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En la nueva ley de Milei, se refuerza el derecho a la legítima defensa y se protege a los que maten delincuentes

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La masiva reforma del Estado que impulsa Javier Milei también busca terminar con la persecución judicial a los que se defiendan de un delito abatiendo a un delincuente o persiguiendo para recuperar el elemento sustraído.

Dentro de las incontables reformas de la Ley de Bases y Puntos de Partida que envió el Presidente Javier Milei para tratamiento en el Congreso, hay una sección donde se refuerza el derecho a la legítima defensa, marcando un antes y un después en la protección jurídica otorgada a aquellos que se defiendan contra agresiones, incluso causando la muerte del victimario.

Punto final para la estigmatización hacia quienes ejerzan la defensa para sí mismos o para terceros, por deber de seguridad o en el cumplimiento de sus funciones.

En el mundo jurídico se habla de "legítima defensa" cuando la ley protege a un individuo que ha hecho uso de la fuerza para repeler la agresión de un tercero que hubiese atacado primero. De este modo, el obrante en legítima defensa queda excluido de toda responsabilidad penal dado que su accionar se ha encuadrado en lo que se denomina como una de las causas de justificación de la acción ilícita.

Simplificando, el derecho ignora el carácter ilícito de la acción empleada para defenderse, ya que había una agresión sobreviniente en curso contra la persona que se defendió o bien contra el tercero al que esta persona hubiese defendido. En otras palabras, se permite abatir o violentar a un delincuente para protegerse de un acto delictivo.

Sin embargo, este derecho en Argentina se encuentra muy limitado, principalmente por el accionar de los jueces, pero también por cómo están codificadas las leyes. En el nuevo proyecto, se proponen cuatro aspectos fundamentales, que tienen como objeto la ampliación respecto de los casos que debieran ser interpretados como legítima defensa.

En primer lugar, el nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

Esto elimina de facto el requisito de la proporcionalidad, que actualmente está legislado, ya que consagra una suerte de “in dubio pro defensor”, o sea que en caso de dudas la interpretación siempre debe favorecer al individuo que ejerce la acción defensiva, se trate de defensa personal o de terceros, por deber de seguridad o por cumplimiento del deber.

En segundo lugar, la ampliación de la figura incluye la justificación de la acción defensiva “cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual”.

De este modo, cuando se suscite una de esas situaciones descritas, la persona atacada podrá ejercer la defensa personal inclusive si la acción del atacante no fuere tan lesiva pero aún así perjudique bienes jurídicos del atacado.

En tercer y cuarto lugar, se suman como ampliaciones de la legítima defensa los casos en los que alguien “se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”. Así es que se evita que la persona que ejerce la acción defensiva sea amenazada con armas descargadas o falsas (que no representan un peligro real pero que la víctima no tiene modo de saberlo), o

Además, la segunda parte de dicha oración, evita que una vez cometido el acto ilícito, la víctima deba quedarse de brazos cruzados puesto. Con la legislación actual, si el hecho delictivo ya ocurrió, no se considera legítima defensa perseguir y agredir al delincuente para intentar recuperar el elemento robado.

Por ejemplo, con la nueva ley: si a alguien le roban y el agresor está escapando con la cosa sustraída, la víctima puede defenderse disparando un arma inclusive cuando el hecho ilícito (el robo) ya fue consumado, algo impensable actualmente puesto que sería calificado de venganza o retribución.

La ley actual: Imposibilidad real de defenderse

La legítima defensa se encuadra en el artículo 34, inciso 6º del Código Penal. Para entender sobre qué versan los cambios propuestos por el Gobierno, es menester comprender los elementos que la Teoría del Delito exigen actualmente para que una acción lesiva y defensiva sea considerada como legítima defensa:

  1. Agresión: Es la amenaza de que sean lesionados intereses jurídicamente protegidos, por medio de un comportamiento humano (vida, libertad, propiedad, integridad física, etc.).
  2. Antijuridicidad en la agresión: La agresión del atacante no debe estar amparada en otras causas de justificación de la acción. Por lo tanto, la agresión debe ser antijurídica, o sea estar penada.
  3. Actualidad en la agresión: La agresión del atacante debe ser inminente, haber comenzado o estar sucediendo. Debe ser actual respecto del momento de ejercer la defensa.
  4. Necesidad o Auxilio necesario: No debe existir otra forma de defenderse. La acción defensiva debe ser racional y lo menos lesiva posible.
  5. Proporcionalidad: La acción defensiva debe ser proporcional a la acción atacante y el medio defensivo debe ser idóneo para la defensa del bien jurídico atacado y no tratarse de medios retributivos o vengativos.

Como el lector puede constatar, quien no es abogado o bien quien no se encuentra en contacto permanente con el derecho penal NO TIENE POSIBILIDAD DE SABER TODO LO MENCIONADO PARA DEFENDERSE y aún así, la ley lo exige.

Se verifica entonces la imposibilidad de quien ejerce la legítima defensa de saber si la Justicia protegerá sus derechos como persona agredida en primera instancia, o sí terminará preso por exceso en la legítima defensa.

De esta manera, la nueva legislación que busca impulsar Javier Milei permitirá que la víctima pueda ejercer la legítima defensa sin pensar tanto en sí la Justicia lo perseguirá y más en si esa respuesta le permitirá salvarse la vida.

Argentina

Los gobernadores le declaran la guerra a la Nación porque Milei se niega a pagarles su deuda: “Son amenazas chavistas"

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La Oficina del Presidente le respondió al gobernador Nacho Torres por sus amenazas subversivas: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, del PRO, lanzó un explosivo comunicado que fue acompañado por la firma de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), el grupo conocido como "los patagónicos".

En dicho documento, titulado "las Provincias Unidas del Sur", los gobernadores de la Patagonia aseguran que expropiarán y retendrán todo el petróleo y el gas que extrae YPF y las empresas privadas, si el Gobierno Nacional no le vuelve a enviar el dinero de las transferencias discrecionales, que las provincias usan para pagar sus deudas.

Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador de Chubut, que encabeza el "grupo subversivo" contra el Gobierno Nacional.

En concreto, Torres reclama unos $13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual, que la Nación le retuvo a Chubut porque la provincia no estaba pagando una deuda que se había tomado con el Estado Nacional.

El Gobierno de Javier Milei le había dicho desde el 10 de diciembre que Chubut tiene que recortar los gastos para reducir su déficit, ya que la Nación no les seguiría solventando su despilfarro, pero en ya casi 3 meses, Torres no ha tomado ni un solo paso en la dirección del saneamiento fiscal.

Lo mismo ocurre con muchas provincias. Si bien casi todos los gobernadores habían expresado sus intenciones de recortar el gasto público tras la asunción de Milei, con el tiempo se fueron dando cuenta que el ajuste que pedía el Presidente de la Nación era mucho mayor al que ellos tenían en mente.

A través de un fuerte comunicado, la Oficina del Presidente, que el presidente Javier Milei utiliza para expresar sus palabras oficiales, trató a Torres de "chavista" y le recomendó que se atenga a las respuestas judiciales de sus amenazas subversivas.

"En respuesta al comunicado emitido por el Gobernador de Chubut, la Oficina del Presidente informa que los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación", aclaró el Presidente.

"Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional", agregó.

"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", impone.

"Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", aseveró la vía de comunicación oficial del Presidente.

Y agrega: "Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".

"Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad", finaliza.

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Argentina

Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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