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El gobierno deshabilita la SUBE para los bonaerenses que no pertenezcan a los servicios esenciales

En una de las medidas más autoritarias de las últimas décadas, el gobierno nacional, junto a Kicillof y Larreta, decidió deshabilitar las tarjetas SUBE de todos los bonaerenses exceptuando a los trabajadores esenciales. El enorme poder de censura que ahora tiene el Estado.

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La SUBE, un sistema estatal de boletos de transporte público, fue puesto en marcha en Argentina en 2009, luego de una sincerización de tarifas que aumentó su precio y causó escasez de monedas. El gobierno de Cristina Kirchner en ese entonces estaba experimentando grandes niveles de inflación por lo que producir más monedas no era una opción, y así introdujo este sistema electrónico que para 2011 ya era de uso obligatorio y que fue recibido con aplausos de parte de los argentinos. Nadie se percató del enorme poder de control que le estaban entregando al Estado.

Las tarjetas SUBE están registradas con el número de DNI de cada argentino, y ahora el gobierno, nuevamente bajo las garras del kirchnerismo, después de 11 años sin interferir en la habilitación de este servicio, finalmente decidió usar el sistema para quitarle derechos a la gente.
Este viernes se reunieron las autoridades encargadas del transporte bonaerense, junto al gabinete de Larreta y el ministro de Transporte Nacional, Mario Meoni, y se decidió, a pedido del presidente Alberto Fernández, deshabilitar las tarjetas SUBE de todos los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal, a excepción de las que pertenezcan a un DNI asociado a una persona registrada como trabajador esencial durante esta pandemia de coronavirus.
El objetivo de esta medida autoritaria y comunista es descomprimir el transporte público, y que éste solo sea utilizado en el AMBA por aquellos cuyo trabajo no puede ser suspendido por la cuarentena, como personal de salud, de seguridad o de servicios esenciales como la comunicación, el agua o la energía.

Mario Meoni junto a las autoridades bonaerenses y porteñas planificando cómo quitarle el derecho al tránsito a los argentinos.

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Además de esta medida, se decidió reforzar considerablemente los controles policiales en las estaciones de subtes y trenes, donde al mejor estilo del gobierno de Macri, los oficiales piden el DNI de los ciudadanos y le realizan una verificación personal. El objetivo es regular la cantidad de gente que se sube a cada vagón y a su vez identificar a la gente que no tenga el permiso para viajar en transporte público. Sin embargo, con la deshabilitación de la SUBE, se espera que estas personas ni siquiera puedan pasar por la barrera de entrada.

Este programa del gobierno recuerda lamentablemente a las peores políticas autoritarias del régimen comunista chino. En China, las personas solo pueden viajar por el sistema de transporte público con la “tarjeta T-Union” cuyo valor es posteriormente reembolsable, por lo que el gobierno se vanagloria con tener un sistema “completamente gratuito e integrado”. Algunas ciudades como Beijing o Shanghai tienen sus propias versiones de la tarjeta, pero todas dependen exclusivamente del centralizado gobierno nacional.

Estas tarjetas han sido foco de controversia ya que el Partido Comunista es conocido por deshabilitar su uso para los opositores del régimen, para quienes no respeten las delirantes leyes comunistas, para quienes andan con la cara tapada, para quienes no trabajan, etc. El mismo sistema SUBE que en Argentina pareció inofensivo por tanto tiempo, en China hace casi 20 años que se utiliza como herramienta de opresión para los ciudadanos.
¿Qué vamos a hacer cuando el gobierno de Alberto Fernández, una vez terminada la cuarentena, decida que aquellos que divulgan información sobre su gobierno, tildada de “fake news”, no pueden acceder al transporte público, o peor, no puedan acceder a un hospital o una universidad pública?

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Argentina

Los gobernadores ponen a prueba a Massa y esperan que el ajuste no pase por las provincias

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“Sergio es un amigo de las provincias”, dicen, pero están inquietos por los subsidios al transporte y la energía.

Los gobernadores están aliviados por la salida de Silvina Batakis del ministerio de Economía y esperan que el ajuste que planea Sergio Massa no afecte a las provincias.

Un par de semanas después de asumir como ministra, Batakis filtró a los medios un textual que hizo enfurecer a los gobernadores. “No podemos seguir girando fondos para solventar gastos corrientes mientras que hay provincias que tienen en plazo fijo un apalancamiento que le permitiría afrontar los costos de la administración pública por un año”, sugirió la ahora titular del Banco Nación.

Las provincias reciben fondos a través de la coparticipación, que no se pueden tocar porque están fijados por ley. Pero los fondos que el Gobierno gira a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y obras públicas dependen del Ejecutivo de turno, por lo que el textual de Batakis cayó como un mazazo en las provincias.

Los gobernadores no pueden emitir como hace el gobierno a través del Banco Central, por eso algunas tienen un fondo anticíclico para asegurar los sueldos. Sin embargo la situación de algunos distritos es más compleja, a tal punto que una provincia debió conseguir un crédito de un banco internacional para pagar los salarios en los últimos meses.

No fue casual el operativo clamor de algunos gobernadores que pidieron que Massa se hiciera cargo del ministerio de Economía aún cuando Batakis estaba en Washington negociando con el FMI.

Un día antes de que la Rosada oficializara la llegada de Massa, una docena de gobernadores mantuvo una tensa reunión con Alberto Fernández en la Rosada en la que le advirtieron que no iban a resignar un peso de sus provincias.

Ahora los gobernadores esperan un trato más amigable con el nuevo ministro mientras se preparan para dos discusiones centrales, que son los subsidios al transporte y a la energía.

Pese al mejor marco político que sienten los gobernadores, los economistas suponen que si el Gobierno intenta cumplir con el 2,5% déficit que pide el FMI, es difícil que las provincias salgan ilesas

La primera señal que dio Massa fue frenar la fusión de los ministerios de Obras Públicas y Transporte, porque creía que complicaría la revisión completa de todos los subsidios. Massa prefirió tener un control directo del tema del transporte con Alexis Guerrera, un dirigente de su espacio. Respecto de las obras, los gobernadores recibieron de parte del Ejecutivo la promesa de que no se frenará el financiamiento de ninguna obra en marcha, aunque no se prevén obras nuevas para 2023.

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La CGT ratificó la marcha del 17 de agosto: Massa apuesta llegar a una negociación

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La central sindicalista busca que las obras sociales pasen al Estado el costo por las prestaciones por discapacidad en los rubros de educación y transporte.

Sergio Massa, ministro de Economía, Producción y Agricultura, respalda a la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que apuntaría que se levante la movilización propuesta para el 17 de agosto.

La CGT está presionando al Gobierno por las obras sociales, dado que no se está dictando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en pos de darle un respiro a la crisis del sistema de salud.

El mismo se vio agravado por el alza de un 25% que recayó sobre las prestaciones por discapacidad. La mesa chica de la CGT confirma que la marcha se estará realizando.

La CGT le pide a Sergio Massa un DNU por las obras sociales

El conflicto pasa porque Sergio Massa no estaría dictando el DNU que pretende la CGT para que las obras sociales pasen al Estado el costo por las prestaciones por discapacidad. Esto lo proponen en los rubros de educación y transporte.

Las molestias se ven más marcadas luego de que el Gobierno fijó el martes pasado el aumento del 25% sobre los valores de las prestaciones.

En una reunión entre dirigentes cegetistas y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quedó planteado el martes pasado el problema. Manzur se comprometió a tomar cartas en el asunto sobre el DNU.

Pero la central obrera también presiona a Sergio Massa para que lo destrabe. El gran inconveniente es que este DNU comprometería uno de los pilares que planteó el ministro sobre su gestión: reducir el déficit fiscal.

Es por ello que, ante las dudas de si se llevará a cabo, la CGT mantendría su posición de hacer la movilización el próximo 17 de agosto.

Una medida que cayó bien en el sindicalismo, fue el anuncio de Massa en su primera conferencia, de que se “enfocará en el estudio de la modificación de las asignaciones familiares”.

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Tensión en el Gobierno: renunció el cristinista Darío Martínez a su cargo como secretario de Energía

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La noticia de su alejamiento se confirmó en horas de la noche de este jueves. Sergio Massa podría avanzar así en la designación de sus propios colaboradores.

Darío Martínez, quien hasta hace unas horas era el secretario de Energía, presentó su renuncia. En su gestión fue crítico de Martín Guzmán por la segmentación de las tarifas.

Sergio Massa anunció este miércoles una serie de cambios sobre la implementación del recorte de subsidios, lo que hizo que Martínez tomara la determinación de renunciar al secretariado.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, podría correr con la misma suerte que Martínez, lo que le daría a Massa la posibilidad de elegir a sus colaboradores.

Martínez impulsaba que la segmentación de las tarifas debían hacerse por geolocalización. Los aumentos quedarían concentrados en aquellas zonas de mayor valor inmobiliario, distinto de lo que se plantea por los ingresos.

Pero Massa avanzó con la segmentación de las tarifas a partir del nivel del consumo y ya anunció cuál será el límite (400 KW en electricidad) para mantener la tarifa subsidiada. Lo que supere este consumo, se pagará con el valor completo.

El nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura señaló que así se incluirá al 80% de los usuarios, y se abarcará al 50% del consumo. Cerca de 10 millones de hogares pidieron que se les mantenga el subsidio.

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