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En medio de la crisis, el intendente de Zárate se sube el sueldo y se exime del pago de Ganancias

El pasado jueves 30 de julio se dió a conocer el decreto municipal por el cual el intendente Osvaldo Cáffaro se otorga a sí mismo y sus funcionarios municipales una suba del 80% del sueldo y se exime del pago de Ganancias, mientras empeora la crisis social.

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La intendencia de Zárate dispuso el aumento para todos los agentes municipales sean transitorios, permanentes, personal superior y jerárquicos -funcionarios-, tal como indica expresamente el decreto firmado por el intendente Osvaldo Cáffaro. 

Al aumento de los sueldos municipales se agregará en los recibos el epígrafe “Bonificación por emergencia sanitaria COVID-19” para evitar el pago de Ganancias, conforme lo dispuesto por la Ley Nacional 27.549.

El mismo será sometido “Ad Referendum” en el Concejo Deliberante: la oposición de Juntos por el Cambio indicó que no va a acompañar la medida aunque no se encuentra contraria a la suba general de los agentes municipales con exclusión de los funcionarios jerárquicos e intendente.

Más allá del rechazo del sector opositor, todo indica que el kirchnerismo puede pasar esta medida con su propia bancada.

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La gestión de Cáffaro respecto a la pandemia en Zárate ha sido un desastre: en abril y mayo de este año los empleados municipales se movilizaron con apoyo explícito de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por la rebaja de hasta un 50% de los sueldos, en particular, de los empleados que ocupan puestos de riesgos sanitarios. La denuncia es que la intendencia le bajó los sueldos hasta a los médicos.

Por otro lado, también bloqueó la venta de productos generales en supermercados limitando la oferta sólo a productos comestibles y de almacén.

Sin embargo, la medida más polémica desde el inicio de la cuarentena fue la creación de estampillas solidarias con valor nominal de $100 cada una con el fin de pagar bienes y servicios entre los habitantes: dicho de otra forma, se trata de letras de cambio al portador, también conocidas como cuasimonedas al estilo Patacón o LeCor, famosas estas últimas por circular durante la crisis de 2001 y los años siguientes. 

Por último, protagonizó una pelea pública con el Ministro de Seguridad Provincial, Sergio Berni, porque le vetó el ingreso a un centro de monitoreo. Berni es oriundo de Zárate y se habla de la intención de éste último que sea su esposa candidata a la intendencia en 2023, contra Cáffaro. 

En enero, antes del inicio de la cuarentena, el intendente Cáffaro dio vía libre al aumento de las tasas municipales llegando en algunos casos a un incremento de hasta el 200% y los vecinos se movilizaron en señal de protesta. 

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Maestro mayor de obras, con 59 años de edad, Cáffaro inició su militancia política en 1982 en el Partido Socialista. Hoy es integrante del Frente de Todos

Tras pasar por la gestión pública y la legislación local y provincial, en 2007 fue electo intendente y, desde entonces, se mantiene en el cargo tras diversas reelecciones. 

Su sueldo es un misterio. Una nota de 2018 del medio El Debate habla de un salario entre $221.239 y $280.000. Otro artículo de 2020 en el blog El Príncipe del Manicomio llega a hablar de un sueldo de $354.959. 

En cualquiera de los dos casos, de concretarse la suba del sueldo en un 80% sin pago de Ganancias, el intendente pasaría a percibir entre $398.000 y $638.000. 

Mientras, los comercios y fábricas continúan cerrando y el desempleo crece en la provincia de Buenos Aires ante la emergencia de la crisis social y económica. 

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Aumentos en las tarifas: estiman que el incremento de la luz rondaran el 200% y el del gas un 80%

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Aún se desconoce de cuánto será el aumento, a partir de cuándo comenzará a regir y quién lo implementará.

 La aplicación de la segmentación para la quita de subsidios a la energía aún reviste mas incógnitas que certezas. Los cambios en la Secretaria de Energía engordaron la falta precisiones de la medida, como por ejemplo saber de cuánto será el incremento, cuándo comenzará a regir y quién lo implementará

Lo que aún no puede comunicar el gobierno, ya lo estimó la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo. Los incrementos finales serían del 85% para la tarifa de gas y en torno al 200% para la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, según consta en el último informe presentado por la consultora.

“En general la mayor parte de los hogares, el 70% de los usuarios del AMBA, tiene un nivel de consumo por debajo de los 400 kv que puso de tope el gobierno para aplicar a partir del excedente el pago de tarifa plena” afirmó Arceo que aclara que se trata de un promedio anual porque el nivel de consumo varía según la estación del año.

Ahora bien, si la mayoría de los usuarios consume por debajo del tope, la pregunta es cual es el ahorro para el fisco en tanto eliminación de subsidios. Sobre esto Arceo explica que el 30% de los hogares donde se consume mas de 400 kv explican a su vez el 50% del consumo de energía total. “Son pocos hogares que consumen mucha energía, con lo cual sin subsidio, o se reduce, el nivel de ahorro fiscal es bastante significativo”.

Para Arceo la incorporación del criterio de tope de consumo es un premio al ahorro de energía muy eficaz en otros países. Sin embargo este consultor explica que los sectores populares, que no tienen acceso a la red de gas, consumen más energía, sobre todo en invierno. “Por eso es importante saber si el tope de consumo alcanza también a los beneficiarios de tarifa social” agrega Arceo, para quien este punto es nodal “para proteger a los que menos tienen”. Según el consultor esto todavía no está garantizado ya que queda “esperar la letra chica de la reglamentación de la medida”.

No obstante Arceo reivindica la medida: “Es correcto penalizar el consumo excesivo dado el incremento que tuvo la demanda de gas y energía eléctrica en los últimos años que llevo a la Argentina a que solo en el primer semestre de este año creció un 18% respecto al mismo período del 2019”.

En lo que respecta al servicio de gas por red y servicio de agua potable, Massa no dio precisiones.”En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad”, dijo, sin más detalles.

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Senado: El kirchnerismo impulsa una ley para crear un ingreso fijo por indigencia

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La ley, elaborada por la senadora Di Tullio, alanzaría a 1.7 millón de personas, con un costo fiscal más bajo que el salario básico que pide Grabois.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto para crear un ingreso por indigencia, que beneficiaría a 1.7 millones y fue elaborado después de una ronda de consultas con organizaciones sociales y funcionarios.

Es mucho más restrictivo que el salario básico universal que propone Juan Grabois, porque abarca a desocupados desde 25 años a uno menos que el límite de la jubilación (59 mujeres y 64 hombres), que no sean beneficiarios de planes sociales. 

Recibirían el equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, que según el Indec alcanza 15.057 pesos mensuales. Se actualizaría por trimestre. 

El proyecto de Itahí Hagman, diputado del Frente de Todos cercano a Grabois, también propone pagar una canasta por adulto, pero abarca a desocupados de entre 18 y 64 y a quienes registren bajos ingresos. 

Se definen como tales a trabajadores de casas particulares, monotributistas de categoría A o asalariados con haberes similares. El beneficio llegaría a entre 7 y 9 millones de personas y el costo fiscal podría ser entre 2 y 3 puntos del PIB.

Di Tullio trabajó en un diseño que redujera el impacto fiscal, que esperaba presentar la semana pasada, pero debió postergar hasta que el nuevo ministro de Economía Sergio Massa se pusiera al tanto. 

Calcula un costo fiscal de 0.09 del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. El ingreso durará un año y para renovarlo el beneficiario deberá acreditar que continúa sin ingresos.

Y se promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica.

De esta manera, el Estado se encargaría de la reinserción laboral del beneficiario, que formará parte de un Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción, mediante un cruce de datos con Anses.

Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero se estima que no podrá demorarse más allá del debate del presupuesto, que llegará el 15 de septiembre a Diputados. El último no se sancionó y el kirchnerismo lo cuestionó, justamente porque no contemplaba ayuda directa a los sectores vulnerables.  

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Cuarta audiencia del juicio por la Obra Pública a Cristina Kirchner: el fiscal apuntó a la “caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”

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Se trata de las obras por remediación de canteras por las que recibió 220 millones de dólares. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron hoy la cuarta audiencia de sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, la Fiscalía ahondó sobre lo que llamó la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

Se trata de las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para obras de remediación de canteras y movimiento de suelos.

Ante el Tribunal Oral Federal 2, y sin la presencia de Cristina Kirchner, autorizada a ausentarse, el fiscal Luciani señaló que Báez ganó todas las licitaciones para la remediación de canteras por un total de 220 millones de dólares y que la gran mayoría fueron cercanas a las elecciones presidenciales de 2007 que ganó el Frente de Todos.

En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, dijo Luciani. El fiscal, con el aporte de filminas, mostró cada una de esas obras en las que expuso como en las licitaciones competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti y en algunas otras empresas, en su mayoría Petersen, que siempre quedaba descalificada. Se trata del mismo mecanismo que se utilizó para las licitaciones de las obras viales que la Fiscalía analizó en las audiencias anteriores.

A su turno, el fiscal Mola señaló que esas licitaciones se buscaron ocultar en su publicidad. Explicó que se debían publicar en los diarios de Santa Cruz para que las empresas que quisieran se presenten a competir. Pero Mola destacó que las licitaciones se publicaban en las secciones de belleza, de chistes o donde se publicaban avisos contra la eyaculación precoz. “La ley no especifica donde debe publicarse pero se hacía en lugares no relacionados con la obra publica”, señaló Mola.

La audiencia de hoy comenzó con una recusación que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, presentó contra el fiscal Luciani y uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Las defensas de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, adelantaron que también presentaron medidas similares.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, acusó Luciani el primer día los alegatos, el pasado 1 de agosto.

La Fiscalía tiene nueve audiencias para alegar la acusación contra los 13 imputados en el juicio. Luciani adelantó que usará todas y que inclusive podrían necesitar algunas más. Luego será el turno de los alegatos de cada una de las defensas que tendrántres audiencias. La primera en alegar será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

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