El autor y referente de la derecha expuso por primera vez en su carrera en el Congreso de la República Argentina, donde habló junto a las autoridades de La Libertad Avanza sobre cómo combatir la influencia extranjera en el lobby a los diputados y senadores.

Este martes se realizó en la Cámara de Diputados un evento organizado por Global Center for Human Rights titulado “La influencia de los Organismos Internacionales en la soberanía de los Estados”, en la que tuvo como figura central al autor y referente de la derecha argentina, Agustín Laje.

En el encuentro, Laje buscó exponer, ante funcionarios y representantes del Congreso argentino, cómo los organismos internacionales vulneran la soberanía de los Estados tratando de imponer una agenda progresista contraria a lo pactado entre las naciones.

En detalle, se explicó los mecanismos que emplean, en general ONGs y fundaciones extranjeras, para ejercer presión sobre los legisladores y lograr que se aprueben leyes que no son en el interés de los argentinos.

El evento, que se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, quien destacó la importancia de promover la defensa de la legislación nacional en el ámbito internacional, respetando siempre la idiosincrasia de cada país.

Por su parte, Laje realizó un recorrido histórico y filosófico sobre el surgimiento del Estado moderno, el concepto de soberanía, la globalización y el globalismo. Para quien es considerado uno de los referentes intelectuales de Javier Milei y de La Libertad Avanza, la soberanía de los estados “está siendo transferida, está siendo succionada por organizaciones que no tienen base territorial, que no tienen demos, o sea, no tienen pueblo, son apátridas”.

El conferencista, que ya expuso sobre este tema en la mayoría de los palacios legislativos de los países latinoamericanos, sostuvo que actualmente los derechos humanos son “progresivos” y tienen por fundamento una ideología política, afirmando que “hoy cualquier cosa es un derecho humano”, y poniendo como ejemplo la educación sexual en las escuelas. 

Según el politólogo, “cada vez que ellos dicen que algo es un derecho humano lo que están diciendo es que ya no tenemos que legislar eso en ninguna nación” porque ya lo han decidido ellos, y continuó diciendo que lo que estos organismos piden a los países es “adecuar legislativamente o a través de fallos la interpretación que hace un equipo de expertos, comités, comisiones, etc”. 

Frente a este tema, Laje alertó: “Esto es gravísimo. Porque el Estado entonces se convierte en, exactamente, lo que los argentinos han votado para que no sea” y agregó: “Hoy ser libertario es estar por fuera del 95% de las definiciones de derechos humanos que esta gente da”.

Antes de finalizar, el politólogo advirtió sobre los conflictos de interés que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH a partir del financiamiento condicionado que recibe, hecho denunciado por Global Center for Human Rights a través del informe «Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada».

Durante el evento, la vicepresidente de Global Center for Human Rights, Neydy Casillas; señaló las atribuciones y límites de los organismos internacionales, y su impacto a nivel legislativo. La especialista advirtió además sobre el papel de la representación argentina actual en la ONU y la OEA donde, aún bajo la nueva administración del presidente Javier Milei, está votando a favor del aborto y de una educación sexual de los niños inspirada en la ideología de género. 

Casillas invitó a los legisladores argentinos a “combatir el autoritarismo de estos burócratas que nadie eligió y que están robando el poder a los legisladores, que sí fueron legítimamente elegidos por el pueblo”.

En el panel final, el procurador general del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, llamó a no dejarse confundir por estos órganos: “Tanto Naciones Unidas como la OEA, tienen la competencia creada establecida en la Convención. Más allá, no pasan, no pueden pasar”.

Por su parte, Sebastián Schuff, presidente de Global Center for Human Rights, sostuvo que tener una economía floreciente no basta: “Si no enfrentas el tema cultural, todo se cae e incluso, se resiente lo económico”.

Además, instó a los legisladores a ser los “guardianes de la idiosincrasia de nuestro pueblo” y culminó pidiendo “que las leyes que rijan a los argentinos se tienen que hacer en este Palacio y no en ninguna oscura sala de negociaciones de organismos sin rostro y sin alma”. 

El cierre del encuentro estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que contó que recibió una carta “muy amable, pero muy firme a la vez” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que deslizaba sutilmente que veían aspectos que eran contrarios a la Carta de Naciones Unidas en la Ley de Bases que impulsaba el gobierno argentino.

El diputado explicó al público asistente que de esta forma pudo constatar cómo “se meten con la soberanía de los Estados y se meten con el derecho de los pueblos a dictar sus propias leyes”, y que por supuesto, fue desestimada. 

Asistieron también al evento: el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; los senadores Ezequiel Atauche, Vilma Facunda Bedia y Andrea Marcela Cristina; los diputados Santiago Santurio, Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Facundo Correa Llano; el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina, Pablo de la Torre, y su subsecretaria, Ana Belén Marmora; el Secretario de Culto, Francisco Sánchez, y el Director Nacional de Culto Católico, Agustín Caulo; entre otros.

También se hicieron presentes representantes de organizaciones civiles como Frente Joven, Fundación Concordia, Sembrar Valores, Unidad Provida y Argentinos por la Educación.

Los resultados de la Encuesta de Expectativas de Inflación, elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella, indican una caía por debajo del 100% de la inflación en los próximos 12 meses, ubicándola en un 98,5%.

En el último relevamiento realizado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) entre el 3 y el 11 de abril, se observa una marcada disminución en las expectativas de inflación para los próximos 12 meses. Según los datos recopilados, la inflación esperada promedio se sitúa en un 98,5%, por debajo del 100%.

Estos resultados reflejan una tendencia a la baja en las expectativas inflacionarias, con un impacto notable en las diversas regiones del país y en todos los niveles de ingreso. Si bien el país se dirigía a una hiperinflación, el plan Milei-Caputo está surtiendo efecto y se está poniendo fin a la escalada de precios.

Este último relevamiento se da unos dias despues de que el FMI haya elogiado el impresionante avance de Argentina en términos económicos y que estime que la inflación de 2024 será del 150%, valor que a diferencia del otro, incluye los primeros 3 meses del combate de Milei contra la hiperinflación que dejó Massa.

La UTDT mediante la Encuesta de Expectativas de Inflación (EI), lleva analizando los datos inflacionarios desde la asunción del presidente Javier Milei, y los resultados son sorprendentes. A nivel nacional, y tomando el promedio de la distribución de respuestas en diciembre, la inflación esperada en aquel entonces para los próximos doce meses era del 225,9%.

En enero, había incluso subido al 230%. Sin embargo, a partir de enero se inicia un proceso significativo de desaceleración de la inflación estimada. En febrero, esta cifra desciende a un 170,8%, en marzo baja a 123,8%, y en la última medición de abril, se registra un descenso hasta el 98,5%, marcando una pronunciada desaceleración inflacionaria.

En cuanto a la distribución regional, se observa que el interior del país presenta las expectativas de inflación anual más bajas, que pasó de un 111,2% en marzo, a un 96,4% en abril.

El interior es seguido por el Gran Buenos Aires (GBA), que registró un 148,2% en marzo, y una baja al 98,7% en abril. Finalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) esperaba un 140,7% en marzo, y terminó disminuyendo a 111,2% en el mes de abril.

Por otro lado, en términos de niveles de ingreso, la reducción en las expectativas inflacionarias es más pronunciada en los hogares de menores ingresos.

Los individuos de mayor nivel educativo tienen mayores expectativas de inflación, mientras que los individuos de menor nivel educativo registraron una gran disminución en la percepción, pasando de 127,7% en marzo a 86,9% este mes, mientras que los de mayor nivel educativo pasaron de un valor de 122,2% en marzo a 104,7% en abril.

En relación con las expectativas de inflación para los próximos 30 días, se observa una disminución similar. En abril, la inflación esperada se situó en un 13,30% según la media, en comparación con el 15,46% registrado en marzo. Estos datos indican una percepción más optimista respecto a la evolución de los precios en el corto plazo por parte de la población encuestada.

Los resultados del relevamiento realizado por la UTDT sugieren una notable reducción en las expectativas de inflación tanto a corto como a largo plazo, lo cual refleja un mayor grado de confianza en la estabilidad económica futura y en el Gobierno de Milei por parte de la población.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

La fábrica es propiedad de Fabricaciones Militares y se encuentra en las cercanías de la ciudad de Rosario, que desde hace semanas es asediada por grupos narcoterroristas que intentan robar su producción de armas.

En respuesta a la crisis de seguridad que afecta a la provincia de Santa Fe, el Gobierno Nacional, a través del Comité de Crisis que establecieron la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Ministro de Defensa, Luis Petri, han tomado la decisión de establecer una zona militar en la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán", que pertenece a la empresa Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.

Esta fábrica se dedica a la producción de munición y armamento destinado al uso de las Fuerzas Armadas. La medida fue oficializada a través del decreto 350/2024, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con esta medida, las Fuerzas Armadas serán responsables de organizar y dirigir el uso adecuado de los recursos materiales requeridos para prevenir y/o reprimir la comisión de cualquier delito en esta zona militar.

Además, el Ministerio de Defensa ha sido instruido para que se tomen todas las medidas necesarias para proporcionar asesoramiento legal, representación y apoyo en procedimientos judiciales y/o administrativos a todo el personal que, al cumplir con sus deberes en el curso de sus funciones reguladas, pudiera enfrentar acciones legales.

El Gobierno argumenta que cualquier ataque a la jurisdicción militar durante tiempos de paz, además de poner en riesgo la capacidad defensiva del país, también representa una amenaza para la seguridad interna. Por lo tanto, sostiene que es responsabilidad de la autoridad militar preservar la integridad y restaurar el orden dentro de su jurisdicción y/o en el ámbito territorial militar, de acuerdo con las leyes vigentes en la materia.

En este contexto, justifica su decisión en la necesidad de garantizar la seguridad para proteger adecuadamente la integridad física de las personas y los activos del Estado. El Gobierno ha establecido esta zona militar principalmente debido a la grave crisis de seguridad que enfrenta la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, conocida como la capital del narcotráfico a nivel nacional.

La fábrica militar se encuentra a solo 20 kilómetros de esta ciudad, que desde hace semanas ha sido objeto de constantes ataques por parte de bandas criminales que buscan robarse las armas para continuar con su régimen del terror.

Desde marzo, las organizaciones narcocriminales han desatado una ola de violencia contra el orden público, llevando a cabo asesinatos a sangre fría en plena vía pública. Entre las víctimas de esta escalada de violencia se encuentran colectiveros, taxistas y empleados de estaciones de servicio.

El objetivo era presionar al gobernador Maximiliano Pullaro para que revocara las medidas implementadas en las cárceles contra los presos de alto perfil. Incluso, los sicarios dejaron notas amenazantes en la escena del crimen, advirtiendo a Pullaro que las muertes continuarían si se persistía con esas políticas.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional decidió desplegar las Fuerzas Federales de Seguridad para colaborar en la contención del avance del narcotráfico. El Ejército fue convocado para brindar apoyo logístico, conforme a lo estipulado en la Constitución Nacional.

Esta medida va en sintonía con lo que anunció hace unos días Nicolás Wiñazki, periodista de TN, quien lanzó la primicia de que el Ministro de Defensa, Luis Petri, acordó con la General estadounidense, Laura Richardson, que Argentina empiece a exportar balas 9mm y 7.62 de FAL y que la idea del Gobierno de Milei es usar Fabricaciones Militares para transformarla en una de las fabricas más importantes del mundo, en lo que respecta a la producción y exportación de munición.