La nueva moneda de La Rioja comenzó a circular esta semana, y se utilizará desde el Gobierno provincial para abonar un porcentaje de los sueldos de la administración pública riojana.

El gobernador kirchnerista de La Rioja, Ricardo Quintela, ha anunciado que comenzará a pagar un porcentaje de los sueldos de los altos funcionarios de la administración pública con el "Chacho", la cuasimoneda local que la provincia decidió emitir para no hacer el ajuste del gasto público provincial luego de los recortes de las transferencias impulsados por el presidente Javier Milei.

Desde enero, Quintela está autorizado a emitir Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) que se utilizarán como moneda a nivel provincial, aunque su implementación se había postergado hasta ahora. Según se confirmó, esta semana comenzó a circular la nueva cuasimoneda con la que se van a pagar los salarios provinciales.

Quintela aseguró que buscan "evitar inundar el mercado" y asegurarse de que los bonos sean valorados positivamente por la sociedad, pero sin evidencia al respecto. Asimismo, expresó el objetivo de que los salarios "superen la inflación", utilizando bonos cuya recuperación estará respaldada por la provincia.

Ahora quedará por ver si esto sucede de esa forma, o si la provincia termina con una hiperinflación en chachos. Es importante recalcar que la mayoría de los comercios en La Rioja no aceptarán esta cuasimoneda como medio de pago, por lo que solo tendrá validez para pagar impuestos municipales.

[AHORA] En La Rioja, comenzó a circular "El Chacho", la nueva cuasimoneda con la que se pagan los salarios provinciales. 📸 https://t.co/7zMipKRkDL pic.twitter.com/XkLspsxISr

— ElCanciller.com (@elcancillercom) June 25, 2024

El gobernador Ricardo Quintela justificó la decisión de emitir el "Chacho" debido a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con La Rioja por fondos coparticipables desde octubre del año pasado, durante los últimos meses de gestión kirchnerista, que asciende a más de 80 millones de dólares.

Según Quintela, el uso del Chacho "garantiza el pago de salarios y proporciona una inyección monetaria para impulsar la actividad económica mediante el aumento salarial". Esa misma excusa fue utilizada por los diferentes gobiernos kirchneristas para emitir billones de pesos, y que ya sabemos como terminó.

El gobernador ultra-K expresó que estas medidas son una respuesta a la actitud del Presidente hacia La Rioja, buscando mitigar el supuesto daño económico que perciben que se les está infligiendo. La Legislatura riojana autorizó al gobierno provincial a emitir este bono por $22.500 millones, ante un contexto en el que la provincia depende significativamente de los giros nacionales de la Nación, y ha visto una caída del 40,1% en los ingresos corrientes este año.

En este escenario, Quintela ha aplicado algunos recortes en los gastos de personal y consumo en el ámbito local, con reducciones del 33,1% y 44,3% respectivamente en comparación con el mismo período del año anterior, pero han sido ampliamente insuficientes y lejos del esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional y otras provincias.

La Rioja ha sido históricamente uno de los distritos subnacionales más dependientes de las transferencias del gobierno nacional, excluyendo las coparticipaciones automáticas y la recaudación propia. Estas transferencias han representado casi una quinta parte (19,5%) de sus ingresos totales en años recientes, reflejando una situación de grave dependencia financiera significativa respecto al gobierno central.

Durante la campaña electoral de 2023, en medio de una complicada situación financiera, el gobernador Ricardo Quintela amenazó con renunciar si Javier Milei ganaba las elecciones presidenciales. Aunque, como todo kirchnerista, resultó en una mentira y finalmente no se materializó su renuncia.

Quintela, al igual que Kicillof, en vez de realizar el ajuste del gasto provincial para destruir de una vez por todas el enorme déficit provincial, también presentó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por una deuda pendiente del gobierno nacional hacia La Rioja, que asciende a casi $10.000 millones. En abril de ese año, la provincia recibió $478 millones en transferencias no automáticas de la Nación, una suma que representa una caída del 97,7% en términos reales en comparación con el año anterior.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.

En un comunicado realizado en su cuenta oficial de X, el INCAA oficializó la eliminación de un déficit de $8.500 millones, y la generación de un nuevo ahorro de más de $3.000 millones.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ha experimentado un cambio rotundo en su gestión financiera durante los primeros seis meses del nuevo gobierno, gracias a la nueva gestión del interventor Carlos Pirovano.

De acuerdo al esquema de gastos heredado de administraciones anteriores, de haber continuado con el mismo ritmo económico, el INCAA habría enfrentado un déficit superior a los $8.500 millones en 2024, lo que habría requerido significativas transferencias del Tesoro Nacional para su subsistencia.

Siguiendo el mandato del presidente Javier Milei, conocido por su firme compromiso con el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, se ha implementado una serie de medidas de reestructuración financiera. Estas acciones han permitido un ahorro inicial de más de $3.410 millones anuales, con el objetivo de alcanzar el equilibrio financiero para finales de año. Entre las medidas más destacadas se encuentran:

• Suspensión de privilegios para el personal: La eliminación de gastos en viajes y compras innecesarias ha resultado en un ahorro de $2.034 millones anuales.

• Retiro de empleados y reducción de cargos gerenciales: Se llevó a cabo el retiro inicial de 254 empleados y la reducción de 32 cargos gerenciales y de jefatura, ahorrando $118 millones anuales.

• Cancelación de designaciones de planta permanente: La cancelación de las designaciones de 29 empleados ha contribuido con un ahorro de $582 millones anuales.

• Eliminación de suplementos salariales: La eliminación de suplementos a 137 empleados ha permitido ahorrar $432 millones anuales.

• Suspensión de mantenimiento de locaciones redundantes: La suspensión del mantenimiento de dos locaciones sin uso ha ahorrado $101 millones anuales.

• Suspensión de alquileres de edificios: La suspensión de alquileres de varios edificios que dejarán de usarse ha significado un ahorro adicional de $143 millones anuales.

Estos esfuerzos han comenzado a mostrar resultados positivos. El ahorro de $3.410 millones anuales no solo representa una eliminación parcial del déficit proyectado, sino que también establece una base sólida para la autosuficiencia financiera del INCAA.

La administración actual está comprometida a mantener este rumbo, asegurando que el instituto dejará de ser un "agujero negro" de recursos públicos.

A 6 MESES DE LA NUEVA GESTIÓN DEL INCAA.

De acuerdo al esquema de gastos heredados, de continuar con el ritmo económico financiero recibido, el INCAA hubiera perdido en 2024 más de $8.500 millones, necesitando de transferencias del Tesoro para subsistir.

Siguiendo el mandato… pic.twitter.com/tXS04bnK10

— INCAA (@INCAA_Argentina) June 25, 2024

El objetivo a largo plazo es claro: el INCAA debe transformarse en una entidad autosuficiente que no dependa de la asistencia financiera del Estado para operar. Esto no solo aliviará la carga sobre el Tesoro Nacional, sino que también incentivará una gestión más eficiente y responsable de los recursos disponibles.

La reestructuración financiera no solo tiene implicaciones internas para el INCAA, sino que también afecta a la industria del cine en general. Al optimizar el uso de los recursos, se espera que haya más competencia para proyectos cinematográficos que realmente demuestren potencial y valor cultural, y podrán ser financiados mediante el sector privado, eliminando así el monopolio estatal que lo único que había generado eran curros y corrupción. Esto se traducirá en una mayor calidad de producciones, beneficiando a cineastas y al público por igual.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.

El "amigo de lo ajeno" estuvo desde pasadas las 9 hasta cerca de las 12 con el juez Casanello y el fiscal Pollicita. Nervioso, presentó tres carpetas con documentación e insistió en que se trata de una causa fabricada por el gobierno de Javier Milei.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, declaró hoy durante cerca de tres horas ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Gerardo Pollicita en una causa que investiga una presunta extorsión desde la organización a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta por el uso de facturas falsas para rendir gastos de fondos públicos destinados a las unidades de gestión.

Como era de esperarse, Belliboni negó todas las acusaciones, explicó la supuesta honestidad del Polo Obrero y presentó tres carpetas con documentación para refutar las imputaciones. Además, reiteró que considera esta causa como una "maniobra fabricada" por el gobierno de Javier Milei. "Justo esta causa comienza con la campaña antipiquetera y de representación que inició el gobierno el 20 de diciembre", afirmó el extorsionador ante la prensa después de la indagatoria.

El líder piquetero llegó a las 9 a los tribunales de Comodoro Py, y el Polo Obrero convocó a una manifestación para el mediodía frente al edificio de Retiro, donde había una fuerte presencia policial, incluido un camión hidrante.

La indagatoria de Belliboni fue la primera de la última audiencia de acusaciones, a la que fueron convocadas 23 personas en total durante tres semanas de audiencias. Posteriormente, el juez Casanello tendrá 10 días para decidir si procesa, sobresee o dicta falta de mérito a los acusados.

Hasta ahora, los imputados que aceptaron declarar explicaron que "no se les negaba la comida a nadie". Los dirigentes más políticos, en un intento de victimización, aseguraron que "los aportes de dinero eran voluntarios y que existe una persecución política por parte del Gobierno contra los movimientos sociales". Todos rechazaron los delitos por los que están imputados.

En esa línea, también declaró Belliboni, acompañado por sus abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferraro. Presentó tres carpetas con documentación que mostraba que el Polo Obrero registró más altas que bajas de beneficiarios de planes sociales, argumentando que esto reflejaba que "la gente prefería estar en la organización y que no había extorsión involucrada". En otra carpeta incluyó fotos y documentos sobre los supuestos gastos que el Polo Obrero realizaba para mantener los comedores, señalando que el costo de instalar cada comedor era de 6 millones de pesos.

Belliboni negó categóricamente que los beneficiarios de planes sociales fueran extorsionados y afirmó que los aportes eran voluntarios. Ejemplificó que durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes recibían planes sociales no tenían que cumplir con ninguna contraprestación, y mencionó que ese fue el periodo en el que el Polo Obrero movilizó a más personas.

Respecto a la acusación sobre el uso de facturas falsas, el dirigente social afirmó que las empresas utilizadas tenían autorización de la AFIP, y cualquier problema debía ser responsabilidad de ese organismo por permitir que estas empresas continuaran operando. Finalmente, se negó a responder preguntas.

“Mucha militancia y poca explicación”, fue la conclusión de una fuente judicial que estuvo presente en la audiencia.

En el inicio de la investigación, el fiscal Pollicita no tenía a Belliboni como imputado. Su nombre surgió durante los primeros allanamientos en la causa, donde se encontraron facturas supuestamente falsas con la firma de Belliboni, utilizadas para justificar gastos ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente Capital Humano, que nunca se llevaron a cabo.

El Estado entregaba dinero al Polo Obrero y a la Cooperativa El Resplandor a través de convenios del Plan Potenciar Trabajo como unidades de gestión. Parte de esos fondos, aproximadamente 279 millones de pesos de un total de 360 millones, se utilizaron para herramientas, ropa y cursos. Sin embargo, surgieron nuevas sospechas sobre el manejo fraudulento de estos recursos.

Inicialmente, el juez identificó que se contrató a la firma Costex SA y a la imprenta Rumbos, que se cree pertenecen al propio partido. Costex, en particular, generó más investigaciones al ser declarada por la AFIP como una usina de facturas falsas. Fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega, quienes según los informes carecían de capacidad económica para dirigir dicha empresa. Durante sus declaraciones, afirmaron no estar al tanto de los temas discutidos.

Sin embargo, en las últimas horas, los investigadores descubrieron conversaciones que sugieren que estas dos personas recibían autos para ir al banco a retirar chequeras o abrir cuentas, y que eran compensadas económicamente periódicamente por estos servicios. La pregunta clave sigue siendo quiénes estaban detrás de estas órdenes y quién se beneficiaba de estos movimientos financieros.

En relación con las nuevas revelaciones, se han identificado facturas dirigidas a Urban Graphics SA, Rizo Print SRL, Miniso Trade SRL y Carlos Osvaldo Monfrini, este último prestó servicios de alquiler de handies. Durante estas transacciones, el Polo Obrero emitió cheques que, según las investigaciones, terminaron siendo depositados en cuentas de Rumbos, lo cual refuerza las sospechas de que se estaban inflando gastos para financiar actividades del partido.

Cuando el juez Casanello ordenó las indagatorias, señaló: "Todas las personas que fueron escuchadas como beneficiarias del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local – ‘Potenciar Trabajo’ – indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales que actuaban como unidades de gestión. El rol de estas unidades era garantizar y hacer posible la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad económica y social mediante propuestas productivas. El ingreso económico directo debía complementarse con el beneficio indirecto ofrecido por la unidad de gestión".

Agregó: "Por esta labor, la organización recibía fondos del Estado y asumía responsabilidades en la administración de esos intereses públicos confiados. Los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado sugieren que, en los casos bajo investigación, se desviaron estos intereses públicos".

El juez afirmó: "Considero probado, con el grado de evidencia requerido legalmente en esta etapa, que varias personas agrupadas bajo las asociaciones ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, administraron de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales confiados en los convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del programa ‘Potenciar Trabajo’".

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.