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Biden se niega a entregar a Argentina información que vincula a la tripulación del avión venezolano-iraní con el terrorismo internacional

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Senadores republicanos denunciaron al Fiscal General que la Casa Blanca no quiere responder al pedido de la justicia argentina un perfil de los tripulantes iraníes del avión de Emtrasur.

La senadora republicana Joni Ernst le envió una carta al fiscal general Merrick Garland pidiendo que le responda al gobierno argentino, que ha pedido información acerca de los tripulantes del avión de la empresa venezolana que llevaba cinco pasajeros iraníes, aparentemente vinculados a las Fuerzas Quds.

Según Ernst, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos posee información clave sobre los cinco iraníes que se mantienen retenidos en Argentina vinculados al caso del avión ilegal de Emtrasur, «pero la administración de Joe Biden ignora sospechosamente las solicitudes hechas por la justicia argentina, incluso en virtud de las obligaciones del tratado entre los dos países«.

En la carta, la senadora dice que «después de que los iraníes con vínculos directos con la organización terrorista Guardia Revolucionaria Iraní  fueran detenidos en Argentina a principios del mes pasado, la administración de Biden se ha negado a proporcionar a los funcionarios argentinos encargados de hacer cumplir la ley información que confirme los vínculos con actividades terroristas«.

La senadora de Iowa exige explicaciones por la demora en responder el pedido argentino y plantea «si el hecho de no confirmar los vínculos terroristas con un importante aliado estadounidense fuera de la OTAN, podría deberse a la continua, desesperada, y la búsqueda profundamente equivocada de un acuerdo nuclear con Irán«.

Ernst afirma que la demora «sugiere una priorización de otras partes de la agenda de esta administración, como las negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear iraní«. Cabe recordar que Biden está desesperadamente intentando que el régimen iraní acepte volver a firmar un acuerdo nuclear, como el que había firmado Obama en 2015.

“Si resulta que el Departamento de Justicia del presidente Biden está retrasando e ignorando deliberadamente las solicitudes del poder judicial argentino para llevar a cabo su investigación, incluso frente a las obligaciones del tratado, todo para priorizar la búsqueda desesperada y equivocada de la administración de un nuevo acuerdo nuclear con Irán, sería una vergüenza y completamente inaceptable«, acotó.

Ernst advirtió que se necesitan garantías de inmediato de que se proporcionará información vital a las autoridades argentinas que investigan el caso de la tripulación iraní arrestada, «junto con una explicación completa del retraso».

El caso del avión venezolano-iraní

El 6 de junio del 2022, aterrizó en Argentina un avión de Emtrasur Cargo (propiedad de Venezuela) con una tripulación que incluía cinco iraníes, con al menos un miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Tras la inspección, la policía federal argentina descubrió que la carga del avión contenía tecnologías de inteligencia y hardware militar relacionado, lo que proporcionaba una sospecha creíble de actividades malignas relacionadas con operaciones cibernéticas y de inteligencia.

Además, el piloto de esta aeronave, Gholamreza Ghasmei, es el director ejecutivo de Qeshm Fars Air, aerolínea iraní sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El IRGC, una organización paramilitar iraní designada como terrorista, suele usar aviones de la línea Fars Air para contrabandear armas, lo que genera dudas sobre la posible participación de Ghasmei en la entrega de materiales letales que apoyan los esfuerzos de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods en la región latinoamericana. Como resultado de las investigaciones, el gobierno de Argentina detuvo el avión por orden judicial y actualmente retiene los pasaportes de los pasajeros y la tripulación.

El poder judicial argentino, a través de un proceso estándar que se denomina programa del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT), solicitó información al Departamento de Justicia sobre la posible participación del avión y su tripulación en apoyo del terrorismo internacional desde hace dos meses sin que el gobierno de Joe Biden haya cumplido con lo acordado por el acuerdo.

Acompañando a la senadora Ernst, la carta al Fiscal General está firmada por los senadores Chuck Grassley (R-lowa), Lindsey Graham (R-S.C.), Pat Toomey (R-Pa.), Marco Rubio (R-Fla.), Ted Cruz ( R-Texas), Bill Cassidy, M.D. (R-La.), James Lankford (R-Okla.), Tom Cotton (R-Ark.), Kevin Cramer (R-N.D.), Rick Scott (R-Fla. ), y Bill Hagerty (R-Tenn.).

Argentina

Tras realizar el pago presupuestario y a pesar de la marcha, el Gobierno de Milei considera que la discusión por las universidades “está saldada”

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En la conferencia de presa, Manuel Adorni, portavoz del presidente, afirmó que no hay ninguna intención de cerrar las universidades. Además, calificó como “tren fantasma” a los dirigentes que anunciaron su participación en la movilización.

Manuel Adorni, portavoz presidencial, afirmó este martes en su conferencia de prensa diaria que la disputa en torno al presupuesto asignado a las universidades «está saldada y transferida«, y que para el gobierno de Javier Milei es un tema terminado.

«La cuestión presupuestaria de las universidades y de los hospitales universitarios no solo está solventada, sino también transferida«, expresó durante una rueda de prensa. Además, agregó: «La presencia de diversas organizaciones políticas ha convertido esto en una marcha con tintes políticos«.

En esta misma línea, el funcionario mencionó la posible participación en la protesta de figuras como Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Martín Lousteau y Juan Grabois, entre otros. «Es casi como un tren fantasma», afirmó Adorni, pero diferenció este acompañamiento del reclamo que puedan tener los estudiantes y señaló que el gobierno nacional es “super respetuosos de la expresión que tengan los jóvenes”.

«Pocos espacios respetan a los estudiantes tanto como nosotros. Es legítimo cualquier reclamo que planteen en busca de una mejor educación», enfatizó.

La semana pasada, el Ministerio de Capital Humano anunció que había llegado a un acuerdo con las autoridades universitarias para actualizar el presupuesto en dos etapas: una ya entregada en marzo del 70% y otra prevista para mayo, también del 70%. Sin embargo, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, señaló que la propuesta del Gobierno «no resuelve nada«.

«Una vez resuelta la cuestión presupuestaria, consideramos que no había motivo para continuar fomentando una marcha de este tipo por parte de aquellos que definen políticas universitarias. Creemos que su objetivo principal no es garantizar la calidad educativa y asegurarse de que los estudiantes salgan de la universidad siendo mejores académicamente de lo que eran al ingresar«, argumentó Adorni.

Según el vocero presidencial, la movilización no es motivo de preocupación para el Gobierno. «Estamos atentos y receptivos a todos los reclamos, y estamos al tanto de lo que sucede en todos los ámbitos. Sin embargo, cuando el reclamo tiene una causa específica y esa causa se resuelve, entendemos que algunos dirigentes, al perder el motivo original de la marcha, deberían desalentar su continuación, ya que carecería de sentido. Por supuesto, seguimos vigilantes de los acontecimientos y de cualquier reclamo legítimo que pueda surgir«, señaló.

En otro momento de la conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario reiteró la importancia de realizar auditorías en el gasto del presupuesto universitario. «Es lo que los argentinos merecen, tanto en este ámbito como en otros«, afirmó. También destacó la necesidad de discutir el acceso a la universidad gratuita para estudiantes extranjeros.

El costo de que un extranjero venga a estudiar a una universidad pública a la Argentina lo pagamos nosotros. Vos, yo y el alumno que está al lado del alumno extranjero. Son temas que hay que atender, debatir, y no nos parece que sea una discusión que no deba darse”, expresó.

Durante la marcha del día de hoy, se defendió todo tipo de cosas menos la educación. Hubo presencia de la CGT, la izquierda, de dirigentes kirchneristas, y del aparato radical de las universidades, entre otros.

Resulta extraño que los «estudiantes universitarios» hayan recibido alegremente a Sergio Massa, responsable del ajuste de más de 50 mil millones de pesos del presupuesto educativo en sus años de gestión, y quien logró casi un 300% de inflación en 2023, destruyendo por completo el valor real del dinero destinado a la educación. ¿Y que hicieron los «estudiantes universitarios» durante esos años? Nada.

Cosas como esas demuestran que poco les importó y les importa la educación a esos «estudiantes universitarios», y lo único que terminaron haciendo fue servir a los intereses de los políticos opositores al Gobierno de Milei.

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Argentina

El kirchnerismo copó la marcha universitaria del radicalismo y Massa, Kicillof y la CGT se llevaron el foco del día

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La UCR perdió protagonismo en una marcha en la que el foco estuvo puesto en los dirigentes kirchneristas que tienen reclamos contra Milei por fuera de las universidades.

En medio de las negociaciones por la suba del presupuesto universitario, que el anterior gobierno kirchnerista dejó congelado desde 2022, las universidades públicas, fogoneadas por sus líderes radicales, emprendieron este martes una masiva marcha a Plaza de Mayo.

Sin embargo, lejos de ser una movilización de mayoría estudiantil, y ante la confirmación del gobierno de Javier Milei que se aprobaron y se realizaron todos los pagos para los gastos de funcionamiento, la marcha terminó siendo copada por el kirchnerismo.

El exministro Sergio Massa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a todo su Gabinete; las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y hasta la CGT se adueñaron completamente de la marcha, dejando en ridículo a los radicales.

El primero en aparecer fue Massa, quien a pesar de su defensa de la universidad pública, se recibió de grande de la Universidad de Belgrano (UB), y lo que es peor, durante su gestión fue el responsable de congelar el presupuesto y dejarlo sin aumentos por 18 meses.

El gobierno de Milei se dispuso a terminar con el ciclo de congelamiento de presupuestos, y es por eso que, este viernes el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Gallego (h.), anunció la aprobación de un pago de 22 mil millones de pesos para las universidades públicas y para los hospitales universitarios como el Clínicas.

A su vez, el lunes, el día antes de la marcha, el Ministerio de Capital Humano publicó todos los resúmenes de pagos y las facturas para confirmar que se había hecho el desembolso de 11 mil millones para las universidades y otros 11 mil millones para los hospitales estudiantiles.

También estuvo en la marcha Axel Kicillof junto a Verónica Magario, la vicegobernadora. Por último, Cristina Kirchner se asomó por el balcón del Instituto Patria y saludó a los manifestantes, que para esa hora era ciento por ciento militantes kirchneristas

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¿En qué gastan las universidades? Miles de millones se destinan a cursos, materias y carreras de género

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En medio de la polémica por el presupuesto de las universidades, estudiantes revelan un entramado multimillonario de gastos en cuestiones de género en todas las facultades públicas del país.

Este 23 de abril, las universidades nacionales convocaron a una masiva marcha para que el Gobierno Nacional les actualice el presupuesto educativo, a pesar de que el Ministerio de Capital Humano confirmó este mismo viernes que ya fue aprobado, con aumentos del 170% para los gastos operativos (como la luz o salarios docentes) y una suba del 70% adicional para hospitales universitarios.

Sin embargo, la idea de la Marcha Federal Universitaria ya se convirtió en una bandera de resistencia contra el gobierno de Javier Milei de la UCR, del kirchnerismo y del Frente de Izquierda, por lo que la convocatoria se mantiene, aunque carezca de sentido.

En este contexto, los estudiantes indignados con la utilización política de ciertos sectores, han estado investigando en qué gastan las universidades y por qué dicen no tener plata para pagar la factura de luz o por qué no actualizan los salarios docentes hace 2 años.

En un primer análisis, se enfocaron en analizar todos los gastos en cuestiones de género, un porcentaje del presupuesto que se podría recortar íntegramente sin perder calidad educativa. Por el contrario, aumentaría de calidad.

El mayor nivel de gastos está en las carreras de género que lanzó cada universidad nacional. Se destacan por lo absurdo un doctorado y una maestría en Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y una especialización en Intervenciones Transdiciplinarias en Violencia de Género de la Facultad de Psicología de la UBA.

En la Universidad de La Plata, por ejemplo, se destinan millones del presupuesto para una especialización en Educación en Géneros y Sexualidades de la Facultad de Humanidades, o en una especialización en Perspectiva Feminista y de Derechos Humanos, en la Facultad de Trabajo Social.

Otras universidades que destinan recursos públicos en doctorados, maestrías o especializaciones de género son la Universidad Nacional de Córdoba, la de Cuyo, la de Lomás de Zamora, la de Rosario, la de Lanús, la de Salta, la de San Luis, la de San Martín, la de Tres de Febrero, la de Tucumán, la del Comahue, la de José C. Paz, la de Luján e incluso la Universidad de Defensa Nacional.

Pero esto no termina acá. La locura continúa. En un análisis más riguroso, se encontró que las universidades gastan millones en organismos internos enfocados en implementas políticas de género. Plata hay, pero está mal administrada.

La UBA, que apagó las luces de sus facultades porque dicen que no pueden pagar sueldos, gastan millones en una Comisión de Género para la Facultad de Agronomía, una Unidad de Género para Diseño y Urbanismo, un Espacio de Atención para Discriminación de Género en Económicas, un Programa de Igualdad de Género en Exactas, una Secretaría de Género en la Facultad de Ciencias Sociales, un Programa de Violencia de Género en Veterinaria y un Programa de Género y Derecho en la Facultad de Derecho.

Hay más, en la Facultad de Medicina, que cortó la luz hace una semana porque dice que no tiene plata para pagar la factura de electricidad, gasta millones en un Departamento de Género y Abordaje Inclusivo. Esto incluye salarios de los empleados asignados al departamento, además de docentes y personal educativo.

Pero esto no se limita a la UBA, la UNC tiene hasta una Prosecretaría de Género en la Facultad de Psicología, y una «Escuela Itinerante de Género» en la Facultad de Ciencias Médicas. Lo mismo la Universidad del Litoral, con un Programa de Género en la Facultad de Ciencias Jurídicas.

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