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Enojado por la victoria de Milei, un intendente kirchnerista en Santa Fe comenzará a cobrar dos veces por la misma obra pública

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Así lo dispuso Juan Domingo Bravo al frente de la comuna de Landeta en la Provincia de Santa Fe. Plnaea cobrarle a los vecinos por la obra pública realizada en la localidad, pero sin reducir los impuestos que ya cobraba para financiar esos proyectos. Los vecinos tendrán que pagar dos veces por lo mismo.

Decepcionado y enfurecido por la pésima performance del kirchnerismo en Santa Fe, y en particular en la comuna de Landeta dentro del departamento de San Martín (en donde Milei cosechó el 75% de los votos), el presidente comunal ultra-kirchnerista Juan Domingo Bravo anunció que le va a cobrar a los vecinos por las obras públicas realizadas.

En represalia por haber votado a la oposición, el cada vez más impopular presidente comunal pretende chantajear a los vecinos con un nuevo arancelamiento de los servicios de obra pública, y los servicios por ayuda y/o acompañamiento que proveen las instituciones públicas comunales.

“No podemos estar ajenos a ello y en consecuencia, respetando ese mandato popular, decidimos que los servicios de ayuda y/o acompañamiento a las Instituciones durante los últimos diez años, a partir de la fecha deberán ser arancelados”, reza el comunicado oficial de la presidencia comunal de Landeta.

Estas medidas podrían ser eficientes si a cambio los vecinos obtuvieron una quita de impuestos, es decir, si dejaran de contribuir compulsivamente al sistema tributario local para financiar dichos servicios, y en su lugar se aplicara un arancelamiento focalizado. Pero este no es el caso: los vecinos seguirán pagando impuestos municipales, y además tendrán que pagar otra vez por las mismas obras públicas que ya financiaron.

La doble tributación que pretende desplegar el kirchnerismo santafesino en Landeta no responde a un alineamiento con la política económica del Gobierno entrante (como sí hicieron algunas provincias anunciando programas de consolidación fiscal), sino lisa y llanamente un castigo por no haber votado al kirchnerismo.

Lejos de generar un alivio tributario como el que propone lanzar el Presidente Javier Milei a nivel nacional, la política del kirchnerismo sólo generó una excusa para poder administrar una nueva caja de recursos con los cuales hacer más política, en contra de los intereses de los contribuyentes.

El programa económico de Milei se encuentra en las antípodas de los lineamientos anunciados por el presidente comunal kirchnerista, ya que se propone lanzar un sistema de iniciativa privada similar al que aplica Chile desde hace décadas

En este sistema, ni los vecinos ni el Estado se hacen cargo del financiamiento total de la obra pública o la infraestructura generada, sino que esos costos se internalizan más tarde por medio del cobro de peajes (en el caso de rutas nacionales o puentes), u otro tipo de tarifas cargadas únicamente a los usuarios que disfrutan de los servicios prestados (y no sobre la totalidad de los contribuyentes como ocurre ahora).

Por el contrario, el sistema de obra pública kirchnerista en Santa Fe seguirá manteniendo un rol protagónico del Estado en la dirección y ejecución de los proyectos, y como si fuera poco le cobrará dos veces a los vecinos por tales iniciativas.

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Reforma electoral: El Gobierno de Milei busca ahorrar $8.000 millones con la boleta única y frenar el curro de los partidos políticos

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Es una estimación de la Casa Rosada considerando que en 2023 se gastaron $13.000 millones a la producción de estos papeles. La medida también pretende atacar los “negocios” de los partidos menores que, tras recibir fondos del Ejecutivo, no los utilizaban para imprimir las boletas.

En la primera semana de agosto, el Gobierno impulsará la reforma electoral en el Congreso de la Nación con un conjunto de propuestas que incluye la introducción de la Boleta Única Papel (BUP). Esta iniciativa ya ha recibido media sanción en la Cámara de Diputados y la Casa Rosada buscará convertirla en ley durante el segundo semestre del año.

Además de los motivos económicos detrás de la aprobación de esta nueva metodología de votación, que disminuirá drásticamente la cantidad de boletas en todo el país, hay razones políticas. Por un lado, con la BUP, el Estado podría ahorrar más de $8000 millones en financiamiento a los partidos y, por otro lado, la implementación de este sistema representará un desafío logístico para ciertos partidos políticos que solían usar las boletas como herramienta de militancia, e incluso entregaban a los electores sobres sellados con el papel de sus propios candidatos. La medida también pretende atacar los “negocios” de los partidos menores que, tras recibir fondos del Ejecutivo, no los utilizaban para imprimir las boletas.

A diferencia del sistema actual, donde cada partido es responsable de imprimir las boletas oficializadas por la Justicia, con la BUP, los documentos serán proporcionados por el Estado y solo estarán disponibles en la mesa de votación el día de la elección. Estas boletas contarán con características de seguridad como troquelado y número de mesa. Se entregará una cantidad correspondiente al número de electores del distrito más un 5% adicional para reposición.

La intención del gobierno es obtener la aprobación en el Senado para luego enviarlo de vuelta a la Cámara Baja para una segunda revisión y sanción definitiva. El proyecto había quedado estancado en enero pasado cuando la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un dictamen alternativo al texto original.

Este dictamen alternativo recibió el apoyo de dos senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Sin embargo, el oficialismo estaría dispuesto a aceptar una de las propuestas del dictamen de Silva: eliminar la opción de un casillero que permite votar la lista completa con una sola cruz. Esta modificación podría facilitar que el proyecto obtenga la mayoría constitucional necesaria para su aprobación en el Senado.

El Gobierno prefiere implementar a nivel nacional el modelo de Boleta Única de Córdoba, que permite seleccionar un partido político con una sola marca en todas las categorías (Presidente, diputados, senador, etc.). En este modelo, la ubicación de cada candidato y partido en la boleta se determina por sorteo. “Actualmente, hay dos caminos para construir la mayoría, con Silva o con los senadores de Misiones. La decisión final dependerá del acuerdo que se alcance. Hay una inclinación por la boleta cordobesa y estamos manejando opciones en torno a eso”, comentó un senador familiarizado con las conversaciones.

Estamos cerca de un acuerdo y hay conversaciones con los bloques más dialoguistas. El dictamen de Silva diferencia las boletas de Santa Fe y Córdoba, y el bloque de Unión por la Patria lo respalda. Si se resuelve la diferencia, que es mínima, se podría aprobar”, añadió. En el Senado, el conteo actual muestra un empate 36 a 36, y Victoria Villarruel no puede desempatar al tratarse de una iniciativa legislativa. “La idea es comenzar a negociar en agosto”, concluyó.

La aprobación de la boleta única implicaría una drástica reducción en el número de boletas impresas, lo que conllevaría menores gastos en impresión de papel, menos necesidades logísticas y una disminución en la compra de materiales de embalaje, reduciendo así la cantidad de cajas necesarias.

Se estima que el ahorro para el Estado podría superar los $8000 millones, aunque el Gobierno aún deberá encargarse de la impresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP). En 2023 el Gobierno destinó aproximadamente $13.000 millones para financiar las boletas de los partidos políticos.

Además, el oficialismo sostiene que la BUP afectaría negativamente a la logística de los partidos que utilizan las boletas para movilizar a sus militantes, así como a los partidos más pequeños desvían los fondos estatales destinados a la impresión de boletas para otros usos. “Al no repartir las boletas, se elimina esta herramienta de militancia”, señalan. También se menciona la posibilidad de negocios turbios entre partidos políticos e imprentas. “Se elimina cualquier posibilidad de cuestiones espurias”, añaden.

Asimismo, la implementación de la Boleta Única tendría un impacto ambiental positivo. En las elecciones legislativas de 2021 se imprimieron 1100 millones de boletas, lo que equivalía a 100 mil toneladas de papel. Con un padrón de 34 millones de electores, se contabilizó una media de 34 boletas por elector, es decir, 10 veces el número de electores. El ahorro de papel en ese año equivaldría a la construcción de dos hospitales de 500 camas cada uno.


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El Ministerio de Desregulación avanza con la reforma del Estado y prepara un decreto para eliminar 60 organismos

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El Ministro de Desregulación y Transformación es el encargado de redactar el texto. Las facultades extraordinarias otorgadas a Milei le permiten eliminar funciones y estructuras jurídicas de los entes.

El Gobierno de Javier Milei está impulsando una reforma del Estado que tiene como objetivo la eliminación de 60 organismos públicos.

Esta medida, liderada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuenta con la colaboración del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la Secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

El plan, que se ha estado gestando desde marzo, finalmente encontró un marco favorable tras las facultades administrativas otorgadas al presidente Milei por el Congreso a finales de junio.

El Gobierno ha expresado su intención de desregular áreas específicas del sector público que consideran no necesitan intervención estatal. En una declaración a TN, un funcionario señaló: "Queremos eliminar alrededor de 60 organismos que regulan áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones". Entre los organismos que se encuentran en la mira están el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE).

Las facultades extraordinarias otorgadas a Milei permiten al Ejecutivo eliminar competencias, funciones y estructuras jurídicas de cada ente, además de transferir organismos a las provincias que los soliciten. Sin embargo, ciertos organismos quedan fuera de esta intervención, incluyendo universidades, dependencias del Poder Legislativo y Judicial, y entidades como el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.

La reubicación y protección de los empleados públicos afectados por estas medidas se rige por el artículo 52 de la Ley Bases. Este artículo establece que los empleados de áreas sujetas a eliminación o modificación tendrán un año de goce de sueldo mientras esperan ser reubicados. Durante este período, se les ofrecerá capacitación para realizar otras tareas o servicios tercerizados del Estado.

Asimismo, los empleados podrán ser transferidos a provincias y municipios. La ley también contempla una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, basado en la mayor remuneración del último año. No obstante, el Ejecutivo incluyó una cláusula que le permite no pagar indemnizaciones en caso de encontrar irregularidades, como inasistencias injustificadas, abandono de tareas o incumplimiento de horario.

En paralelo, el Gobierno busca reducir el número total de contratados estatales. Ya han disminuido de 72.000 a 48.000 y el objetivo es eliminar todos los contratos antes de 2026. Los despidos se ejecutan a través de revisiones contractuales trimestrales, un proceso que asegura la eliminación gradual y controlada de estos puestos.

Otra dimensión de la reforma es la simplificación de trámites y procesos estatales mediante el uso de inteligencia artificial. Este enfoque fue uno de los temas discutidos por Milei con los CEOs de Google, Sundar Pichai, y de OpenAI, Sam Altman. La tecnología promete agilizar y modernizar la administración pública, reduciendo la burocracia y mejorando la eficiencia en la prestación de servicios.

Además, el Ministro Sturzenegger está preparando el envío al Congreso de la Ley Hojarasca, una normativa que propone la eliminación de más de cien regulaciones obsoletas. Esta ley busca desburocratizar el aparato estatal y eliminar trabas que dificultan el funcionamiento eficiente del gobierno.

La eliminación de organismos y la reducción de la plantilla estatal, junto con la incorporación de tecnologías avanzadas, son componentes clave de una estrategia que pretende reducir aún más el gasto público y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.


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Flexibilización del cepo: Podrán volver a comprar dólares financieros quienes recibieron subsidios durante la pandemia

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El Banco Central permitirá a estos beneficiarios adquirir divisas en el mercado MEP o a través del contado con liquidación. Además, ha aliviado otras restricciones relacionadas con el pago de importaciones y la exportación de servicios.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó que las personas que recibieron ayuda salarial del Estado durante la pandemia a través del programa ATP y quienes cuentan con subsidios a las tarifas ahora podrán adquirir dólares en el mercado financiero mediante las cotizaciones MEP y contado con liquidación.

En un comunicado divulgado este martes por la tarde, la autoridad monetaria, encabezada por Santiago Bausili, anunció otras medidas de flexibilización de los controles cambiarios para las importaciones. “El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha dado un nuevo paso en el proceso de remover y flexibilizar las regulaciones de acceso al mercado de cambios, con el objetivo final de eliminar completamente las restricciones”, afirmó la entidad.

La tercera medida adoptada por el Directorio es eliminar las restricciones para acceder a las operaciones de dólar MEP y Contado con Liquidación para las personas que recibieron ayuda estatal durante la pandemia o que cuentan con subsidios en los servicios públicos”, agregó el BCRA.

Con esta medida, se habilitará a estos individuos a suscribir créditos hipotecarios en pesos y a utilizar el dólar MEP para operaciones inmobiliarias.

A partir de hoy, los siguientes grupos, que anteriormente estaban restringidos en el acceso a dólares financieros, podrán acceder a esta opción:

  • Beneficiarios de refinanciaciones de saldos de tarjeta de crédito durante la pandemia.
  • Beneficiarios de “Créditos a Tasa Cero”, “Créditos a Tasa Cero 2021”, “Créditos a Tasa Cero Cultura” o “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas”.
  • Beneficiarios de programas de asistencia a pymes para el pago de sueldos.
  • Beneficiarios del congelamiento de cuotas de créditos hipotecarios durante la pandemia.
  • Diputados y senadores nacionales, quienes habían sido excluidos tras una decisión conjunta de ambas cámaras en octubre de 2020.
  • Usuarios de servicios públicos que reciben subsidios en las tarifas de gas natural por red, energía eléctrica o agua potable, ya sea por solicitud o de manera automática.
  • Beneficiarios del “Plan de pago de deuda previsional” de la Ley Nº 27.705 u otros planes de regularización de deuda previsional hasta que hayan cancelado la deuda.
  • Beneficiarios de los “Créditos Anses”.
  • Trabajadores registrados en el SIPA que recibieron créditos según el decreto de septiembre de 2023.

El directorio del Banco Central también ha decidido reducir los plazos para que las empresas paguen importaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y aumentar el monto que los exportadores de servicios no están obligados a liquidar en el MLC. Además, se permitirá a las personas que recibieron ayuda estatal durante la pandemia o que tienen subsidios en servicios públicos acceder a dólares paralelos.

La calendarización del pago de importaciones, que se implementó a partir de diciembre de 2023, permitió una acumulación acelerada de reservas internacionales y creó un stock de deuda comercial. En respuesta a los mejores resultados del programa, el BCRA avanza en la normalización del comercio exterior y reduce las deudas contraídas”, informó la entidad.

Actualmente, más de la mitad de las importaciones se paga en cuatro cuotas (30, 60, 90 y 120 días desde el ingreso aduanero). A partir del 1º de agosto, este esquema se reducirá a dos cuotas: una a los 30 días y otra a los 60 días, cada una del 50% del monto total. Este cambio afectará a más de la mitad de las importaciones.

En cuanto a los bienes suntuarios y autos terminados, que se abonan a partir de los 120 días desde el registro aduanero, el Directorio ha decidido que, a partir del 1° de agosto, estos bienes podrán acceder al MLC a partir de los 90 días desde el registro de su ingreso aduanero.

Esta medida tiene un doble efecto positivo: facilita la reactivación económica al reducir la carga financiera para las empresas importadoras y disminuye el traslado a precios del mayor costo asociado a la calendarización actual, que obligaba a las empresas sin financiamiento comercial a recurrir al mercado paralelo”, destacó la autoridad monetaria.

Además, el directorio ha ampliado el monto exento de liquidación para las exportaciones de servicios por parte de personas humanas residentes. Ahora se permite cobrar hasta USD 24.000 por año calendario en cuentas locales en dólares sin la obligación de liquidarlos en el MLC, frente al límite anterior de USD 12.000.


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