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Cristina Kirchner relanzó el sello de Unidad Ciudadana en medio de la crisis interna con Alberto

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 La vicepresidenta apeló el nombre que usó en las elecciones de 2017 en un acto junto a Capitanich.

Cristina Kirchner volvió a usar el sello de Unidad Ciudadana en medio de la interna con Alberto Fernández.

La vicepresidenta utilizó el nombre y el logo que usó para las elecciones de 2017 en la provincia de Buenos Aires, para convocar a un acto junto a Jorge Capitanich en el que recibirá el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral.

El gobernador chaqueño es uno de los dirigentes que el kirchnerismo tantea para competir en las elecciones presidenciales del año que viene, incluso en una primaria contra el albertismo. En el flyer de convocatoria del acto aparece el sello de Cristina y no figura el del Frente de Todos.

Cristina ya analizaba resucitar Unidad Ciudadana días antes de la división en dos del bloque de senadores oficialistas del Congreso, por ende esta maniobra le sirvió al oficialismo para obtener una silla más en el Consejo de la Magistratura, aunque generó suspicacias que los senadores que responden a Cristina armaran un bloque con ese nombre justo en medio de la interna con Alberto.


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Un funcionario K se “olvidó” de apelar un fallo de la Justicia y ahora el Ejército deberá entregar tierras a los mapuches en Bariloche

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Se trata de Gastón Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa. La Justicia perita computadores y celulares en busca de pistas para determinar si fue error humano o intencional.

El Ejército Argentino recurrió a la Corte Suprema por un fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que dispuso la entrega de 180 hectáreas que actualmente pertenecen al Estado Nacional, a una comunidad mapuche.

El predio en cuestión funcionaba como una academia de entrenamineto militar en San Carlos de Bariloche, pero hace algunos años, una parte fue tomada por terroristas mapuches, y desde entonces se desarrolla una batalla judicial entre los representantes indígenas y el Ministerio de Defensa argentino.

Insólitamente, el propio Estado argentino perdió la causa luego de que por alguna razón misteriosa, el Gobierno “se olvidó” de apelar la decisión judicial, que según fuentes familiarizadas con la causa, hubiera fácilmente ganado en la Cámara Federal de Apelaciones.

En un principio, se creía que la negligencia había sido de la abogada Silvia Cristina Vazquez, quien depende del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien reivindica la causa mapuche. Diputados de la oposición habían presentado una denuncia penal contra ella por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli, tras una rápida investigación, determinó que el responsable fue en realidad Gastón Haveladirector de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa.

Oriundo de la ciudad Coronel Du Graty, Chaco, Havela es abogado recibido de la UBA. Además cuenta con una Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social en FLACSO, a la que accedió tras una beca otorgada por el Centro de Formación Judicial.

Stornelli ordenó allanar las oficinas de Havela, y entre el material secuestrado se encontró una nota elaborada por Luis Rodríguez Vaccarezza, asesor legal del Ministerio, dirigida al director de Asuntos Jurídicos del Ejército, el coronel Walter Horacio Faneco.

Fechada el viernes 4 de febrero de 2021, en el escrito se afirma: “Remito en archivo adjunto sentencia del 2 de febrero de 2022 en los autos Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue contra poder ejecutivo nacional, ministerio de Defensa” a los efectos de “tomar la correspondiente intervención en las actuaciones mencionadas”.

Havela fue notificado el miércoles 2 de febrero a las 12:11, y él es quien debería haber presentado la apelación en tiempo y forma. Tenía 48 horas para hacerlo, pero lo presentó recién el viernes 4 de febrero a las 15:09, cuando el plazo venció ese mismo día a las 12 del mediodía. Esto derivó en que la Cámara de Apelaciones de General Roca tuviera que rechazar el reclamo por la demora en apelar.

La justicia investiga si la irregularidad en la presentación fue un error humano de Havela, lo cual fuentes cercanas al Ministerio descartan porque tiene una larga carrera como funcionario público, o si lo hizo a propósito con el objetivo de boicotear los intereses judiciales del Gobierno, y socavar las posibilidades de salvar el terreno.

Terrenos donde funciona la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón, que ahora deberán ser entregados a los mapuches.

Havela tuvo una llamativa escalada jerárquica. Se desempeñió como escribiente en la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, ubicado allí por el kirchnerismo porteño a pesar de ser chaqueño, y luego en 2020, cuando el Frente de Todos llegó al poder, fue nombrado en el Ministerio que en ese momento comandaba Agustín Rossi.

El juez Daniel Rafecas ordenó el análisis de todos los documentos encontrados en el allanamiento, además del peritaje de computadoras y teléfonos celulares, para determinar si Havela cometió un error o su decisión fue intencional.

Incluso se busca determinar si no hubo una colaboración de Havela con los mapuches, quienes han intentado en el pasado convencer a funcionarios del Estado para avanzar en su agenda separatista.

El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense desde 1937, pero que es reclamada por la comunidad Millalonco Ranquehue.

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Alberto busca lanzar su campaña para la reelección en octubre: Asegura que la inflación caerá a la mitad

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Su círculo íntimo le dice que no alcanza con una mejora económica y que tiene que trabajar en un armado político.

Alberto Fernández está convencido que una mejora de la economía para el último trimestre del año le permitirá lanzar su campaña por la reelección, mientras en su entorno le aconsejan que tenga un armado político propio por las diferencias con Cristina.

El presidente cree que para septiembre y octubre la inflación bajará a la mitad respecto de los últimos dos meses, en los que no bajó del 6%. Y que eso sumado a la mejora en el resto de los indicadores le dará aire para volver a anunciar su intención de reelección.

El propio Alberto insinuó la semana pasada desde Europa que buscará otro mandato pero se desdijo luego de que el peronismo hiciera un silencio espeso. Quedó otra vez en evidencia que el presidente no tiene una estructura propia, que es lo que le exige su entorno para soñar con un segundo mandato en medio del asedio del kirchnerismo.

Hoy el “albertismo” está comprendido por un sector muy magro del peronismo, pero con mucho poder. Alberto Fernández tiene el apoyo de los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas, Santiago Cafiero y Juan Zabaleta.

Además cuenta con el apoyo del “Grupo Callao“, entre ellos Cecilia Todesca, Sabina Frederic, Alejandro Grimson, y Victoria Tolosa Paz; el movimiento alfonsinista, del cual se destacan figuras como Leandro Santoro y Ricardo Alfonsín, y el peso pesado: la CGT.

Los líderes sindicales de la CGT se han parado incondicionalmente al lado de Alberto Fernández, y hoy es su principal garante de gobernabilidad. Los gremialistas recuerdan cómo Cristina intentó a lo largo de su gobierno llenarle los sindicatos de militantes camporistas, y están muy a gusto con el actual minsitro de Trabajo, Claudio Moroni.

No es casualidad que Claudio Moroni es el único ministro albertista además de Guzmán y Kulfas que no han sido removidos de sus cargos por Cristina.

Moroni es uno de los ministros que no cede ante las presiones sistemáticas que existen desde la política para romper un modelo sindical argentino“, arengó Héctor Daer, secretario general del gremio de Sanidad.

Y lo diferenció de sus antecesores del macrismo y el kirchnerismo: “Tenían la debilidad que ante cualquier embate político se generaban sindicatos paralelos, se rompía la unicidad del movimiento obrero“.

La Cámpora y la CGT vienen haciendo demostraciones de fuerza en las calles hace algunos meses ya. Los sindicalistas tomaron las calles el pasado Día de la Lealtad, el 17 de octubre del año pasado, cuando recién comenzaban los cruces. Los camporistas respondieron con una masiva movilización el 24 de marzo por el Día de la Memoria, cuando no le dieron el micrófono al presidente.

Incluso otras vertientes dentro del Frente de Todos aprovechan la interna, y pulsean las calles. El Polo Obrero, Barrios de Pie y demás movilizaciones que responden a Pérsico y Grabois también han tomado la 9 de julio en los últimos meses. Ellos particularmente piden un ministerio propio.

La calle la perdimos cuando nos robaron el atril“, se sinceró Gerardo Martínez, de la UOCRA, quien se encuentra preparando un acto con 20 mil personas para apoyar al presidente aunque dijo que los sindicatos se quieren movilizar para exigir un plan antiinflacionario. Un apoyo híbrido como el que recibió el Gobierno el Día del Trabajador.

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$1,6 millones para salvarse de un delito: La Justicia aceptó que Alberto Fernández pague para cerrar la causa del Olivos Gate

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El presidente quedó exonerado de su delito por celebrar un cumpleaños en la residencia presidencial en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, dictaminó este lunes a favor de conceder la “conciliación” al presidente, Alberto Fernández, y a su novia, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el Covid-19 que él mismo había decretado al celebrar un cumpleaños clandetino en la Quinta de Olivos en julio del 2020.

Alberto Fernández ofreció una reparación de 1,6 millones de pesos para cerrar la investigación mediante uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos judiciales. Además, Yáñez se comprometió a pagar 1,4 millones de su propio bolsillo.

Ahora sólo resta la homologación por parte del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para que pueda hacerse efectivo el pago. Lo irónico es a dónde será destinado este dinero: irá a “fortalecer el sistema sanitario de los hospitales públicos dedicados a atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia“.

Cabe recordar que el 14 de julio del 2020, en el marco del cumpleaños número 39 de Fabiola Yáñez, el mandatario llevó a cabo una celebración en plena cuarentena en los primeros meses de la pandemia del coronavirus. Fernández organizó una fiesta en la Quinta de Olivos, residencia presidencial, donde se registraron fotos y videos del encuentro publicadas por varios medios.

Todos llegaron al lugar en auto, lo cual no estaba permitido, estuvieron en un espacio cerrado sin ventanas abiertas ni barbijo, lo cual era ilegal, y no cumplieron con el distanciamiento social. Mientras pasaba esto, familias enteras llevaban meses sin verse, sin festejar cumpleaños ni asistir a velorios, por un decreto inconstitucional del propio presidente.

En el evento participaron nueve personas, incluidas amigas de Yañez, sus empleados, la modelo Sofía Pacchi y Emmanuel López, quien fuera su asesor.

Alberto Fernández y otros tres imputados primero intentaron establecer la “inexistencia de delito”, contradiciendo su propio decreto que lleva su propia firma. Pero finalmente la Cámara Federal de San Martín desestimó el planteo y afirmó que había necesidad de involucrar a la Justicia.

A partir de ese momento, el abogado Juan Pablo Fioribello diseño una estrategia para que el presidente no vaya a juicio, y trató, con éxito, resolver la cuestión en audiencia conciliatoria. Lo logró con todos los imputados. Alberto Fernández pagará $1,6 millones, Fabiola $1,4 millones; Emmanuel López $250.000; y Santiago Basavilbaso y Fernando Consagra $220.000 cada uno.

La donación propuesta es un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Este polémico mecanismo permite la extinción de la acción penal “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

Según el mandatario, pedirá un préstamo al Banco Nación para pagar la conciliación, ya que no cuenta con el dinero para hacer el pago. Según su declaración patrimonial de 2021, Alberto Fernández cuenta con un patrimonio total de 5,7 millones de pesos, pero no todos están líquidos.

La gran mayoría de su patrimonio en blanco está en un departamento en la Av. Callao donde solía tener su estudio jurídico, que luego convirtió en sede de campaña en 2019. Esta propiedad está valuada en poco más de 2 millones de pesos.

Después asegura tener créditos (dinero que otras personas le deben pero no ha podido cobrar) por otros casi 2 millones de pesos. Por último, tiene un Corolla XEI PACK 1.8 CVT modelo 2019, valuado en $1.455.000, y menos de $350.000 en bienes, acciones, y efectivo.

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