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El kirchnerismo quiere intervenir la provincia de Jujuy para liberar a Milagro Sala

El oficialismo presentó un proyecto al Congreso para intervenir la justicia de Jujuy y favorecer la liberación de Milagro Sala. La Federación Argentina de la Magistratura, la entidad de jueces más grande del país, rechazó la propuesta, y la oposición denuncia golpe a la República

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La entidad más grande de magistrados (FAM) se refirió al proyecto del Poder Ejecutivo para intervenir el Poder Judicial jujeño. «Las intervenciones federales a los Estados provinciales generan consecuencias que implican la independencia judicial”, aseguraron.

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), la entidad de jueces más grande del país, rechazó el proyecto que el Senado de la Nación comenzará a debatir hoy para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, impulsado por el gobierno de Alberto Fernández.

“La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, expresa su rechazo al proyecto de intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy considerándolo contrario al principio de respeto de las autonomías provinciales que constituye un postulado básico del Estado Federal” – sostuvo la entidad en un comunicado.

“Los sistemas republicanos y democráticos se perfeccionan con la estabilidad institucional y se debilitan con las excepciones y las interrupciones. Las intervenciones federales a los Estados provinciales generan consecuencias que los antecedentes históricos revelan como francamente negativas atento que implican la suspensión de garantías como la inamovilidad, la garantía del juez natural y, en suma, la independencia judicial”, agregó el texto que lleva la firma del presidente de la FAM, Ariel Ariza, y del secretario, Omar López.

La crítica es al proyecto que presentó el senador nacional peronista por Jujuy Guillermo Snopek para intervenir el Poder Judicial de la provincia y lograr la liberación de la militante social Milagro Sala. La iniciativa se basa lo que el senador denunció como una connivencia entre el gobierno de Gerardo Morales y la justicia. «Usa a la justicia como herramienta de disciplinamiento político”, sostuvo.

Para Snopek, la connivencia entre la Justicia y el gobierno de Morales “generó que en los últimos días a una legisladora de la oposición le allanaran el domicilio sin autorización de la Legislatura”.»La allanaron sólo por haber opinado en contra del gobernador», aseguró sin dar mayores detalles. Curiosamente, el senador del PJ Snopek es cuñado del gobernador radical Morales, aunque están distanciados.

La iniciativa se trató en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por María de los Ángeles Sacnún del Frente de Todos. El proyecto establece la designación de un interventor federal por un año en el Poder Judicial -con la posibilidad de extenderlo uno más- y pone “en comisión a miembros de la Corte, el Ministerio Público y todos los magistrados de tribunales inferiores”. El gobernador Morales nombró en el inicio de su mandato a varios diputados radicales como integrantes de la Corte provincial.

“Todo este proyecto es un intento para garantizar la impunidad”, expresó el gobernador, y remarcó principalmente la figura de la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, condenada e investigada por hechos de corrupción.

Sobre el caso Sala, Snopek declaró a la agencia Télam que la dirigente «tiene que rendir cuentas de todas las cosas que ha hecho en Jujuy” pero consideró que “fue ilegalmente detenida” al inicio del gobierno de Morales.

“Le pregunté al Presidente y me dijo que no avala la intervención”, expresó Morales sobre una charla que tuvo con Alberto Fernández sobre la iniciativa.

Morales cuenta con el apoyo de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. El partido decidió convocar a una marcha que está en pleno auge frente al Congreso. “El 10M voy a estar en el Congreso junto a los ciudadanos argentinos diciéndole al gobierno del ‘vamos por todo y todos’ que frente a su plan de impunidad van a encontrarnos firmes, defendiendo a la gente”, afirmó la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en las redes sociales.

La FAM, que reúne a las asociaciones de jueces de todas las provincias del país y de la ciudad de Buenos Aires con 15.700 magistrados, cerró su comunicado con un pedido para respetar a las instituciones: “La FAM exhorta a que se respete el desenvolvimiento de las instituciones locales como único medio de lograr la confianza ciudadana y como principal resguardo del Estado de Derecho”.

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Argentina

Los gobernadores ponen a prueba a Massa y esperan que el ajuste no pase por las provincias

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“Sergio es un amigo de las provincias”, dicen, pero están inquietos por los subsidios al transporte y la energía.

Los gobernadores están aliviados por la salida de Silvina Batakis del ministerio de Economía y esperan que el ajuste que planea Sergio Massa no afecte a las provincias.

Un par de semanas después de asumir como ministra, Batakis filtró a los medios un textual que hizo enfurecer a los gobernadores. “No podemos seguir girando fondos para solventar gastos corrientes mientras que hay provincias que tienen en plazo fijo un apalancamiento que le permitiría afrontar los costos de la administración pública por un año”, sugirió la ahora titular del Banco Nación.

Las provincias reciben fondos a través de la coparticipación, que no se pueden tocar porque están fijados por ley. Pero los fondos que el Gobierno gira a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y obras públicas dependen del Ejecutivo de turno, por lo que el textual de Batakis cayó como un mazazo en las provincias.

Los gobernadores no pueden emitir como hace el gobierno a través del Banco Central, por eso algunas tienen un fondo anticíclico para asegurar los sueldos. Sin embargo la situación de algunos distritos es más compleja, a tal punto que una provincia debió conseguir un crédito de un banco internacional para pagar los salarios en los últimos meses.

No fue casual el operativo clamor de algunos gobernadores que pidieron que Massa se hiciera cargo del ministerio de Economía aún cuando Batakis estaba en Washington negociando con el FMI.

Un día antes de que la Rosada oficializara la llegada de Massa, una docena de gobernadores mantuvo una tensa reunión con Alberto Fernández en la Rosada en la que le advirtieron que no iban a resignar un peso de sus provincias.

Ahora los gobernadores esperan un trato más amigable con el nuevo ministro mientras se preparan para dos discusiones centrales, que son los subsidios al transporte y a la energía.

Pese al mejor marco político que sienten los gobernadores, los economistas suponen que si el Gobierno intenta cumplir con el 2,5% déficit que pide el FMI, es difícil que las provincias salgan ilesas

La primera señal que dio Massa fue frenar la fusión de los ministerios de Obras Públicas y Transporte, porque creía que complicaría la revisión completa de todos los subsidios. Massa prefirió tener un control directo del tema del transporte con Alexis Guerrera, un dirigente de su espacio. Respecto de las obras, los gobernadores recibieron de parte del Ejecutivo la promesa de que no se frenará el financiamiento de ninguna obra en marcha, aunque no se prevén obras nuevas para 2023.

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La CGT ratificó la marcha del 17 de agosto: Massa apuesta llegar a una negociación

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La central sindicalista busca que las obras sociales pasen al Estado el costo por las prestaciones por discapacidad en los rubros de educación y transporte.

Sergio Massa, ministro de Economía, Producción y Agricultura, respalda a la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que apuntaría que se levante la movilización propuesta para el 17 de agosto.

La CGT está presionando al Gobierno por las obras sociales, dado que no se está dictando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en pos de darle un respiro a la crisis del sistema de salud.

El mismo se vio agravado por el alza de un 25% que recayó sobre las prestaciones por discapacidad. La mesa chica de la CGT confirma que la marcha se estará realizando.

La CGT le pide a Sergio Massa un DNU por las obras sociales

El conflicto pasa porque Sergio Massa no estaría dictando el DNU que pretende la CGT para que las obras sociales pasen al Estado el costo por las prestaciones por discapacidad. Esto lo proponen en los rubros de educación y transporte.

Las molestias se ven más marcadas luego de que el Gobierno fijó el martes pasado el aumento del 25% sobre los valores de las prestaciones.

En una reunión entre dirigentes cegetistas y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quedó planteado el martes pasado el problema. Manzur se comprometió a tomar cartas en el asunto sobre el DNU.

Pero la central obrera también presiona a Sergio Massa para que lo destrabe. El gran inconveniente es que este DNU comprometería uno de los pilares que planteó el ministro sobre su gestión: reducir el déficit fiscal.

Es por ello que, ante las dudas de si se llevará a cabo, la CGT mantendría su posición de hacer la movilización el próximo 17 de agosto.

Una medida que cayó bien en el sindicalismo, fue el anuncio de Massa en su primera conferencia, de que se “enfocará en el estudio de la modificación de las asignaciones familiares”.

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Tensión en el Gobierno: renunció el cristinista Darío Martínez a su cargo como secretario de Energía

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La noticia de su alejamiento se confirmó en horas de la noche de este jueves. Sergio Massa podría avanzar así en la designación de sus propios colaboradores.

Darío Martínez, quien hasta hace unas horas era el secretario de Energía, presentó su renuncia. En su gestión fue crítico de Martín Guzmán por la segmentación de las tarifas.

Sergio Massa anunció este miércoles una serie de cambios sobre la implementación del recorte de subsidios, lo que hizo que Martínez tomara la determinación de renunciar al secretariado.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, podría correr con la misma suerte que Martínez, lo que le daría a Massa la posibilidad de elegir a sus colaboradores.

Martínez impulsaba que la segmentación de las tarifas debían hacerse por geolocalización. Los aumentos quedarían concentrados en aquellas zonas de mayor valor inmobiliario, distinto de lo que se plantea por los ingresos.

Pero Massa avanzó con la segmentación de las tarifas a partir del nivel del consumo y ya anunció cuál será el límite (400 KW en electricidad) para mantener la tarifa subsidiada. Lo que supere este consumo, se pagará con el valor completo.

El nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura señaló que así se incluirá al 80% de los usuarios, y se abarcará al 50% del consumo. Cerca de 10 millones de hogares pidieron que se les mantenga el subsidio.

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