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Argentina

Belliboni declaró durante más de tres horas y negó todas las acusaciones por extorsionar a los beneficiarios de planes sociales

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El "amigo de lo ajeno" estuvo desde pasadas las 9 hasta cerca de las 12 con el juez Casanello y el fiscal Pollicita. Nervioso, presentó tres carpetas con documentación e insistió en que se trata de una causa fabricada por el gobierno de Javier Milei.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, declaró hoy durante cerca de tres horas ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Gerardo Pollicita en una causa que investiga una presunta extorsión desde la organización a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta por el uso de facturas falsas para rendir gastos de fondos públicos destinados a las unidades de gestión.

Como era de esperarse, Belliboni negó todas las acusaciones, explicó la supuesta honestidad del Polo Obrero y presentó tres carpetas con documentación para refutar las imputaciones. Además, reiteró que considera esta causa como una "maniobra fabricada" por el gobierno de Javier Milei. "Justo esta causa comienza con la campaña antipiquetera y de representación que inició el gobierno el 20 de diciembre", afirmó el extorsionador ante la prensa después de la indagatoria.

El líder piquetero llegó a las 9 a los tribunales de Comodoro Py, y el Polo Obrero convocó a una manifestación para el mediodía frente al edificio de Retiro, donde había una fuerte presencia policial, incluido un camión hidrante.

La indagatoria de Belliboni fue la primera de la última audiencia de acusaciones, a la que fueron convocadas 23 personas en total durante tres semanas de audiencias. Posteriormente, el juez Casanello tendrá 10 días para decidir si procesa, sobresee o dicta falta de mérito a los acusados.

Hasta ahora, los imputados que aceptaron declarar explicaron que "no se les negaba la comida a nadie". Los dirigentes más políticos, en un intento de victimización, aseguraron que "los aportes de dinero eran voluntarios y que existe una persecución política por parte del Gobierno contra los movimientos sociales". Todos rechazaron los delitos por los que están imputados.

En esa línea, también declaró Belliboni, acompañado por sus abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferraro. Presentó tres carpetas con documentación que mostraba que el Polo Obrero registró más altas que bajas de beneficiarios de planes sociales, argumentando que esto reflejaba que "la gente prefería estar en la organización y que no había extorsión involucrada". En otra carpeta incluyó fotos y documentos sobre los supuestos gastos que el Polo Obrero realizaba para mantener los comedores, señalando que el costo de instalar cada comedor era de 6 millones de pesos.

Belliboni negó categóricamente que los beneficiarios de planes sociales fueran extorsionados y afirmó que los aportes eran voluntarios. Ejemplificó que durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes recibían planes sociales no tenían que cumplir con ninguna contraprestación, y mencionó que ese fue el periodo en el que el Polo Obrero movilizó a más personas.

Respecto a la acusación sobre el uso de facturas falsas, el dirigente social afirmó que las empresas utilizadas tenían autorización de la AFIP, y cualquier problema debía ser responsabilidad de ese organismo por permitir que estas empresas continuaran operando. Finalmente, se negó a responder preguntas.

Mucha militancia y poca explicación”, fue la conclusión de una fuente judicial que estuvo presente en la audiencia.

En el inicio de la investigación, el fiscal Pollicita no tenía a Belliboni como imputado. Su nombre surgió durante los primeros allanamientos en la causa, donde se encontraron facturas supuestamente falsas con la firma de Belliboni, utilizadas para justificar gastos ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente Capital Humano, que nunca se llevaron a cabo.

El Estado entregaba dinero al Polo Obrero y a la Cooperativa El Resplandor a través de convenios del Plan Potenciar Trabajo como unidades de gestión. Parte de esos fondos, aproximadamente 279 millones de pesos de un total de 360 millones, se utilizaron para herramientas, ropa y cursos. Sin embargo, surgieron nuevas sospechas sobre el manejo fraudulento de estos recursos.

Inicialmente, el juez identificó que se contrató a la firma Costex SA y a la imprenta Rumbos, que se cree pertenecen al propio partido. Costex, en particular, generó más investigaciones al ser declarada por la AFIP como una usina de facturas falsas. Fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega, quienes según los informes carecían de capacidad económica para dirigir dicha empresa. Durante sus declaraciones, afirmaron no estar al tanto de los temas discutidos.

Sin embargo, en las últimas horas, los investigadores descubrieron conversaciones que sugieren que estas dos personas recibían autos para ir al banco a retirar chequeras o abrir cuentas, y que eran compensadas económicamente periódicamente por estos servicios. La pregunta clave sigue siendo quiénes estaban detrás de estas órdenes y quién se beneficiaba de estos movimientos financieros.

En relación con las nuevas revelaciones, se han identificado facturas dirigidas a Urban Graphics SA, Rizo Print SRL, Miniso Trade SRL y Carlos Osvaldo Monfrini, este último prestó servicios de alquiler de handies. Durante estas transacciones, el Polo Obrero emitió cheques que, según las investigaciones, terminaron siendo depositados en cuentas de Rumbos, lo cual refuerza las sospechas de que se estaban inflando gastos para financiar actividades del partido.

Cuando el juez Casanello ordenó las indagatorias, señaló: "Todas las personas que fueron escuchadas como beneficiarias del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local – ‘Potenciar Trabajo’ – indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales que actuaban como unidades de gestión. El rol de estas unidades era garantizar y hacer posible la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad económica y social mediante propuestas productivas. El ingreso económico directo debía complementarse con el beneficio indirecto ofrecido por la unidad de gestión".

Agregó: "Por esta labor, la organización recibía fondos del Estado y asumía responsabilidades en la administración de esos intereses públicos confiados. Los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado sugieren que, en los casos bajo investigación, se desviaron estos intereses públicos".

El juez afirmó: "Considero probado, con el grado de evidencia requerido legalmente en esta etapa, que varias personas agrupadas bajo las asociaciones ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, administraron de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales confiados en los convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del programa ‘Potenciar Trabajo’".


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

Argentina

La Justicia le rechazó un reclamo de $556 millones al Estado por parte de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

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El juez Pablo Cayssials tomó la decisión en respuesta a un reclamo presentado por la organización fundada por la fallecida defensora de terroristas, Hebe de Bonafini, contra la resolución del Ministerio de Capital Humano.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials rechazó una medida cautelar presentada por la Universidad Madres de Plaza de Mayo, que buscaba que el Gobierno transfiriera más de 550 millones de pesos para su financiamiento.

El reclamo surgió después de que el Ministerio de Capital Humano decidiera suspender la apertura de nuevas universidades que serían utilizadas para "currar" con sus millonarios presupuestos.

La universidad había solicitado una “cautelar autosatisfactiva” para que se ordenara el cese automático de la retención de fondos y se procediera a la transferencia de más de 556 millones de pesos. Según la información divulgada, el magistrado determinó que la solicitud de la organización “debe desestimarse porque no se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo, ya que sus afirmaciones no son suficientes”.

Además, el juez confirmó que no se verificó la verosimilitud del derecho en forma patente ni se observó la supuesta arbitrariedad denunciada por la Administración Pública. Indicó que “este proceso aborda un reclamo patrimonial, que debe tramitarse por otra vía, ya que no se percibe un perjuicio irreparable”.

Por otro lado, el Estado Nacional cuestionó la validez de la representación de la UNMPM por parte de la rectora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz. Argumentó que la designación efectuada por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación fue anulada por la resolución Nº 45/24, emitida por el Ministerio de Capital Humano. El Estado alegó que el acta del 5 de marzo pasado, que documenta los comicios de asamblea para la designación, carece de validez al no contar con la aprobación requerida según el artículo 49 de la Ley de Educación Superior y el artículo 23 del Decreto Nº 176/96. Por lo tanto, el Gobierno considera que la Universidad de Madres de Plaza de Mayo no está autorizada para su funcionamiento.

En febrero pasado, el gobierno de Javier Milei decidió suspender la apertura y poner bajo revisión las cinco universidades que el Congreso Nacional había creado por ley durante la administración anterior. Entre las instituciones afectadas se encuentran la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la de Pilar, Río Tercero en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.

En los fundamentos de la resolución, se explicó que la medida se adoptó para “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas” y para asegurar que la oferta educativa cumpla con los estándares de calidad y pertinencia. Por lo tanto, se consideró necesario tomar medidas para revisar el inicio de actividades académicas de las mencionadas Casas de Altos Estudios.

La resolución precisó que la suspensión se mantendrá hasta que se pueda “determinar si se cumplió con el procedimiento administrativo requerido por la Ley de Educación Superior para la creación de nuevas universidades, si se cumplieron las condiciones establecidas y si están debidamente documentadas, así como la pertinencia, oportunidad y previsión del crédito presupuestario correspondiente, basado en un estudio de factibilidad”.

Las universidades fueron aprobadas tras un extenso debate en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, con el respaldo mayoritario del kirchnerismo, los partidos provinciales aliados y el radicalismo.


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Argentina

Gracias a las SAD que impulsa Milei, David Beckham busca comprar Newells como "regalo" para que Messi se retire en Argentina

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A raíz del intento de implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas en Argentina y, en este contexto, el presidente Milei realizó una notable publicación acerca de Newell’s y Messi.

El presidente Javier Milei sigue abogando por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas. El mandatario lidera una batalla cultural para demostrar que esta es la mejor alternativa para los clubes del país, y para ello, a veces utiliza a figuras destacadas como Lionel Messi como ejemplo.

En los últimos días trascendió que David Beckham está considerando adquirir Newells Old Boys para "regalárselo" a Messi y que éste pueda retirarse en Argentina en el club de sus amores que lo vio nacer e incluso llegó a jugar ahí en las inferiores.

Esta información proviene del medio español Relevo, que reporta que el empresario y exfutbolista tiene planes de llegar al club rosarino a través del Grupo Mas Tec, vinculado a Jorge Más, uno de los propietarios del Inter Miami, donde juega Messi. Este grupo es dueño del Inter Miami y también tuvo una participación en el Real Zaragoza en 2022.

Según el medio, en cuanto se facilite la entrada de capital privado a Newell’s, la intención es que los directivos del Inter Miami tomen el control del club para hacerle un obsequio muy especial a Messi: permitirle terminar sus últimos años de carrera en el equipo de su infancia.

La noticia de Relevo fue replicada por un conocido sitio argentino, y el presidente Milei decidió compartir el enlace en su perfil oficial de la red social X. La propuesta sería tomar el control de la institución deportiva de Rosario para que el capitán del seleccionado argentino pueda vestir los colores de Newell’s.

"En esta etapa final de su carrera, los propietarios del Inter Miami están considerando hacerle un regalo extraordinario: asumir el control de Newell’s Old Boys de Rosario para que el delantero tenga la oportunidad de jugar con esa camiseta antes de retirarse", informó el periodista Sebastián Frest.

El comprador del equipo argentino podría ser un grupo vinculado al propietario de Inter Miami, quien tuvo el 51% de las acciones del Real Zaragoza en España en 2022.

Para concretarse esta transacción, primero los socios de Newells deben votar para organizar al club como una SAD, lo que representaría un cambio significativo en la estructura de los clubes de fútbol nacional. Este cambio se enmarca dentro de una decisión del gobierno de Javier Milei que permite que los clubes se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) si así lo desean.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, detalló hace unos días las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y anunció la desregulación para sociedades, un paso más en el objetivo del Gobierno de implementar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.

En una conferencia de prensa, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) explicó que "con esta normativa se simplifican, flexibilizan y desregulan los trámites para la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de asociaciones civiles y fundaciones. Además, se facilita la constitución y funcionamiento de sociedades en el país para fomentar la inversión local".

Y añadió: "Esta nueva normativa representa un fuerte impulso para fortalecer las inversiones. Queremos establecer las bases que contribuirán a la reactivación de la economía y al desarrollo de las acciones de organizaciones de la sociedad civil".


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Argentina

Cae la inflación y disminuye la pobreza: Luego del Massazo, Milei logró reducir la pobreza de un 57,4%, a un 48,5%

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Mientras que en enero se registró una pobreza del 57,4%, producto de la crítica herencia económica del kirchnerismo, Argentina cierra el primer semestre de 2024 con una caída al 48,5% de dicho índice, lo cual representa una disminución de casi 9%.

Antes de la publicación de los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) reveló que la pobreza en Argentina se redujo al 48,5% de la población durante el primer semestre de 2024, afectando a más de 23.175.000 personas en todo el país.

Este índice fue elaborado utilizando datos trimestrales de la Canasta Básica Total (CBT) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y refleja una significativa caída respecto a periodos anteriores.

La metodología de la UTDT se basa en la proyección de la estructura del mercado laboral y se actualiza mensualmente. Para calcular la tasa de pobreza, la universidad proyectó un incremento interanual del 214,8% en el ingreso total familiar (ITF) para el semestre.

Utilizando estos datos y simulaciones de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer y segundo trimestre de 2024, se determinó que la tasa de pobreza promedia fue del 52,6% para el período de enero a marzo y del 48,5% para abril a junio, resultando en un porcentaje semestral del 50,5% de la población total.

Estos resultados representan una notable disminución respecto a las cifras de pobreza reportadas por otras universidades, que indicaban un 57,4% en enero. La reducción de casi 9 puntos porcentuales es una gran mejora, teniendo en cuenta el contexto económico del país.

El informe de la UTDT también destaca que alrededor del 50% de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH, que estima una población urbana de 29,3 millones de personas durante el semestre, sugiere que aproximadamente 14,8 millones de estos individuos residen en hogares clasificados como pobres.

En cuanto al costo de la Canasta Básica Total (CBT), que se utiliza como umbral para medir la pobreza, se observó un incremento del 2,6% en junio, la variación mensual más baja desde noviembre de 2021. Con este aumento, una familia tipo necesitó $873.169 para no ser considerada pobre. Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, subió solo un 1,6%, marcando el aumento más bajo desde junio de 2020.

De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, publicados el viernes, el costo de no caer en la indigencia para una familia compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, fue de $393.319.

La reducción en la tasa de pobreza reportada por la UTDT ofrece una perspectiva más optimista, sugiriendo una tendencia a la baja en comparación con los niveles de pobreza de principios de año. Durante los próximos meses, con la caída de la inflación y el aumento real de los salarios, es prácticamente un hecho que la pobreza continúe en descenso.


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