fue allanado en su modesto PH en el barrio de Floresta. En su domicilio, la Policía confiscó un documento de la AFIP fechado el 27 de octubre de 2022 y firmado por el inspector Norberto Andrade.

Según la investigación del organismo recaudador en ese momento, Coxtex, que supuestamente se dedicaba a la venta de equipos y programas informáticos, tenía solo un empleado registrado a pesar de facturar millones. "Presentó DDJJ (formulario 931) por los períodos 02/2021 al 10/2021 en cero", según consta en el documento adjunto a la investigación judicial.

La conclusión de los investigadores fue contundente: "Se observa la emisión de facturas electrónicas con montos significativos, los cuales resultan imposibles de ser realizados por una empresa sin capacidad económica y financiera suficiente para llevarlos a cabo". Debido a esto, la empresa fue incluida en la base E-Apoc.

La historia de Coxtex volvió a ser relevante hace dos meses, cuando la Justicia comenzó a investigar las facturas presentadas por el Polo Obrero para justificar sus gastos ante el Ministerio de Desarrollo Social. Otra empresa bajo escrutinio es la imprenta conocida como "Ediciones e Impresiones Rumbos SRL". En conjunto, estas dos sociedades aportaron facturas por un total de $25 millones de pesos.

Con esta información, el 21 de mayo el juez Casanello ordenó a la Policía Federal que se acercara a la AFIP para solicitar toda la información disponible sobre las dos empresas y sus socios. Específicamente, requirió declaraciones juradas, datos sobre vehículos, aeronaves, embarcaciones, propiedades, cuentas bancarias, y cualquier fiscalización o denuncia penal relacionada con los implicados.

En respuesta, la AFIP comunicó, entre otros detalles, que la empresa Rumbos "no ha presentado declaraciones juradas después del año 2019" y que "Lucas Adrián Buchichio, quien fue el contador encargado de presentarlas en los años 2017 y 2018, recibió además facturas B de dicha empresa durante los años 2023 y 2024". Además, informaron que "la declaración jurada del año 2019 fue presentada por Leonardo Daniel Narizzano, actualmente registrado como contador de la empresa". Con esta información, el juez ordenó operativos sobre ambos contadores a fines de mayo.

Antes todas estas pruebas, la estrategia de defensa de Eduardo Belliboni cambió recientemente y ahora se centra en el papel de la AFIP. Durante su declaración, el extorsionador de pobres afirmó que las empresas Rumbos y Coxtex operaban con autorización del organismo recaudador, y que era responsabilidad de este asegurar que continuaran en funcionamiento.

Anteriormente, el líder piquetero había señalado a "los funcionarios kirchneristas del Ministerio de Desarrollo Social" que aprobaban las facturas. Aunque no los mencionó específicamente, se refería a la Secretaría de Economía Social, dirigida por Emilio Pérsico. Según él, una vez que esta oficina daba el visto bueno, la documentación pasaba por dos líneas de control adicionales: las legales y las de contabilidad. Sin embargo, nadie detectó irregularidades.

La estrategia es Belliboni es clara. Si él cae, se lleva a todos los kirchneristas con él, ya que fueron ellos quienes le permitieron llevar a cabo este negocio corrupto.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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“A las madres de pañuelo blanco las mataban para que les corten la panza", fuerte caso de adoctrinamiento educativo en San Martín de los Andes

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Padres alarmados por la creciente militancia ideológica en las escuelas encuentran esperanza en el nuevo proyecto de ley del gobierno para garantizar una educación neutra y libre de adoctrinamiento.

A lo largo de los últimos años, la preocupación por el adoctrinamiento escolar se ha intensificado continuamente entre los padres, quienes ven con alarma cómo sus hijos se ven expuestos a ideologías partidarias desde temprana edad.

Virgílio Arnaut, en redes como @Virgilio_AB, es uno de los tantos padres que desde hace tiempo se encuentran profundamente preocupados por esta situación y decidió relatar su experiencia en una entrevista para La Derecha Diario.

Con hijos de 4, 7 y 10 años, Virgílio, quien emigró de Brasil hace varios años, no vive con la tranquilidad de que sus hijos están recibiendo una educación neutral y objetiva Argentina. Cada día que pasa, sus niños llegan a casa con una nueva pauta de la agenda progresista impuesta por sus maestras.

El caso de Virgílio es particularmente ilustrativo. Sus hijos, que asisten al jardín de infantes Semillas del Sol en San Martín de Los Andes, en la provincia de Neuquén, han sido expuestos a contenidos ideológicos desde muy temprana edad; según cuenta su padre.

Desde la imposicion del lenguaje inclusivo, apología del aborto hasta la demonizacion del presidente Javier Milei en pleno horario escolar. Uno de los hechos más insólitos fue cuando su hija de tan solo 6 años llegó un día a casa contando una historia inquietante sobre las Madres de Plaza de Mayo.

En su relato, diciendo que “a las madres de pañuelo blanco las mataban para que les corten la panza y les lleven al bebé a otra familia”. Este tipo de relato no es un hecho aislado, sino que se repite en diversas escuelas del país, donde los niños son expuestos a narrativas políticas y sociales que no corresponden ni al entorno educativo adecuado, ni tampoco a la edad de los niños.

Preocupado por esta situación, Virgílio decidió tomar medidas y fue a hablar con las autoridades del colegio, cuya dueña es Florencia Prado. Sin embargo, su intento de diálogo no tuvo ninguna respuesta positiva.

Lejos de recibir apoyo o una solución, terminó siendo bloqueado de todos los grupos de WhatsApp escolares, así como de los contactos del cuerpo docente. Frente al fallido intento de solucionar el problema a través de herramientas digitales, decidió acudir al establecimiento y establecer diálogo directo con Carolina Montes, maestra de literatura en Semillas del Sol y del Instituto Superior de Formación Docente Nº3. Virgílio plantea que uno de los eslóganes repetidos por Carolina fue “que ardan los que se oponen a la ESI”, lo que evidenciaría el gran nivel de radicalización de la maestra.

En la lógica de esas personas woke mis preguntas e inquietudes en relación a lo que hacen o no hacen con mis hijos es algo que les genera ansiedad, es una experiencia que califican de violenta, y entonces se niegan al diálogo”, explicó Virgilio.

Una de las máximas preocupaciones de Virgilio es la manipulación que se realiza en torno a la ESI y cómo se utiliza como pretexto para impartir ideología de género entre los alumnos. Para él, la ESI “es una especie de chequera en blanco para que hagan lo que gusten, con o sin consentimiento de las familias”.

En su último contacto con el colegio, Virgilio cuenta que terminaron llamando a la policía para que fuera removido de la reunión de padres, todo por el mero hecho de mostrar su inconformidad con la enseñanza del establecimiento. Esta reacción no sólo aumentó su preocupación, sino que también lo dejó sin una vía de comunicación efectiva con otros padres y con la escuela misma.

No hay ninguna libertad de pensamiento. Los nenes tienen que sí o sí comerse la bajada se línea de las pañuelo verde que se identifican como maestras”, aseguró el preocupado padre. “Nuestros nenes, la próxima generación, están en las manos de pseudo educadores con una formación contaminada de ideología; ¿Qué vamos a hacer al respecto?”, dijo reflejando su preocupación, al igual que muchos otros padres.

La respuesta del gobierno

Frente a este tipo de situaciones, el Gobierno de Javier Milei ha tomado cartas en el asunto, consciente de la gravedad del problema y de la preocupación de padres como Virgílio. En un esfuerzo por garantizar una educación libre de influencias ideológicas, el Gobierno ha anunciado un proyecto de ley destinado a penalizar el adoctrinamiento en las escuelas.

Este proyecto, que busca modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, será enviado al Congreso con el objetivo de asegurar que la educación sea un espacio neutral y objetivo, donde los niños puedan aprender sin ser influenciados por agendas políticas partidarias.

El nuevo proyecto de ley no solo busca penalizar el adoctrinamiento, sino que también establece la creación de un canal de denuncias. Este canal permitirá que padres y alumnos puedan reportar cualquier actividad política indebida en las aulas. El Ministerio de Capital Humano será el encargado de implementar y gestionar este canal, asegurando que todas las denuncias sean investigadas y atendidas con la debida diligencia.

Con estas medidas, el Gobierno de Javier Milei se compromete a erradicar el adoctrinamiento escolar, devolviendo a los padres la tranquilidad de que sus hijos recibirán una educación completamente
libre de militancia ideológica
. Esta iniciativa no solo busca garantizar la neutralidad en la educación, sino también proteger el derecho de los niños a aprender en un entorno libre de influencias partidarias.

De esta manera, el Poder Ejecutivo pretende asegurar que las aulas sean espacios de aprendizaje y desarrollo personal, alejados de cualquier manipulación con tintes ideológicos, y que los futuros líderes del país puedan formarse en un ambiente de verdadera libertad de pensamiento.

Una de las propuestas de Virgilio es que la ley en contra del adoctrinamiento sea llamada: “Ley Semillas de Sol”, en referencia al nombre de la escuela donde ocurrió este caso que denuncia.

Son nuestros pequeños, son luz, son hijos del divino; todos cargan valor intrínseco y deben ser respetados”, aseguró. Virglio sigue abierto al diálogo y en caso que el establecimiento no logre rectificar su posición en relación a sus hijos, procederá a profundizar su denuncia.

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Argentina, Paraguay y El Salvador se opusieron a la Agenda 2030 ante la OEA y lograron marcar su propia agenda de derecha

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Las delegaciones argentinas, paraguayas y salvadoreñas encabezaron las negociaciones para romper con la hegemonía de la Agenda 2030 en la cumbre que tuvo sede en Asunción.

En la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina, Paraguay y El Salvador se unieron para tomar una postura firme en defensa de los valores tradicionales, oponiéndose tajantemente a la Agenda 2030.

Este embate lo lideró Diana Mondino, canciller argentina, Santiago Peña, presidente paraguayo, y Alexandra Hill, canciller salvadoreña, quienes enfatizaron la importancia de proteger la vida y la familia en sus respectivos discursos, y cuyas delegaciones revisaron rigurosamente el lenguaje de toda la documentación a la que se suscribió.

En su discurso, Mondino exigió el jueves a la OEA que no promocione "iniciativas ideológicas" que atenten contra "la defensa de la vida, los derechos individuales y la libertad", cumpliendo el mandato del presidente Javier Milei.

La ministra advirtió sobre el riesgo de que la organización se convierta en un ámbito donde converjan ideas que, bajo el pretexto de construir sociedades más inclusivas, "promueven la adopción de modelos que arrasan ideales como defender la vida, los derechos individuales y la libertad".

"La defensa de la vida, la libertad y la propiedad es vital. Nuestra Constitución nacional consagra estos derechos y creemos que la dignidad de cada persona es un fin en sí mismo y no un medio para otro fin", declaró Mondino.

Por su parte, el presidente paraguayo Santiago Peña reafirmó el compromiso de su país con la defensa de la vida y la familia, basándose en su Constitución Nacional. Durante el acto inaugural de la Asamblea, Peña dejó claro que Paraguay no permitirá la injerencia de agendas extranjeras en sus decisiones nacionales.

Peña reconoció el papel de la OEA en la defensa de los derechos humanos, destacando los logros en áreas como la libertad de expresión, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la tortura. Sin embargo, insistió en que el sistema debe respetar la diversidad de valores y visiones sobre los derechos humanos, especialmente en países donde ciertos principios tradicionales son profundamente valorados.

El mandatario paraguayo también hizo hincapié en la protección de la familia al lanzar la Estrategia Integral para la Protección de la Familia, un programa que busca combatir la violencia en los hogares paraguayos.

"Estoy decidido que el Paraguay dé un paso hacia el desarrollo, que Paraguay sea el país más desarrollado del mundo, pero no estoy dispuesto a ceder que en el nombre del desarrollo, en el nombre de la prosperidad económica que nosotros perdamos algo tan importante para nosotros que es la familia", afirmó Peña.

"En este contexto, el Paraguay reafirma con gran vigor y fuerza su compromiso de proteger la vida humana desde la concepción y defender a la familia como célula fundamental de la sociedad. Así como los valores tradicionales que son el cemento de nuestra sociedad", añadió.

Los representantes argentinos, paraguayos y salvadoreños encabezaron un liderazgo regional en un cambio cultural en la defensa de los derechos humanos en la OEA. Especialmente las propuestas de la delegación Argentina obtuvieron consenso e hizo aportes significativos para la ampliación de los derechos humanos en temas de infancia, derechos de la mujer, la protección de la familia, salud mental y grupos vulnerables, sin suscribir a ninguno de los puntos de la Agenda 2030.

La delegación argentina generó nuevos consensos regionales con propuestas para promover la libertad de expresión frente a grupos regresivos e ideológicos que pretendían limitarla. La defensa de la libertad de expresión respetuosa de los derechos humanos prevaleció frente a regímenes totalitarios que querían usar los discursos de odio u otras figuras para discriminar y perseguir la libertad de expresión.

La Argentina volvió a obtener un consenso sin fisuras en la defensa internacional y regional del reclamo histórico de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, incluso a pesar de ciertas amenazas que hubo en las negociaciones si la Argentina no respaldaba la Agenda 2030.

La delegación que encabezó Mondino fue líder en defender los derechos de la infancia a nivel regional proponiendo la introducción de la protección del interés superior de los niños en varias instituciones de la OEA. Es la primera vez que la protección de la infancia se defiende como superior a las perspectivas de género, y se incorpora así en el lenguaje regional.

Argentina se opuso a la paridad de género como medio para lograr la igualdad real de oportunidades. Los cupos no son la solución real. Propuso cambios estructurales para la valoración del mérito de las mujeres y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.

Sin cupos, la negociación de comisiones en la OEA fue llevada por adelante por cinco mujeres, con la Canciller, Diana Mondino y la Embajadora, Sonia Cavallo, a la cabeza, estando allí por mérito.

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Más ñoquis afuera: El Gobierno adelantó que a fin de mes habrá nuevos despidos de empleados militantes

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El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza de ñoquis en el Estado nacional. Así lo confirmó Manuel Adorni, el vocero presidencial. Esto se enmarca en la revisión trimestral que Javier Milei ha implementado desde que asumió el cargo el pasado 10 de diciembre.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó nuevas bajas en los contratos del Estado previstas para fin de este mes. “El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza”, afirmó durante la habitual conferencia de prensa.

Según trascendió, el Gobierno planea otros cinco mil despidos de ñoquis estatales en el marco de la revisión trimestral continua implementada desde la asunción del presidente Javier Milei el 10 de diciembre.

No obstante, Adorni desestimó las cifras manejadas por los gremios, asegurando que “no está el número definitivo” de despidos, pero mencionó que se está revisando un total de 70 mil contratos. “No está el número definitivo. Hay un universo de 70 mil contratos que están en revisión permanente; de esos, 23 mil ya se dieron de baja y el resto sigue bajo revisión continua”, detalló el funcionario.

En la misma línea, amplió: “El 30 de junio será otra barrida y limpieza dentro de ese universo. Los que continúen vigentes lo estarán por un tiempo y se evaluará cada caso de manera absolutamente quirúrgica para evitar errores”.

El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo, sino que aquellos que permanezcan sean quienes tengan una función válida, útil y que agregue valor. Los que no cumplan con estos criterios no deben quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, explicó el vocero presidencial.

A inicios de junio, durante el cierre del Latam Economic Forum, Milei ratificó su intención de avanzar con el “plan motosierra” y anunció que el Gobierno despedirá próximamente a otros 50 mil empleados públicos. “No solo hemos reducido a la mitad la cantidad de ministerios; eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, la obra pública y los contratos." expresó el presidente en ese momento.

A fines de marzo, en otro evento con empresarios, esta vez en el IEFA Latam Forum, el líder libertario destacó que, en los pocos meses de su gestión, ya se había despedido a miles de trabajadores estatales y anticipó que otros 75 mil estaban en revisión.

Específicamente, cada área del Gobierno debe revisar el personal a su cargo y presentar a Francos una lista de aquellos trabajadores a quienes no se les renovará el contrato. Aunque no hay un porcentaje estipulado para la reducción en cada sector, las autoridades nacionales destacaron que están analizando especialmente todos los contratos “que vencen el 30 de junio”.

De este modo, la mayoría de las personas que serán desafectadas provendrán principalmente de los Ministerios, aunque en la Jefatura de Gabinete advirtieron que “todos los empleados del Estado están en revisión permanente”.

Por esta razón, no se descarta que también se puedan producir recortes en algunos organismos descentralizados, como el Conicet, la Enacom, la Superintendencia de Seguros o la Anses, como ya ocurrió meses atrás.

En marzo pasado, cuando Milei anunció el despido de más de 70 empleados públicos, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, convocó a un paro y encabezó una movilización en las puertas de los principales organismos afectados por la medida, pero quedó en ridículo y no logró absolutamente nada.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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