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“Es un golpe de Estado”: Cristina Kirchner furiosa por el 5 a 0 de la Corte Suprema, inició juicio político contra Rosenkrantz

Furiosa por el resultado negativo por unanimidad de la Corte Suprema, la vicepresidente Cristina Kirchner inició una campaña de difamación contra el Presidente Carlos Rosenkrantz, amenazándolo con un juicio político en el Senado.

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El kirchnerismo se enfrenta una vez más al Poder Judicial en su afán de controlarlo todo. Tal como le ocurrió a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, sus intenciones políticas rozan o sobrepasan la ilegalidad y llega un momento de su Gobierno cuando la Justicia les pone un freno.

Así como CFK durante su gobierno impulsó reformas y cambió jueces a dedo, a veces avalada por una Corte Suprema que había construido en su favor, esta vez se chocó contra una pared. La incorporación a la Corte de Rosenkrantz y Rosatti por parte de Macri, convirtió al máximo tribunal en un verdadero bastión en contra de los avances del kirchnerismo.
De esta manera, luego de que Cristina, a través del Senado, logrará desplazar a los 3 jueces federales que la están investigando (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli), la Corte Suprema aceptó por unanimidad -5 a 0- tratar el per saltum y frenó este disparate autoritario.
En el entorno de la Vicepresidente, se habló de tratar esta decisión como un “golpe de Estado” al Gobierno, “una decisión que promueve la persecución política que comenzó Mauricio Macri“. El Frente de Todos presentó una resolución en el Congreso para iniciarle un juicio político a Carlos Rosenkrantz, juez designado por Macri en 2015 y actual Presidente de la Corte Suprema. 
En el texto del proyecto de 5039-D-2020, el oficialismo pide investigar y remover a Rosenkrantz “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

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El juicio político a Rosenkrantz fue presentado por la diputada cristinista Vanesa Siley, quien declaró que “Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de varias causas.

La resolución, si bien una clara respuesta al fallo 5 a 0 del otro día, ataca al Presidente de la Corte por su actuación en los casos “Muiña”, “Ledesma” y “Rufino Batalla”, todos relacionados con el gobierno civico-militar del 76-83.Rosenkrantz despreció y confrontó de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan el carácter inamnistiable de estos crímenes -posición compartida por la comunidad internacional-, respecto de los cuales resulta insalvablemente nula toda forma de perdón, indulto o conmutación de penas.

Este ataque del kirchnerismo a Rosenkrantz no va a prosperar: para poder destituir a un juez supremo, se debe contar con 2/3 de los votos en el Senado (o sea 48 votos), una mayoría que no tiene, ya que cuenta con solo 41 senadores.

Mientras tanto, el equipo de Cristina Kirchner apunta también contra otro juez que la desafía. Néstor Costabel, quien debe dar sentencia de la causa “Ruta del Dinero K“, podría condenar a Lázaro Báez y marcar un importante antecedente, que la compromete seriamente a la Vicepresidente en la causa Vialidad Nacional, donde está imputada por liderar la asociación ilícita que se encargó del direccionamiento de los contratos de obras públicas en Santa Cruz.

Néstor Costabel, Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de Comodoro Py.

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Argentina votó para que no se discuta en la ONU el genocidio uigur del Partido Comunista Chino

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La iniciativa diplomática presentada por los Estados Unidos fue rechazada por 19 votos contra 17, siendo las abstenciones de Argentina y Ucrania decisivas para que no prospere el proyecto.

La República Argentina se abstuvo en la votación de la ONU para habilitar el debate de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por China contra la minoría de los uigures en la provincia de Xinjiang. Su voto fue fundamental para que no se tratara el tema.

El Proyecto de Decisión fue presentado por Estados Unidos, luego de que el bloque de senadores del Partido Republicano presionara al Secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, para que se trate en la ONU el genocidio uigur.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada por un bloque de 19 votos, que lideró China junto a Cuba, Bolivia, Venezuela, Camerún, Costa de Marfil, Eirtrea, Gabón, Indonesia, Kazajistán, Mauritania, Namibia, Nepal, Pakistán, Qatar, Senegal, Sudán, Uzbekistán y los Emiratos Árabes Unidos.

La posición de Washington recibió el apoyo de Alemania, Francia, Japón, Finlandia, República Checa, Honduras, Japón, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, Montenegro, Holanda, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Somalía y el Reino Unidosumando 17 avales. 

Por su parte, Argentina, México, Armenia, Benín, Gambia, Libia, Malawi, Malasia, Ucrania y la India se abstuvieron en una postura equidistante que contó con 11 adhesiones, ya que también contó con la abstención de Brasil, que desde el 2019 se rehúsa a formar parte de las votaciones en protesta por la presencia de China, Cuba y Venezuela en la Comité de los Derechos Humanos.

Votación por el debate del genocidio uigur en China.

Los dos votos que realmente sorprendieron fueron los de Argentina y de Ucrania. Ambos habían anticipado que votarían de manera positiva, pero a último momento se abstuvieron de votar.

Ucrania, hoy siendo un estado en guerra, suele abstener su voto para no enojar a ningún país que podría ser aliado en la contienda contra Rusia. China, aunque un importante aliado de Putin, todavía no ha dado su apoyo abierto a la invasión de Ucrania.

Por lo que el voto de Argentina terminó siendo decisivo para que no se apruebe la moción. La sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el genocidio que está ocurriendo en China se extendió por una hora y fue presidida por el embajador argentino Federico Villegas, y hasta el momento de la votación, parecía que la cancillería de Alberto Fernández daría el “sí”.

Fue un debate áspero -en términos diplomáticos- adonde quedó en evidencia la fractura del escenario global: Estados Unidos apoyado por Alemania, Japón, Francia y Qatar, y China respaldado por Cuba, Venezuela y Sudán.

Con la excepción de Honduras y Paraguay, que apoyaron la iniciativa de los Estados Unidos, el resto de América Latina apareció dividida. Hubo abstenciones -como Argentina, Brasil y México- y ostensibles rechazos – Cuba y Venezuela-, que castigaron en el debate público a la política exterior de Joe Biden.

En los últimos días, innumerables voceros del secretario de Estado Antony Blinken y el canciller chino Wang Yi se comunicaron con Santiago Cafiero para indicarle cómo debía votar Argentina en el debate del Proyecto de Decisión.

El canciller argentino estaba en una encrucijada política: Estados Unidos apoyó al gobierno kirchnerista en toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que China sostiene sobre la cabeza un swap por 18.500 millones de dólares y una inumerable cantidad de préstamos para infraestructura en Argentina.

La decisión de abstenerse, que resulta ser un voto en favor de China, tiene sentido: actualmente Washington está en uno de sus momentos de máxima debilidad en el plano internacional, y prácticamente no hay consecuencias a largo plazo de votar en contra de sus intereses. En cambio, si Argentina votaba en contra de China, Xi Jinping le pasaría factura al gobierno.

Argentina había apoyado previamente el proyecto

El dossier sobre el cual se basaría el debate en caso de que se aprobara la resolución, fue redactado bajo la supervisión directa de Michelle Bachelet, por entonces Alta Comisionada de la ONU, y fue elogiado por la Argentina cuando fue publicado.

A lo largo de sus 48 hojas denuncia incontables violaciones a los derechos humanos ordenas por Beijing contra los uigures, y cita fotos directas que fueron hackeadas de la Policía de Xinjiang.

1. “Las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género.

2. Las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales, disfrutados individual y colectivamente, pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad.

3. Dos tercios de los 26 ex detenidos entrevistados declararon haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y/u otras formas de malos tratos, ya sea en los propios centros de formación profesional o en el contexto de los procesos de remisión a los centros de formación profesional.

4. En Xinjiang se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el extremismo.

5. El gobierno chino debe adoptar rápidamente medidas para liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en Xinjiang, ya sea en los llamados “centros de formación profesional, en las prisiones o en otros centros de detención”.

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Milei contra las tomas de escuelas: “A los alumnos que toman colegios se los expulsa, listo”

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La Libertad Avanza presentó una ley en la Legislatura para que se reglamente un protocolo de expulsión a los estudiantes que toman por la fuerza una escuela.

El diputado liberal Javier Milei se expresó sobre las tomas de escuelas que aquejan a más de una decena de instituciones educativas en la Ciudad de Buenos Aires. El economista pidió que se aplique mano dura contra los estudiantes que secuestran los establecimientos: “A los alumnos que toman colegios se los expulsa, listo”.

“En mi época, a mí ni se me ocurría tomar el colegio. Si cometía actos de inconducta me reventaban la cabeza a amonestaciones y me echaban. Después no podía ingresar a otro lugar” aseguró el candidato a presidente de La Libertad Avanza.

En este sentido, su partido presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que las escuelas públicas expulsen a los estudiantes que realizaron las tomas, citando diractamente el caso de la toma en la escuela Mariano Acosta y, en la misma línea, reglamentar la medida para otras ocasiones.

Educarse es algo esencial, ellos no pueden tomar la determinación deliberada de tomar el colegio. Necesitamos poner orden, necesitamos que tengan límites. Estamos cansados de que estos chicos utilizados por los espacios políticos terminen tomando colegios de forma discrecional“, afirmó Ramiro Marra, jefe del bloque en la Ciudad de la coalición de partidos que encabeza Milei.

Se trata de una propuesta que consiste en agregar el artículo 9 bis a la Ley 223 del Sistema Escolar de Convivencia, lo que implicaría castigar la interrupción del funcionamiento normal de los establecimientos educativos con la expulsión de los alumnos.

Las protestas en las escuelas empezaron hace dos semanas, en un intento del kirchnerismo por impulsar una ley presentada por la legisladora Ofelia Fernández. La Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas busca promover la universalización y gratuidad de la asistencia alimentaria escolar, exigir que las frutas y verduras sean producidas por cooperativas agroecológicas y prohíbir que las empresas que fueron multadas por un mal servicio puedan proveer alimentos.

Si bien las tomas alcanzaron a más de una docena de escuelas en toda la Capital, incluso extendiéndose al Pellegrini y al Nacional, que no dependen del Gobierno porteño y no serían alcanzadas por esta ley, “la situación se está descomprimiendo“, según afirman funcionarios de Larreta.

Al día de hoy son cinco las que siguen con tomas totales, la Escuela Técnica Fernando Fader, las Artísticas Manuel Belgrano y Rogelio Yrurtia, la Media Rodolfo Walsh y el Lengüitas. Además, otras cinco re-abrieron sus puertas pero los alumnos siguen de protesta.

 

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El negocio de las bicicletas en la Ciudad se suma a la lista de fracasos de la gestión Larreta

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Hace cuatro años el jefe de gobierno porteño daba la concesión del servicio de bicicletas en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la promesa de un mejoramiento y salto de calidad del mismo, no obstante, los resultados muestran una historia muy distinta.

En el año 2018, durante el mes de septiembre, el GCBA autorizó la concesión del servicio de transporte que hasta entonces era el único financiado 100% por los impuestos del contribuyente porteño. 

Desde Uspallata aseguraban que la decisión pasaba por un supuesto aumento en la disponibilidad de bicicletas. Por aquel entonces las unidades eran 2.000, y se esperaba que en un lapso de seis meses pasaran a 4.000. También se decía que el servicio seguiría siendo “gratuito” pero terminó pasando a ser arancelado. 

Cuatro años más tarde, según el último control publicado en diciembre de 2021, no solo no se llegó a las 4.000 bicicletas disponibles, sino que hoy solo 1.681 se encuentran operativas, de un total de 2.477 que hay actualmente.

La empresa encargada de la gestión de las bicicletas es Tembici, proveniente de Brasil. Su contrato dura hasta el 2028, pero el mismo fue vulnerado en su mayoría de cláusulas establecidas. Como por ejemplo el cronograma de entrega de bicicletas, cantidad de rodados operativos, informe de balance de ingresos por publicidad y sponsoreo, detalles del estado del sistema, mantenimiento y limpieza de estaciones y rodados, políticas de privacidad de usuario (fueron filtrados), entre tantos otros. 

Lejos de ser sancionada, el gobierno porteño le otorgó abultados subsidios y redeterminación del monto en los pagos mensuales. En su última renegociación, la Ciudad multiplicó por siete el canon mensual recibido por la empresa, encontrándose actualmente en los $18 millones de pesos.

También se le otorgan $850 mil pesos por mes para la compra del mismo modelo de bicicletas producido en Brasil por la empresa; y se le permite cobrar por el abono a los usuarios. Además, se decidió cederle la recaudación por la explotación de carteles de publicidad en todas sus formas.

En resumen, en los ultimos cuatro años, Tembici recibió del Gobierno de la Ciudad unos $430 millones de pesos, y la empresa además tuvo la oportunidad de cobrar un precio que varía entre los $700 y $1.700 pesos por un servicio deplorable.

Para la empresa es un negocio redondo, pero para los usuarios cataloga como el peor servicio de bicicletas que puede aportarle el Estado Municipal. Para colmo, el tiempo de uso fue limitado a 30 minutos pese a que el promedio de uso suele ser de 40 minutos, y se había prometido que se respetaría estos valores. 

Es claro que todas estas desventajas representan un estancamiento en la cantidad de usuario del servicio, partiendo de los 286.000 usuarios registrados en 2018, solo se alcanzaron 301.000 en 2022, un aumento del 5%, cuando se proyectaba una suba del 50% en ese período de tiempo.

A pesar de que la gestión larretista en la Ciudad se embandera del uso de las biciletas, al GBCA parece no importarle la correcta administración de un servicio que es propio de su administración. Sin embargo, este no es el primer caso donde el gobierno de Larreta se ve envuelto en un escandalo con las consesiones otorgadas a empresas de dudosa reputación, el último hecho público fue el escándalo de las grúas y los acarreos.

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