El próximo Gobierno prepara una masiva oleada de licitaciones para la obra pública en curso, de manera que el sector privado pueda adjudicarse la administración de rutas y caminos con peaje para hacer rentable su construcción. A partir del 10 de diciembre el ajuste fiscal al sector público.

El presidente Javier Milei anunció los principales lineamientos de ajuste fiscal que serán lanzados a partir del 10 de diciembre: la racionalización y privatización de la obra pública, la privatización de las empresas del Estado y el recorte de las transferencias discrecionales para las provincias.

Se apunta al déficit financiero cero en el primer año de gestión, es decir, la generación de un superávit primario lo suficientemente robusto como para compensar todos los cargos por servicios de deuda pública.

Bajo este esquema, el Gobernador Maximiliano Pullaro ratificó su apoyo para la privatización de las obras públicas que actualmente se encuentran en marcha, muchas de las cuales se localizan en la Provincia de Santa Fe.

“Todo lo que sea beneficioso para Santa Fe, y que nos saque de esta situación de terrible desidia que nos ha dejado el kirchnerismo en los últimos años, me van a encontrar primero en la lista defendiéndolo”, explicó el Gobernador radical.

El apoyo de Juntos por el Cambio resulta fundamental para poder poner en marcha el programa de privatizaciones del nuevo Gobierno. Esto permitiría no solamente eliminar el flujo de recursos destinados a mantener las funciones de las empresas estatales, sino además recuperar importantes acreencias (por única vez) como resultado de las ventas. 

Cabe señalar que durante la década de 1990 los ingresos por privatizaciones llegaron a representar entre un 0,4% y hasta un 1% del PBI en recursos adicionales para el fisco cada año. Estos recursos pueden ser útiles para cancelar deudas, robustecer las reservas del Banco Central o financiar obras públicas donde el sector privado no tenga interés para invertir, entre muchas otras posibles aplicaciones.

La nueva administración propone un amplio llamado a licitaciones para que el sector privado pueda comenzar a hacerse cargo de las obras en curso, sin nuevos costos para el Estado hacia adelante. A cambio, el Estado ofrece un marco regulatorio flexible para que las empresas puedan recuperar su inversión mediante el cobro de peajes en rutas y caminos.

“Si el Gobierno nacional viene con un plan, y ese plan es aprobado por el Congreso y a Santa Fe le viene bien, lo vamos a aprobar. Ese es el programa que plantea el Gobierno nacional. Ellos ven rentabilidad en rutas y autopistas nacionales y entienden que con fondos privados se podrían llevar adelante esas importantes obras”, anunció Pullaro.

Se trata de la primera fase de aplicación del sistema de iniciativa privada que opera exitosamente en Chile desde hace décadas. Asimismo, la obras pública planificada pero no ejecutada que no resulte una prioridad será recortada, y todos los proyectos en donde el sector privado pueda tener interés inversor serán transferidos al mismo como ocurre en Chile.

El presidente electo abandonará la fallida estrategia del kirchnerismo y del macrismo que intentó por dos décadas bajar los precios desde la Secretaría de Comercio. El único que puede bajar los precios es el Banco Central.

En una entrevista para el medio de Majul, El Observador, esta mañana, el presidente electo Javier Milei calificó a la regulación de precios como “una aberración”, y recordó que los controles y congelamientos de precios fallaron en todas y cada una de las veces que se los aplicó en los últimos 4.000 años.

En este sentido, el próximo presidente argentino confirmó que en su gobierno no habrá Secretaría de Comercio Interior, una dependencia del Estado que se creó con el fin de controlar los precios interno y el comercio entre las provincias.

Y agregó que piensa liberar “todos los precios que pueda”, aunque admitió que hay algunos productos de Precios Justos que tardarán algunos meses en eliminar “por las características de las bombas que dejó plantadas el Gobierno actual“.

Cabe recordar que el actual secretario de Comercio es Matías Tombolini, un economista cercano a Sergio Massa, que se la pasó toda su carrera criticando los controles de precios pero que no dudó en implementarlos al instante que obtuvo el cargo.

Previamente, la Secretaría estuvo en manos de Roberto Feletti y Paula Español, quienes habían relanzado en múltiples ocasiones el programa de Precios Cuidados, también sin ningún tipo de éxito.

Durante el “primer kirchnerismo”, la Secretaría había tomado especial relevancia de la mano de Guillermo Moreno, quien además tomó control del INDEC e incluso de una parte del Ministerio de Economía y se encargó unilateralmente de bajar la inflación, amenazando y hasta yéndose a las piñas con los empresarios si era necesario.

Moreno se fue en 2013 y su lugar fue tomado por Augusto Costa, alfil de Axel Kicillof, quien también fracasó en el cargo. La Secretaría también existió durante el gobierno de Macri, y estuvo en manos del Miguel Braun, primo de Marcos Peña. De más está decir que también fracasó estrepitosamente en evitar que suban los precios de la canasta básica.

A pesar de la buena voluntad, o la violencia de cada uno, ningún secretario de Comercio Interior prosperó en la tarea de bajar los precios porque básicamente no es algo que se pueda lograr técnicamente desde ese cargo.

La única entidad del Estado que puede bajar los precios, o evitar que suban, es el Banco Central de la República Argentina. Los precios no suben porque los comerciantes son codiciosos o malvados, lo que pasa es que la unidad monetaria argentina pierde valor debido a la mega emisión del BCRA, y cada vez se necesitan más pesos para comprar los mismos productos.

Ni el kirchnerismo ni Mauricio Macri fueron capaces de entender este concepto tan básico de la economía, que se conoce y se estudia desde por lo menos el siglo XVII. Todo indica que Javier Milei será el primer presidente argentino en décadas en intentar bajar los precios sin una Secretaría de Comercio.

La tasa de interés que fija el Banco Central para los pasivos remunerados no dejó de crecer durante la administración Massa. La cantidad de pesos en circulación creció un 263% y los precios se más que duplicaron. El sistema cambiario se encuentra al borde del colapso y proliferan las situaciones de desabastecimiento.

Los 16 meses de la administración de Sergio Massa al frente de la cartera de Economía dejaron un saldo dramático para el país. Las principales variables macroeconómicas se desequilibraron, y especialmente el sobrante de pesos en la economía.

El stock de pasivos remunerados del Banco Central, conformado por las Leliq, la posición neta de Pases, las Notaliq y Legar, entre otros instrumentos, llegó a superar los 30,6 billones de pesos en los últimos días de noviembre y acumuló un crecimiento del 548% desde que Massa asumió la dirección económica del Gobierno.

Asimismo, la cantidad de pesos en circulación creció casi un 264% desde agosto del año pasado, y contabilizando las reservas de los bancos encajadas en el BCRA por regulación de este último, la base monetaria llegó a expandirse un 210% en el mismo período. Al mismo tiempo los precios minoristas subieron más de un 250%, se más que duplicaron en un año y medio.

Como resultado de todo esto, los pasivos remunerados llegaron a representar más del 334% de la base monetaria en noviembre, nunca antes se había visto una relación semejante. Incluso se superaron los niveles observados en el año 1989 en la previa de la peor hiperinflación de la historia argentina.

La demanda de pesos no deja de caer, sin importar cómo se la mida. Todos los agregados monetarios pierden cada vez más participación con respecto al PBI (lo cual sugiere desmonetización y caída de la demanda de dinero), al mismo tiempo en que la cotización del dólar paralelo batió todos los récords.

La tasa de política monetaria aplicada sobre las Leliq escaló del 60% al 133% nominal anual (y más de 250% en términos efectivos) desde agosto de 2022, pero ni así se logró incentivar la tenencia de pesos. Por otra parte, la tasa aplicada para los Pases pasivos a 1 día (la opción a la cual están migrando los bancos) saltó del 55% al 126% nominal anual a lo largo de la gestión de Massa.

Las reservas brutas del Banco Central disminuyeron en 16.300 millones de dólares entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, pero el estado de las reservas netas es aún peor: ya se registra un rojo de por lo menos US$ 10.000 millones descontando los recursos del swap con China, el Fondo de Resiliencia y SEDESA, y los dólares que respaldan los depósitos en moneda extranjera.

Los sucesivos programas de fomento exportador fracasaron irremediablemente, el cepo cambiario impidió cualquier acumulación de divisas. La gestión de Sergio Massa deja al BCRA en un estado crítico y completamente quebrado, el peor nivel de reservas netas que se haya visto en la democracia.