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El pueblo santafesino resiste la estatización de Vicentín y expulsa a la comitiva interventora

El miércoles miles de manifestantes impidieron la entrada de la comisión interventora a las oficinas de Vicentín en Santa Fe y luego marcharon hacia su hotel. La comitiva tuvo que escapar a Buenos Aires escoltada por la Policía. El reclamo es unificado: no a la expropiación.

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En un acto patriótico, los ciudadanos de Reconquista y Avellaneda, en Santa Fe, salieron a las calles en la tarde del miércoles bajo el reclamo unificado en contra de la expropiación de la insigne empresa argentina Vicentín.
Ayer al mediodía arribó la comitiva interventora a la provincia de Santa Fe, encabezada por el viceinterventor Luciano Zarich y un grupo de abogados y contadores del Estado. Ni bien llegaron se dirigieron ante el juzgado pertinente, y entregaron al magistrado Fabián Lorenzini una copia del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente, que dispone la intervención de la empresa. 
Los burócratas usaron dos aviones, ocho automóviles y múltiples camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Federal para arribar, y terminado el trámite, se desplazaron a las oficinas centrales de Vicentín. 
Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con las oficinas vacías y las entradas cerradas. 
“¡Abran, delincuentes!”, exclamó un miembro de la comitiva estatal enfurecido. Pensó que la empresa y la gente los iba a recibir con los brazos abiertos.
 “Ustedes tienen que poner el lomo, no robar esta empresa, ¡ustedes son los delincuentes!” replicó uno de los transeúntes según se puede escuchar en los videos. Lo acompañaron bocinazos y abucheos. Al verse imposibilitados de tomar control sobre las oficinas, los interventores se sacaron una selfie con el edificio de fondo y se retiraron a sus hoteles.

A la noche, los manifestantes marcharon con banderas patrias, entonando el Himno Nacional Argentino y se dirigieron desde múltiples puntos de la ciudad hasta la Calle 14 y Av. San Martín para realizar un abrazo simbólico a la empresa con una gran bandera argentina, mientras que caravanas de autos hicieron sonar sus bocinas adhiriendo a la protesta.

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En la manifestación, el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, pronunció un discurso ante aproximadamente 2.000 personas, revelando un enorme rechazo a la decisión del gobierno de Alberto Fernández.

“No hay nadie más fascista que quienes quieren avanzar sobre las libertades individuales, no hay nadie más fascista que quien quiere avanzar sobre la propiedad privada ajena. Si no defendemos la propiedad privada nos vamos a morir de hambre, Vicentín es una empresa familiar, están robando el sacrificio y el esfuerzo de una parte de Avellaneda”, exclamó. 

La concentración fue incluso promocionada por él mismo, a través de una publicación de Instagram.

No podemos permitir que esta empresa se expropie, que roben 90 años de historia, 90 años de sacrificio, humildad, de esfuerzo e inteligencia… no podemos permitir que nos roben eso”

Además, una integrante de la familia Vicentín, trabajadora de la empresa y oriunda del pueblo de Avellaneda, dio un emotivo discurso entre lagrimas luego del intendente y llamó a defender “nuestra historia”.

Lo que está en juego es nuestra historia. Vicentín hace 90 años que está acá. No nos van a robar nuestro pasado y tampoco nuestro futuro.”

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Luego de la manifestación, la multitud de gente se dirigió al hotel donde se alojaban los funcionarios, en repudio de su presencia en la ciudad de Reconquista. Los vecinos se sumaron a la marcha y rápidamente empezaron a exigir que la comitiva se vaya de la provincia.

Por la intensidad de las protestas, Zarich finalmente tuvo que ser evacuado por el Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía de Santa Fe durante la noche y falló en tomar posesión de las oficinas de Vicentín. 

Ya volvió a Buenos Aires, derrotado.

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Las repercusiones fueron muy variadas. La Sociedad Rural de Reconquista, las Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios se pronunciaron en contra de la medida presidencial y advirtieron sobre el inminente avasallamiento masivo de la propiedad privada:

 “No vinieron por Vicentín, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos. […] juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público. Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República. Avasallar la constitución implica nuestra desintegración como Nación”, expresa un comunicado de prensa de la Sociedad Rural.

Por su parte, la casta política tuvo una reacción adversa. El gobernador peronista santafecino, Omar Perotti, respaldó a Alberto Fernández en su decisión y dijo que va a acompañar la intervención nacional.

Perotti indicó que la decisión del presidente es “para evitar que sea vendida por poco dinero a una multinacional extranjera”. Lo cual sigue demostrando la locura de los gobernantes, que siguen exigiéndole al pueblo que se haga cargo de los conflictos del sector privado, en vez de dejar que se arreglen por sí mismos.

De haber sido ese el caso, no hubiera habido despidos, los nuevos dueños se hubieran encargado de las deudas, y Argentina tendría un problema económico menos del que hacerse cargo. Todo esto manteniendo la dirigencia de la familia Vicentín y el espíritu empresarial intacto.

Tanto el macrismo como múltiples espacios políticos ajenos al Frente de Todos repudiaron el accionar del presidente. 

Juntos por el Cambio, de la mano del radical Mario Barletta, elevó una causa judicial por la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo, pidiendo que intervenga para rechazar este despropósito.

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Sin embargo, hubo otro acontecimiento que profundizó el fracaso en la expropiación: la comitiva habría violado protocolos provinciales y nacionales en materia de prevención del coronavirus.

Así lo expresó un comunicado del Comité COVID-19 del Hospital Central de Reconquista, a través del cual denuncian que los funcionarios debían cumplir con 14 días de cuarentena, al igual que cualquier persona que llegase a la provincia desde una zona de circulación viral como Buenos Aires. 

Los burócratas se bajaron del avión y entraron en contacto con los ciudadanos de Reconquista, violando sistemáticamente todas las reglas impuestas por su jefe, Alberto Fernández.

En la solicitud se pide que se arbitren las medidas necesarias por lo sucedido y que no se repita.

El presidente volverá a mandar otra comitiva para avanzar con la intervención de la mega-empresa argentina, este conflicto recién empieza y la ley de expropiación todavía debe ser tratada y votada en el Congreso.

Si se mantiene la situación de hoy, todo el interbloque de Juntos Por El Cambio votará en contra y todo el interbloque Frente de Todos a favor, dejando la llave de la expropiación en manos de los diputados que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti, al ex-candidato Roberto Lavagna y al dirigente mendocino José Luis Ramón.

Alberto Fernández, tan cerca como el 28 de mayo de este año, tildaba como “ideas locas” a las acusaciones respecto al Estado pretendiendo quedarse con las empresas nacionales. Tan solo 12 días después, nos confirma que estuvimos en lo cierto.

El Grupo Vicentín representa, solo en Avellaneda, un 30% del movimiento económico local. Emplea 4.000 personas de forma directa, además de otros miles de forma indirecta. 

Representan además una gran fuente tributaria para los municipios. No hace falta remontarnos mucho tiempo atrás para saber lo que la administración estatal de empresas privadas implica en nuestro país: empresas deficitarias, mala administración, corrupción, y desabastecimiento.

Que no pase inadvertida esta situación. No será esta la última vez en la que el pueblo argentino deberá defender la propiedad privada.

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Larreta se reunió con Kerry en Washington y le pidió plata para “impulsar una transición verde”

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El jefe de Gobierno porteño estuvo con John Kerry en Washington para discutir sobre la agenda verde y pedir plata para “combatir el cambio climático” en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se juntó con Bill Clinton también.

Horacio Rodríguez Larreta viajó a Washington D.C. este viernes para reunirse con el Secretario de Medio Ambiente de Biden, John Kerry. Durante el encuentro, como alcalde y vicepresidente del C40, Larreta invitó formalmente a Kerry a participar de la Cumbre de Alcaldes C40, el encuentro de ciudades que trata de emular al G20 pero a nivel metropolitano.

Larreta, junto al alcalde de Londres Sadiq Khan, están queriendo explotar la impronta ecologista del C40, y en ese sentido planean hacer la cumbre del 2022, que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, un evento completamente enfocado en el cambio climático, con Kerry en el centro de la escena.

El funcionario demócrata agradeció la invitación y aclaró que si bien no sabe cómo será su agenda con tanta antelación, le “encantaría” poder visitar la ciudad.

“Los alcaldes están en la primera línea de respuesta frente al cambio climático. Sin el compromiso de los alcaldes y los gobernadores no es posible llevar adelante la agenda de cambio climático”, explicó Kerry, quien destacó la agenda de cambio climático de la ciudad de Buenos Aires.

Además, ambos líderes conversaron sobre la participación de Buenos Aires en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se realizará en octubre, en Glasgow. El ex secretario de Estado indicó que espera que los alcaldes que participarán acompañen la expectativa de muchos líderes nacionales de subir la ambición de las metas de reducción de emisiones a nivel global.

“El cambio climático es un desafío urgente que debemos enfrentar todas las ciudades y países. Por eso, la cooperación internacional es fundamental para que podamos pensar juntos nuevas estrategias de inversión que prioricen proyectos urbanos orientados al cuidado de nuestros recursos y a la acción por el clima. Juntos vamos a seguir cuidando el planeta y el futuro de las próximas generaciones”, señaló Larreta.

Más allá de lo que se dijo ante las cámaras, Larreta busca que Kerry y el gobierno de Biden destraben una serie de préstamos de organismos internacionales enfocados a la “transición a una economía verde” que la Ciudad debería recibir para impulsar un cambio en la matriz energética, pero que están bajo revisión desde el comienzo de la pandemia, particularmente debido a la fuerte inestabilidad política y económica a nivel nacional en Argentina.

Cuando Kerry preguntó en qué podía ayudar a la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta le pidió que promueva el acceso a financiamiento de las ciudades para la transición, para así apoyar las reformas necesarias. En esa línea, el jefe de Gobierno destacó el mensaje de Joe Biden ante la Asamblea General de la ONU en la que se comprometió a incrementar el financiamiento para la reconversión destinado a los países de menores ingresos.

Horacio Rodríguez Larreta y Fernando StrafaceHoracio Rodríguez Larreta y su mano derecha, Fernando Straface.

Tras el encuentro con Kerry, el alcalde porteño partió hacia las oficinas de Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Allí también buscará apoyo internacional para la agenda de cambio climático de Buenos Aires.

Este dinero suele ser una buena fuente de financiación que agarran los países latinoamericanos, que luego justifican construyendo algunas plazas o poniendo alguna regulación que nadie cumple y mostrarse como que están combatiendo el cambio climático, pero lo que en verdad quieren es tener más plata para hacer política.

También se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el trumpista Mauricio Claver-Carone, y con el embajador argentino Jorge Argüello. Cerró el día con un encuentro con argentinos residentes en Washington D.C.

Este domingo se reunió con Bill Clinton en Nueva York, donde también estuvieron presentes el Secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, Fernando Straface, y el empresario argentino Rolando González Bunster, amigo del ex mandatario norteamericano.

Según fuentes internas, Larreta le contó a Clinton sus intenciones de ser candidato a presidente en 2023 y le pidió ayuda en un eventual gobierno suyo, además de pedirle dinero para CABA a través de su Fundación Clinton, que busca promover la agenda de desarrollo sostenible a través del trabajo coordinado entre gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

El lunes 27, la agenda oficial incluye una reunión con Fred Dixon, presidente y CEO de NYC & Company, la organización oficial de marketing de destinos y oficina de visitantes y convenciones de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.

Y luego Larreta se encontrará con Susan Seagal, presidente y CEO de Americas Society – Council of the Americas, y miembros del Council. En tanto, Fernando Straface se reunirá con representantes de la agencia Bloomberg, para cerrar un tour por la máxima élite de Estados Unidos buscando nada más y nada menos que más plata.

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Renunció una funcionaria del Ministerio de Mujeres que había denunciado a Manzur en 2019

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Cecilia “Checha” Merchán era Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Hace dos años hizo una presentación judicial junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta contra el por entonces gobernador de Tucumán por obstruir un aborto en su provincia.

Una funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación presentó su renuncia este viernes tras la llegada al Gabinete de Juan Manzur, a quien había denunciado en 2019 por impedir la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Tucumán.

Se trata de Cecilia “Checha” Merchán, quien se desempeñaba como Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta, otra de las “enemigas” de Manzur que debió agachar la cabeza tras su llegada.

En su carta de renuncia, que la ex funcionaria publicó en las redes sociales, no hizo ninguna referencia al ex gobernador de Tucumán, pero la razón de su salida es clara. Merchán se pasó todo 2019 peleando contra Manzur y tratando de promover el aborto en la provincia norteña.

Se inicia un nuevo tiempo, con nuevos desafíos que requieren de una renovación de fuerzas e impulso generador de transformaciones. El movimiento de mujeres y LGBTI+ tiene sobrada energía y capacidad para consolidar los objetivos logrados y los muchos que aún quedan pendientes”, explicó Merchán.

Quiero dejarle expresado mi agradecimiento y hacerlo extensivo a quienes integran este Ministerio, a los equipos, a las compañeras, compañeres, compañeros y hermanas de la vida con quiénes tuvimos el honor de integrar este primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad producto de la lucha popular del movimiento de mujeres y LGBTI+, y de la histórica decisión política asumida por nuestro gobierno nacional”, concluyó Merchán.

La llegada de Juan Manzur no fue bien recibida por el albertismo en el gobierno nacional ni por el colectivo feminista que domina la agenda. De hecho, la ministra Gómez Alcorta se reunió con el propio Alberto Fernández días después de la designación del nuevo jefe de Gabinete y le advirtió que seguiría impulsando las investigaciones judiciales en su contra desde el Ministerio.

El caso en mención ocurrió en febrero de 2019, cuando una niña de nombre Lucía, con 11 años, sufrió la violación de su abuelo legal y quedó embarazada. Los familiares de la víctima habían pedido que se aplique el protocolo que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) según las leyes nacionales, pero el gobierno provincial con Manzur a la cabeza se negó durante mucho tiempo y después de muchas dilaciones accedió al pedido, pero la gestación estaba avanzada y tuvieron que practicarle una cesárea.

La situación no pudo haber sido peor. Si el aborto se realizaba antes, hubiera cumplido con los protocolos. Si la cesárea se realizaba unas semanas después, el bebé hubiera tenido infinitamente más probabilidades de sobrevivir. Pero la política se metió en el medio, y el bebé obligado a nacer prematuramente murió a los pocos días, aquejado por problemas respiratorios severos producto de la intervención.

En ese momento, Elizabeth Gomez Alcorta junto a referentes feministas del Frente Patria Grande impulsaron una denuncia penal contra el entonces gobernador Juan Manzur, por obstruir el acceso al aborto legal de la niña tucumana que había sido agredido sexualmente. El caso aún está en la justicia y la ministra es la principal querellante.

Elizabeth Gómez Alcorta, Santiago Cafiero y Cecilia “Checha” MerchánElizabeth Gómez Alcorta, Santiago Cafiero y Cecilia “Checha” Merchán

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La Cámpora, la JPRO y el FIT marchan juntos por el medio ambiente

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Todos marchan Juntos por el Cambio climático.

Como todos los 24 de septiembre, el movimiento ambientalista volvió a salir a las calles para pedirle al Congreso más medidas de protección del medio ambiente, como si toda la batería de leyes que prohíben la minería, la tala de árboles, las emisiones y la Ley Micaela no fueran suficientes.

Sin embargo, la movilización de este año tuvo un condimento especial, y es que por primera vez militantes de La Cámpora (Frente de Todos), la Juventud PRO (Juntos por el Cambio) y organizaciones sociales asociadas al Frente de Izquierda (FIT-U) marcharon codo a codo por una misma causa.

“Abrácense que tan distintos no son” dijo en el debate presidencial del 2019 el candidato José Luis Espert, y hoy se vio más que nunca. Tanto el kirchnerismo como el macrismo/larretismo comparten exactamente la misma agenda en términos de medio ambiente, pero por alguna razón ambos espacios marchan para quejarse contra un Congreso, irónicamente, dominado por el FdT y JxC.

“En este año de elecciones legislativas queremos votar a candidatos que estén realmente alineados con los objetivos del Acuerdo de París y que alcen su voz frente a: la erosión ambiental, el abuso de nuestros territorios y la violación de los derechos de las comunidades que los habitan, demandan desde Climate Save Movement, la principal organización de lobby en Argentina que convoca la marcha del #24S.

Y subrayan: “Queremos conocer sus propuestas y acciones concretas y que abran al debate popular las decisiones que involucren al ambiente como el Acuerdo porcino con China, ley de Hidrocarburos, megaminería, la exploración sísmica, los desmontes, el sistemático uso de agrotóxicos, entre tantas otras”.

Desde Jóvenes por el Clima, otro de los convocantes a las marchas del 24-S, también reclamaron en la previa de las primarias por un cupo social ambiental dentro de los debates públicos de los entonces pre candidatos. Se sumaron a una movida con otras organizaciones y referentes de la sociedad civil para reunir firmas en un petitorio digital que sigue abierto para exigir incluso a los periodistas que se informen al respecto para preguntar con precisión a los aspirantes a un cargo electoral.

“Queremos que todos los candidatos y candidatas de estas elecciones tengan que hablar de ambiente. Exigimos un #CupoSocioAmbiental en sus propuestas de campaña, exhortaron desde su cuenta en Twitter en agosto pasado.

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