El candidato presidencial había intimado públicamente a la plataforma a rectificar los datos luego de que publicaran información falsa sobre su experiencia laboral.

Los operadores de poca monta que intentaron difamar a Javier Milei, de a poco van teniendo que pedir disculpas. Esta vez, Nosis, una plataforma que almacena datos comerciales y laborales de personas y empresas, se disculpó públicamente este lunes con el candidato presidencial por presentar una información falsa sobre su experiencia laboral.

Para entender la polémica, hay que retrotraerse a abril de este año, cuando algunos medios de comunicación reprodujeron un informe comercial de Nosis que indicaba que Milei había trabajado 26 años seguidos en el Congreso como asesor, entre 1994 y 2020.

Los medios mencionados publicaron la información sin confirmar ni preguntarle al candidato o a gente de su equipo si era verídico, y no se preguntaron en ningún momento si se trataba de un error o una noticia falsa.

“Pedimos nuestras más sinceras disculpas al Sr. Javier Milei por cualquier inconveniente que el error pudo haberle ocasionado, agradecemos su buena predisposición, y lamentamos la continuidad de su utilización a pesar de su rectificación en la misma fecha que el mismo tomó estado público”, aseguró la compañía en un comunicado esta mañana.

“Nosis rectificó el error en el transcurso de la misma noche en que tomó conocimiento del mismo y notificó acerca de su rectificación tanto a aquellos usuarios que solicitaron informes comerciales como al propio interesado”, se informó. ”Desde entonces, hemos estado en contacto con el Sr. Javier Milei y su equipo, quienes con buena predisposición han colaborado en aclarar satisfactoriamente lo sucedido”, agregaron.

Según precisó el portal de datos este lunes, en aquel momento se produjo un error que consistió en haber unificado dos períodos distintos en los cuales Milei desempeñó tareas en relación de dependencia en la Cámara de Diputados, que en realidad habían estado separados por varios años de diferencia.

Milei tuvo un breve paso por la Cámara de Diputados cuando fue contratado por tres meses en 1994, junto a un grupo de economistas, para asesorar al espacio político del entonces convencional constituyente de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, en dos leyes en específicas; una vinculada a la desregulación de la industria del limón y otra a la de la caña de azúcar.

No sería hasta el 10 de diciembre del 2021 que Milei asumiría como diputado nacional, y trabajaría oficialmente para el Congreso, con un sueldo que dona todos los meses. Según Nosis, un “error de sistema” ocasionó que estos dos trabajos se cuenten como uno solo y por eso surgió la discrepancia.

La explicación no arroja claridad al asunto, ya que en realidad Milei asumió como diputado en 2021, no en 2020. Además, es bastante sospechoso que este error fue inmediatamente captado por todos los medios y reproducido simultáneamente, como si hubiera estado planeado.

A la fecha de publicación de esta nota, ningún medio como La Nación, Clarín, Infobae, Página 12, TN, C5N, Ambito Financiero, El Cronista o los otros grandes medios de Argentina se han disculpado por publicar la noticia sin verificar la información previamente.

El candidato presentó un escrito denunciando una serie de decretos que comprometen obligaciones para la próxima administración, poniendo en jaque las instituciones. Esto incluye un acuerdo millonario con una empresa de Eurnekián para el lanzamiento de los nuevos DNIs.

El candidato Javier Milei arremetió directamente contra el despilfarro millonario de la política, en un momento en donde la mayor parte de la sociedad argentina está sufriendo los efectos de la peor crisis desde 2001.

Mediante una solicitada titulada como “Denuncia acciones contra el sistema democrático, solicita su suspensión y revocación”, Milei denunció abiertamente una serie de decretos recientemente firmados por Alberto Fernández que generan obligaciones para el eventual próximo Gobierno a partir del 10 de diciembre.

El escrito incluye a las Resoluciones 332, 334, 335 y 336 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, la 607 de la Secretaría de Energía, las 364 y 365 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), y particularmente el contrato millonario para la confección de nuevos DNIs en el cual se encuentra la empresa Unitec Blue SA, cuyo dueño es Eduardo Eurnekián.

Las empresas Unitec Blue SA e Ipesa SA (asociada a la firma china Emperor) fueron las adjudicadas para la licitación del contrato de los DNIs, por una suma que supera los $45 millones de pesos para el Gobierno nacional, junto con un adicional por $11 millones para los nuevos pasaportes.

En este sentido, a tan solo dos meses de una retirada inminente, el Gobierno no tiene la potestad de asumir obligaciones irresponsables para echar sobre los hombros de la próxima gestión, sin ninguna transición ordenada y sin haberse conocido aún el resultado que surja de las elecciones generales.

“En tanto cabeza del Poder Ejecutivo, jefe de gobierno y responsable de la administración general de la nacional, le corresponde a Usted asumir su cargo y permitirle a la sociedad argentina tener elecciones limpias y justas, sin que los recursos públicos actuales y futuros, continúen siendo utilizados para la campaña electoral de su Ministro de Economía”, sentenció el documento presentado por Milei.

El documento denuncia un auténtico despilfarro de recursos con el objetivo de favorecer intereses personales en el Estado, intereses de empresarios cercanos al poder político, y en última instancia a la propia campaña electoral de nada menos que el ministro de Economía en ejercicio.

Cabe destacar que Eurnekián, aunque falsamente vinculado por los medios con Milei, mantiene una estrecha relación con Alberto Fernández y Sergio Massa, quienes reciben cobertura positiva de los medios del Grupo América. Pero incluso dada esta situación, Eurnekián mantiene un aún más estrecho vínculo con Patricia Bullrich, a quien le dio su apoyo público para las elecciones de octubre.

“Hicimos el apercibimiento y ahora viene la denuncia en sede judicial por la suma de personas a planta permanente y los contratos, por ejemplo, por los DNIs. Le estamos parando eso a Eurnekián, así como escuchas”, anticipó Javier Milei en diálogo con Eduardo Serenellini por Radio Continental.

Estas declaraciones fueron efectuadas después de los duros pronunciamientos que perpetró el empresario contra Milei, entre los cuales lo tildó de “dictador”. A lo cual el candidato contestó lo siguiente: “Quizás no le gustó, pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos, no importa a quién beneficia o perjudica“.

Pero el escándalo no se limita tan solo a la denuncia de Milei. Uno de los competidores de la licitación por el contrato millonario de los DNIs, la firma Eurowitcel S.A, presentó una denuncia por un direccionamiento deliberado del Gobierno nacional para favorecer a la empresa de Eurnekián en la licitación. La firma también advirtió que Ipesa no tiene la capacidad para hacer los pasaportes del contrato debido a la falta de antecedentes.

Se busca reducir la jornada laboral sin una mejora de productividad, lo cual llevará a un fuerte impacto en la informalidad, la desocupación, y una caída en el nivel general de salarios.

El gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa vuelve a insistir con un proyecto para rebajar la jornada laboral legal hasta las 36 horas semanales, con la intención de seguir sumando proyectos que le caen bien a la gente de cara a las elecciones de octubre.

Este martes se tratará en el Congreso una versión del proyecto. Si bien existen una serie de borradores entre los distintos bloques del espacio oficialista, la propuesta más extremista promete rebajar la jornada semanal a 36 horas, aunque existen otros que plantean un tope en torno a las 40 horas.

Esto conforma otra medida más en el arsenal desplegado por Massa para tratar de entrar en el ballotage. La justificación oficial del proyecto consiste en argumentar que la jornada laboral es de hecho (y no solamente por una ley) más baja en los países más desarrollados del planeta. Asimismo, se postula que el proyecto eventualmente “apuntalará la productividad” aunque sin ningún sustento serio.

Si bien es correcto afirmar que en las economías desarrolladas la jornada laboral es drásticamente inferior al que tienen las economías en vías de desarrollo como la Argentina, es un error usual pensar que esto se debe a un mero tecnicismo legal ofrecido por los políticos.

La jornada laboral se reduce de manera natural en respuesta a las mayores tasas de capitalización a las que pueden acceder los trabajadores de un país. Esto es, la mayor inversión en capital físico (maquinaria, equipo pesado, avances en la tecnología) y capital humano (educación superior, capacitación profesional, etc). 

Es por medio de estas fuentes que los trabajadores se vuelven más productivos y, con ello, pueden disfrutar de una menor jornada laboral para producir más bienes y servicios. Esto no funciona al revés: forzar la reducción de la jornada laboral no incentiva la productividad, sino que por el contrario la penaliza.

La cantidad de horas semanales que trabajan en promedio los ciudadanos en Noruega asciende a un total de 34, lo mismo ocurre en países como Finlandia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria. Otros países como Francia, Italia, Suecia, Irlanda y España mantienen jornadas laborales semanales de 36 horas en promedio. 

Pero ninguno de estos países consiguió tales umbrales por manifestarlo en una ley, sino que hubo la necesidad de acumular décadas de inversión en capital para poder afianzar un nivel de productividad compatible con tales jornadas reducidas. El Estado no permitió afianzar este proceso, sino que fue la innovación propia de la economía de mercado la que favoreció la disminución de las horas de trabajo.

Incluso si estos países establecieran una ley obligando a las empresas a respetar una jornada laboral de 36 horas, el impacto podría ser prácticamente nulo debido a que el mercado ya inspiró estos parámetros hace mucho tiempo. El caso argentino es diferente, la productividad argentina está muy lejos de ser la que alcanza cualquier país europeo.

La disminución forzada de la jornada laboral en Argentina sólo multiplicará los incentivos para la contratación informal, y eventualmente una mayor tasa de desocupación abierta. Esto se suma a los estándares extremadamente rígidos de la legislación laboral argentina, que no sufrió reformas estructurales significativas desde el año 1974 cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo.