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El pueblo santafesino resiste la estatización de Vicentín y expulsa a la comitiva interventora

El miércoles miles de manifestantes impidieron la entrada de la comisión interventora a las oficinas de Vicentín en Santa Fe y luego marcharon hacia su hotel. La comitiva tuvo que escapar a Buenos Aires escoltada por la Policía. El reclamo es unificado: no a la expropiación.

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En un acto patriótico, los ciudadanos de Reconquista y Avellaneda, en Santa Fe, salieron a las calles en la tarde del miércoles bajo el reclamo unificado en contra de la expropiación de la insigne empresa argentina Vicentín.
Ayer al mediodía arribó la comitiva interventora a la provincia de Santa Fe, encabezada por el viceinterventor Luciano Zarich y un grupo de abogados y contadores del Estado. Ni bien llegaron se dirigieron ante el juzgado pertinente, y entregaron al magistrado Fabián Lorenzini una copia del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente, que dispone la intervención de la empresa. 
Los burócratas usaron dos aviones, ocho automóviles y múltiples camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Federal para arribar, y terminado el trámite, se desplazaron a las oficinas centrales de Vicentín. 
Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con las oficinas vacías y las entradas cerradas. 
“¡Abran, delincuentes!”, exclamó un miembro de la comitiva estatal enfurecido. Pensó que la empresa y la gente los iba a recibir con los brazos abiertos.
 “Ustedes tienen que poner el lomo, no robar esta empresa, ¡ustedes son los delincuentes!” replicó uno de los transeúntes según se puede escuchar en los videos. Lo acompañaron bocinazos y abucheos. Al verse imposibilitados de tomar control sobre las oficinas, los interventores se sacaron una selfie con el edificio de fondo y se retiraron a sus hoteles.

A la noche, los manifestantes marcharon con banderas patrias, entonando el Himno Nacional Argentino y se dirigieron desde múltiples puntos de la ciudad hasta la Calle 14 y Av. San Martín para realizar un abrazo simbólico a la empresa con una gran bandera argentina, mientras que caravanas de autos hicieron sonar sus bocinas adhiriendo a la protesta.

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En la manifestación, el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, pronunció un discurso ante aproximadamente 2.000 personas, revelando un enorme rechazo a la decisión del gobierno de Alberto Fernández.

“No hay nadie más fascista que quienes quieren avanzar sobre las libertades individuales, no hay nadie más fascista que quien quiere avanzar sobre la propiedad privada ajena. Si no defendemos la propiedad privada nos vamos a morir de hambre, Vicentín es una empresa familiar, están robando el sacrificio y el esfuerzo de una parte de Avellaneda”, exclamó. 

La concentración fue incluso promocionada por él mismo, a través de una publicación de Instagram.

No podemos permitir que esta empresa se expropie, que roben 90 años de historia, 90 años de sacrificio, humildad, de esfuerzo e inteligencia… no podemos permitir que nos roben eso”

Además, una integrante de la familia Vicentín, trabajadora de la empresa y oriunda del pueblo de Avellaneda, dio un emotivo discurso entre lagrimas luego del intendente y llamó a defender “nuestra historia”.

Lo que está en juego es nuestra historia. Vicentín hace 90 años que está acá. No nos van a robar nuestro pasado y tampoco nuestro futuro.”

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Luego de la manifestación, la multitud de gente se dirigió al hotel donde se alojaban los funcionarios, en repudio de su presencia en la ciudad de Reconquista. Los vecinos se sumaron a la marcha y rápidamente empezaron a exigir que la comitiva se vaya de la provincia.

Por la intensidad de las protestas, Zarich finalmente tuvo que ser evacuado por el Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía de Santa Fe durante la noche y falló en tomar posesión de las oficinas de Vicentín. 

Ya volvió a Buenos Aires, derrotado.

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Las repercusiones fueron muy variadas. La Sociedad Rural de Reconquista, las Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios se pronunciaron en contra de la medida presidencial y advirtieron sobre el inminente avasallamiento masivo de la propiedad privada:

 “No vinieron por Vicentín, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos. […] juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público. Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República. Avasallar la constitución implica nuestra desintegración como Nación”, expresa un comunicado de prensa de la Sociedad Rural.

Por su parte, la casta política tuvo una reacción adversa. El gobernador peronista santafecino, Omar Perotti, respaldó a Alberto Fernández en su decisión y dijo que va a acompañar la intervención nacional.

Perotti indicó que la decisión del presidente es “para evitar que sea vendida por poco dinero a una multinacional extranjera”. Lo cual sigue demostrando la locura de los gobernantes, que siguen exigiéndole al pueblo que se haga cargo de los conflictos del sector privado, en vez de dejar que se arreglen por sí mismos.

De haber sido ese el caso, no hubiera habido despidos, los nuevos dueños se hubieran encargado de las deudas, y Argentina tendría un problema económico menos del que hacerse cargo. Todo esto manteniendo la dirigencia de la familia Vicentín y el espíritu empresarial intacto.

Tanto el macrismo como múltiples espacios políticos ajenos al Frente de Todos repudiaron el accionar del presidente. 

Juntos por el Cambio, de la mano del radical Mario Barletta, elevó una causa judicial por la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo, pidiendo que intervenga para rechazar este despropósito.

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Sin embargo, hubo otro acontecimiento que profundizó el fracaso en la expropiación: la comitiva habría violado protocolos provinciales y nacionales en materia de prevención del coronavirus.

Así lo expresó un comunicado del Comité COVID-19 del Hospital Central de Reconquista, a través del cual denuncian que los funcionarios debían cumplir con 14 días de cuarentena, al igual que cualquier persona que llegase a la provincia desde una zona de circulación viral como Buenos Aires. 

Los burócratas se bajaron del avión y entraron en contacto con los ciudadanos de Reconquista, violando sistemáticamente todas las reglas impuestas por su jefe, Alberto Fernández.

En la solicitud se pide que se arbitren las medidas necesarias por lo sucedido y que no se repita.

El presidente volverá a mandar otra comitiva para avanzar con la intervención de la mega-empresa argentina, este conflicto recién empieza y la ley de expropiación todavía debe ser tratada y votada en el Congreso.

Si se mantiene la situación de hoy, todo el interbloque de Juntos Por El Cambio votará en contra y todo el interbloque Frente de Todos a favor, dejando la llave de la expropiación en manos de los diputados que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti, al ex-candidato Roberto Lavagna y al dirigente mendocino José Luis Ramón.

Alberto Fernández, tan cerca como el 28 de mayo de este año, tildaba como “ideas locas” a las acusaciones respecto al Estado pretendiendo quedarse con las empresas nacionales. Tan solo 12 días después, nos confirma que estuvimos en lo cierto.

El Grupo Vicentín representa, solo en Avellaneda, un 30% del movimiento económico local. Emplea 4.000 personas de forma directa, además de otros miles de forma indirecta. 

Representan además una gran fuente tributaria para los municipios. No hace falta remontarnos mucho tiempo atrás para saber lo que la administración estatal de empresas privadas implica en nuestro país: empresas deficitarias, mala administración, corrupción, y desabastecimiento.

Que no pase inadvertida esta situación. No será esta la última vez en la que el pueblo argentino deberá defender la propiedad privada.

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Argentina

Alberto Fernández rechazó el ajuste que pide el FMI y puso en duda un acuerdo a días de quedarse sin reservas

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El Presidente rechazó lo que le pide el Fondo Monetario en materia fiscal y la renegociación de la deuda contraída en 2018 parece cada vez más lejana.

En el acto de lanzamiento de la Campaña Nacional de Vacunación de este año, Alberto Fernández aprovechó la oportunidad para hablar de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que todos esperaban que iban a estar solucionadas para antes de fin de año pero continúan bloqueadas.

En este sentido, aclaró que su Gobierno no aceptará el ajuste fiscal que le pide el Fondo para refinanciar la deuda del país y afirmó que cada vez que en la Argentina se aplicó un ajuste, “el pueblo padeció”.

El presidente repitió la frase que ya dijo en varios de sus discursos, “los pueblos que pierden la memoria están condenados a repetir su historia“, y señaló que eso ocurre tanto sobre los derechos humanos como también en materia económica. Lo que no recuerda Fernández es que cuando no se hizo un ajuste ordenado, el país estalló en crisis y el ajuste se hizo diez veces más fuerte.

Argentina en la primera semana de febrero debe pagar 1.100 millones de dólares al FMI, un importe que para afrontar debe utilizar todas sus reservas líquidas, y quedará completamente expuesto a un default cuando deba afrontar el segundo pago del año, en marzo, unos 2.900 millones de dólares, que el Banco Central simplemente no tiene.

“Nosotros firmemente decimos que queremos tener derecho a crecer según nosotros creemos cómo debemos crecer. Tener memoria, simplemente tener memoria y recordar en ese caso que cuando los ajustes llegaron, nuestro pueblo padeció”, anunció Fernández.

En ese sentido, pidió a los presentes que “solo recuerden el 2001, lo que significó para la Argentina. Y recuerden que el ajuste más cercano, en 2018, que el Fondo le pidió a la Argentina hizo desparecer los ministros de Salud, de Trabajo y el de Ciencia y Tecnología. Hizo perder tres baluartes centrales para el desarrollo de un Estado y de una sociedad”.

Fernández también afirmó que el Gobierno y todos los “sobrevivientes de semejante desgracia” como es la pandemia tienen “imperativos morales” que los obligan a hacer una sociedad justa y equitativa.

“Y en los tiempos que vivimos, para que una sociedad se desarrolle, la educación, el conocimiento y el desarrollo de la ciencia y la tecnología son centrales. Sin educación no hay futuro, sin conocimiento no hay riqueza y sin ciencia y tecnología, uno se queda atrapado en el pasado”, dijo.

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Un legislador bonaerense pide que se condecore a los miembros de las Fuerzas que sirvieron en “La Tablada”

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Se trata de una iniciativa proveniente del diputado provincial, Nahuel Sotelo, y los sus compañeros del bloque “Avanza Libertad”. La misma tiene como objetivo reconocer lo adeudado a los miembros de las fuerzas de armadas y de seguridad que sirvieron en el copamiento a “La Tablada”.

Se trata de una iniciativa proveniente del bloque Avanza Libertad, quienes presentaron dos proyectos para evitar “vivezas políticas”. En primer lugar solicitan que se reconozca con medallas a los que combatieron en el popularmente llamado “Copamiento de La Tablada”. Además, también pidieron que se los reconozca con una pensión graciable, mensual y vitalicia para el personal militar, de seguridad y/o soldados conscriptos.

Según Sotelo “Los que combatieron en La Tablada deberían tener el reconocimiento de toda la sociedad, muchos sectores de la política se llenan la boca hablando de democracia, pero cuando se trata de reconocer que el enemigo de la misma fue la izquierda marxista y violenta que a fuerza de sangre y fuego quisieron tomar el poder, muchos se callan la boca por miedo a ser tildados de ´derecha´ basta de tibios”.

Sotelo dijo presente el domingo pasado en el acto de conmemoración por lo sucedido el 23 y 24 de enero de 1989 y sobre el tema indico que “le entristecía haber sido el único político presente” y agrego que “Debería ser un acto donde todos los representantes del pueblo que dicen defender al mismo, deberían estar presentes. ¿Qué es eso de tener miedo por reivindicar que se combatió con armas a quienes atacaron con armas?

También señalo que “En aquel Regimiento murieron uniformados cumpliendo con su juramento a la patria, morir por ella si así lo requiere. De un lado había miembros de las fuerzas defendiendo una democracia que había vuelto hacia poco tiempo y del otro lado, un grupo de resentidos que, no por primera vez, tomaban las armas en busca de una supuesta revolución popular. Si hay una grieta acá, déjame siempre del lado de las fuerzas”

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Argentina

Filtran los correos que ordenaban las operaciones en contra de Nisman y otros opositores al kirchnerismo

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Cristina Kirchner, mediante su vocero, durante y después de su presidencia mandaba a operar diatónicamente a sus opositores. Entre los casos más destacados se encuentra el caso del difunto fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman.

Mediante su vocero, a mediados del 2016, la entonces presidente Cristina Kirchner envió mails reservados a los dueños de los medios y periodistas K pidiendo que entrevisten al ex director de la DAIA, ex director de la Escuela de Defensa y ex embajador suyo para el Holocausto, Jorge Elbaum, para envolver al difunto y ex fiscal de la UFI-AMIA Alberto Nisman con los “fondos buitres”.

La forma de operar, similar a otras veces, era que luego de publicada la entrevista la vicepresidente elogiaba la nota en sus redes sociales, haciéndola pasar como un hallazgo independiente. En ese contexto, días después del asesinato de Nisman  -el 18 de enero de 2015- carteles sin firma que incluian fotos privadas del fiscal con “amantes” empapelaron la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una campaña sucia.

Antes de morir, Nisman denunció a Cristina por encubrimiento a cinco iraníes -entre ellos Moshen Rezai, quien estuvo la semana pasada en Nicaragua- acusados de ser los autores intelectuales del atentado a la AMIA.

La filtración trata de más de cincuenta mails que revelan operaciones similares, pero que tuvieron como objetivo al difunto juez Claudio Bonadio, a Elisa Carrió, Mauricio Macri, Vicente Massot, entre otros.

Los correos electrónicos secretos, enviados por lo menos entre 2012 y 2016, por el actual director general de Comunicación Institucional de Cristina, Hernán Reibel Maier, revelan cómo bajaba línea a empresarios y al periodismo militante. El tema más recurrente era atacar a Alberto Nisman.

La ex presidente, a través de Reibel, enviaba indicaciones o cables de noticias -con la intención de publicar-, teléfonos, sugerencias de entrevistas e incluso resúmenes de noticias para favorecer al kirchnerismo.

En un principio, Reibel mandaba los mensajes desde su correo personal pero luego empezó a hacerlo desde un gmail llamado “papelpicado2012@gmail.com.”, con el fin de ocultar su identidad. 

Los mails fueron entregados por un periodista que participó de la red K y se hartó de la “bajada de línea”. Aunque los entregados están fechados desde el 2012, el periodista anónimo indicó que esta forma de trabajar data de la primera presidencia de Cristina.

Al ser comparado los mails con publicaciones periodísticas y las fechas en que fueron enviados los correos, se prueba que la bajada de línea era cumplida por los medios afines al kirchnerismo, entre ellos: Página 12, Télam, C5N, TV Pública y Ámbito Financiero. Las noticias eran publicadas desde el mismo día en que se enviaba el mails o apenas un par de días después. 

Otros temas recurrentes a la hora de operar fueron: los cacerolazos en contra del aumento de tarifas, la defensiva contra la causa de los cuadernos, blindaje a las causas de Amado Bodou, el “desprestigio” a la causa Hotersur e incluso falsos aumentos de la imagen positiva de la propia Cristina.

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