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El presidente firmó el decreto que relevó a Mauricio Macri del secreto de Estado para declarar en la causa por supuesto espionaje

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Lo autorizó Alberto Fernández ante el requerimiento del juzgado de Dolores para que se concrete la frustrada declaración indagatoria. Solo tiene impacto en la causa en la que se lo investiga por presunto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Apuntan a la titular de la AFI por no haber notificado a la Casa Rosada de un requerimiento del juez Bava.

Luego de una espectacular puesta en escena, con caravanas, militantes, dirigentes y ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri no pudo declarar ante el juez Martín Bava por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan porque la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reconoció, en un legajo reservado y restringido a las partes, que el organismo no tenía entidad suficiente para relevarlo del secreto de Estado a un ex jefe de la Nación.

Nadie se había percatado de esta situación y el ex presidente se retiró de Dolores sin emitir una palabra ante el magistrado y logró así aplazar su indagatoria. Por eso, rápidamente el juzgado tomó cartas en el asunto y como es Alberto Fernández quien debía relevar a Macri del secreto de Estado por la Ley de Inteligencia, el pedido para que esto sucediera tuvo que ingresar a Casa Rosada, pudo saber Infobae.

El Presidente lo firmó por la tarde y a primera hora de este viernes ya figura en el Boletín Oficial.

De esta forma Martín Bava tiene despejado cualquier inconveniente para que se pueda efectuar la indagatoria, el principal acto de defensa de cualquier ciudadano en un proceso penal. El decreto solo tiene impacto en la causa en la que se investiga a Macri por presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

El decreto detalla: “El Presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo 1° Relévase al ingeniero Mauricio MACRI (D.N.I. N° 13.120.469) de la obligación de guardar secreto y confidencialidad, en los términos de la Ley Nº 25.520 y en el marco de la causa Nº 8559/20 caratulada “IUSPA BENITEZ, NICOLAS Y OTROS s/AVERIGUACIÓN DE DELITO QUERELLANTE: MERELES, ANDREA ALEJANDRA Y OTROS” en la cual resulta imputado, y que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires”. El documento lleva las firmas digitales de Alberto Fernández, pero también de Juan Manzur, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, y de Martín Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El pedido que había hecho el tribunal lo trabajó de manera urgente la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, ya que se había decidido acelerar el trámite para que el jefe de Estado rubricara el decreto simple -no DNU- ayer antes de irse a Roma por la cumbre del G20. El apuro se debió a que si no se hacía antes de la noche del jueves, quien iba a tener que firmarlo era Cristina Kirchner que quedó a cargo del Ejecutivo.

Según pudo saber Infobae, el traspié en el trámite de la causa se debió a que la titular de la AFI, Cristina Caamaño respondió un oficio del juez Bava vinculado a la preservación del secretado de Estado sin notificar, previamente, a la Casa Rosada. Esa requisitoria fue hace tres semanas.

A pesar de esto, aún no hay fecha para que Macri vuelva a declarar y en su entorno y en la dirigencia de Juntos por el Cambio fue tomado como un día de victoria que ratificó lo que la oposición venía diciendo sobre esta indagatoria: “Ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones; nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”, dijo a la salida del juzgado Pablo Lanusse, abogado del ex presidente.

La causa

La de ayer hubiera sido la primera indagatoria de Mauricio Macri desde que dejó la presidencia. Martín Bava, a cargo del juzgado federal de Dolores, que lo encontró sospechoso de haber espiado a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que reclamaban buscar a sus seres queridos después de la desaparición de la nave hace cuatro años en las aguas del Mar Argentino.

A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. En total, son seis los hechos de ciberpatrullaje, fotografías y seguimientos que se le achacan al ex jefe de Gobierno porteño.

Según los fundamentos de Bava para considerar al ex mandatario sospechoso, esas diligencias sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.

Macri siempre rechazó las acusaciones, tanto en posteos en redes sociales como en entrevistas y durante el acto que encabezó en Dolores: “Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra”.

“Estoy acá porque siempre damos la cara, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras intenciones. Sabemos que si ellos creen que estos dos años de agresiones, esa obsesión permanente de mi persona, si creen que con eso van a disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. Argentina tiene futuro, por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y el 14 vamos a ratificarlo”, completó.

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Larreta se quedó con las tres vicepresidencias de la Legislatura de CABA y dejó afuera a toda la oposición

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A pesar de que al Frente de Todos le correspondía la Vice 2°, el oficialismo utilizó su super-mayoría para repartir las vicepresidencias entre sus aliados, sin representación de la oposición.

En un hecho que no registra antecedentes, Horacio Rodríguez Larreta se quedó con las tras vicepresidencias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Por tradición, las vicepresidencias y demás autoridades de la comisión directiva se reparten respetando el número de legisladores de cada bloque. Pero a pesar de ser la segunda minoría, el Frente de Todos se quedó sin nada, mientras que los bloques más chicos tampoco obtuvieron nada.

La Vicepresidencia 1° le corresponde al bloque con mayor cantidad de diputados y por eso fue asignada al bloque de 24 legisladores de Vamos Juntos, que componen el PRO, la Coalición Cívica, Republicanos Unidos, el Partido Socialista y Confianza Pública, que ocupará el recientemente electo Emmanuel Ferrario.

El segundo bloque es el Frente de Todos, con 19 miembros, y el tercero es la UCR-Evolución, con 8 bancas (legisladores alineados a Martín Lousteau, no están en el mismo bloque que Juntos por el Cambio), a quienes protocolarmete les correspondería la Vicepresidencia 2° y , respectivamente.

Sin embargo, como Vice 2° fue nombrado Martín Ocampo, de UCR-Evolución, y como Vice 3° fue nombrado Roy Cortina, líder del Partido Socialista y miembro de Vamos Juntos.

Es decir que las tres autoridades pertenecen al interbloque mayoritario Juntos por el Cambio (JxC), sin respetar la representación de la oposición en la Legislatura.

Mientras su espacio político habla de republicanismo, están resolviendo sus internas poniéndolas por delante de la institucionalidad. Están violentando el voto de todos los ciudadanos que nos acompañaron”, remarcó el legislador kirchnerista Javier Andrade, quien se había postulado como Vice 2°.

Esta será la primera vez que un peronista no ocupa la Vicepresidencia 2° de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde que el PRO llegó al poder en el territorio porteño, hace más de 15 años.

El larretismo ni siquiera le dio un lugar a las fuerzas más chicas. Después de Vamos Juntos, el Frente de Todos y UCR-Evolución, se ubica La Libertad Avanza con 5 legisladores, el FIT con 3 y Consenso Federal con 1.

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Coparticipación: la Corte Suprema le ordenó al Gobierno devolver $86.000 millones a Santa Fe

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La Corte Suprema determinó que el Estado deberá compensar a la provincia de Santa Fe por recursos detraídos ilegalmente en 2015, durante el mandato de Cristina a días que asuma Mauricio Macri.

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la provincia de Santa Fe en su reclamo de coparticipación contra el Estado. Se trata de dos expedientes que datan del 2015 y que representó un reclamo por unos $86.000 millones (54 por una causa, 14 por otra y 18 por una queja previa ante la Corte en 2009).

En el 2015 se había decidido que se les dejara de percibir a Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15% de coparticipación con la que se financiaba a ANSES, y se les quitaba un 1,9% por AFIP. A la fecha, la deuda continuaba impaga.

La resolución fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz se excusó por formar parte del mismo estudio de abogados que representó a Santa Fe en la causa, y el quinto voto quedo vacante, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco.

Según indicaron los magistrados, las sentencias del 2015 “tuvieron el firme propósito de que las partes convinieran y determinaran tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de su cumplimiento“.

Sin embargo, indican que “habiendo transcurrido seis años y a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente en el Consenso Fiscal de 2017 ese propósito no se ha alcanzado, lo cual coloca nuevamente al Tribunal en la situación de tener que decidir acerca de la cuantía de la condena de restitución de los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente a la Provincia”.

Ahora, el Tesoro Nacional deberá transferirle al gobierno de Omar Perotti esos $86.000 millones, que irán directamente a las arcas públicas y se acreditarán en los próximos 120 días.

No obstante, como el fallo no define la cifra exacta que debe ser pagada, en la Provincia ya aseguraron que van a plantear un recurso para que se detalle un pago por más de $100.000 millones.

Origen

La Corte falló a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis por demandas similares en noviembre de 2015 y desde allí siguió una larga batalla que está llegando a su fin.

La bomba cayó en la antesala de la asunción de Mauricio Macri, quien en enero de 2016 derogó el decreto “regalo” que le había dejado Cristina de Kirchner para terminar con la poda a las provincias, pero finalmente, un mes después, acordó con los gobernadores el reintegro de esos porcentajes por goteo en partidas incrementales.

En rigor, las deducciones se remontan a 1992, por un pacto entre Carlos Menem y los mandatarios provinciales. Pero en 2006, al vencerse el plazo, Néstor Kirchner no logró la rúbrica de esos tres distritos para continuar con el mecanismo, por lo que ordenó la quita compulsiva, de idéntico modo que los restantes 21 distritos del país.

Allí fue que los gobernadores presentaron la demanda. Y el fallo de 2015 dejó vía libre a Santa Fe y San Luis para reclamar la devolución de los montos retenidos entre 2006 y 2015 de forma retroactiva. Si bien ayer Perotti mencionó que el corte debe hacerse en 2002, cinco años antes de la presentación que inició en 2007 el exmandatario Jorge Obeid.

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Kicillof crea dos nuevos Ministerios para ubicar a una dirigente de La Cámpora y a Saintout

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El gobernador creará el Ministerio de Ambiente que asumirá la camporista Daniela Vilar y el Instituto Cultural que será para Saintout, quien se quedó sin nada tras la elección de Tolosa Paz.

Axel Kicillof vuelve a reestructurar su gabinete, en este caso no para mostrar un cambio de rumbo por pedido de Cristina Kirchner como ocurrió luego de las PASO de septiembre, si no para ubicar a aliados de su gobierno que se quedaron sin cargos luego de las elecciones.

Por decreto, el gobernador bonaerense creó el Ministerio de Ambiente y reflotó el viejo Instituto Cultural de Buenos Aires, que funcionará como una suerte de Ministerio de Cultura, en una modificación que sugiere el ingreso de más kirchneristas de Máximo y Cristina a la provincia.

La cartera de Medio Ambiente será para la diputada nacional Daniela Vilar, dirigente de La Cámpora de Lomas de Zamora, quien no se encuentra cómoda en el Congreso y pidió un puesto Ejecutivo con más caja. Sus deseos fueron escuchados por Máximo Kirchner, quien le pidió a Kicillof que la ubicara en su gobierno.

La Legislatura bonaerense venía trabajando en la creación del Ministerio de Ambiente hace ya dos años, y parecía contar con el siempre fiel apoyo de Juntos por el Cambio.

En agosto, el Ejecutivo envió un proyecto de ley que establece los lineamientos básicos para la gestión de los residuos especiales de generación universal (Regu), envases, embalajes y otros materiales reciclares en el territorio bonaerense, el cual debía ser instrumentado, según Kicillof, con un Ministerio enfocado a por lo menos esta tarea.

Sin embargo, el Gobernador no pudo esperar más y decidió ungir a este Ministerio por decreto, aunque deberá ser ratificado por la Legislatura tarde o temprano.

La diputada nacional Daniela Vilar sobre los proyectos tratados en el  Congreso
La diputada Daniela Vilar.

En tanto, en Cultura asumirá Florencia Saintout, la derrotada candidata a intendente de La Plata, cercana a Máximo Kirchner, y quien reclama un cargo de nivel luego de tener que agachar la cabeza ante la candidatura de Victoria Tolosa Paz para diputada nacional.

Saintout había quedado afuera de las listas para la Legislatura bonaerense y no pudo renovar su banca como diputada. Sin embargo, trabajó fuerte en la campaña de La Plata, pese a que la candidata fue su rival Tolosa Paz, y el cargo asoma en definitiva como un reconocimiento a ese gesto en un territorio con fuertes internas dentro del Frente de Todos.

El gobierno busca volver al viejo esquema del Instituto Cultural, una figura administrativa creada por Felipe Solá en 2003 que contempla diversos órganos que permiten “bajar” la cultura al territorio.

Uno de ellos es el “Consejo para la Democracia cultural”, un órgano colegiado en el que dialogan representantes de los trabajadores, de entidades culturales y de los municipios. El Instituto Cultural había sido desarmado en 2016 cuando María Eugenia Vidal lo reconvirtió en Ministerio, pero esta cartera fue juntada con Educación en 2019 y rebajada a una Dirección.

La Plata: El estado le paga más de 600 mil pesos mensuales a la familia de Florencia  Saintout
Florencia Saintout.

Esta Dirección de Educación y Cultura, perderá las responsabilidades en la materia y serán trasladadas al instituto de Saintout. Además, Alberto Sileoni reemplazará a Agustina Vila en lo que quedará como Dirección de Educación, simplemente.

Vila carga con el peso de haber sido la responsable de cerrar las escuelas durante casi dos años durante la pandemia, y es actualmente la funcionaria bonaerense con peor imagen del gobierno de Kicillof.

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