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Es Ley el Impuesto a la Riqueza del kirchnerismo: la oposición, dividida, no pudo frenar el proyecto redistributivo del Gobierno

El kirchnerismo logró aprobar el Impuesto a la Riqueza para gravar desde un 2% a todas las fortunas mayores a 200 millones de pesos en Argentina. Juntos por el Cambio no pudo frenar al Gobierno.

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Por 42 votos positivos contra 26 en contra, el kirchnerismo logró aprobar el proyecto de ley del «Aporte Solidario para Morigerar los Efectos de la Pandemia», conocido coloquialmente como el Impuesto a la Riqueza, propuesto en Diputados por Máximo Kirchner y Carlos Heller.

En la Cámara Alta hay 72 senadores: 41 del Frente de Todos, 25 de Juntos por el Cambio, 4 de Lavagna, 1 del Partido de la Concordia Social de Misiones y 1 de Juntos Somos Rio Negro. En Diputados, la oposición votó dividida y el kirchnerismo había logrado pasar este peligroso proyecto de ley.

Esta vez, el voto fue según líneas partidarias, y con el kirchnerismo superando la mayoría simple de 36 senadores, el proyecto no pudo ser frenado por la oposición. De esta manera, el Gobierno se anota una gran victoria y el pueblo argentino una gran derrota.

La ley prevé implementará una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos en su patrimonio. Se supone que será un cobro único, «para ayudar a las cuentas públicas durante la pandemia», aunque si hay algo que nunca es temporal en Argentina son los impuestos.

Dada la enorme inflación que ostenta Argentina (la segunda más alta de Latinoamérica y la quinta más alta del mundo), preocupa que el piso de $200 millones quede «anticuado» más temprano que tarde y en un futuro este impuesto termine siendo cobrado no a «las grandes fortunas» si no a la clase media.

Además, está la cuestión de los patrimonios en moneda extranjera, que con un tipo de cambio tan volátil rápidamente puede exponer a la clase media a este impuesto. Según el texto de la ley, el dólar será computados al tipo de cambio oficial del día de la promulgación de la ley para establecer si supera o no ese límite. Sin embargo, si se termina prorrogando este impuesto para la pos pandemia, el tipo de cambio será un serio problema.

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La letra chica de la Ley indica que:

  • Estarán alcanzadas las personas físicas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior. El impuesto no tiene un mínimo no imponible.
  • Las personas humanas de nacionalidad argentina que con domicilio o residencia en “jurisdicciones de baja o nula tributación”, se considerarán residentes. Las personas residentes en el exterior, lo pagarán por la totalidad de sus bienes situados en el país.
  • La tasa se elevará al 2,25% para las fortunas que se encuentren en el rango de los $300 millones a los $400 millones; será de 2,50%, para aquellos que tengan entre $400 millones y $600 millones y de 2,75% para aquellos patrimonios entre $ 600 y 800 millones de pesos.
  • La última escala tiene una tasa que arranca en 3% para las fortunas entre los $800 y $1.500 millones; se incrementa al 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y $3.000 millones.
  • Para aquellos contribuyentes que tengan más de $3.000 millones, la tasa a pagar será del 3,5 por ciento. Según la AFIP, en la Argentina hay 380 personas físicas que están en esa situación, cuyos aportes representarán el 55% del total de lo recaudado por el nuevo tributo.
  • Para aquella parte del patrimonio que se encuentra fuera del país, las alícuotas tendrán una penalidad de 50%, es decir, el mínimo es de 2% y el máximo es de 5,25%. Sin embargo, si hay una repatriación de al menos el 30% de las tenencias financieras que tiene declaradas en el exterior en los 60 días posteriores a la promulgación de la ley, ese diferencial de 50% se elimina y, además, paga por la totalidad de sus bienes como estuvieran en el país.
  • Si en los últimos 180 días hubiera variaciones en los bienes que hicieran presumir una operación destinada a eludir el pago, la AFIP podrá disponer que esos activos se computen a los efectos determinar el monto a pagar.

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El senador cordobés y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, aseguró que esta ley será usada para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural para comprar equipamientos de salud, para subsidiar PyMEs, para financiar un relanzamiento del plan de las becas Progresar destinado a jóvenes estudiantes, y para urbanizar villas: “Según un informe de la oficina de presupuesto del Congreso, con este aporte el Estado va a recaudar $420.000 millones. 120.000 millones de pesos más que en las estimaciones preliminares”.

Según los datos brindados por la AFIP, se alcanzaría unas 12.000 personas. “Si tomáramos a las personas alcanzadas, tendríamos que el 0,02% son los que tienen que hacer este aporte. Para que la gente no se deje engañar, porque pareciera que estamos persiguiendo a los ricos, que no tiene nada de malo ser rico, pero el 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte y no estamos persiguiendo a nadie”, concluyó Caserio antes de ordenar la votación.

Los de Juntos por el Cambio en el Senado, liderados por el socialista Martín Lousteau, no atacaron los fundamentos de la ley, si no que debatieron sobre cuál sería el uso de esta multimillonaria suma que se le quiere extraer a los ricos.

Este no es el mejor esfuerzo que podemos hacer, tiene un montón de falencias y no va a resolver nada de lo que decimos que queremos resolver. ¿Qué se hace con lo que recauda este proyecto? Por ejemplo, el 25% en proyectos gasíferos y vamos a incentivar a YPF que creo que va a generar un problema de litigiosidad, estamos creando un impuesto para darle fondos a YPF que es mixta, privada y pública y va un 15% al fondo de integración socio urbana y otro porcentaje a las becas Progresar. ¿Esto es solo por un año? Porque este aporte es solo por un año. Esto genera dudas de qué va a pasar”, aseveró el ex ministro de Cristina Kirchner.

Concluyó la ponencia el senador del PRO, Esteban Bullrich, quien adelantó que el bloque no iba a acompañar la medida “no porque creamos que el que más tiene, tiene que pagar menos, sino todo lo contrario. Justamente porque creemos que el sistema impositivo argentino debería ser progresivo y no regresivo. Es por eso que estamos en contra. Nosotros creemos que este gobierno enfrentó muchos problemas y que la pandemia trajo más, pero la verdad que ha mostrado una gran falta de creatividad frente a esos problemas. Se enamoró de la solución cuarentena”.

Martín Lousteau, líder de Juntos por el Cambio en el Senado.

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Tras realizar el pago presupuestario y a pesar de la marcha, el Gobierno de Milei considera que la discusión por las universidades “está saldada”

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En la conferencia de presa, Manuel Adorni, portavoz del presidente, afirmó que no hay ninguna intención de cerrar las universidades. Además, calificó como “tren fantasma” a los dirigentes que anunciaron su participación en la movilización.

Manuel Adorni, portavoz presidencial, afirmó este martes en su conferencia de prensa diaria que la disputa en torno al presupuesto asignado a las universidades «está saldada y transferida«, y que para el gobierno de Javier Milei es un tema terminado.

«La cuestión presupuestaria de las universidades y de los hospitales universitarios no solo está solventada, sino también transferida«, expresó durante una rueda de prensa. Además, agregó: «La presencia de diversas organizaciones políticas ha convertido esto en una marcha con tintes políticos«.

En esta misma línea, el funcionario mencionó la posible participación en la protesta de figuras como Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Martín Lousteau y Juan Grabois, entre otros. «Es casi como un tren fantasma», afirmó Adorni, pero diferenció este acompañamiento del reclamo que puedan tener los estudiantes y señaló que el gobierno nacional es “super respetuosos de la expresión que tengan los jóvenes”.

«Pocos espacios respetan a los estudiantes tanto como nosotros. Es legítimo cualquier reclamo que planteen en busca de una mejor educación», enfatizó.

La semana pasada, el Ministerio de Capital Humano anunció que había llegado a un acuerdo con las autoridades universitarias para actualizar el presupuesto en dos etapas: una ya entregada en marzo del 70% y otra prevista para mayo, también del 70%. Sin embargo, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, señaló que la propuesta del Gobierno «no resuelve nada«.

«Una vez resuelta la cuestión presupuestaria, consideramos que no había motivo para continuar fomentando una marcha de este tipo por parte de aquellos que definen políticas universitarias. Creemos que su objetivo principal no es garantizar la calidad educativa y asegurarse de que los estudiantes salgan de la universidad siendo mejores académicamente de lo que eran al ingresar«, argumentó Adorni.

Según el vocero presidencial, la movilización no es motivo de preocupación para el Gobierno. «Estamos atentos y receptivos a todos los reclamos, y estamos al tanto de lo que sucede en todos los ámbitos. Sin embargo, cuando el reclamo tiene una causa específica y esa causa se resuelve, entendemos que algunos dirigentes, al perder el motivo original de la marcha, deberían desalentar su continuación, ya que carecería de sentido. Por supuesto, seguimos vigilantes de los acontecimientos y de cualquier reclamo legítimo que pueda surgir«, señaló.

En otro momento de la conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario reiteró la importancia de realizar auditorías en el gasto del presupuesto universitario. «Es lo que los argentinos merecen, tanto en este ámbito como en otros«, afirmó. También destacó la necesidad de discutir el acceso a la universidad gratuita para estudiantes extranjeros.

El costo de que un extranjero venga a estudiar a una universidad pública a la Argentina lo pagamos nosotros. Vos, yo y el alumno que está al lado del alumno extranjero. Son temas que hay que atender, debatir, y no nos parece que sea una discusión que no deba darse”, expresó.

Durante la marcha del día de hoy, se defendió todo tipo de cosas menos la educación. Hubo presencia de la CGT, la izquierda, de dirigentes kirchneristas, y del aparato radical de las universidades, entre otros.

Resulta extraño que los «estudiantes universitarios» hayan recibido alegremente a Sergio Massa, responsable del ajuste de más de 50 mil millones de pesos del presupuesto educativo en sus años de gestión, y quien logró casi un 300% de inflación en 2023, destruyendo por completo el valor real del dinero destinado a la educación. ¿Y que hicieron los «estudiantes universitarios» durante esos años? Nada.

Cosas como esas demuestran que poco les importó y les importa la educación a esos «estudiantes universitarios», y lo único que terminaron haciendo fue servir a los intereses de los políticos opositores al Gobierno de Milei.

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El kirchnerismo copó la marcha universitaria del radicalismo y Massa, Kicillof y la CGT se llevaron el foco del día

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La UCR perdió protagonismo en una marcha en la que el foco estuvo puesto en los dirigentes kirchneristas que tienen reclamos contra Milei por fuera de las universidades.

En medio de las negociaciones por la suba del presupuesto universitario, que el anterior gobierno kirchnerista dejó congelado desde 2022, las universidades públicas, fogoneadas por sus líderes radicales, emprendieron este martes una masiva marcha a Plaza de Mayo.

Sin embargo, lejos de ser una movilización de mayoría estudiantil, y ante la confirmación del gobierno de Javier Milei que se aprobaron y se realizaron todos los pagos para los gastos de funcionamiento, la marcha terminó siendo copada por el kirchnerismo.

El exministro Sergio Massa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a todo su Gabinete; las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y hasta la CGT se adueñaron completamente de la marcha, dejando en ridículo a los radicales.

El primero en aparecer fue Massa, quien a pesar de su defensa de la universidad pública, se recibió de grande de la Universidad de Belgrano (UB), y lo que es peor, durante su gestión fue el responsable de congelar el presupuesto y dejarlo sin aumentos por 18 meses.

El gobierno de Milei se dispuso a terminar con el ciclo de congelamiento de presupuestos, y es por eso que, este viernes el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Gallego (h.), anunció la aprobación de un pago de 22 mil millones de pesos para las universidades públicas y para los hospitales universitarios como el Clínicas.

A su vez, el lunes, el día antes de la marcha, el Ministerio de Capital Humano publicó todos los resúmenes de pagos y las facturas para confirmar que se había hecho el desembolso de 11 mil millones para las universidades y otros 11 mil millones para los hospitales estudiantiles.

También estuvo en la marcha Axel Kicillof junto a Verónica Magario, la vicegobernadora. Por último, Cristina Kirchner se asomó por el balcón del Instituto Patria y saludó a los manifestantes, que para esa hora era ciento por ciento militantes kirchneristas

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¿En qué gastan las universidades? Miles de millones se destinan a cursos, materias y carreras de género

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En medio de la polémica por el presupuesto de las universidades, estudiantes revelan un entramado multimillonario de gastos en cuestiones de género en todas las facultades públicas del país.

Este 23 de abril, las universidades nacionales convocaron a una masiva marcha para que el Gobierno Nacional les actualice el presupuesto educativo, a pesar de que el Ministerio de Capital Humano confirmó este mismo viernes que ya fue aprobado, con aumentos del 170% para los gastos operativos (como la luz o salarios docentes) y una suba del 70% adicional para hospitales universitarios.

Sin embargo, la idea de la Marcha Federal Universitaria ya se convirtió en una bandera de resistencia contra el gobierno de Javier Milei de la UCR, del kirchnerismo y del Frente de Izquierda, por lo que la convocatoria se mantiene, aunque carezca de sentido.

En este contexto, los estudiantes indignados con la utilización política de ciertos sectores, han estado investigando en qué gastan las universidades y por qué dicen no tener plata para pagar la factura de luz o por qué no actualizan los salarios docentes hace 2 años.

En un primer análisis, se enfocaron en analizar todos los gastos en cuestiones de género, un porcentaje del presupuesto que se podría recortar íntegramente sin perder calidad educativa. Por el contrario, aumentaría de calidad.

El mayor nivel de gastos está en las carreras de género que lanzó cada universidad nacional. Se destacan por lo absurdo un doctorado y una maestría en Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y una especialización en Intervenciones Transdiciplinarias en Violencia de Género de la Facultad de Psicología de la UBA.

En la Universidad de La Plata, por ejemplo, se destinan millones del presupuesto para una especialización en Educación en Géneros y Sexualidades de la Facultad de Humanidades, o en una especialización en Perspectiva Feminista y de Derechos Humanos, en la Facultad de Trabajo Social.

Otras universidades que destinan recursos públicos en doctorados, maestrías o especializaciones de género son la Universidad Nacional de Córdoba, la de Cuyo, la de Lomás de Zamora, la de Rosario, la de Lanús, la de Salta, la de San Luis, la de San Martín, la de Tres de Febrero, la de Tucumán, la del Comahue, la de José C. Paz, la de Luján e incluso la Universidad de Defensa Nacional.

Pero esto no termina acá. La locura continúa. En un análisis más riguroso, se encontró que las universidades gastan millones en organismos internos enfocados en implementas políticas de género. Plata hay, pero está mal administrada.

La UBA, que apagó las luces de sus facultades porque dicen que no pueden pagar sueldos, gastan millones en una Comisión de Género para la Facultad de Agronomía, una Unidad de Género para Diseño y Urbanismo, un Espacio de Atención para Discriminación de Género en Económicas, un Programa de Igualdad de Género en Exactas, una Secretaría de Género en la Facultad de Ciencias Sociales, un Programa de Violencia de Género en Veterinaria y un Programa de Género y Derecho en la Facultad de Derecho.

Hay más, en la Facultad de Medicina, que cortó la luz hace una semana porque dice que no tiene plata para pagar la factura de electricidad, gasta millones en un Departamento de Género y Abordaje Inclusivo. Esto incluye salarios de los empleados asignados al departamento, además de docentes y personal educativo.

Pero esto no se limita a la UBA, la UNC tiene hasta una Prosecretaría de Género en la Facultad de Psicología, y una «Escuela Itinerante de Género» en la Facultad de Ciencias Médicas. Lo mismo la Universidad del Litoral, con un Programa de Género en la Facultad de Ciencias Jurídicas.

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