La empresa de turismo estudiantil enfrenta acusaciones de prácticas ilegales y podría estar al borde de la bancarrota, poniendo en riesgo los sueños de miles de jóvenes.

En las últimas horas, se ha viralizado un audio de WhatsApp que ha generado indignación y preocupación entre cientos de estudiantes y sus familias. Sofía, una alumna del último año del colegio secundario, denunció que la empresa de turismo estudiantil MaxDream les está exigiendo el pago de un monto adicional de $400.000 a cada estudiante de su curso de la promoción 2024. En caso de no cumplir con el cargo, ningún estudiante podrá realizar su tan ansiado viaje de egresados a Bariloche.

"Nos quieren cobrar 400 lucas. Tenemos tiempo para juntarlo un mes, 400 lucas. Lo tenés que pagar porque si no lo pagaste, te devuelven la plata y te quedás sin viaje. Así de corto lo hicieron. Más la plata que tenés que llevar al viaje, obviamente (…) Todo eso y nos vamos el 1 de julio. No nos respetaron el hotel, la fecha sí, pero el hotel no".

La situación es alarmante y ha generado un fuerte rechazo entre las familias y todos los damnificados de la «promo XXIV». MaxDream, en un intento por justificar estos cobros adicionales, afirma que son consecuencia de la inestabilidad económica del país.

La preocupación por los cobros indebidos en el sector de turismo estudiantil no es nueva. Semanas atrás, la empresa Travel Rock intentó implementar un cobro adicional de tasas, pero tuvo que dar marcha atrás y recomponer los precios.

Sin embargo, la realidad para MaxDream parece ser mucho más compleja. Diversas fuentes han señalado que la empresa tiene balances irregulares y que esta demanda de dinero extraordinario es un intento desesperado por evitar la quiebra.

Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor, se estable que no está permitido ningún cobro adicional en concepto de cuota extra si no está claramente estipulado en el contrato firmado por ambas partes. Por lo que MaxDream no solo estaría incumpliendo su contrato, sino llevando adelante prácticas ilícitas; violando los derechos de los estudiantes y sus familias.

Este tipo de prácticas cometidas por MaxDream no solo ponen en riesgo el sueño de miles de estudiantes de celebrar su viaje de egresados, sino que también generan una enorme incertidumbre y estrés financiero en sus familias. El viaje de egresados es una experiencia única y muy esperada por los jóvenes, y la imposición de estos cargos exorbitantes amenaza con arrebatárselo de manera abrupta e injusta.

No es la primera vez que MaxDream está en el ojo de la tormenta. Otro hecho insólito se volvió viral en las redes sociales, así como en los medios cuando la empresa se olvidó a un menor de 16 años solo en el aeropuerto.

En Nosotros a la mañana, el papá de Lautaro contó con muchísima angustia que no obtuvo ningún tipo de respuesta por parte de la empresa: “Nadie nos habló. No llamaron ni para ver cómo estábamos ni para hacerse cargo. Con mi familia fuimos desesperados a las oficinas porque no podíamos entender cómo se quedó mi hijo en la otra punta del país con alguien que no sé quién es”.

“Fue una desesperación ayer. Teníamos muchos nervios. Lautaro volvió solo en un avión, era su primera vez viajando, y cuando llegó a las dos de la mañana se notaba que había estado llorando arriba del micro. Estaba con un poco de miedo”, sentenció en la entrevista.

Este nuevo incidente no hace más que agravar la ya complicada reputación de MaxDream, una empresa que parece estar en caída libre. Los padres y alumnos deben estar alertas y considerar muy bien con qué empresas contratan estos servicios tan importantes como el viaje de egresados.

La causa recayó en el juez Ariel Lijo, quien ordenó diversos informes y declaraciones testimoniales. Por el momento, Patricia Bullrich confirmó que se judicializaron más de 10 mil casos.

La causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que puso contra las cuerdas a los principales grupos piqueteros por extorsionar a los beneficiarios de planes sociales para que vayan a las marchas para seguir cobrando el programa.

Esta semana comenzó con una serie de allanamientos en la causa que engloba al Polo Obrero, pero no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Su colega Ariel Lijo tiene a cargo otra mega causa por los mismos delitos.

En ese expediente, según se pudo saber de fuentes judiciales, hay más de 1.000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134. La causa que tramita en el juzgado de Lijo, incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei.

Una fue de las protestas del 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía.

Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.

El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA).

La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros. Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.

Magdalena Espósito Valenti abandonó la cárcel de San Luis custodiada por el Servicio Penitenciario Federal. La separación de las asesinas era algo reclamado por la familia de Lucio.

Las mujeres condenadas a perpetua por el homicidio y abuso sexual de Lucio Dupuy fueron separadas por decisión de la Justicia de La Pampa, y tras la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que sean movidas a una cárcel federal.

Se trata de Magdalena Espósito Valenti, madre del nene de 5 años asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021, y su novia Abigaíl Páez, quienes estaban conviviendo juntas en una cárcel de San Luis.

Ambas estaban alojadas en la misma celda del Complejo Penitenciario de San Luis, hasta esta madrugada, cuando la primera fue trasladada por el Servicio Penitenciario Federal al Complejo Penitenciario Federal N° 6 ubicado en Lujan de Cuyo, Mendoza.

Desde que fueron detenidas, la familia de Lucio reclamaba que cumplan la pena en prisiones diferentes. “Están de luna de miel”, solían denunciar los abuelos del niño asesinado al respecto.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X un mensaje al respecto. "Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy", tituló, y explicó: "Lo mataron su madre y su novia. Se lo sacaron a su abuelo y a su tía. Lo torturaron hasta matarlo. En su declaración, la pareja asesina confesó que Lucio era "el obstáculo": así le decían para estar juntas y por eso lo mataron".

"Estaban juntas en la cárcel de La Pampa, lo que para el abuelo y la tía era darles un beneficio y no una pena. Por eso, nos pidieron separarlas y así lo hicimos", expresó la ministra.

"Ahora ya están separadas, en dos cárceles en provincias distintas, y pasarán hasta el último día de sus vidas encerradas y sin verse. Las responsables de su sufrimiento y el de toda su familia van a tener su merecido, y Lucio y su familia van a tener justicia", concluyó el mensaje.

El crimen de Dupuy

El trágico suceso que involucra a Lucio Dupuy tuvo lugar en la noche del viernes 26 de noviembre de 2021, cuando fue llevado al Hospital Evita de la capital pampeana por su madre y su pareja, mostrando múltiples y graves lesiones. En un estado crítico y con apenas signos vitales, los esfuerzos médicos por reanimarlo resultaron infructuosos, y su fallecimiento fue confirmado minutos después. Posteriormente, en el juicio que enfrentaron, se demostró que las mujeres mintieron ante los médicos, alegando que habían sido víctimas de un robo y que los asaltantes también habían agredido a Lucio. Esta versión falsa condujo a la intervención de la Policía provincial, resultando en la detención de Magdalena y Abigail.

La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una "hemorragia interna" inducida por las brutales agresiones sufridas por Lucio. Además, se descubrió que el niño presentaba tanto lesiones antiguas como recientes, habiendo sido tratado previamente por fracturas de brazos y dedos en varios centros de salud. Su cuerpo exhibía evidencias de golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillos.

Ambas mujeres fueron sometidas a juicio y el 17 de febrero de 2023, el Tribunal de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, las condenó a cadena perpetua.

Magdalena Espósito Valenti, la madre, fue encontrada culpable como autora material del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y el ensañamiento. Por su parte, Abigail Pérez, su pareja, fue condenada como autora material del delito de homicidio doblemente calificado por la alevosía y el ensañamiento, y además, culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la tutora y por tratarse de una víctima menor de 18 años de edad.

El 26 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó las condenas y agregó el delito de abuso sexual a la condena de la madre. El 3 de mayo fue promulgada la Ley Lucio (27.709), que busca prevenir y detectar tempranamente situaciones de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.