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Estado fallido: Por presiones políticas, la Policía bonaerense no desaloja a la Tupac Amaru de una fábrica tomada en Wilde

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La verdadera historia de la Cooperativa Nueva Generación y su lobby. Documentos falsos, subsidios millonarios, expropiaciones y un desalojo frustrado.

Hace varias semanas desde La Derecha Diario venimos siguiendo un caso insólito en la Provincia de Buenos Aires que demuestra el nivel de incompetencia, corrupción y Estado fallido en el que se vive en la Argentina.

A través de los abogados Samuel y Julián Azar hemos podido enterarnos de las internas de una toma de una fábrica en la localidad de Wilde por parte de grupos piqueteros de extrema izquierda amparados por la Tupac Amaru.

En Wilde, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda promueven y amparan el obrar ilícito de un grupo de piqueteros. Estamos hablando, por supuesto, de la Cooperativa Textil Nueva Generación.

Este grupo de poder, que ha ocupado ilegalmente la propiedad ajena, recibe todo tipo de favores políticos. Subsidios millonarios, leyes de expropiación modeladas a su favor y un lugar privilegiado en la prensa dependiente del Estado.

A continuación, los detalles de este impresionante caso relatado por los abogados Azar, que la política y los medios cómplices han querido ocultar.

La usurpación ilegal del inmueble ajeno

Esta historia comienza con la comisión de un delito. En el año 2005, el propietario de un galpón grande de uso industrial se encontró con que su inmueble había sido usurpado por un grupito de cartoneros. Creyendo en la protección de la ley, denunció el hecho ante la policía, sin sospechar lo que le esperaba.

El proceso penal resultó ser kafkiano. El fiscal dejó pasar el tiempo con inútiles investigaciones hasta que, al grupo de usurpadores originarios, lo continuó una banda comandada por Alicia Gutiérrez, una puntera política alineada a la Tupac Amaru y al kirchnerismo.

El nacimiento de una cooperativa, con el fin de usurpar la propiedad ajena

Alicia Gutiérrez se presentó en la causa penal exhibiendo documentación falsificada. Con eso pretendía adjudicarse una falsa compra, con falsas firmas y falsos nombres ficticios. Una picardía suficiente para congelar a la Justicia penal de la Provincia, hasta que se decretó el final de la acción penal por prescripción.

En el interín, en 2008, la usurpadora Alicia Gutiérrez formó una Cooperativa de Trabajo llamada “Nueva Generación”, financiada por el Estado con el tipo de planes generosos que le brinda a piqueteros y a otros grupos afines.

Subsidios y vínculos con el poder político

Estos subsidios fueron otorgados gracias al poder de lobby que goza la Cooperativa Nueva Generación. Alicia Gutiérrez logró estrechar lazos con el kirchnerismo, de la mano de Alicia Kirchner, con la Tupac Amaru de Milagros Sala y con la Intendencia de Avellaneda, por entonces a cargo de Jorge Ferraresi.

Con esa chapa de impunidad que brinda la política, los ocupas consiguieron privilegios tales como la exención de pago de impuestos municipales y subsidios nacionales para conseguir maquinarias y provisiones. También accedieron a contactos con otras “organizaciones sociales” para proveerles pecheras y banderas para sus piquetes y marchas.

Obviamente, siempre con el dinero de los impuestos del contribuyente. El dinero público al servicio del interés privado de estos grupos de poder.

Empleados de Alicia Gutiérrez –Cooperativa Nueva Generación- estampando pecheras para piqueteros de Fenat, organización ligada a CTA.)

El juicio de desalojo

En el año 2011 un nuevo propietario, con nuevo abogado, inició demanda de desalojo en el Juzgado Civil N°1 de Avellaneda, a cargo del Dr. Pablo Ernesto Bocaccia.

La acción se desarrolló con normalidad. Abierta la instancia a prueba, se demostró la falsedad de la documentación de la usurpadora Alicia Gutiérrez. En el expediente se acreditó la ilegitimidad de la ocupación, de modo contundente.

Así, en el año 2013, el derecho de propiedad privada estaba a punto de recibir un espaldarazo, en la inminente sentencia que haría lugar al desalojo. Sin embargo, el poder político no tenía intenciones de respetar este derecho.

Una Ley de Expropiación para favorecer a los usurpadores

Sorpresivamente, en ese momento, se dictó la Ley Provincial N° 14511, aprobada por la Legislatura un 3 de junio del 2013. Esta ley declaró un supuesto interés público para expropiar al propietario y darle el inmueble a los usurpadores, en virtud de una supuesta tarea social que estaría cumpliendo la cooperativa que formaron.

Esto sin advertir que su actividad se fundaba en el delito inicial de apropiación de un inmueble ajeno, más la abultada financiación del Estado.

En otras palabras, un delirio de gasto público puesto en favor del interés particular de un grupo de piqueteros, que ocultan su falta de auto-sustentación en la tapadera de un relato ideológico romantizado, que tan buena prensa recibe entre nuestros medios y entre nuestros políticos.

Dicha ley logró su cometido, que no era expropiar, sino tan sólo suspender el desalojo por cinco largos años. Esa ley fue promovida y votada por la totalidad del cuerpo legislativo provincial.

Una muestra descarada del modo en que el kirchnerismo y la oposición desprecian el derecho de propiedad privada, y fomentan el pobrismo clientelar que crece y sostiene la enorme burocracia estatal.

La confiscación como estrategia política

Esa ley representa un modus operandi de la Provincia de Buenos Aires. Hay decenas de normas similares que favorecen a usurpadores en perjuicio de los legítimos propietarios, que se ven paralizados frente al avance del Estado interventor. Se le impide al propietario el uso y goce de su propiedad y, al mismo tiempo, se lo persigue con el cobro de impuestos que nunca cesan.

El fin último de esta estrategia es lograr la expropiación sin pagarle un centavo al propietario. La estrategia es “compensar” el pago de la expropiación, con la deuda que se le generó por impuestos al pobre y violado propietario. En pocas palabras, una confiscación, esa misma confiscación que está expresamente prohibida en la Constitución Nacional.

La propiedad así confiscada, luego va a parar a manos de grupos de poder político, siempre disimulados bajo el disfraz de organizaciones sociales. Siempre comandados por un par de vivos que satisfacen su interés egoísta, como Alicia Gutiérrez en nuestro caso.

Una peligrosa especulación política

La llegada de Cambiemos a la Provincia tampoco generó ningún cambio a esta situación. En más de una oportunidad, los voceros del Poder Ejecutivo, ligados a la ex ministra Carolina Stanley, han dicho respecto a la expropiación de tierras privadas, que “el Gobierno no espera que haya problemas con los propietarios, principalmente porque son asentamientos ocupados hace varios años (algunos desde antes del 2000) y que muchos ya los dan por perdidos”.

Esto quedó plasmado en una visita de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, la senadora Gladys González y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley a la fábrica tomada, donde se abrazaron con los usurpadores e incluso les prometieron nuevos subisidios.

María Eugenia Vidal y Gladys Gonzales (Cambiemos) se reunieron con Alicia Gutiérrez, prometiendo subsidios y prórroga del plazo de la ley de expropiación que no se dio.

Carolina Stanley con Alicia Gutierrez -Coop. Nueva Generación- en la propiedad ilegalmente ocupada

El ciudadano que se opuso a la confiscación de su propiedad

La Provincia de Buenos Aires no logró consumar la confiscación porque el propietario se empecinó en defender sus derechos. Aún cuando sufrió el expolio de sus bolsillos, enflaquecidos por el pago de impuestos, este hombre se empeñó en luchar contra el avance de los ocupantes y su complicidad con el Estado.

Mientras tanto vio fracasar sus planes de negocios. Se fundió el taller que iba a instalar en su propiedad de Wilde. Esto significó la muerte del esfuerzo industrial de dos generaciones, que daba trabajo real a varios empleados. Familias que quedaron sin ingresos genuinos, mientras los políticos decían defender las fuentes de trabajo de una cooperativa que vive de fondos públicos.

Tras 5 años de dolor y paciencia, venció el plazo de la Ley 14.511 y se reanudó el proceso de desalojo. Finalmente, el día 15 de febrero de 2019, se dictó sentencia condenatoria contra la Cooperativa Nueva Generación y contra todo y cualquier otro ocupante que se hallare en el predio objeto de la acción.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Para sorpresa de nadie: Un desalojo frustrado

Así llegó el ansiado momento de ejecutar el desalojo. Luego de una cuarentena que terminó de arruinar al propietario del inmueble, el juez Pablo Ernesto Bocaccia ordenó el lanzamiento, que se programó para 18 de octubre del 2021.

Para esa fecha, el Oficial de Justicia había acordado con la ocupante Alicia Gutiérrez un desalojo pacífico. Sin embargo, Gutiérrez decidió incumplir con su palabra, recibiendo al Oficial y a los autorizados con una patota de más de 50 personas que resistieron con amenazas la desocupación.

La desmedida hostilidad de los ocupantes ilegítimos obligó a la policía a organizar un operativo con multitud de efectivos, previsión de ambulancias y de organismos de minoridad. Más gasto público, a cargo del Estado.

Y más gasto privado, a cargo del dueño de la propiedad, que debió desembolsar una verdadera fortuna para proveer a los ocupantes de fletes y depósitos, para cuidarle sus pertenencias. No obstante, la medida se vio frustrada nuevamente por la política.

Alicia Gutierrez hostigando al Oficial de Justicia. Imagen aportada por Cooperativa Nueva Generación al medio piquetero Barricada TV.

Para la política, sólo el delincuente puede ser pueblo

Durante la diligencia judicial se recibieron todo tipo de presiones políticas. Y por impulso de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, presidida por el Dr. Guido Martín Lorenzino Matta, se decidió suspender el desalojo, tirando por la borda todo el esfuerzo y los gastos públicos y privados.

La excusa esta vez fue un jardín maternal instalado en la fábrica, tres meses después de publicada la sentencia de desalojo en contra de los ocupantes.

Al parecer, para la Defensoría del Pueblo de la Provincia, su pueblo defendido sólo incluye a los integrantes del grupo usurpador. A ellos la Provincia de Buenos Aires los reviste de impunidad y recursos estatales, para que desarrollen su tarea, corten calles, tomen inmuebles por la fuerza o por la clandestinidad, y reciban subsidios millonarios.

La Defensoría del Pueblo de la provincia, nunca jamás consideró como parte del pueblo al propietario que defiende su derecho constitucional de preservar su propiedad. Es que, desde su perspectiva, da vergüenza en nuestra nación defender la propiedad legítima, la que se adquiere con el esfuerzo privado, con el riesgo país jugando en contra.

Marcha y corte de calles contra el desalojo ordenado por sentencia firme. Imagen aportada por grupo piquetero UST.

Un país al margen de la ley

Ningún burócrata del Estado exigió el comprobante que acredite la legalidad de la ocupación del inmueble. Si hubiera sido un jardín maternal de un empresario privado, le habrían requerido un millón de papeles, empezando por contrato de locación o título de propiedad. Pero a una cooperativa comandada por una usurpadora no se le pide nada.

En esa tesitura no hay grieta en la dirigencia política. La idea firme que nos gobierna es bastardear el derecho de propiedad (un derecho vergonzante si tiene origen legítimo y legal). La idea firme que nos gobierna es hacer florecer el pobrismo, hasta que la tierra quede arrasada y desértica.

Aplastando el derecho de propiedad, florece el pobrismo.

El propietario afectado confía todavía en la justicia civil. El juez Bocaccia todavía está a tiempo de ejecutar la sentencia firme y, así, recomponer el Estado de Derecho. Al menos por una vez en este país.


Por Samuel Azar & Julián Ianiv Azar, para La Derecha Diario.

Argentina

La Defensa vuelve a ser prioridad: Argentina y Dinamarca firmaron una carta de intención para comprar los F16

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La medida fue respaldada por el gobierno de los Estados Unidos y la presentaron en conjunto el ministro de Defensa argentino Luis Petri y su homólogo danés, Troels Lund Poulsen.

Esta semana, el gobierno de Javier Milei dio un paso fundamental en su promesa de campaña de dar un salto tecnológico y renovar la flota aérea de las Fuerzas Armadas, y se comprometió definitivamente en comprar aviones de caza F-16, para cumplir tareas que hoy Argentina no tiene la capacidad para hacer.

Se trata específicamente de 24 aviones F-16, que fueron fabricados por la norteamericana Lockheed Martin y que cumplen tareas en Dinamarca. Debido a la escalada del conflicto con Rusia, el país nórdico está en proceso de reemplazar su flota por los nuevos F-35, y se negoció que los F-16, que todavía tienen varios años de vida útil, sean cedidos a un precio preferencial a las Fuerzas argentinas.

Si bien hubo muchos idas y vueltas, finalmente Estados Unidos dio su aval, y el ministro de Defensa Luis Petri firmó este lunes la carta de intención de compra con su homólogo danés, Troels Lund Poulsen, en Buenos Aires.

En total se pagarán US$ 600 millones de dólares por las 24 aeronaves, dejando el costo por avión en 25 millones de dólares, pero se pagarán en 3 cuotas anuales de 200 millones de dólares. Si bien será el mayor gasto en Defensa de la historia para la Argentina, será la compra más barata por unidad de F-16 de todo el mundo.

En general, la compra de un F-16 puede alcanzar hasta los US$ 60 millones de dólares, y si bien fueron diseñados originalmente en 1976, se convirtieron en el avión supersónico de cabecera para las Fuerzas Aéreas de todo el mundo, y al día de hoy siguen estando en la vanguardia de la Defensa nacional de muchos países.

Los F-16 le otorgarán a la Argentina la capacidad de tener un control efectivo del espacio aéreo con capacidad de intercepción supersónica. Hoy no hay ningún otro avión en la Fuerza Aérea nacional que pueda cumplir con esta función. Tener estos aviones listos para despegar generará un efecto disuasivo automático en casi la totalidad del transito aéreo irregular.

Estos 24 cazas que llegarán desde Dinamarca son mejores que los que tiene Chile, y pondrán a la Argentina al frente de la defensa aérea en el continente sudamericano. De hecho, tienen sistemas de 4ta generación que estandarizarán a las fuerzas al nivel de la OTAN.

Las negociaciones: Un éxito en la política internacional

Este acuerdo comercial entre la Argentina y Dinamarca esconde un aspecto central en términos de política internacional: el logro de haber conseguido el apoyo de Estados Unidos cuando históricamente aplacó los avances en el ámbito de la Defensa de las Fuerzas argentinas.

El gobierno de Javier Milei, con Diana Mondino a la cabeza de las relaciones exteriores, lanzó en los últimos meses una fuerte campaña de acercamiento hacia los Estados Unidos que dio el pie al apoyo de dicho país en la compra de estas aeronaves.

Ejemplo de esto son las reuniones de alta envergadura que hubo entre los funcionarios de ambos países. Entre ellas hubo un encuentro entre Milei y el Consejero de Seguridad Nacional norteamericano Jake Sullivan, un encuentro entre el presidente y el Secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, y finalmente una reunión entre el jefe de gabinete Nicolás Posse con el director de la Agencia Central de I (CIA), William Burns

Paso a paso, se pudo concretar un acuerdo que requería de manera ineludible el apoyo norteamericano, y que Massa había dejado prácticamente caído durante su gestión. Una de las razones por las cual la Argentina requeria este apoyo también era para lidiar con las resistencias que surgieron desde Londres, quienes desde la guerra de Malvinas se oponen a la venta de cualquier armamento militar a la Argentina.

Por otro lado, también es importante mencionar que el apoyo del gobierno norteamericano responde a otro elemento: su intención de restringir la influencia china en el continente americano. Desde la administración Biden pusieron como prioridad que China no logre posicionarse como vendedor de tecnología militar en Argentina.

De esta manera, Milei pone todos sus esfuerzos incluso en un momento de extrema delicadeza económica para afrontar la deplorable situación en la que sucesivos gobiernos han dejado a las Fuerzas Armadas. Las fuerzas disponen hoy de escasos recursos para defender las fronteras del país y asegurar la seguridad nacional.

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Argentina

Enloqueció Petro: Tras un cruce con Milei retiró a su embajador de Argentina y expulsó a los diplomáticos argentinos de Colombia

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Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina ante la respuesta de Javier Milei a los dichos de bajo nivel del presidente colombiano.

En un ataque de locura sin precedentes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, retiró este miércoles al embajador colombiano en Buenos Aires, Camilo Romero, y, además, expulsó a su homólogo argentino de Bogotpa, Gustavo Dzugala.

El líder comunista ex guerrillero se sintió "ofendido" por la fuerte respuesta que dio el presidente argentino, Javier Milei, cuando en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, que saldrá este domingo por la CNN pero de la que ya salió un adelanto, se le preguntó acerca de las críticas que recibió del mandatario colombiano.

Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”, dijo Milei cuando Oppenheimer le preguntó sobre qué opinaba de las injurias que recibió del ex miembro de las FARC cuando ganó la presidencia en noviembre del año pasado.

La Cancillería, en nombre del gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el señor Javier Milei, presidente de Argentina, en una entrevista al canal CNN en las que se expresa de forma denigrante en contra del primer Mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro”, reza un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

A pesar de la dura amenaza y que Colombia considera las relaciones rotas, Petro ya había hecho un berrinche similar en enero. El 26 de enero, Milei llamó a Petro “comunista asesino que está hundiendo a Colombia”, en diálogo con la comunicadora Ángela Patricia Janiot, y el presidente colombiano llamó a consultas a Romero, pero rápidamente volvió a su misión diplomática en Buenos Aires.

Esta vez, la decisión parece más definitiva, pero restará por ver si Petro vuelve a achicarse y decide reenviar a su embajador de cabecera, exgobernador de Nariño y exsenador colombiano, a la Argentina.

Cabe aclarar que quien ha comenzado el conflicto entre ambos fue el propio Petro, quien atacó estúpidamente a Milei cuando ganó las elecciones el 19 de noviembre del 2023: “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos…el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”.

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En medio de un ataque de locura de Maduro, Argentina enviará gendarmes a resguardar la Embajada en Caracas

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Los gendarmes estuvieron por varios años cuidando la Embajada pero fueron quitados por Alberto Fernández en un acto delirante en el que el kirchnerismo quiso hacer una acercamiento al chavismo.

El Gobierno de Argentina ha ordenado este miércoles el traslado de agentes de la Gendarmería Nacional a territorio venezolano con la misión de custodiar la Embajada argentina en Caracas, donde se refugian varios opositores al régimen que el dictador Nicolás Maduro quiere arrestar, cercanos a la líder opositora María Corina Machado.

Esta decisión se produce después de que las autoridades argentinas denunciaran ayer por la noche que la Embajada argentina en Venezuela había sufrido una interrupción en el suministro eléctrico tras acoger a los opositores en las horas anteriores al cierre del registro de candidaturas para las elecciones presidenciales del próximo julio.

Así, gendarmes se apostarán frente al edificio de la Embajada argentina, y el otro se encargará de custodiar la residencia oficial del representante diplomático argentino, donde a día de hoy la seguridad corre a cargo de dos militares de la Guardia Bolivariana que el gobierno de Javier Milei considera poco confiables.

Esta decisión fue tomada en conjunto entre la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y la canciller, Diana Mondino, para garantizar la seguridad tanto de los diplomáticos argentinos en la Embajada como de los disidentes refugiados.

Cabe aclarar que es relativamente común que haya gendarmes cuidando las embajadas más sensibles del mundo, pero dichos agentes de seguridad fueron retirados por el entonces presidente Alberto Fernández, como una forma de acercamiento al régimen de Maduro.

Las autoridades argentinas han confirmado que varios disidentes venezolanos se encuentran refugiados en su Embajada en Caracas en medio de las tensiones a nivel político en un país que a finales de julio celebrará unas elecciones completamente fraudulentas en las que Maduro ha inhabilitado a los principales opositores.

Corina Machado se impuso en las primarias opositoras y fue designada como candidata a las elecciones, pero fue inhabilitada por la Justicia venezolana, luego de una encuesta que la ubicaba por arriba del 70% de intención de voto.

Fue entonces cuando se escogió a Corina Yoris como su reemplazo, quien había sido previamente habilitada para competir por la Justicia, en una jugada que puso al régimen en aprietos. Sin embargo, Maduro dio de baja el programa de inscripción de candidatos horas antes del cierre para que Corina no pueda ser candidata.

Tras las denuncias de la oposición de que el Gobierno de Maduro había impedido la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática, la autoridad electoral confirmó que Eduardo González Urrutia se había inscrito como aspirante de Mesa de la Unidad Democrática, absorbida por la PUD, tras una prórroga ante las denuncias de irregularidades.

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