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Denunciaron a Larreta por utilizar el sistema de reconocimiento facial para espiar opositores en la Ciudad

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Un juez respondió ante la denuncia del CELS y un amparo del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) suspendiendo los centros de monitoreo de la Ciudad.

Este martes, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Andrés Gallardo falló en contra del Gobierno porteño en una causa donde se lo denunció a Larreta por utilizar los sistemas de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires para espiar a la población.

Gallardo ordenó suspender temporalmente el sistema de reconocimiento facial y allanó la sede del Ministerio de Seguridad y el Centro de Monitoreo porteño tras detectar la migración irregular de datos biométricos del Renaper de más de 7,5 millones de personas hacia CABA, incluidos Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Patricia Bullrich, jueces de la Corte Suprema, empresarios y hasta el diputado Javier Milei.

A partir de un amparo presentado por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y de una denuncia del CELS, la Justicia ordenó una serie de medidas para frenar los sistemas del Centro de Monitoreo para determinar si este tipo de procedimientos pudo haber sido utilizado para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia de políticos, opositores y empresarios.

La Justicia está investigando si Larreta procuró los datos biométricos de estas personas para espiarlos. Desde su llegada a la gobernación de la Ciudad, Larreta instaló tres Centros de Monitoreo, uno en Chacarita, otro en el Centro y el tercero en Puerto Madero, cada uno contando con miles de cámaras a su disposición que pueden lockear una cara a través de sistemas de inteligencia artificial y seguirlo por cientos de cuadras.

Estos centros permiten que el Gobierno porteño, en teoría, puede seguirle el rastro a cualquier persona en el territorio de la Ciudad, sean oriundos o entren a pasar el día, y registrar todos sus movimientos por las calles.

Entre las personas que el Ministerio de Seguridad de la CABA estaría espiando según los datos procurados, se encuentran el presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el diputado Máximo Kirchner, pero también integrantes del propio espacio del jefe de Gobierno porteño, como Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Elisa Carrió.

Además de jueces como el ex titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, o como el CEO de Clarín, Héctor Magnetto. También diputados de la oposición como Javier Milei.

El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, se justificó con que el Gobierno firmó un convenio con el Renaper para poder rastrear por las calles de la Ciudad a los prófugos de la justicia.

Dijo que las “10 millones” de consultas al organismo son parte de una tarea rutinaria. “Un control de tránsito, en una denuncia, si pedís certificado de domicilio o el certificado de circulación Covid, en todos esos casos se consultaba al RENAPER”, sostuvo.

Sin embargo, desde el CELS explicaron que en realidad el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) de Larreta estaba habilitado para migrar datos biométricos de las personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), no de cualquier ciudadano que quisiera.

En 2019, eran unas 35.000 las personas incluidas en el CoNaRC y llegaron a ser 40.000 al momento de contestar el oficio, mientras que entre abril de ese año y marzo del 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde el Ministerio de Seguridad de Larreta fueron más de 9 millones.

Desde el CELS también enfatizaron que muchas de las personas cuyos datos fueron consultados obviamente no eran parte del CoNaRC, y que “el gobierno porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas”.

Quiénes habrían sido espiados por Larreta usando el sistema de reconocimiento facial y cuántas veces

El informe elaborado por el Renaper asegura que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron consultados los datos biométricos (información facial) del presidente Alberto Fernández (76 veces), la vicepresidente Cristina Kirchner (225 veces), el diputado Máximo Kirchner (12 veces), el Ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Fernández (12 veces).

También fueron migrados los datos de los diputados Sergio Massa (3 veces), Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.

La lista continúa con los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (1 vez); probablemente una vez que viajó a la Ciudad, además de la presidente del PRO, Patricia Bullrich (18 veces), la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó (2 veces), el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni (2 veces), el actual juez de la Corte Carlos Rosenkrantz (1 vez), y la fiscal Gabriela Boquín (4 veces).

Entre los periodistas que habrían sido espiados a través del sistema de reconocimiento facial se encuentra Gustavo Sylvestre, cuyos datos biométricos fueron migrados 9 veces, Joaquín Morales Solá (una vez), Viviana Canosa (6 veces) y Eduardo Feinmann (9 veces).

La lista incluye también empresarios, fiscales federales, a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini (5 veces) y a la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (2 veces).

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Los radicales presentaron un proyecto para ilegalizar la portación de armas blancas, en camino opuesto a lo que pide la población

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El diputado Juan Martín, de la UCR, presentó un proyecto para prohibir la portación de cuchillos, armas de goma o réplicas.

Encabezados por el diputado santafesino Juan Martín, un grupo de diputados de la UCR presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal con el objetivo de tipificar y sancionar la portación de armas blancas.

La iniciativa va en dirección opuesta a lo que pide la población, que aclama por una mayor flexibilidad en la portación de armas de fuego para poder defenderse de la crisis de inseguridad que atraviesa Argentina.

Los radicales proponen incorporar al Código Penal de la Nación que quien porte armas blancas u objetos cortantes o contundentes, será reprimido con prisión de 6 meses a dos años de prisión y multa de $50.000 a $100.000. Igual pena corresponderá a quien suministre estas armas a menores de 18 años.

Además, el texto establece que la tenencia de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de armas blancas será reprimida con prisión de 1 a 3 años de cárcel, y multa de $100.000 a $250.000.

Nuestro Código Penal tiene más de 100 años: los tiempos exigen que actualicemos las normas y nos hagamos cargo. No puede ser que cualquiera pasee con un cuchillo por la calle y no pase nada“, aseguró el diputado Martín en la presentación.

La Policía y la Justicia deben hacer su trabajo, pero necesitamos herramientas claras en nuestra legislación. No son momentos de mirar para el costado. Hace falta determinación y firmeza”, explicó el autor del proyecto.

Esta afirmación es falsa, y la Policía actualmente tiene la facultad de detener a cualquier persona en concepto de la Ley 23.950, la cual establece la detención por averiguación de identidad. No necesita de ninguna proscripción de armas blancas para poder detener a una persona que tenga empuñada un cuchillo.

Los requisitos para detener a una persona en estos casos son: que haya circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiera cometido un delito o pudiere cometer y no acredite fehacientemente su identidad. La detención no podrá excederse por más de 10 horas y el detenido no podrá estar incomunicado.

El proyecto de ley es incluso más difícil de justificar de esta manera, ya que también propone una sanción a quienes porten armas de aire o gas comprimido, ballesta o similares, como también réplicas con arma de fuego. Cabe la pregunta entonces, ¿qué delito podría cometer una persona con un arma falsa?

La legislación llevará entonces a la creación de licencias para la portación de elementos cortantes que se entregarían por motivos de profesión, oficio o actividad. Por ejemplo, un carnicero debería sacar una licencia para poder ostentar un cuchillo en su comercio que da a la vía pública.

Proyecto de Ley

La iniciativa también cuenta con la firma de los legisladores María Luján Rey; Gabriel Chumpitaz; Mario Barletta; Manuel Aguirre; Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Jimena Latorre; Lidia Ascárate; Aníbal Tortoriello; Gustavo Bouhid y Martín Berhongaray.

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Un borocotazo en Salta complica el armado nacional de Juntos por el Cambio

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El diputado salteño y olmedista, Juan Carlos Zapata, abandonó Juntos por el Cambio para sumarse a un nuevo frente liderado por un diputado de La Campora.

Carlos Zapata

Tras las recordadas migraciones de los diputados Ávila, Carambia y Ansaloni, que saltaron de Juntos por el Cambio (JxC) al kirchnerismo tras la victoria de Alberto Fernández en 2019, la política salteña se vio sacudida esta semana por el “borocotazo” del diputado nacional Carlos Zapata, quien abandonó la coalición opositora (había sido electo diputado hace apenas dos años por JxC), para sumarse a una nueva formación provincial liderada por el diputado de La Cámpora, Emiliano Estrada.

Estrada fue ministro de Juan Manuel Urtubey hasta 2019, y ese mismo año acompañó como candidato a vicegobernador del Frente de Todos al líder del cristinismo salteño, Sergio “El Oso” Leavy, quién perdió dicha compulsa con el actual gobernador Gustavo Sáenz.

Ambicioso y con buena llegada a la familia Kirchner, el candidato que hoy apoya Zapata supo ser mano derecha de Eduardo “Wado” De Pedro en el Ministerio del Interior, cargo que abandonó en 2021, justamente para competir contra Zapata por un lugar en la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que el fragor de la última campaña entre Zapata y Estrada quedó en el olvido y hoy se muestran juntos y decididos a capturar el voto de los kirchneristas duros, que no aprueban la gestión de Sáenz.

Boleta de Estrada en las elecciones legislativas de 2021

Este martes se realiza el lanzamiento oficial de la nueva formación, que reúne a otras viejas caras de la “casta” política salteña, como la kirchnerista Cristina Fiore, el radical de izquierda Rubén “Chato” Correa, el ex diputado Fernando Biella, y el ex dirigente del PRO, Martín Grande, que en agosto abandonó el bullrichismo para sumarse al equipo de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora abandona a éste para apoyar al candidato ultra-K.

Lo más llamativo del “garrochazo” de Zapata radica en que su apoyo al candidato de La Cámpora ocurre en el mismo momento en que su jefe político, Alfredo Olmedo, hace esfuerzos denodados para asegurarse la franquicia de Javier Milei en Salta, e incluso ha gastado un dineral para pintar toda la provincia con el lema Milei-Olmedo.

Según se especulaba ayer en los medios salteños, el sorpresivo pase de Zapata podría obedecer a un pedido del ex gobernador, Juan Carlos Romero, quien buscaría debilitar así a JxC en el plano local, para mejorar las chances de reelección de su hija Bettina, intendente de Salta que hoy aparece hundida en las encuestas tras una pésima gestión.

En el oficialismo salteño festejaron la movida, en tanto, por entender que el quiebre de JxC le da aire también a Gustavo Sáenz, quién viene golpeado tras una gestión tan carente de logros como la de su antecesor Juan Manuel Urtubey.

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Ante las presiones y las movilizaciones en su contra, Maduro canceló su viaje a la Argentina

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El dictador venezolano se asustó de las protestas que los venezolanos argentinos estaban organizando para protestar su visita a Buenos Aires.

El sanguinario dictador venezolano Nicolás Maduro canceló su viaje a la Argentina donde había sido invitado por el presidente Alberto Fernández para participar de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El líder chavista denunció un “plan de la derecha neofascista” para convocar movilizaciones en su contra en Buenos Aires y que estas protestas “amenazaban contra su vida“.

Además, aunque no lo dijo, la realidad que sobre su cabeza pesa una orden de captura del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con una recompensa por US$ 15 millones de dólares, y la Policía Federal Argentina (PFA), como parte de Interpol, tiene el deber de capturarlo de pisar suelo argentino.

Si bien Alberto Fernández había dado la deplorable orden de no arrestarlo como la ley demanda, todo indica que los asesores de Seguridad del chavismo le recomendaron no realizar el viaje.

Maduro denunció que la oposición argentina elaboró un “plan extravagante” en su contra. “Pretenden montar un show deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional“, subrayó en un comunicado publicado por el régimen socialista.

“Así buscan contribuir a la campaña de descrédito -ya fracasada- que se ha emprendido contra nuestro país desde el Imperio Norteamericanoañade. Por ese motivo, el dictador venezolano tomó “la decisión responsable” de enviar al canciller, Yván Gil, “como jefe de delegación con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela”, y “no ir en persona“.

Hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente”, advirtió Maduro, en referencia a las masivas protestas que se estaban organizando en Buenos Aires por su visita.

Como Estado fundador de la Celac, Venezuela desea cuidar el éxito de este principal mecanismo de unión e integración regional a favor de nuestros pueblos”, concluye el escrito, mientras que agradece al presidente argentino Alberto Fernández por la invitación.

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