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Coronavirus: la Corte Suprema extendió la feria judicial hasta el 26 de abril

La Corte Suprema de Justicia prorrogó hasta el próximo 26 de abril la feria judicial extraordinaria para los tribunales nacionales y federales de todo el país, dispuesta tras la extensión de la cuarentena.

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En la Corte nacional, la decisión
fue tomada a través de la Acordada 10/2020, firmada hoy domingo por el
presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz , y los ministros Elena Highton de Nolasco Juan Carlos Maqueda. Sus colegas Horacio
Rosatti y Ricardo Lorenzetti, fuera del tribunal por la cuarentena y porque
están en Santa Fe, fueron consultados y estuvieron de acuerdo.

El presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz será el juez de feria y las cámaras designarán a sus autoridades para atender los asuntos que no toleren demoras, especialmente las causas donde esté el juego el derecho a la salud y la protección de personas con discapacidad .

El desafío de seguir trabajando
con los casos no ligados a la pandemia tiene dos dimensiones: una tecnológica y
una normativa. En el Poder Judicial nacional, es decir la Justicia nacional y
federal de todo país (sin contar las justicias de cada provincia), hay
compradas unas 20.000 licencias VPN que permiten trabajar a los jueces y
empleados de manera remota desde sus casas, como si estuvieran en la PC de su
despacho. Ahora se están usando muchas en simultáneo, no todas, pero no se sabe
aún si el sistema soporta que todos los funcionarios trabajen de este modo al
mismo tiempo. Los jueces también se están manejando con firma electrónica, no
digital.

En el aspecto normativo, algunos
camaristas están hablando entre ellos para analizar mecanismos para adaptar los
procedimientos al trabajo remoto, pero sin dejar lugar a que se planteen
nulidades. Se analiza que las partes de un juicio civil, por ejemplo, presten
acuerdo a seguir con el trámite electrónico de su caso. El espíritu es ser
amplios en la interpretación y restrictivos con las nulidades. No se pueden
iniciar de manera electrónica, por ahora, nuevas demandas.

Más allá de lo acordado que establece la feria extraordinaria, la mayoría de los jueces y empleados de los juzgados están adelantando trabajo con las constancias electrónicas que tienen de los casos. En alguna ocasión algún empleado o el juez va al juzgado a buscar alguna copia de un expediente para terminar los proyectos de resolución en sus casas. Lo mismo ocurre en los juzgados de familia que siguen trabajando de manera remota.

La Justicia Bonaerense

En la Corte Bonaerense la decisión fue del presidente del tribunal, Eduardo de Lázzari, y se ratificó la disposición para que—más allá de los asuntos urgentes—los magistrados programen sus tareas para dictar providencias, resoluciones interlocutorias y definitivas que se encuentren pendientes, incluidas las órdenes de transferencias bancarias.

Desde el máximo tribunal provincial indicaron que se reforzaron las pautas para la prestación de servicios trabajando desde la casa y se estableció que los magistrados, funcionarios y agentes de todos los órganos jurisdiccionales, estén o no de turno, que sean o no dispensados de concurrir a su lugar de trabajo (en razón de las medidas preventivas dictadas en razón de edad o por integrar grupos de riesgo), deberán, en la medida de lo posible, prestar servicios desde su domicilio.

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Argentina

Los gobernadores ponen a prueba a Massa y esperan que el ajuste no pase por las provincias

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“Sergio es un amigo de las provincias”, dicen, pero están inquietos por los subsidios al transporte y la energía.

Los gobernadores están aliviados por la salida de Silvina Batakis del ministerio de Economía y esperan que el ajuste que planea Sergio Massa no afecte a las provincias.

Un par de semanas después de asumir como ministra, Batakis filtró a los medios un textual que hizo enfurecer a los gobernadores. “No podemos seguir girando fondos para solventar gastos corrientes mientras que hay provincias que tienen en plazo fijo un apalancamiento que le permitiría afrontar los costos de la administración pública por un año”, sugirió la ahora titular del Banco Nación.

Las provincias reciben fondos a través de la coparticipación, que no se pueden tocar porque están fijados por ley. Pero los fondos que el Gobierno gira a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y obras públicas dependen del Ejecutivo de turno, por lo que el textual de Batakis cayó como un mazazo en las provincias.

Los gobernadores no pueden emitir como hace el gobierno a través del Banco Central, por eso algunas tienen un fondo anticíclico para asegurar los sueldos. Sin embargo la situación de algunos distritos es más compleja, a tal punto que una provincia debió conseguir un crédito de un banco internacional para pagar los salarios en los últimos meses.

No fue casual el operativo clamor de algunos gobernadores que pidieron que Massa se hiciera cargo del ministerio de Economía aún cuando Batakis estaba en Washington negociando con el FMI.

Un día antes de que la Rosada oficializara la llegada de Massa, una docena de gobernadores mantuvo una tensa reunión con Alberto Fernández en la Rosada en la que le advirtieron que no iban a resignar un peso de sus provincias.

Ahora los gobernadores esperan un trato más amigable con el nuevo ministro mientras se preparan para dos discusiones centrales, que son los subsidios al transporte y a la energía.

Pese al mejor marco político que sienten los gobernadores, los economistas suponen que si el Gobierno intenta cumplir con el 2,5% déficit que pide el FMI, es difícil que las provincias salgan ilesas

La primera señal que dio Massa fue frenar la fusión de los ministerios de Obras Públicas y Transporte, porque creía que complicaría la revisión completa de todos los subsidios. Massa prefirió tener un control directo del tema del transporte con Alexis Guerrera, un dirigente de su espacio. Respecto de las obras, los gobernadores recibieron de parte del Ejecutivo la promesa de que no se frenará el financiamiento de ninguna obra en marcha, aunque no se prevén obras nuevas para 2023.

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La CGT ratificó la marcha del 17 de agosto: Massa apuesta llegar a una negociación

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La central sindicalista busca que las obras sociales pasen al Estado el costo por las prestaciones por discapacidad en los rubros de educación y transporte.

Sergio Massa, ministro de Economía, Producción y Agricultura, respalda a la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que apuntaría que se levante la movilización propuesta para el 17 de agosto.

La CGT está presionando al Gobierno por las obras sociales, dado que no se está dictando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en pos de darle un respiro a la crisis del sistema de salud.

El mismo se vio agravado por el alza de un 25% que recayó sobre las prestaciones por discapacidad. La mesa chica de la CGT confirma que la marcha se estará realizando.

La CGT le pide a Sergio Massa un DNU por las obras sociales

El conflicto pasa porque Sergio Massa no estaría dictando el DNU que pretende la CGT para que las obras sociales pasen al Estado el costo por las prestaciones por discapacidad. Esto lo proponen en los rubros de educación y transporte.

Las molestias se ven más marcadas luego de que el Gobierno fijó el martes pasado el aumento del 25% sobre los valores de las prestaciones.

En una reunión entre dirigentes cegetistas y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quedó planteado el martes pasado el problema. Manzur se comprometió a tomar cartas en el asunto sobre el DNU.

Pero la central obrera también presiona a Sergio Massa para que lo destrabe. El gran inconveniente es que este DNU comprometería uno de los pilares que planteó el ministro sobre su gestión: reducir el déficit fiscal.

Es por ello que, ante las dudas de si se llevará a cabo, la CGT mantendría su posición de hacer la movilización el próximo 17 de agosto.

Una medida que cayó bien en el sindicalismo, fue el anuncio de Massa en su primera conferencia, de que se “enfocará en el estudio de la modificación de las asignaciones familiares”.

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Tensión en el Gobierno: renunció el cristinista Darío Martínez a su cargo como secretario de Energía

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La noticia de su alejamiento se confirmó en horas de la noche de este jueves. Sergio Massa podría avanzar así en la designación de sus propios colaboradores.

Darío Martínez, quien hasta hace unas horas era el secretario de Energía, presentó su renuncia. En su gestión fue crítico de Martín Guzmán por la segmentación de las tarifas.

Sergio Massa anunció este miércoles una serie de cambios sobre la implementación del recorte de subsidios, lo que hizo que Martínez tomara la determinación de renunciar al secretariado.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, podría correr con la misma suerte que Martínez, lo que le daría a Massa la posibilidad de elegir a sus colaboradores.

Martínez impulsaba que la segmentación de las tarifas debían hacerse por geolocalización. Los aumentos quedarían concentrados en aquellas zonas de mayor valor inmobiliario, distinto de lo que se plantea por los ingresos.

Pero Massa avanzó con la segmentación de las tarifas a partir del nivel del consumo y ya anunció cuál será el límite (400 KW en electricidad) para mantener la tarifa subsidiada. Lo que supere este consumo, se pagará con el valor completo.

El nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura señaló que así se incluirá al 80% de los usuarios, y se abarcará al 50% del consumo. Cerca de 10 millones de hogares pidieron que se les mantenga el subsidio.

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