Seguinos en redes

Argentina

Contundente mensaje de Milei: "A 9 años de su homicidio, la Oficina del Presidente conmemora el legado de Nisman"

Publicado

en

En el marco de un nuevo aniversario del asesinato del fiscal Alberto Nisman, en la noche previa a que declare contra la entonces presidente Cristina Kirchner, el nuevo Gobierno dio un contundente respaldo a la investigación.

El domingo 18 de enero de 2015, por la noche, fue encontrado muerto de un tiro en la cabeza el fiscal Alberto Nisman, en su departamento de las Torres Le Parc de Puerto Madero. Esto sucedía apenas unas horas antes de presentar su denuncia en el Congreso contra la entonces presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto encubrimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El fiscal había denunciado a la ex mandataria, a su canciller Héctor Timerman, ya fallecido, y a otros dirigentes kirchneristas por encubrir a iraníes acusados por el ataque terrorista a la AMIA. Actualmente su causa ha quedado cajoneada, mientras se resuelve la causa donde se investiga, oficialmente, el homicidio del propio Nisman.

Allí, se encuentran procesados su asistente más cercano, el perito informático Diego Lagormarsino, quién le prestó el arma Bersa calibre 22 con la que se halló que fue el disparo, y los cuatro guardaespaldas del fiscal.

En esta línea y marcando una fuerte diferencia con la comunicación del anterior gobierno, desde la Oficina del Presidente, Javier Milei no tuvo miedo de usar la palabra "homicidio", término que empleó la propia Cámara Criminal y Correccional Federal en el último fallo de la causa.

La causa pasó por las manos de diferentes jueces, tuvo varios informes, uno del Cuerpo Médico Forense, que respaldó la insólita teoría del suicido por decir que no podía constatar a terceras personas en el baño, mientras que luego un peritaje de Gendarmería Nacional, en ese momento dependiente de la actual y también aquel entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que sostuvo que fue un homicidio.

Desde ese entonces, para el juez Julián Ercolini y el fiscal Edudardo Taiano, solamente hay identificado un solo responsable: Lagomarsino, el ex empleado de la UFI AMIA, asistente más cercano y perito informático del fiscal asesinado, aunque también están procesados sus cuatro guardaespaldas.

Lo jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia apuntaron que la muerte de Nisman se trató de un asesinato: "Se encuentra prima facie acreditado que Natalio Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA Asociación Mutual Israelita Argentina que dejó 85 muertos y más de 300 heridos".

CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL SALA II – CCC 3559/2015/47/CA11

¿Cómo se acerca Alberto Nisman a la causa AMIA?

Alberto Nisman contaba con una larga carrera en el sistema judicial argentino, en el que había comenzado como fiscal en los Tribunales de Morón. En el año 1997, lo convocaron a sumarse a la causa AMIA, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba​ que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en la calle Pasteur 633 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el lunes 18 de julio de 1994. Dos años antes, en 1992, un furgón cargado con explosivos se estrelló contra el frente del edificio de la Embajada de Israel y causó 22 muertos y 242 heridos.

Estos dos atentados colocan a la Argentina como uno de los dos países americanos, junto con Estados Unidos, en ser víctima de la violencia del terrorismo fundamentalista islámico. Esto llevó a un gran interés político por resolver la causa, pero fue también culpa de la política que un fallo se retrasara y la investigación llegara a un punto muerto.

Estado de la causa AMIA

Las víctimas del atentado terrorista de la AMIA siguen esperando justicia hace ya 30 años. Se trata de la causa más compleja de la historia judicial del país, y una que sufrió la mayor injerencia de la política, seguramente del mundo.

La Justicia argentina considera que el ataque fue ideado y preparado por quienes por entonces ejercían el gobierno en la República Islámica de Irán, y ejecutado por la organización terrorista libanesa Hezbolá, que es el brazo armado terrorista de la teocracia iranía.

Según la Unidad Fiscal de Investigación para las causas vinculadas con el atentado contra la AMIA (UFI AMIA), se ejecutó un pedido de captura internacional para un grupo de sujetos que se consideran sospechosos del ataque o de su planificación. Sin embargo, no hay una sola condena y no se sabe ni uno solo de los nombres de los autores materiales del ataque.

El juez interviniente declaró al hecho como un crimen de lesa humanidad. Actualmente, son seis los sujetos –cinco iraníes y un libanés– que, en la órbita de INTERPOL, registran un pedido de captura internacional con máxima prioridad de búsqueda, lo que se denomina una “notificación roja”.  

Dos juicios orales y la investigación aseguran que el atentado se realizó con una camioneta Trafic cargada con explosivos, que se subió a la vereda y se detonó en la puerta de la Mutual. La reconstrucción del derrotero del motor al que pertenecía ese vehículo reveló que había sufrido un incendio poco tiempo atrás, y que sus restos habían sido adquiridos finalmente por un sujeto que hacía del doblado de autos su medio de vida. Se trataba de Carlos Alberto Telleldín.

En 1996, declara Telleldín, en un tribunal, aceptando haber entregado un vehículo a un grupo de policías de la Provincia de Buenos Aires, por lo que fueron detenidos él y cuatro funcionarios. Pero en el proceso, se constata que Telleldín por instrucción de un juez había recibido de la SIDE, unos US$ 400.000 para declarar falsamente acusando a los policías, de manera de cerrar la causa sin involucrar a los verdaderos culpables.

El tribunal dejó libres a los acusados en el 2004, dictando su inocencia en 2009, y mandando a juicio nuevamente a Telleldin. Los jueces del Tribunal 3 expresamente señalaron que el “juez instructor orientó su actuación a ‘construir’ una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender, de ese modo, las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos

Luego de ello, resultaron absueltos los 22 imputados por los cuales se había hecho el juicio. También a partir de ese fallo fue que, en la órbita de la Procuración General de la Nación, se dispuso la creación de la UFI AMIA.

La UFI AMIA logró sellar la condena de los responsables del encubrimiento, pero hasta la fecha no ha podido avanzar en los nombres de los responsables del ataque. En un informe de la UFI AMIA, se lee: “se condenó al exjuez Juan José Galeano a la pena de 6 años de prisión por los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba; el ex Secretario de Inteligencia Hugo Alfredo Anzorreguy fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado y encubrimiento por favorecimiento personal; Carlos Alberto Telleldín fue condenado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión por el delito de peculado; el ex Subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar fue condenado a 3 años de prisión por encubrimiento por favorecimiento personal y falsedad ideológica; en tanto que el excomisario Carlos Antonio Castañeda fue condenado a 3 años de prisión por los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal, violación de medios de prueba y falsedad ideológica"

"También fueron condenados mediante ese veredicto los ex fiscales Eamon Gabriel Müllen y Carlos José Barbaccia, ambos a la pena de 2 años de prisión en suspenso, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Finalmente, también resultó condenada la expareja de Carlos Telleldín, Ana María Boragni, a la pena de dos años de prisión en suspenso, por su participación en el delito de peculado. Los restantes acusados, entre quienes se encontraba el ex Presidente de la Nación, Carlos Menem, resultaron absueltos. Cabe aclarar que este fallo no se encuentra firme al día de la fecha, dado que se encuentra en proceso de revisión por parte de la Sala II de la Cámara de Casación Penal”, se completó.

Funcionarios iraníes responsables

Según el informe de la UFI AMIA, los funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el ataque son: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán; Alí Fallahijan, por entonces Ministro de Información iraní; Alí Akbar Velayati, en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”; Ahmad Vahidi, en aquella época a cargo de la fuerza de elite “Al Quds”, perteneciente a la Guardia Revolucionaria; Mohsen Rabbani, al tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina; Ahmad Reza Asghari, en aquel entonces Tercer Secretario de la Representación Diplomática iraní en Argentina; y Hadi Soleimanpour, en aquella época Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.

La Justicia también considera responsables en la ejecución del atentado a Imad Fayez Moughnieh, por entonces a cargo del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa Hezbolá, y a Samuel Salman El Reda, miembro activo de la aludida organización terrorista.

La denuncia a Cristina Kirchner

Cuatro días antes de su muerte, Nisman había acusado públicamente a la por entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, de firmar un acuerdo con Irán, con la finalidad de entablar relaciones comerciales (se dice que CFK quería superar la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos) a cambio de encubrir judicialmente a los sospechosos iraníes de altos cargos, implicados en el atentado, pertenecientes a la organización terrorista Hezbolá, considerada artífice del terrible atentado.

La entonces mandataria negó rotundamente que ese pacto llamado “Memorando de Entendimiento con Irán” existiera, alegando que ella buscaba entablar una relación que permita buscar juntos a los responsables.

Sin embargo, el presidente Mauricio Macri, en el 2015, revisó y suspendió el Memorándum de Entendimiento, donde se comprobó que habían sucedido negociaciones entre los gobiernos argentinos e iraníes. A finales de febrero de 2019, el antiguo presidente Carlos Menem fue declarado inocente de haber ocultado el atentado durante su mandato.

Nuevamente hubo un cambio de dirección en la causa, cuando volvió a cambiar el signo político del Gobierno. En 2021, en pleno mandato de Alberto Fernández, se dictaron sobreseimientos, alegando que ese memorando no constituía un delito, pero la causa se reabrió nuevamente en septiembre de 2023.

Nuevos datos en 2023: Inorgánicos de la AFI

Con la aparición de Ariel Zanchetta, la causa tiene nuevos datos. Zanchetta es un ex policía que queda preso por espiar a jueces de Comodoro Py y de la Corte Suprema. Su defensa es que mantenía una actividad como periodista. Se dice que podría ser un agente inorgánico de la AFI, que respondía a tres espías de la central, según el fiscal Gerardo Pollicita, ya que tenía en su poder información sobre la causa Nisman. 

Previo y posterior a ello, muchos altos rangos de la AFI declararon en la causa. Se sabe que luego de la muerte de Nisman, desde la AFI de Óscar Parrilli se investigó a Viviana Fein, esto confirmado por Fernando Pocino, ex director de la SIDE, en sus declaraciones.

Tiempo después de que Parrilli asumió en la reconvertida AFI (ex SIDE), el jefe de los espías Jaime Stiuso presentó su renuncia, agente que había trabajado muy cerca del fiscal Alberto Nisman, ayudando en la causa.

Zanchetta decía en el informe que había un “cúmulo de fallas” que se registraron en la seguridad del edificio Torres Le Parc de Puerto Madero que llevaron a que sea plausible la teoría de que una persona se coló en su departamento, y que había que investigar las comunicaciones antes, durante y después del hecho.

En 2016, Stiusso declaraba “estoy convencido de que a Alberto Nisman lo mataron, estoy seguro que Alberto era blanco de una inteligencia paralela”. Estas declaraciones, sumadas a las de Zanchetta, impulsaron a que la justicia investigue la existencia de un grupo de espías rebeldes que operan por fuera de la dirigencia que se ubica en la Casa Rosada.

Argentina

Los gobernadores le declaran la guerra a la Nación porque Milei se niega a pagarles su deuda: “Son amenazas chavistas"

Publicado

en

La Oficina del Presidente le respondió al gobernador Nacho Torres por sus amenazas subversivas: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, del PRO, lanzó un explosivo comunicado que fue acompañado por la firma de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), el grupo conocido como "los patagónicos".

En dicho documento, titulado "las Provincias Unidas del Sur", los gobernadores de la Patagonia aseguran que expropiarán y retendrán todo el petróleo y el gas que extrae YPF y las empresas privadas, si el Gobierno Nacional no le vuelve a enviar el dinero de las transferencias discrecionales, que las provincias usan para pagar sus deudas.

Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador de Chubut, que encabeza el "grupo subversivo" contra el Gobierno Nacional.

En concreto, Torres reclama unos $13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual, que la Nación le retuvo a Chubut porque la provincia no estaba pagando una deuda que se había tomado con el Estado Nacional.

El Gobierno de Javier Milei le había dicho desde el 10 de diciembre que Chubut tiene que recortar los gastos para reducir su déficit, ya que la Nación no les seguiría solventando su despilfarro, pero en ya casi 3 meses, Torres no ha tomado ni un solo paso en la dirección del saneamiento fiscal.

Lo mismo ocurre con muchas provincias. Si bien casi todos los gobernadores habían expresado sus intenciones de recortar el gasto público tras la asunción de Milei, con el tiempo se fueron dando cuenta que el ajuste que pedía el Presidente de la Nación era mucho mayor al que ellos tenían en mente.

A través de un fuerte comunicado, la Oficina del Presidente, que el presidente Javier Milei utiliza para expresar sus palabras oficiales, trató a Torres de "chavista" y le recomendó que se atenga a las respuestas judiciales de sus amenazas subversivas.

"En respuesta al comunicado emitido por el Gobernador de Chubut, la Oficina del Presidente informa que los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación", aclaró el Presidente.

"Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional", agregó.

"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", impone.

"Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", aseveró la vía de comunicación oficial del Presidente.

Y agrega: "Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".

"Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad", finaliza.

Seguir Leyendo

Argentina

Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

Publicado

en

Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

Seguir Leyendo

Argentina

Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

Publicado

en

Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

Seguir Leyendo

Tendencias