El Presidente Milei estuvo presente en el evento junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, su hermana y secretaria general, Karina Milei, y con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, entre otros. En el acto, familiares de los fallecidos le pidieron al presidente "que baje la edad de inimputabilidad".

El Presidente Javier Milei asistió al evento que se llevó a cabo en honor a los Policías Federales Fallecidos en el Cumplimiento del Deber.

Durante el acto realizado en el Monumento a los Caídos en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Núñez, Milei tomó la palabra para saludar: "Agrupación 2 de julio, buenas tardes", exclamó el presidente.

Acompañaron al mandatario la vicepresidenta Victoria Villarruel, su hermana y secretaria general Karina Milei, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. También estuvieron presentes funcionarios como el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Además, participó en el homenaje el expresidente Carlos Ruckauf.

"Por primera vez en la historia la policía rinde homenaje de manera oficial a las victimas del atentado a la superintendencia de la Policía Federal donde Montoneros puso una bomba y mató a 23 personas y más de 100 heridas", publicó en sus redes Arturo C. Larrabure, hijo del del coronel secuestrado por el ERP y miembro del CELTYV (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas) que preside la propia Victoria Villarruel.

Fue Rolle quien recordó el origen del homenaje: "Como cada 2 de julio nos reunimos aquí para recordar a aquellos valientes hombres y mujeres que perdieron su vida por proteger y servir a nuestra sociedad. Esta fecha fue establecida mediante la orden interna del día número 132 del año 1979 en conmemoración a uno de los hechos más trágicos de la historia de la Policía Federal Argentina. El grave suceso ocurrió en el comedor de la actual Superintendencia de Agencias Federales en 1976, resultando en 23 muertos y 116 heridos".

“Este monumento es símbolo de su sacrificio y testimonio de nuestro compromiso con la memoria de aquellos mártires. El dolor y el sufrimiento que causaron sus muertes nunca se borrarán de nuestro corazón. Los policías caídos en cumplimiento del deber representa mucho más que cifras o estadísticas. Son historias de coraje y templanza devenidos en ausencia”, afirmó Rolle.

“Desde los primeros días de nuestra institución hasta los tiempos modernos cada uno se convirtió en ejemplo de valor y lealtad con el uniforme. No solo recordamos sus actos heroicos sino lo que dejaron, un gran legado de compromiso con la justicia y la seguridad pública. Es nuestra responsabilidad como guardianes del orden continuar su noble misión, con el mismo fervor y determinación”, continuó.

“Sabemos que el camino no es fácil ni exento de peligros. El Policía Federal tiene una vida abnegada y llena de retos, señor Presidente. Nos enfrentamos con entereza con situaciones que ponen a prueba la capacidad, el profesionalismo y la integridad. Pero tenga la certeza que ello no nos intimida. Los policías que hoy evocamos entienden mejor que nadie estas exigencias y las asumieron con un sentido de ver extraordinario. A la familia de nuestros héroes les extiendo mi pesar y mi más sentido respeto. Sé que ninguna palabra puede aliviar el desconsuelo y el dolor de su irreparable pérdida, pero quiero que sepan que sus padecimientos no serán olvidados”, amplió el jefe de la Federal.

“Por eso digo honremos a los policías que cayeron en cumplimiento del deber, defendiendo los ideales de una sociedad segura, donde cada individuo puede ejercer su derecho a la vida, la libertad individual y la búsqueda de la felicidad. Este 2 de julio pido renovamos el compromiso con los valores que enaltecen a la Policía Federal Argentina. Que la memoria de los héroes que hoy homenajeamos nos impulse a seguir trabajando por una Argentina más segura”, concluyó.

Después, el capellán de la Policía Federal, Diego de Campos, bendijo la medalla que se entregó a los familiares del bombero retirado de la fuerza, el suboficial Félix Manuel Costa, quien fue asesinado por tres delincuentes en la puerta de su domicilio en la localidad de González Catán en enero de 2022.

Fue el Presidente Milei quien saludó a la viuda de Costa y luego entregó la placa a la hija del ex bombero retirado, quien se mostraba visiblemente conmovida. En tono bajo, ella le pidió al jefe de Estado que "baje la edad de imputabilidad, por favor". Por el crimen de su padre, fueron detenidos dos mayores, de 19 y 22 años, y un menor de 17. La joven también hizo el mismo pedido a Victoria Villarruel y a Karina Milei cuando las saludó. Esta semana, el Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

El ataque al comedor de la Policía Federal, uno de los atentados más mortíferos de la historia argentina, ocurrió el 2 de julio de 1976, cuando un artefacto explosivo voló por los aires un sector de la Superintendencia de Seguridad Federal en la calle Moreno 1417 del barrio porteño de Monserrat, a una cuadra del Departamento Central de Policía.

El techo del comedor cayó provocando la muerte de 24 personas y más de 110 heridos. Siete de las víctimas fatales ni siquiera cumplían tareas policiales: el encargado del comedor, el cajero, un mozo, un enfermero, un bombero, un suboficial retirado que estaba haciendo su changa de repartidor de pan y una empleada de YPF, ya que el comedor estaba abierto a empleados de comercios y oficinas del barrio.

El ataque fue atribuido a la agrupación Montoneros, específicamente a su cúpula integrada por Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger, Lila Victoria Pastoriza, entre otros.

Montoneros declaró que su objetivo era eliminar principalmente al personal superior de la Policía Federal, sin embargo, de las veintitrés víctimas mortales, solo dos eran oficiales y de rango muy bajo.

La comunidad "Werken Kurruf" reclama ese terreno como un territorio "ancestral recuperado". Según el fallo de José María Estigarribia, se indicó que el desalojo "no es adecuado" para resolver el conflicto.

En la provincia de Córdoba, un juzgado rechazó el desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente por miembros de la comunidad indígena Werken Kurruf, ubicada en Las Palmas. El fallo sostuvo la presunción de que la comunidad reclama el territorio como "ancestral", indicando que el conflicto sobre los derechos de posesión del inmueble "debe ser tratado por otro medio".

El juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero, a cargo de José María Estigarribia, determinó que la demandada presentó pruebas que sugieren que la propiedad "podría formar parte de un territorio indígena recuperado por esa comunidad".

El conflicto inició cuando uno de los herederos del titular registral decidió llevar el caso a la Justicia. La propiedad en cuestión es un terreno de 160 hectáreas, ubicado frente a la antigua capilla en la localidad de Las Palmas, en el departamento cordobés de Pocho.

El demandante, César Lindor Aguirre, consideró a Blanca Márquez como una "intrusa" en la vivienda ubicada en el predio, ya que el terreno se está utilizando ilegalmente.

En respuesta a estas acusaciones, Márquez se presentó ante el tribunal y afirmó ser una "lamien" (autoridad) de la comunidad Werken Kurruf, cuyo nombre significa "mensajero del viento". Esta comunidad aborigen está compuesta por etnias comechingones, rankulches, mapuches y charrúas. Además, la ocupante ilegal explicó que tienen una "posesión comunitaria, ancestral y pública", recuperada desde hace muchos años.

Según la representante indígena, en las tierras donde se encuentra la vivienda se llevan a cabo actividades para "revalorizar la cultura aborigen y fortalecer la identidad". Esto incluye talleres abiertos a la comunidad como parte de un proceso para "afirmar su existencia", que históricamente fue negada por las autoridades y sectores de la sociedad civil, algo completamente lógico teniendo en cuenta que estas comunidades indígenas no reconocen al Estado argentino.

En su defensa, también afirmó que el patrimonio natural de la comunidad es "el bosque nativo", que les proporciona alimentos, leña y medicina desde hace siglos, manteniendo una "convivencia armoniosa y no destructiva con estos recursos naturales". Además, aseguró que en esa área existen sitios "ceremoniales y sagrados".

En respuesta, el juez José María Estigarribia determinó que el conflicto presentado ante el tribunal "excede el marco del juicio de desalojo". En consecuencia, indicó que esta vía "no es adecuada" para resolver quién tiene el mejor derecho de posesión sobre el inmueble ni para establecer los límites correctos de cada posesión.

Para resolver este conflicto, el magistrado señaló que a la demandada le basta demostrar inicialmente que posee un título legítimo, en este caso la posesión comunitaria de las tierras por parte de la comunidad originaria Werken Kurruf que ella representa, "para resistir la pretensión de desalojo, aunque el demandante exhiba otro título".

En su fallo, el juez Estigarribia subrayó que "debe respetarse la auto-identificación de cualquier grupo que se considere indígena, a menos que existan evidencias contundentes que lo contradigan". Además, argumentó que "Argentina ha asumido el compromiso internacional de adoptar como criterio fundamental la conciencia de identidad del propio grupo".

"Además, nuestra Constitución Nacional garantiza a los indígenas ‘el respeto a su identidad’ (artículo 75 inciso 17 de la CN)", enfatizó el juez en su sentencia.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

La legislación actual establece una pena máxima de un año de prisión por maltrato o crueldad animal, mientras que el nuevo proyecto de ley propone aumentar esta pena hasta seis años en casos de muerte del animal.

La Cámara de Diputados comenzará mañana el debate de la Ley Conan sobre maltrato animal, que busca aumentar las multas y penas para este tipo de delitos.

El presidente Javier Milei publicó este martes una imagen en su cuenta de Instagram mostrando las diferencias entre este proyecto y la ley 14.346 de protección de los animales, vigente desde 1954.

Dentro de los fundamentos del proyecto, su autor Damián Arabia sostiene que el maltrato animal está estrechamente vinculado con la violencia interpersonal, por lo que la legislación tiene repercusiones en la prevención de todas las formas de crueldad y violencia.

En primer lugar, el proyecto busca modificar el artículo 1° de la legislación vigente desde mediados del siglo pasado. Actualmente, esta ley establece una pena de prisión de 15 días a un año para quienes causen malos tratos o actos de crueldad hacia los animales. En contraste, el nuevo proyecto de ley propone aumentar esta pena a prisión de tres meses a tres años, acompañada de una multa que oscilaría entre 5 y 20 salarios mínimos.

Además, se propone penar con prisión de seis meses a cinco años, junto con una multa de 10 a 30 salarios mínimos, a quienes cometan actos de crueldad hacia los animales. La legislación actual distingue entre crueldad y malos tratos, pero no especifica penas específicas para cada tipo de delito.

La Ley Conan introduce el artículo 5, que establece penas más severas de 1 a 5 años de prisión, acompañadas de una multa que varía entre 50 y 100 veces el salario mínimo, para aquellos que, en el marco de los artículos uno y tres, causen a un animal "una debilitación permanente en su salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, una dificultad física o deformación permanente en su cuerpo".

El proyecto establece lo mismo para aquellos que abusen sexualmente de un animal, los torturen, mutilen o causen sufrimientos innecesarios. Es importante destacar que el proyecto considera acciones que antes no estaban contempladas, como las lesiones permanentes y el abuso sexual.

Finalmente, se propone una pena de dos a seis años de prisión y una multa de entre 100 y 200 veces el salario mínimo para quienes causen la muerte de un animal infligiendo malos tratos, actos de crueldad o "por el solo hecho de perversidad".

Con el artículo 2° modificado, se considerarán actos de maltrato: no proporcionar suficiente comida de calidad y cantidad adecuada, utilizar animales para tirar de vehículos que excedan su capacidad física, incitar al trabajo mediante instrumentos que les causen sufrimiento o dolor, y no brindarles atención médica/veterinaria adecuada.

Los nueve puntos se completan con restricciones a su movilidad en áreas donde las dimensiones y exposición a temperaturas extremas puedan poner en riesgo su salud, imponer jornadas laborales excesivas o utilizarlos cuando no estén físicamente aptos, abandonarlos, administrarles drogas no terapéuticas, y realizar cría, hibridación o manipulación genética para aumentar su agresividad.

Los actos de crueldad, por otro lado, son más graves e incluyen prácticas como la vivisección (disección de animales vivos) sin propósitos científicamente demostrables y realizadas en lugares o por personas no autorizadas; mutilar cualquier parte de su cuerpo, salvo por razones de mejora, marcación, higiene o compasión, así como realizar intervenciones quirúrgicas en animales sin anestesia ni título universitario válido, con fines no terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio.

La Ley Conan también prohíbe experimentar con animales de categoría superior en la escala zoológica, abandonarlos después de usarlos en experimentos, causar la muerte de hembras embarazadas, lesionar, matar o atropellar intencionalmente animales, así como participar en riñas, corridas de toros, novilladas y parodias donde se hiera, mate o se hostilice a los animales.

Para algunos casos contemplados en los artículos 1° y 3° de esta ley, la inhabilitación para la tenencia de animales y la prohibición de cualquier contacto con ellos pueden ser impuestas. El periodo de inhabilitación será determinado por el juez y no será inferior al doble del tiempo de la condena, especialmente para los delitos previstos en los artículos 5° y 6°, pudiendo llegar incluso a la inhabilitación perpetua.

El nuevo artículo 8 introduce disposiciones para confiscar animales y transferir su custodia a individuos o entidades públicas y privadas dedicadas a la protección animal. Además, el proyecto de ley establece que el Día del Animal, celebrado el 29 de abril, sea una jornada de reflexión obligatoria en todas las escuelas de nivel inicial, primario y secundario del país.