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Argentina

Pato Bullrich envió al Congreso 4 proyectos de ley para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

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Estos proyectos abarcan la instauración de una Ley Antimafias renovada, el ampliamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos, así como endurecimiento contra la reincidencia delictiva y ampliar la legítima defensa.

El martes, el Gobierno anunció la presentación de cuatro proyectos de ley en el Congreso Nacional dirigidos a enfrentar el crimen organizado en Argentina.

Estas iniciativas normativas abarcan una amplia gama de medidas, como una Ley Antimafias, la creación de un registro de datos genéticos actualizado, la inclusión del concepto de reincidencia delictiva y el derecho a la legítima defensa en cumplimiento del deber. Asimismo, proponen ajustes en aspectos relacionados con la unificación de penas y el concurso de delitos.

"El Gobierno Nacional considera estas medidas como fundamentales para erradicar el crimen en todas sus manifestaciones y dimensiones, y para impulsar un cambio profundo y duradero en la sociedad argentina", resaltaron desde el Ejecutivo. Los proyectos cuentan con las firmas del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; así como de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.

La nueva Ley Antimafias tiene como objetivo combatir las organizaciones criminales y está diseñada para ser aplicada en una variedad de delitos. En palabras de Bullrich: "Cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”.

La importancia de la ley se basa en cuatro aspectos claves:

  • Se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.
  • Crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
  • La pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
  • Extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional

Otra de las propuestas del Gobierno, a fin de reducir el porcentaje de delitos, es el de incorporar el concepto de reiterancia.

Conforme a la normativa actual, se considera reincidente a aquel individuo con dos o más condenas que resultaron en privación efectiva de libertad. Con la inclusión del concepto de reiterancia, ya no será necesario que las condenas hayan sido cumplidas para ser considerado reincidente. En caso de dos hechos delictivos independientes, las penas se sumarán aritméticamente, alcanzando un máximo de 50 años.

El proyecto propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos, que está relacionado con delitos sexuales y funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, mediante la creación del "Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal", que estaría bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad de la Nación.

De esta manera, el registro se ampliaría para incluir todos los delitos, no solo aquellos cometidos por agresores sexuales. Se destaca que esta medida sería una verdadera revolución en la identificación criminal, similar a la introducida en septiembre de 1891 con la identificación dactiloscópica desarrollada por el argentino Juan Vucetich.

El Gobierno planea utilizar las huellas genéticas obtenidas en la escena del crimen para compararlas con los perfiles genéticos de sospechosos e individuos condenados, agilizando así los procesos judiciales. Además, se contempla la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas contribuyan voluntariamente con sus perfiles genéticos para facilitar la identificación de cuerpos o personas no identificadas.

Otro aspecto destacado del proyecto es la actualización del Código Penal en relación con el accionar de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento del deber o en situaciones de legítima defensa. El objetivo es proporcionar un marco legal claro que permita a los agentes actuar con confianza y sin temor a represalias legales injustas, considerando que en ocasiones se han sentido cohibidos de actuar por temor a ser procesados por cualquier acción que realicen.

El proyecto busca garantizar que las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin poner en riesgo su carrera ni su libertad. Esto es crucial para que puedan proteger la vida y la libertad de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, se considera que la legítima defensa es un derecho fundamental que emana del derecho a la vida y a la integridad de las personas cuando se enfrentan a una situación que pone en peligro su seguridad.

Una de las propuestas del proyecto es contemplar la situación en la que una persona se defiende de un agresor que, aunque esté desarmado, pueda representar una amenaza debido a diferencias de edad, contextura física, experiencia en la pelea, o al número de agresores presentes que puedan causar daño a su integridad física o sexual.

El proyecto también amplía las disposiciones para proteger a quienes se defienden de intrusos en su hogar. Anteriormente, la legislación requería que esta situación ocurriera exclusivamente durante la noche, pero con la propuesta se extendería a cualquier momento del día. Además, no solo abarcaría la defensa contra intrusos en el hogar, sino también en cualquier lugar donde la persona tenga un derecho legítimo de permanencia, como una oficina, un comercio o un establecimiento.

Se incluyen también aclaraciones que reflejan precedentes judiciales, como el caso de alguien que se defiende de un agresor que utiliza un arma falsa con apariencia de real, o de alguien que sigue ejerciendo violencia, como disparos con un arma de fuego, mientras se aleja de la víctima.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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La oscura verdad detrás del depósito de alimentos de Capital Humano: Así es como el kirchnerismo y Grabois le robaban a los pobres

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Producto de una investigación independiente respecto a las compras irregulares de millones de kilos de yerba, se logró descubrir como el kirchnerismo y Juan Grabois se quedaban con el dinero de los pobres, y les vendían sus propios alimentos.

En los últimos días se pudo ver a dirigentes piqueteros y políticos kirchneristas reclamando por la "distribución de alimentos", de los cuales más del 60% son paquetes de yerba, que el ministerio de Capital Humano almacena en caso de catástrofes como inundaciones.

Parecería ser un reclamo "noble", pero como siempre sucede con el kirchnerismo y la izquierda, esconde un oscuro motivo que incentiva este tipo de actitudes.

Todo esto se origina con las manifestaciones de personas "supuestamente hambrientas", enviadas por diferentes dirigentes piqueteros como Juan Grabois y Emilio Pérsico, y la compra de 3.160.000 kilos de yerba, realizada a las apuradas por la exministra kirchnerista Victoria Tolosa Paz el 7 de noviembre de 2023.

Según la "Decisión Administrativa 878/2023″ (DECAD-2023-878-APN-JGM – Licitación Pública N° 95-0058-LPU23), el ex Ministerio de Desarrollo Social adquirió 12 millones de kilos de yerba de las marcas "El Buen Ojo" y "Sierras de Imán" a tres proveedores estatales polémicos.

De esta compra, 3.160.000 kilos de yerba aún permanecen en depósito. Esta yerba, que carece de valor nutricional significativo, nos hace preguntar: ¿Por qué las personas preocupadas por el hambre se interesan tanto en esta yerba?

La conexión con Juan Grabois y Emilio Pérsico

La marca "El Buen Ojo" tiene una historia oscura, una de ellas es la venta de los paquetes en ferias organizadas por militantes de Juan Grabois y Emilio Pérsico, pertenecientes al Movimiento Evita. Este proceso implicaba varias irregularidades:

  1. El ex Ministerio de Desarrollo Social compraba productos de baja calidad a proveedores amigos.
  2. Estos productos eran entregados a los punteros de Grabois y Pérsico.
  3. Los punteros vendían estos productos en ferias y se quedaban con el dinero.

Este esquema corrupto perjudicaba a los pobres en múltiples formas: en la compra a proveedores con sobreprecios, en la distribución discrecional de los productos, y en la venta final en las ferias. El dinero recaudado en estas ferias iba directamente a las organizaciones de Grabois y Pérsico.

Por lo tanto, no solo que se realizaban compras con sobreprecios, sino que los "alimentos" iban directo a las manos de los dirigentes piqueteros, que en vez de dárselo a los mas necesitados, se los vendían en ferias y se quedaban con el dinero. Los pobres pagaban 2 veces por un mismo producto (con impuestos al estado, y con su dinero en las ferias)

La relación entre Juan Grabois y Emilio Pérsico no es nueva. Ambos han trabajado juntos durante años, incluso extorsionando a la exministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri, Carolina Stanley, quien les otorgó 30.000 millones de pesos en 2016 (aproximadamente 2 mil millones de dólares al tipo de cambio de entonces). A estos líderes no les preocupa realmente el hambre de los pobres, sino mantener sus fuentes de ingreso. La reciente manifestación frente al depósito del Ministerio de Capital Humano, con la presencia de Grabois y carteles del Movimiento Evita, subraya su interés en el negocio de la yerba.

La yerba comprada por Victoria Tolosa Paz era de pésima calidad, según diversas fuentes en Misiones. Incluso el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se opuso a estas licitaciones, ya que el Ministerio ignoró sus recomendaciones para elegir mejores proveedores.

Entre los proveedores se encuentra Hugo Oscar Holowaty, un pequeño productor artesanal de yerba mate que ascendió rápidamente al convertirse en proveedor del Estado con precios inflados hasta en un 300%. Holowaty compraba la producción de otros pequeños productores a precios bajos y vendía esta yerba de mala calidad al Estado.

Holowaty tiene un historial de causas judiciales, incluyendo acusaciones de asociación ilícita fiscal. Se lo vinculó con la creación de empresas falsas para emitir facturas fraudulentas, generando créditos fiscales que luego vendía a empresas reales. Dos amas de casa figuraban como presidente y vicepresidente de estas empresas fantasmas, captadas bajo falsas promesas de trabajo.

La compra y distribución de yerba mate por parte del Ministerio de Desarrollo Social no solo expone la ineficacia y la corrupción dentro del ultimo gobierno kirchnerista, sino también la manipulación de la pobreza con fines políticos y económicos. Las acciones de Grabois, Pérsico y otros implicados en estas maniobras demuestran un desprecio por las verdaderas necesidades de los pobres, utilizando programas sociales para enriquecer a sus propias organizaciones y sus propios bolsillos.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Los senadores ratificaron el aumento de sueldo con una suba adicional y pasarán a cobrar 8 millones de pesos por mes

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La suba que se hicieron los senadores a mano alzada se sumó a un ajuste por inflación del 9%, atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso. Cobrabrán 8 brutos y más de 5 millones en mano.

En medio del debate por la Ley Bases y la Reforma Fiscal, los senadores firmaron finalmente la suba de sus sueldos que se votaron a mano alzada en medio de una sesión en la que solamente se iba a votar la aprobación de los pliegos de los embajadores.

Si bien se habían subido sus dietas a $7,2 millones de pesos brutos, en la ratificación de la suba se agregaron un aumento adicional, del 9,14% (2% retroactivo a abril y 7% de mayo), por lo que los 72 integrantes de la Cámara Alta terminarán cobrando $8 millones de pesos brutos por mes.

El aumento llega como consecuencia de un mecanismo que, a diferencia de los diputados, ata los ingresos de los senadores a la paritaria de los empleados del Congreso Nacional, y se suma al aumento original ya que se subieron la cantidad de módulos que cobra un senador, en vez de aumentar el valor del módulo.

A mediados de abril, en una votación a mano alzada, los senadores nacionales decidieron aumentar sus dietas desde el 1 de mayo de $1,9 millones a $7,2 millones (bruto). La medida generó una fuerte polémica, especialmente en el oficialismo.

El propio presidente Javier Milei cuestionó la iniciativa desde sus redes sociales. “Así se mueve la casta”, escribió. Las críticas comenzaron a elevarse hasta llegar a la vice Victoria Villarruel, quien también oficia como presidente del Senado, quien se tuvo que defender en sus redes sociales y aclaró que no está dentro de sus facultades poder impedir esa votación.

Claro que hay limitaciones. Esto es una democracia. Si quieren que me comporte como una dictadora no lo voy a hacer. Las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo”, le respondió a un usuario que había avalado su explicación, al señalar que “hay limitaciones en el poder”.

El Senado continuaba esta tarde con el tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en comisiones y el Gobierno se esperanza con obtener dictamen esta semana. La reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales está pautada para las 15 horas en el Salón Azul del Congreso: allí seguirá el debate de la iniciativa reformista impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei.

La reuniones de comisión serán las primeras tras la asunción de Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete: el dirigente libertario había conducido las negociaciones con gobernadores y legisladores opositores desde el Ministerio del Interior y, con la salida de Nicolás Posse, deberá continuar con esa gestión para lograr que el Gobierno obtenga las leyes que considera clave para avanzar con una serie de reformas.

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“El Resplandor”: El comedor fantasma que compromete al Polo Obrero en el manejo de dinero y de facturas truchas

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Un caso particular de un comedor fantasma puso contra las cuerdas al líder de la Unidad Piquetera.

El 27 de marzo pasado, cuando el gobierno de Javier Milei ya había puesto la lupa sobre el funcionamiento irregular de algunas cooperativas en la gestión de Alberto Fernández, Elizabeth Carmen de Palma, la presidente de la Asociación Civil Polo Obrero, le manifestaba su preocupación a Jeremías Cantero, una de las cabezas en la coordinación de comedores de esa agrupación.

Para esa altura, el fiscal Gerardo Pollicita ya los había puesto bajo la lupa y estaba siguiendo sus movimientos. Pero tras los allanamientos y la prueba encontrada, el juez Sebastián Casanello no sólo admitió llamarlos a indagatoria a ellos sino también a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, quien no estaba en lista original de imputados por la fiscalía.

Lo que finalmente dejó a Belliboni en la cuerda floja en la causa es la sospecha de facturación trucha y el dibujo de gastos en el comedor "El Resplandor".

Gracias a esta investigación, Belliboni pasó a ser parte de uno de los investigados en la causa porque firmó convenios ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy convertido en Capital Humano, en donde asumía una serie de obligaciones como unidad de gestión del dinero que repartía el Estado Nacional, mientras también recibía dinero para poder ejecutar esa ayuda social, como poner un taller o un comedor.

Pero los investigadores notaron que en esos movimientos aparecían “gastos dibujados” y usinas de lo que se sospechan son facturas truchas. Las dos firmas sospechadas son Rumbos y Coxtex. Mientras que Rumbos era aportante del Partido Obrero, Coxtex figura en un lugar inexistente, por lo que es un "comedor fantasma".

El dinero que reciben las agrupaciones se podía destinar a maquinaria o vestimenta y debía ser rendido a las autoridades nacionales. Pero de acuerdo a los investigadores judiciales, en base a lo informado en los registros administrativos, solo el 30% del dinero entregado al Polo Obrero se habría justificado de la manera correcta.

Las fuentes judiciales que dialogaron con Infobae también notaron que las descripciones que hacía el Polo Obrero, en relación a otras asociaciones que eran muy detalladas en su reporte de facturación, era más vaga. “Se hablaba de vestimenta pero eran pecheras del Polo Obrero”, deslizó uno de los investigadores.

El magistrado hizo hincapié en “la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ‘Ediciones e Impresiones Rumbos SRL’ y ‘Coxtex SA’-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

Según el análisis de Casanello, esa maniobra “se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”. Las exigencias eran transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad, afirmó.

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