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Desabastecimiento inminente: Enarsa dejó de entregar gas a las estaciones de servicio de Santa Fe y el Litoral

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La incertidumbre sobre la provisión de gas para las estaciones de GNC es una causa directa de la intervención del Gobierno cuando diseñó el consumo prioritario del Plan Gas.

Las estaciones de servicio de GNC de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, anunciaron que desde el lunes, las distribuidoras Litoral Gas y Gas Nea les anunciaron que se cortará el suministro de gas ya que su proveedor, la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), suspendió la inyección de gas a sus establecimientos.

“Nos dirigimos a usted a fin de ponerlo en conocimiento de que Enarsa, actualmente su único proveedor de gas natural, ha dejado de confirmar el gas previsto para su actividad y, por consiguiente, nos vemos obligados a solicitarle el cese de su consumo hasta que regularice su situación de abastecimiento“, dice la misiva enviada por Litoral Gas a una estación de servicio que se hizo pública.

Enarsa, por su parte, negó que haya cortado el suministro y dijo que se está abasteciendo “con total normalidad”, en una declaración sacada directamente del libro 1984. Desde la Secretaría de Energía insisten que “hay más gas que nunca”, aunque todos en Argentina saben que eso no es verdad.

Enarsa es la empresa estatal que tiene el monopolio de las compras de gas natural licuado (GNL), que se importa por buques, y del gas que se trae de Bolivia. En los últimos meses, sin embargo, la compañía cobró más visibilidad por estar a cargo de las licitaciones para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, plagadas de corrupción y que llevaron a la salida del ministro Matías Kulfas.

Desde abril pasado, Enarsa se comprometió a abastecer de gas a las estaciones de GNC que no habían logrado cerrar contrato de provisión con las comercializadoras a un precio “razonable”, y se acordó venderlo a un valor atado al precio de la nafta súper.

Estos contratos se fijaron por instrucción de la Secretaría de Energía y alcanzaban alrededor de 40 estaciones, la mayoría de Santa Fe, pero también algunas de Entre Ríos, Buenos Aires y el este de Córdoba.

Desde el viernes pasado, sin embargo, las distribuidoras de gas comenzaron a mandar los avisos a las estaciones de servicio indicando que Enarsa dejó de inyectar el gas para el consumo de GNC, y que se abstengan de consumir gas hasta nuevo aviso. Las notificaciones les llegaron a las estaciones de servicio que incluso habían firmado contratos en firme, es decir, no interrumpibles, por lo que pagan un precio mayor.

La semana pasada, el secretario de Energía, Darío Martínez, indicó que Enarsa dio de baja una licitación para comprar cuatro buques de GNL porque los precios ofertados eran “muy altos”.

Los contratos daban en promedio unos US$ 51 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza como unidad de intercambio en el sector), un valor 600% mayor al del año pasado, cuando Enarsa compró los buques a valores promedio de US$8,5 el millón de BTU.

Lo charlamos con la ministra de Economía, Silvina Batakis y decidimos no comprarlos porque nos habían planteado precios de US$51 el millón de BTU. Eso es un gasto de más de US$400 millones”, dijo Martínez. Para reemplazar ese gas, se va a importar más gasoil (para las usinas térmicas) y electricidad de Brasil y Uruguay, pero todavía no se cerró el contrato y el faltante se está haciendo sentir.

Argentina

Los radicales presentaron un proyecto para ilegalizar la portación de armas blancas, en camino opuesto a lo que pide la población

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El diputado Juan Martín, de la UCR, presentó un proyecto para prohibir la portación de cuchillos, armas de goma o réplicas.

Encabezados por el diputado santafesino Juan Martín, un grupo de diputados de la UCR presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal con el objetivo de tipificar y sancionar la portación de armas blancas.

La iniciativa va en dirección opuesta a lo que pide la población, que aclama por una mayor flexibilidad en la portación de armas de fuego para poder defenderse de la crisis de inseguridad que atraviesa Argentina.

Los radicales proponen incorporar al Código Penal de la Nación que quien porte armas blancas u objetos cortantes o contundentes, será reprimido con prisión de 6 meses a dos años de prisión y multa de $50.000 a $100.000. Igual pena corresponderá a quien suministre estas armas a menores de 18 años.

Además, el texto establece que la tenencia de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de armas blancas será reprimida con prisión de 1 a 3 años de cárcel, y multa de $100.000 a $250.000.

Nuestro Código Penal tiene más de 100 años: los tiempos exigen que actualicemos las normas y nos hagamos cargo. No puede ser que cualquiera pasee con un cuchillo por la calle y no pase nada“, aseguró el diputado Martín en la presentación.

La Policía y la Justicia deben hacer su trabajo, pero necesitamos herramientas claras en nuestra legislación. No son momentos de mirar para el costado. Hace falta determinación y firmeza”, explicó el autor del proyecto.

Esta afirmación es falsa, y la Policía actualmente tiene la facultad de detener a cualquier persona en concepto de la Ley 23.950, la cual establece la detención por averiguación de identidad. No necesita de ninguna proscripción de armas blancas para poder detener a una persona que tenga empuñada un cuchillo.

Los requisitos para detener a una persona en estos casos son: que haya circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiera cometido un delito o pudiere cometer y no acredite fehacientemente su identidad. La detención no podrá excederse por más de 10 horas y el detenido no podrá estar incomunicado.

El proyecto de ley es incluso más difícil de justificar de esta manera, ya que también propone una sanción a quienes porten armas de aire o gas comprimido, ballesta o similares, como también réplicas con arma de fuego. Cabe la pregunta entonces, ¿qué delito podría cometer una persona con un arma falsa?

La legislación llevará entonces a la creación de licencias para la portación de elementos cortantes que se entregarían por motivos de profesión, oficio o actividad. Por ejemplo, un carnicero debería sacar una licencia para poder ostentar un cuchillo en su comercio que da a la vía pública.

Proyecto de Ley

La iniciativa también cuenta con la firma de los legisladores María Luján Rey; Gabriel Chumpitaz; Mario Barletta; Manuel Aguirre; Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Jimena Latorre; Lidia Ascárate; Aníbal Tortoriello; Gustavo Bouhid y Martín Berhongaray.

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Un borocotazo en Salta complica el armado nacional de Juntos por el Cambio

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El diputado salteño y olmedista, Juan Carlos Zapata, abandonó Juntos por el Cambio para sumarse a un nuevo frente liderado por un diputado de La Campora.

Carlos Zapata

Tras las recordadas migraciones de los diputados Ávila, Carambia y Ansaloni, que saltaron de Juntos por el Cambio (JxC) al kirchnerismo tras la victoria de Alberto Fernández en 2019, la política salteña se vio sacudida esta semana por el “borocotazo” del diputado nacional Carlos Zapata, quien abandonó la coalición opositora (había sido electo diputado hace apenas dos años por JxC), para sumarse a una nueva formación provincial liderada por el diputado de La Cámpora, Emiliano Estrada.

Estrada fue ministro de Juan Manuel Urtubey hasta 2019, y ese mismo año acompañó como candidato a vicegobernador del Frente de Todos al líder del cristinismo salteño, Sergio “El Oso” Leavy, quién perdió dicha compulsa con el actual gobernador Gustavo Sáenz.

Ambicioso y con buena llegada a la familia Kirchner, el candidato que hoy apoya Zapata supo ser mano derecha de Eduardo “Wado” De Pedro en el Ministerio del Interior, cargo que abandonó en 2021, justamente para competir contra Zapata por un lugar en la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que el fragor de la última campaña entre Zapata y Estrada quedó en el olvido y hoy se muestran juntos y decididos a capturar el voto de los kirchneristas duros, que no aprueban la gestión de Sáenz.

Boleta de Estrada en las elecciones legislativas de 2021

Este martes se realiza el lanzamiento oficial de la nueva formación, que reúne a otras viejas caras de la “casta” política salteña, como la kirchnerista Cristina Fiore, el radical de izquierda Rubén “Chato” Correa, el ex diputado Fernando Biella, y el ex dirigente del PRO, Martín Grande, que en agosto abandonó el bullrichismo para sumarse al equipo de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora abandona a éste para apoyar al candidato ultra-K.

Lo más llamativo del “garrochazo” de Zapata radica en que su apoyo al candidato de La Cámpora ocurre en el mismo momento en que su jefe político, Alfredo Olmedo, hace esfuerzos denodados para asegurarse la franquicia de Javier Milei en Salta, e incluso ha gastado un dineral para pintar toda la provincia con el lema Milei-Olmedo.

Según se especulaba ayer en los medios salteños, el sorpresivo pase de Zapata podría obedecer a un pedido del ex gobernador, Juan Carlos Romero, quien buscaría debilitar así a JxC en el plano local, para mejorar las chances de reelección de su hija Bettina, intendente de Salta que hoy aparece hundida en las encuestas tras una pésima gestión.

En el oficialismo salteño festejaron la movida, en tanto, por entender que el quiebre de JxC le da aire también a Gustavo Sáenz, quién viene golpeado tras una gestión tan carente de logros como la de su antecesor Juan Manuel Urtubey.

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Ante las presiones y las movilizaciones en su contra, Maduro canceló su viaje a la Argentina

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El dictador venezolano se asustó de las protestas que los venezolanos argentinos estaban organizando para protestar su visita a Buenos Aires.

El sanguinario dictador venezolano Nicolás Maduro canceló su viaje a la Argentina donde había sido invitado por el presidente Alberto Fernández para participar de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El líder chavista denunció un “plan de la derecha neofascista” para convocar movilizaciones en su contra en Buenos Aires y que estas protestas “amenazaban contra su vida“.

Además, aunque no lo dijo, la realidad que sobre su cabeza pesa una orden de captura del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con una recompensa por US$ 15 millones de dólares, y la Policía Federal Argentina (PFA), como parte de Interpol, tiene el deber de capturarlo de pisar suelo argentino.

Si bien Alberto Fernández había dado la deplorable orden de no arrestarlo como la ley demanda, todo indica que los asesores de Seguridad del chavismo le recomendaron no realizar el viaje.

Maduro denunció que la oposición argentina elaboró un “plan extravagante” en su contra. “Pretenden montar un show deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional“, subrayó en un comunicado publicado por el régimen socialista.

“Así buscan contribuir a la campaña de descrédito -ya fracasada- que se ha emprendido contra nuestro país desde el Imperio Norteamericanoañade. Por ese motivo, el dictador venezolano tomó “la decisión responsable” de enviar al canciller, Yván Gil, “como jefe de delegación con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela”, y “no ir en persona“.

Hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente”, advirtió Maduro, en referencia a las masivas protestas que se estaban organizando en Buenos Aires por su visita.

Como Estado fundador de la Celac, Venezuela desea cuidar el éxito de este principal mecanismo de unión e integración regional a favor de nuestros pueblos”, concluye el escrito, mientras que agradece al presidente argentino Alberto Fernández por la invitación.

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