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Censura en Argentina: NODIO calla a los que denuncian a los terroristas mapuches de Villa Mascardi

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La directora de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, de pasado montonero y comunista, ordenó que se deje de hablar de los actos delictivos de los mapuches en Villa Mascardi

El canal Limay TV, de Bariloche, recibió una nota intimidatoria por parte de Miriam Lewin, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a raíz de su cobertura de las violentas usurpaciones que lleva adelante una banda de delincuentes encapuchados que se autoperciben mapuches en Villa Mascardi.

En la nota se hace alusión a un seguimiento de las emisiones televisivas por parte de una “Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo” del organismo, el cual “realizó un análisis socio-semiótico”.

Esta dirección es parte del organismo represivo y censurador llamado NODIO, un "observatorio" que "aporta una mirada desde el estudio cualitativo y cuantitativo de la violencia simbólica y las noticias maliciosas ya emitidas", según dicen en su carta constitutiva.

De acuerdo con el “trabajo” de esta dependencia con nombre de repartición de Inteligencia, se cuestiona que el canal “privilegia la postura y la voz de los vecinos que se consideran perjudicados” por las usurpaciones, amenazas y daños a la propiedad.

Esta situación fue hecha pública por el legislador rionegrino de Juntos por el Cambio, Juan Martin, quien calificó a la Defensoría como “una especie de policía de la libertad de expresión”.

Al parecer, a este organismo del gobierno no le gustó como la señal de televisión abordaba el tema de los delincuentes encapuchados que azotan Villa Mascardi”, explicó.

El legislador señaló también que “el intento de disciplinar a quienes no piensan como el Gobierno no sólo alcanza a los medios de comunicación”, revelando que “cuando hice pública esta situación a través de Twitter me denunciaron la publicación y me bloquearon la cuenta”.

Tweet que el gobierno obligó a eliminar de un legislador en funciones

Juan Martin anticipó que piensa llevar este tema a la Legislatura Provincial rionegrina, “porque este episodio debe generar un repudio institucional” y manifestó su solidaridad con la directora y el personal de Limay TV.

“Estamos comprometidos con la libertad de expresión y vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias”, expresó. "Hace unas horas denuncié que @miriamlewindefe perseguía a periodistas. Misteriosamente me denunciaron el tweet y me obligaron a borrarlo".

Quién es Miriam Lewin

Lewin es actualmente la defensora del público de la nación, un cargo estatal cuya única función bajo el gobierno kirchnerista es censurar y limitar la libertad de expresión.

La única razón por la que está en el gobierno ahora es como retribución a su pasado terrorista. En los 70s pertenecía a la agrupación criminal Montoneros y fue acusada de haber sido partícipe en múltiples atentados.

En el año 1977 junto a su pareja, Eduardo Giorello, y Patricia Palazuelos organizaron un atentado con explosivos contra “Condor”, un edificio de la Fuerza Aérea Argentina. Con el mismo pelotón, habrían cometido similares acciones en la quinta de un directivo de Jabón Federal (expediente 188 – jim Nro. 1 – 845.766 de la Fuerza Aérea Argentina). A raíz de estos hechos, el 17 de mayo de 1977 Lewin fue detenida.

Por 2 años, hasta 1979, estuvo detenida en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos y en la ESMA. Ese año, como por arte de magia, quedó en libertad. Se especula que llegó a un acuerdo con los militares, y vendió a sus compañeros a cambio de su libertad. Según las pruebas que presentó el contraalmirante Horacio Zaratiegui, Lewin colaboró con las Fuerzas Armadas como "analista" entre 1979 y 1983.

Esta mujer está dispuesta a todo para silenciar el disenso. Hace 40 años lo hizo a través de la violencia política y poniendo bombas, hoy lo hace desde las instituciones y utilizando todo el aparato del Estado.

Miriam Lewin

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Renunció Nicolás Posse: Guillermo Francos asume un super-ministerio que une la Jefatura de Gabinete con Interior

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Javier Milei le pidió la renuncia a Posse y Guillermo Francos será el nuevo Jefe de Gabinete, pero manteniedo todos los cargos del Ministerio del Interior.

El presidente Javier Milei decidió esta noche aceptarle la renuncia a Nicolás Posse a su cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, según informó la propia Oficina del Presidente. La decisión se da luego de semanas de roces entre el ex funcionario y el primer mandatario.

En su lugar, Guillermo Francos asumirá un nuevo puesto que une tanto a la Jefatura de Gabinete con el Ministerio del Interior, en una suerte de Primer Ministro que tendrá a su cargo tanto la coordinación de los ministros como el vínculo del Gabinete con las Provincias y el Poder Legislativo.

La Oficina del Presidente informó la dimisión y confirmó su reemplazo por el titular de la cartera política, quien tuvo una importante tarea en las negociaciones con la oposición y en ser uno de los voceros y defensores más activos del oficialismo, desde la campaña y también desde el inicio de la gestión, el 10 de diciembre.

“El Dr. Guillermo Francos asumirá cargo de Jefe de Gabinete de Ministros con el objeto de brindar mayor volumen político a la Jefatura de Gabinete. En ese marco, la Jefatura absorberá las competencias del Ministerio del Interior, en una Secretaría de Interior, a cargo del Dr. Lisandro Catalán”, informó la Oficina.

Además, resaltó que el nuevo jefe de Gabinete “aportará su profesionalismo, experiencia y capacidad política” al cargo de ministro coordinador, “luego de ejercer exitosamente el cargo de Ministro del Interior, habiendo sido uno de los artífices de la gesta que llevó a Javier Milei a la Presidencia, y siendo reconocido por todas las fuerzas políticas por su capacidad de gestión y consenso”, indicó.

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Belliboni a indagatoria: El Gobierno de Milei terminó con los curros del Polo Obrero y tendrá que responder ante la Justicia

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Se sospecha que el Polo Obrero utilizó "facturación apócrifa" y simuló "gastos no concretados" para "disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos".

El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en la causa donde se investiga el dinero que se quedaban los líderes piqueteros que funcionaban como intermediarios de las transferencias que se enviaban desde el Gobierno Nacional a los comedores sociales.

El magistrado llamó a Belliboni para el próximo 25 de junio para que declare en el marco de la causa que investiga los manejos irregulares en comedores escolares, denuncia que fue impulsada por el propio gobierno de Javier Milei tras una auditoría sobre los recursos destinados a estos centros de asistencia.

Belliboni, líder máximo del Polo Obrero y de la Unidad Piquetera, ha estado en conflicto con el Gobierno libertario por el manejo de los planes sociales y últimamente ha tenido varios encontronazos con el Ministerio de Seguridad por las violentas protestas que organiza.

Como en otras áreas del Estado, el Gobierno realizó una auditoría sobre el manejo de los fondos. En mayo presentó una denuncia penal contra lo que llamó los "1200 comedores fantasma", establecimientos que recibían recursos para operar como comedores pero o no existían o no funcionaban como tales. 

Según la denuncia, todos estos comedores habían sido anotados por las organizaciones piqueteras de Belliboni, Emilio Pérsico o Juan Grabois, quienes recibían la plata todos los meses y se la quedaban para usufructo propio.

Según Capital Humano, la investigación que hizo el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil) determinó que entre el 7 de febrero y el 26 de abril se relevó un total de 2646 espacios, de los cuales 1247 no pudieron ser validados como comedores o merenderos.

En lo que respecta a la causa en la que se llamó a indagatoria a Belliboni, el expediente se abrió por denuncias de beneficiarios del Potenciar Trabajo que aseguraban ser obligados a ir a las marchas para conservar sus planes, de la misma manera que les habrían cobrado un porcentaje de sus ingresos para solventar los gastos de la organización.

A partir de esa denuncia, se realizaron allanamientos a domicilios particulares y se sumaron testimonios de personas a la línea 134, creada por la actual administración para denunciar extorsiones de dirigentes sociales o sindicales. Las mismas habrían aportado chats extorsivos de parte de personas en situación de vulnerabilidad.

En concreto, se sospecha de que el Polo Obrero utilizó "facturación apócrifa" y simuló "gastos no concretados" para "disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos". En la hipótesis del juez, "lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria".

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El Gobierno kirchnerista gastó más de $21.000 millones para una compra irregular de yerba mate en concepto de "alimentos"

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La millonaria compra de "alimentos" por parte del kirchnerismo representa 3.100.000 kilos de yerba mate, más del 68% del gasto total realizado para abastecer el "stock de emergencia alimentaria".

Este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la comida que la Justicia ordenó entregar, luego de un pedido de las organizaciones piqueteras que quieren volver a ser intermediarios de las transferencias a comedores, se trata de un stock de emergencia que no se puede tocar dado que está destinado a servir de contención en caso de una catástrofe natural, como inundaciones.

Pero además, ese stock de emergencia, de aproximadamente 5 mil toneladas de comida, fue dejado con una composición que no sirve para su fin, ya que más de 3 mil toneladas son solamente yerba mate, compradas durante el gobierno kirchnerista, en un proceso irregular.

En marzo de 2024, se reveló que el ex Ministerio de Desarrollo Social, bajo la administración de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, destinó una suma significativa de su presupuesto a la compra irregular de yerba mate.

Bajo el control de la exministra Tolosa Paz, el gobierno kirchnerista gastó $21.000 millones de pesos en yerba mate, una cifra que supera con creces los $9.500 millones de pesos gastados en leche en polvo, un alimento con un claro valor nutricional.

Este gasto en yerba mate representa el 68,85% del total de $30.500 millones de pesos destinados a estos productos básicos para conformar el stock de emergencia. Esa cifra es aún mas grave, especialmente considerando que la yerba mate carece de un valor nutricional significativo comparado con otros alimentos esenciales.

Según los cálculos, de los 5.000.000 de kilos de alimentos contabilizados, 3.100.000 kilos correspondían a yerba mate, lo que equivale al 62% del total.

La compra de grandes cantidades de yerba mate no es un fenómeno aislado. A lo largo de los años, el ex Ministerio de Desarrollo Social ha realizado adquisiciones similarmente irregulares. Por ejemplo, en 2020 la compra fue de 1.000.000 de kilos de yerba mate, y en 2021, se adquirieron 2.400.000 kilogramos de yerba mate por $763 millones pesos, sumado a otra compra de 1.200.000 paquetes de 1 kg de yerba mate por un total de $287 millones pesos.

Otro aspecto que genera cuestionamientos es la característica elección irregular de los proveedores por parte de los gobiernos kirchneristas. En abril de 2022, el ex Ministerio licitó la compra de yerba mate por casi $650 millones de pesos, y la mitad de esta licitación fue adjudicada al Grupo Área, una empresa que no produce yerba mate, sino que se especializa en la distribución de alimentos para licitaciones públicas.

Esta adjudicación genera sospechas sobre la transparencia y la idoneidad de los procesos de compra del ex Ministerio. Es por eso que, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, remarcaron que "de las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría".

Frente a esto, los sectores opositores comenzaron a acusar falsamente al Gobierno Nacional de "no querer entregar el alimento almacenado", lo cual se sumó a una resolución de la Justicia que "obliga al Gobierno a entregar los alimentos", por lo que el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló al respecto:

"Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir es que no utilicemos los instrumentos legales a nuestro alcance en cuestiones con las que no estemos de acuerdo como es este caso. Vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, donde no se puede entrometer la Justicia", planteó este lunes en conferencia de prensa el vocero presidencial.

"Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes, pasa en el resto de los países del mundo. No hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. Esto corre por dos caminos distintos: por uno van los alimentos que terminan en los comedores y sirven para asistir a los más vulnerables y por otro los alimentos con destino para otro fin", detalló.

"Vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es un trabajo serio y que no hacemos populismo, por un lado tenemos la política de asistencia y por otro la mercadería para futuras catástrofes que esperamos que no ocurran jamás. Ningún alimento bajo nuestra custodia está en riesgo de vencerse", insistió el portavoz.

"El pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes. No se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas", sostuvo el vocero.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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