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Entrevista a Iris Speroni: La casta política no le permite a la Argentina ser

Entrevista realizada por CAUSA Argentina a la economista Iris Speroni (@SperoniIris) revela cómo la casta gobernante y su sistema no permiten el pleno desarrollo de la Argentina.

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En el segundo encuentro del ciclo de conferencias titulado “Desafíos para la Agroindustria y el Poder Nacional” del programa Nueva Argentina, la agrupación CAUSA Argentina entrevistó a la economista Iris Speroni (@SperoniIris), quien posee un Posgrado en Agronegocios y Master en Finanzas, para poder entender cuáles son las herramientas del sistema político-económico actual que impide el crecimiento del país.

A pesar de que los gobiernos de turno, sea el kirchnerismo o el macrismo, se refugian echando culpas al “contexto internacional”, Speroni describe al sistema político argentino como “la arena en el motor” que traba a la Argentina evitando su desarrollo, especialmente en la agroindustria.

Es un sistema donde los políticos trabajan succionando la energía (ahorros o ganancias) de la colectividad para quedárselo un pequeño grupo, que no la invierte en el propio país, sino que roba esa plata y compra departamentos en Miami. Una sociedad que no reinvierte es cada vez más pobre. […] El sistema además tiene mecanismos para evitar ser removido o reemplazado: desde el ‘83 a la fecha vienen peronistas y radicales, pero el baile es el mismo, tienen toda la plata para re afirmar su continuidad”.

Sobre el mito “Campo vs Industria” conversado en el ciclo anterior con el ingeniero José Antonio Álvarez (@Bumpercrop1), donde se pone en tela de juicio si puede existir un modelo que combine ambos sectores en el desarrollo y crecimiento del país, Speroni derriba el mito de la Argentina agro-exportadora: “Argentina no exporta. En los estándares internacionales, un país exportador vierte en el extranjero entre un 30 y 50% de su producción. En el caso de Argentina, no se exporta más del 20 o 22%. De lo poco que se exporta, se destacan productos agro-industriales.

Respecto a la industria, la economista comenta que Argentina “podría ser uno de los grandes países exportadores de productos industriales, ya que constantemente hay gente diseñando y produciendo maquinaria nueva, productos nuevos (fibras de vidrio, aleaciones, ingeniería de materiales) y toda suerte de innovaciones.” 

Pero el sistema impositivo argentino, el sistema de aduanas, y lo que Speroni califica como “la peor y mayor traba de todas” que es el tipo de cambio atrasado, impide que ninguna producción sea viable. 

 

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Para esto, ejemplifica lo que pasa con el aluminio. El 80% del aluminio producido es exportado en forma de lingotes. Si por ejemplo Aluar quisiera vender lingotes a una fábrica argentina, tiene que pagar ingresos brutos sobre esa venta, cosa que no sucede al exportar, por lo cual se recibe mayor ganancia en la exportación. Por otro lado, si una empresa quisiera producir aberturas o puertas de aluminio para la construcción en Quilmes, tiene que pagar más caro el aluminio que el precio que obtuvo aquel que importó en Estados Unidos.  

Además menciona el alto costo de transporte interno del país, con peajes, 55% de impuestos sobre combustibles, el hecho de que un camión o una cubierta acá salen el doble que en Estados Unidos, entonces resulta más barato llegar en barco de Chubut a Estados Unidos, que en camión hasta Quilmes, sin siquiera tener en cuenta la carga impositiva en cada paso de la producción y comercialización de las aberturas. ”Con este esquema es imposible exportar productos manufacturados”.

A diferencia de las excusas que usa el kirchnerismo, estos costos estructurales no tienen nada que ver con la situación internacional, sino que están sujetos a lo que el país hace en materia de política interna: son problemas creados por varios años de políticos que no están a la altura de la situación, o que por beneficio personal toman decisiones que perjudican al país entero. El ejemplo más claro lo muestra el transporte del país, con ferrocarriles y astilleros desmantelados, y un fuerte liderazgo de los camioneros.

La economista menciona que Argentina debería ser uno de los principales exportadores de maquinaria agrícola, porque es uno de los pocos países que tiene más de 100 años de historia fabricando maquinaria, junto con los Estados Unidos. Sin embargo, con un tipo de cambio atrasado a $90 y toda la carga impositiva (ingresos brutos, impuesto al cheque, cargas sociales, etc), es imposible exportar. Un ejemplo de esto lo muestra con la industria vitivinícola de Mendoza, que hoy en día no pueden cubrir sus propios costos.

Sobre la tasa de cambio atrasada, Iris explica que “el Estado entrega reservas para que los privados compren dólares a $90”, y “un dólar atrasado viene desde hace más de una década”.

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En materia legal, Iris comenta que el Banco Central está confiscando un bien, ya que según el Código Civil Argentino, las divisas son bienes. “El Estado no te permite cobrar tu bien, sino que te obliga a venderlo forzadamente a él, que te lo va a pagar en pesos. Eso ya es ilegal porque es una confiscación sin previa ley”. Además, el Estado paga esos dólares a $90, que no es el precio del mercado, siendo esto en contra de la Constitución porque toda confiscación debe ser por ley previa y a valor de mercado.

El que produce lo exportado no recibe todo el dinero pleno, porque en vez de pagarle $155 por dólar, el Banco Central le da $90, y la diferencia se la queda. El año pasado se vendieron U$S 56.000 millones de dólares en exportaciones, de los cuales U$S 28.000 millones se los quedaron los productores y los otros U$S 28.000 millones quedaron en el Banco Central.” 

El Banco Central aprovecha ese dinero y lo vende a los importadores, empresas petroleras que trabajan en Vaca Muerta como Total, BP, o las mineras que sacan oro de la cordillera y que son 100% extranjeras, y compran toda su maquinaria a $90 el dólar, es decir, un dólar regalado por el Banco Central, financiado por el trabajo de los productores que exportan. Sobre este esquema, además comenta que el mayor robo se presenta en la industria automotriz. 

Iris además denuncia que las divisas restantes del Banco Central son vendidas a algunos pocos amigos del poder que las llevan al exterior. “El botín de U$S 28.000 millones es tan grande que tienen para repartir plata y garantizar la continuidad del sistema. Por eso no importa si viene Cristina con Kicillof, Macri con Dujovne, o Alberto con Guzmán, todos hacen lo mismo. Porque el gran negocio es comprar dólares baratos, condenando a todas las provincias argentinas a la pobreza”, sentencia. 

Evolución del tipo de cambio desde la vuelta de las restricciones, a fines de 2019.

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Con este esquema, el Banco Central se convierte en la cara visible de una apropiación privada de recursos multimillonarios, en manos de la auténtica oligarquía política que domina nuestro país, “y que no son las 1000 familias que dicen algunos”, comenta entre risas.

Speroni sostiene que “un dólar alto es Federalismo, y un dólar bajo es unitarismo”, porque con un dólar bajo se le quitan recursos a las provincias para transferirlos a la Capital o al poder central.

Por ejemplo, con un dólar alto, Corrientes podría no sólo estar exportando madera, sino también muebles o aberturas, el Chaco podría industrializar su producción de algodón, el noroeste podría exportar queso o leche de cabra, y así para cada provincia exportadora, pero con un dólar bajo las empresas nunca ganan lo suficiente para acumular capital que puedan reinvertir.

Todo este sistema termina haciendo que las provincias dependan de las dádivas que gira el poder central, fortaleciéndolo aún más, y como consecuencia no surge nadie, de los partidos tradicionales al menos, que salga a discutir a favor de su provincia, que no hay que transferirle riqueza al poder central a través del tipo de cambio bajo, sino que necesitan un tipo de cambio alto que permita a su provincia exportar y ser más rica.  

En este sentido, los políticos suelen tener una “perfecta excusa” para justificar el atraso cambiario: si sube la tasa de cambio, sube el precio de la comida. Aunque lo repitan como un mantra para instalarlo en la sociedad, en realidad la mitad del precio de los alimentos son impuestos (directos, al combustible, cargas sociales, etc).

En algunos casos, el producto básico exportable que tiene cualquier producto comestible es una ínfima parte del total. Sobre esto, Speroni explica que el precio de 1kg de milanesas implica de fletes del campo al frigorífico y del frigorífico a la carnicería, con 55% de impuestos sobre combustibles y peajes, y ambos establecimientos deben mantener frío que se logra con electricidad, que tiene 40% de impuestos, sumado a las tasas municipales, de seguridad e higiene, ingresos brutos, entre otros. “Cuando uno analiza qué importancia tiene el precio internacional de la carne con 1 kg de milanesas, es el 11%”.

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Consultada respecto a la agenda verde de desarrollo sostenible, la cual Alberto Fernández acepta y convalida sin dudarlo, la economista comenta que es parte de lo que ella siempre llama “la Argentina intervenida”. 

Este radicalismo y kirchnerismo, autodenominado peronismo, que en realidad ideológicamente son radicales (incluyendo en este grupo también a la Coalición Cívica y al PRO), han tomado en sus manos la agenda global y la han cumplido a rajatabla. […] Acá vienen con cualquier agenda internacional y la imponen. Yo creo que dentro de eso está el aborto, la eutanasia, entre otras”.

Sobre la agenda verde, Iris comenta que “el Acuerdo de París se firmó en los últimos años de Cristina y lo primero que hizo Macri al asumir fue aprobarlo"

"Esto demuestra la continuidad de la sumisión argentina a estos acuerdos internacionales. La agenda verde es gravísima para nosotros, porque eso va a aumentar el costo de la energía para un país donde hay petróleo y gas. Lo que se ha inventado hasta ahora de energía solar o eólica, por el momento es muy caro, salvo casos excepcionales donde uno está aislado y puede tener autonomía energética”.

Todo lo que se denomina “la economía verde”, es financiada en gran parte tanto por Estados Unidos como la Unión Europea, que gastan miles de millones de dólares en subsidios, y también le dan plata al Banco Mundial y a Naciones Unidas para que hagan lo mismo.

Cuando uno analiza los programas del Banco Mundial, hay millones de dólares disponibles para desarrollo de energías verdes, que después quedan en manos de 2 o 3 empresas”, comenta Iris, en referencia a casos donde se entregaron a grandes contratistas del Estado o multinacionales como Shell.

Speroni además comenta que “estas políticas empobrecen a la población, ya que cuando algún país anuncia que a partir de 2030 va a dejar de producir autos a combustión para reemplazarlos por eléctricos, inmediatamente le bajan el valor de reventa a todos los autos que la gente tiene”.

Los nuevos autos, así como los eléctricos, hoy son muy caros y a mucha gente le resulta imposible acceder a uno. Si se encarece tanto la compra de un auto, la gente no los podrá cambiar, quedándose con sus autos viejos que contaminan mucho más que los nuevos. A fin de cuentas, lo que dicen que es para mejorar el medio ambiente, termina perjudicándolo, además de empobrecer a la población.

Alberto Fernández y su agenda ecologista.

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Sobre uno de los mayores problemas que enfrenta hace años nuestro país, Iris expresa que “sería interesante que volvamos a tener sindicalistas con opinión política. Tener sindicalista que hablan de género es bastante patético. Tener a la mitad de la población trabajando en negro es un objetivo de la casta política, que no quiere gente protegida por un sindicato”. 

Volviendo a resaltar la importancia del tipo de cambio alto, Speroni sentencia que “a los sindicatos de todas las actividades también les convendría que se triplique la producción de maquinaria agrícola exportable, pero no saben relacionar eso con el tipo de cambio”, y entonces no lo exigen, ya sea porque están ocupados en su supervivencia, falta de cultura política, o bien, conveniencia lisa y llana.

Como conclusión de la entrevista, Speroni invita a que los argentinos deben tener la voluntad para romper la mentira de que el tipo de cambio alto sube el precio de la comida, y defender los intereses propios.

No veo otro camino que tomar el lugar que nos corresponde como ciudadanos y hacernos cargo de nuestra patria. […] La Constitución Nacional dice que la defensa de la soberanía es responsabilidad de los ciudadanos. La patria la tenemos que defender nosotros, no va a venir nadie a hacerlo en nuestro lugar”, cierra Iris.

La tarea de los argentinos es la de igualar la de los organismos internacionales, yendo a cada lugar y formando opinión, mostrando que las cosas realmente se pueden solucionar. Deben ocupar espacios de poder y no detenerse ante quienes dicen representarlos, porque no lo vienen haciendo.

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Entrevista completa – Iris Speroni


Por Nicolás Pierri (CAUSA Argentina), para La Derecha Diario. 

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Milei y Caputo evitaron la hiper: Por el fin de la emisión, se espera una inflación abajo del 100% en los próximos 12 meses

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Los resultados de la Encuesta de Expectativas de Inflación, elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella, indican una caía por debajo del 100% de la inflación en los próximos 12 meses, ubicándola en un 98,5%.

En el último relevamiento realizado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) entre el 3 y el 11 de abril, se observa una marcada disminución en las expectativas de inflación para los próximos 12 meses. Según los datos recopilados, la inflación esperada promedio se sitúa en un 98,5%, por debajo del 100%.

Estos resultados reflejan una tendencia a la baja en las expectativas inflacionarias, con un impacto notable en las diversas regiones del país y en todos los niveles de ingreso. Si bien el país se dirigía a una hiperinflación, el plan Milei-Caputo está surtiendo efecto y se está poniendo fin a la escalada de precios.

Este último relevamiento se da unos dias despues de que el FMI haya elogiado el impresionante avance de Argentina en términos económicos y que estime que la inflación de 2024 será del 150%, valor que a diferencia del otro, incluye los primeros 3 meses del combate de Milei contra la hiperinflación que dejó Massa.

La UTDT mediante la Encuesta de Expectativas de Inflación (EI), lleva analizando los datos inflacionarios desde la asunción del presidente Javier Milei, y los resultados son sorprendentes. A nivel nacional, y tomando el promedio de la distribución de respuestas en diciembre, la inflación esperada en aquel entonces para los próximos doce meses era del 225,9%.

En enero, había incluso subido al 230%. Sin embargo, a partir de enero se inicia un proceso significativo de desaceleración de la inflación estimada. En febrero, esta cifra desciende a un 170,8%, en marzo baja a 123,8%, y en la última medición de abril, se registra un descenso hasta el 98,5%, marcando una pronunciada desaceleración inflacionaria.

En cuanto a la distribución regional, se observa que el interior del país presenta las expectativas de inflación anual más bajas, que pasó de un 111,2% en marzo, a un 96,4% en abril.

El interior es seguido por el Gran Buenos Aires (GBA), que registró un 148,2% en marzo, y una baja al 98,7% en abril. Finalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) esperaba un 140,7% en marzo, y terminó disminuyendo a 111,2% en el mes de abril.

Por otro lado, en términos de niveles de ingreso, la reducción en las expectativas inflacionarias es más pronunciada en los hogares de menores ingresos.

Los individuos de mayor nivel educativo tienen mayores expectativas de inflación, mientras que los individuos de menor nivel educativo registraron una gran disminución en la percepción, pasando de 127,7% en marzo a 86,9% este mes, mientras que los de mayor nivel educativo pasaron de un valor de 122,2% en marzo a 104,7% en abril.

En relación con las expectativas de inflación para los próximos 30 días, se observa una disminución similar. En abril, la inflación esperada se situó en un 13,30% según la media, en comparación con el 15,46% registrado en marzo. Estos datos indican una percepción más optimista respecto a la evolución de los precios en el corto plazo por parte de la población encuestada.

Los resultados del relevamiento realizado por la UTDT sugieren una notable reducción en las expectativas de inflación tanto a corto como a largo plazo, lo cual refleja un mayor grado de confianza en la estabilidad económica futura y en el Gobierno de Milei por parte de la población.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Milei y Petri establecen una "zona militar" en una fábrica de armas de Rosario para protegerla de ser asaltada por grupos narcos

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La fábrica es propiedad de Fabricaciones Militares y se encuentra en las cercanías de la ciudad de Rosario, que desde hace semanas es asediada por grupos narcoterroristas que intentan robar su producción de armas.

En respuesta a la crisis de seguridad que afecta a la provincia de Santa Fe, el Gobierno Nacional, a través del Comité de Crisis que establecieron la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Ministro de Defensa, Luis Petri, han tomado la decisión de establecer una zona militar en la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán", que pertenece a la empresa Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.

Esta fábrica se dedica a la producción de munición y armamento destinado al uso de las Fuerzas Armadas. La medida fue oficializada a través del decreto 350/2024, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con esta medida, las Fuerzas Armadas serán responsables de organizar y dirigir el uso adecuado de los recursos materiales requeridos para prevenir y/o reprimir la comisión de cualquier delito en esta zona militar.

Además, el Ministerio de Defensa ha sido instruido para que se tomen todas las medidas necesarias para proporcionar asesoramiento legal, representación y apoyo en procedimientos judiciales y/o administrativos a todo el personal que, al cumplir con sus deberes en el curso de sus funciones reguladas, pudiera enfrentar acciones legales.

El Gobierno argumenta que cualquier ataque a la jurisdicción militar durante tiempos de paz, además de poner en riesgo la capacidad defensiva del país, también representa una amenaza para la seguridad interna. Por lo tanto, sostiene que es responsabilidad de la autoridad militar preservar la integridad y restaurar el orden dentro de su jurisdicción y/o en el ámbito territorial militar, de acuerdo con las leyes vigentes en la materia.

En este contexto, justifica su decisión en la necesidad de garantizar la seguridad para proteger adecuadamente la integridad física de las personas y los activos del Estado. El Gobierno ha establecido esta zona militar principalmente debido a la grave crisis de seguridad que enfrenta la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, conocida como la capital del narcotráfico a nivel nacional.

La fábrica militar se encuentra a solo 20 kilómetros de esta ciudad, que desde hace semanas ha sido objeto de constantes ataques por parte de bandas criminales que buscan robarse las armas para continuar con su régimen del terror.

Desde marzo, las organizaciones narcocriminales han desatado una ola de violencia contra el orden público, llevando a cabo asesinatos a sangre fría en plena vía pública. Entre las víctimas de esta escalada de violencia se encuentran colectiveros, taxistas y empleados de estaciones de servicio.

El objetivo era presionar al gobernador Maximiliano Pullaro para que revocara las medidas implementadas en las cárceles contra los presos de alto perfil. Incluso, los sicarios dejaron notas amenazantes en la escena del crimen, advirtiendo a Pullaro que las muertes continuarían si se persistía con esas políticas.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional decidió desplegar las Fuerzas Federales de Seguridad para colaborar en la contención del avance del narcotráfico. El Ejército fue convocado para brindar apoyo logístico, conforme a lo estipulado en la Constitución Nacional.

Esta medida va en sintonía con lo que anunció hace unos días Nicolás Wiñazki, periodista de TN, quien lanzó la primicia de que el Ministro de Defensa, Luis Petri, acordó con la General estadounidense, Laura Richardson, que Argentina empiece a exportar balas 9mm y 7.62 de FAL y que la idea del Gobierno de Milei es usar Fabricaciones Militares para transformarla en una de las fabricas más importantes del mundo, en lo que respecta a la producción y exportación de munición.

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La Corte Suprema volvió a rechazar otro recurso en contra del DNU de Milei y fortalece su constitucionalidad

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Los cuatro jueces del tribunal supremo han rechazado un recurso de per saltum presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez contra el decreto desregulador.

En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inadmisible un "per saltum" presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei en diciembre del año pasado.

De esta manera, el decreto desregulador toma cada vez más fuerza y se fortalece su constitucionalidad. La fundamentación principal del rechazo radica en la ausencia de un "caso concreto", "causa" o "controversia" que justificara la derogación de las reformas.

El recurso presentado por Gil Domínguez buscaba promover un "proceso autosatisfactivo", instando a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación a que abordaran de manera inmediata el tratamiento del DNU 70/23, con el fin de su aprobación o rechazo en un plazo máximo de 30 días, según lo establecido por la ley 26.122. La Corte dijo que el DNU no presenta inconstitucionalidades en este sentido, que su vigencia está acorde a la ley, y desestimó el pedido.

El reclamo llegó a los tribunales después de que fuera rechazado inicialmente por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo de Rodolfo Facio, quien desestimó el planteo por ausencia de legitimación activa y falta de "caso" o "controversia", pero Gil Domínguez procedió con la apelación y elevación a la Suprema Corte.

El fallo de la Corte, dado a conocer ayer, cuenta con las firmas de los cuatro integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En su decisión, los jueces argumentaron que la petición no presentaba una afectación concreta y particularizada, por lo que las razones esgrimidas por el demandante resultaban "insuficientes" para configurar un caso o controversia.

Esta decisión refleja un patrón similar al de casos anteriores relacionados con el DNU de Milei. La Justicia rechazó de manera unánime, hace unos días, dos planteos contra el DNU 70/23 de Javier Milei, argumentando que no existíam razons que justificaran su intervención.

Uno de los fallos corresponde al recurso extraordinario presentado por el abogado Jorge Rizzo, en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho, en diciembre de 2023, poco después del anuncio del decreto en cadena nacional por parte del presidente, solicitando la anulación total del DNU.

Por otro lado, la misma pretensión tuvo la medida cautelar presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a través de sus representantes legales Raúl Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, quienes en febrero de este año promovieron una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objetivo de poner fin al estado de incertidumbre derivado de la supuesta "inconstitucionalidad" del decreto.

El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, ha expresado en diversas ocasiones que es necesario darle tiempo a la política para resolver estos asuntos, aunque ha dejado claro que, si no se resuelven, lo hará la Justicia. Rosatti ha manifestado su preferencia por evitar la judicialización prematura de temas políticos.

Sin embargo, aún quedan pendientes otros reclamos relacionados con el DNU, siendo el más significativo el referido a la reforma laboral incluida en el Capítulo IV, que tiene como objetivo eliminar el trabajo en negro y modernizar el mercado laboral.

Además, según un relevamiento, la Corte tiene cerca de 30 reclamos de 16 provincias que reclaman por recortes de fondos, sumando un total de aproximadamente US$ 1.000 millones de dólares que el Gobierno Nacional dejó de enviar debido a la firma del decreto.

Por otro lado, Javier Milei anunció la semana pasada a través del Boletín Oficial su propuesta para que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco y el cupo que se abrirá debido a la jubilación de Juan Carlos Maqueda, respectivamente.

Este anuncio abre un período de quince días para que la ciudadanía y diversas organizaciones presenten sus posturas respecto a los candidatos propuestos, antes de que deban ser votados por el Senado.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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