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Argentina

El Gobierno y Ctera pactan un 0% de aumento salarial docente, aunque en campaña habían prometido un 35%

A pesar de una inflación esperada cercana al 50%, Ctera y toda la burocracia sindical docente (UDA, CEA, Sadop y Amet) votaron unánimemente por un “solidario” aumento del 0% para lo que resta del año.

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El pasado 24 de julio se llevó a cabo la paritaria docente nacional, con la participación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de La República Argentina (Ctera), representada por su secretaria general Sonia Alesso, y líderes de los principales sindicatos docentes del país, entre ellos Roberto Baradel (Suteba) y Eduardo López (UTE), en la cual se pactó de forma unánime que no habrá ningún aumento salarial en el 2020

El ministro de Educación Nicolás Trotta publicó en su cuenta de Twitter: “Por unanimidad acordamos la paritaria nacional docente con el aval de los 5 gremios y las 24 jurisdicciones que incluye el pago de un monto excepcional ‘FONID-suma extraordinaria COVID-19’ por cargo, en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre”. 

Sin embargo, tales declaraciones no son totalmente transparentes. Según Trotta, se trata de una “suma excepcional” del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por COVID-19, dividida en cuatro “generosas” cuotas de $1.210 cada una –algo así como $40 por día– lo cual en palabras del ministro es un reconocimiento al enorme compromiso que está llevando a cabo el sector docente en el marco de la pandemia para garantizar la continuidad pedagógica”. 

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Por otro lado, desde la Ctera el mensaje es distinto. En su comunicado oficial se expresa de forma clara que no hay ninguna “suma extra”, sino la “continuidad del pago del Incentivo Docente (FONID) acordado hasta junio, por cuatro meses más -hasta noviembre- mes en que se va a llevar adelante una nueva reunión Paritaria”. Esta incongruencia ha hecho ruido en la comunidad educativa, y ha despertado repudio en varios sectores que consideran el “acuerdo” una burla, en una economía que va viento en popa a una hiperinflación

Independientemente de si es una “suma excepcional” o una simple “continuidad del pago”, claramente está muy lejos de cubrir y/o compensar los gastos extraordinarios como consecuencia de la pandemia (y su forzosa cuarentena): internet, uso de dispositivos personales (PC, notebook, celulares, impresoras, etc.) electricidad, entre otros.

El “aumento” pactado, por lo tanto, es de un 0% por lo menos hasta noviembre, aunque no se espera que haya ningún cambio favorable después de eso, tomando en cuenta la crisis económica imperante y los pronósticos nada optimistas para este segundo semestre del año.

Esta lamentable decisión, con una inflación esperada para 2020 que ronda el 50%, implicará una destrucción del salario real de los trabajadores escolares y universitarios. En campaña, Alberto Fernández había criticado un decreto de Macri de 2018 que ataba el salario docente al salario mínimo, a pesar de que esta decisión generaba aumentos de hasta el 12%.

El Frente de Todos – que claramente no representa a todos – había prometido que se sentaría con los gremios de los docentes a pactar “por lo menos un aumento del 35%, sin embargo la realidad terminó siendo muy diferente.

A todo esto se le debe sumar un desgaste físico en las personas que no tienen los elementos básicos para el trabajo remoto: sillón ergonómico, mouse pad, apoyo para notebook, protector para la fatiga visual, escritorio y demás elementos de seguridad y salubridad ante accidentes, todo lo cual está contemplado en las Resoluciones del Ministerio de Trabajo y de la OIT, que la burocracia sindical tanto se jacta de “defender”, pero que este año no ha hecho nada por garantizar.

En estos casi ocho eternos meses de gobierno de Alberto Fernández, más de 100.000 docentes han perdido sus empleos, otros miles de cargos flexibles por fuera del Estatuto no fueron nombrados, avanzó la precarización laboral y se desestimó por completo el acondicionamiento mínimo para el teletrabajo. Un claro ejemplo de que la izquierda se muerde a sí misma.   

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Argentina

Aumentos en las tarifas: estiman que el incremento de la luz rondaran el 200% y el del gas un 80%

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Aún se desconoce de cuánto será el aumento, a partir de cuándo comenzará a regir y quién lo implementará.

 La aplicación de la segmentación para la quita de subsidios a la energía aún reviste mas incógnitas que certezas. Los cambios en la Secretaria de Energía engordaron la falta precisiones de la medida, como por ejemplo saber de cuánto será el incremento, cuándo comenzará a regir y quién lo implementará

Lo que aún no puede comunicar el gobierno, ya lo estimó la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo. Los incrementos finales serían del 85% para la tarifa de gas y en torno al 200% para la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, según consta en el último informe presentado por la consultora.

“En general la mayor parte de los hogares, el 70% de los usuarios del AMBA, tiene un nivel de consumo por debajo de los 400 kv que puso de tope el gobierno para aplicar a partir del excedente el pago de tarifa plena” afirmó Arceo que aclara que se trata de un promedio anual porque el nivel de consumo varía según la estación del año.

Ahora bien, si la mayoría de los usuarios consume por debajo del tope, la pregunta es cual es el ahorro para el fisco en tanto eliminación de subsidios. Sobre esto Arceo explica que el 30% de los hogares donde se consume mas de 400 kv explican a su vez el 50% del consumo de energía total. “Son pocos hogares que consumen mucha energía, con lo cual sin subsidio, o se reduce, el nivel de ahorro fiscal es bastante significativo”.

Para Arceo la incorporación del criterio de tope de consumo es un premio al ahorro de energía muy eficaz en otros países. Sin embargo este consultor explica que los sectores populares, que no tienen acceso a la red de gas, consumen más energía, sobre todo en invierno. “Por eso es importante saber si el tope de consumo alcanza también a los beneficiarios de tarifa social” agrega Arceo, para quien este punto es nodal “para proteger a los que menos tienen”. Según el consultor esto todavía no está garantizado ya que queda “esperar la letra chica de la reglamentación de la medida”.

No obstante Arceo reivindica la medida: “Es correcto penalizar el consumo excesivo dado el incremento que tuvo la demanda de gas y energía eléctrica en los últimos años que llevo a la Argentina a que solo en el primer semestre de este año creció un 18% respecto al mismo período del 2019”.

En lo que respecta al servicio de gas por red y servicio de agua potable, Massa no dio precisiones.”En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad”, dijo, sin más detalles.

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Senado: El kirchnerismo impulsa una ley para crear un ingreso fijo por indigencia

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La ley, elaborada por la senadora Di Tullio, alanzaría a 1.7 millón de personas, con un costo fiscal más bajo que el salario básico que pide Grabois.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto para crear un ingreso por indigencia, que beneficiaría a 1.7 millones y fue elaborado después de una ronda de consultas con organizaciones sociales y funcionarios.

Es mucho más restrictivo que el salario básico universal que propone Juan Grabois, porque abarca a desocupados desde 25 años a uno menos que el límite de la jubilación (59 mujeres y 64 hombres), que no sean beneficiarios de planes sociales. 

Recibirían el equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, que según el Indec alcanza 15.057 pesos mensuales. Se actualizaría por trimestre. 

El proyecto de Itahí Hagman, diputado del Frente de Todos cercano a Grabois, también propone pagar una canasta por adulto, pero abarca a desocupados de entre 18 y 64 y a quienes registren bajos ingresos. 

Se definen como tales a trabajadores de casas particulares, monotributistas de categoría A o asalariados con haberes similares. El beneficio llegaría a entre 7 y 9 millones de personas y el costo fiscal podría ser entre 2 y 3 puntos del PIB.

Di Tullio trabajó en un diseño que redujera el impacto fiscal, que esperaba presentar la semana pasada, pero debió postergar hasta que el nuevo ministro de Economía Sergio Massa se pusiera al tanto. 

Calcula un costo fiscal de 0.09 del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. El ingreso durará un año y para renovarlo el beneficiario deberá acreditar que continúa sin ingresos.

Y se promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica.

De esta manera, el Estado se encargaría de la reinserción laboral del beneficiario, que formará parte de un Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción, mediante un cruce de datos con Anses.

Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero se estima que no podrá demorarse más allá del debate del presupuesto, que llegará el 15 de septiembre a Diputados. El último no se sancionó y el kirchnerismo lo cuestionó, justamente porque no contemplaba ayuda directa a los sectores vulnerables.  

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Cuarta audiencia del juicio por la Obra Pública a Cristina Kirchner: el fiscal apuntó a la “caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”

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Se trata de las obras por remediación de canteras por las que recibió 220 millones de dólares. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron hoy la cuarta audiencia de sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, la Fiscalía ahondó sobre lo que llamó la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

Se trata de las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para obras de remediación de canteras y movimiento de suelos.

Ante el Tribunal Oral Federal 2, y sin la presencia de Cristina Kirchner, autorizada a ausentarse, el fiscal Luciani señaló que Báez ganó todas las licitaciones para la remediación de canteras por un total de 220 millones de dólares y que la gran mayoría fueron cercanas a las elecciones presidenciales de 2007 que ganó el Frente de Todos.

En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, dijo Luciani. El fiscal, con el aporte de filminas, mostró cada una de esas obras en las que expuso como en las licitaciones competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti y en algunas otras empresas, en su mayoría Petersen, que siempre quedaba descalificada. Se trata del mismo mecanismo que se utilizó para las licitaciones de las obras viales que la Fiscalía analizó en las audiencias anteriores.

A su turno, el fiscal Mola señaló que esas licitaciones se buscaron ocultar en su publicidad. Explicó que se debían publicar en los diarios de Santa Cruz para que las empresas que quisieran se presenten a competir. Pero Mola destacó que las licitaciones se publicaban en las secciones de belleza, de chistes o donde se publicaban avisos contra la eyaculación precoz. “La ley no especifica donde debe publicarse pero se hacía en lugares no relacionados con la obra publica”, señaló Mola.

La audiencia de hoy comenzó con una recusación que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, presentó contra el fiscal Luciani y uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Las defensas de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, adelantaron que también presentaron medidas similares.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, acusó Luciani el primer día los alegatos, el pasado 1 de agosto.

La Fiscalía tiene nueve audiencias para alegar la acusación contra los 13 imputados en el juicio. Luciani adelantó que usará todas y que inclusive podrían necesitar algunas más. Luego será el turno de los alegatos de cada una de las defensas que tendrántres audiencias. La primera en alegar será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

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