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Estado fallido: Por presiones políticas, la Policía bonaerense no desaloja a la Tupac Amaru de una fábrica tomada en Wilde

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La verdadera historia de la Cooperativa Nueva Generación y su lobby. Documentos falsos, subsidios millonarios, expropiaciones y un desalojo frustrado.

Hace varias semanas desde La Derecha Diario venimos siguiendo un caso insólito en la Provincia de Buenos Aires que demuestra el nivel de incompetencia, corrupción y Estado fallido en el que se vive en la Argentina.

A través de los abogados Samuel y Julián Azar hemos podido enterarnos de las internas de una toma de una fábrica en la localidad de Wilde por parte de grupos piqueteros de extrema izquierda amparados por la Tupac Amaru.

En Wilde, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda promueven y amparan el obrar ilícito de un grupo de piqueteros. Estamos hablando, por supuesto, de la Cooperativa Textil Nueva Generación.

Este grupo de poder, que ha ocupado ilegalmente la propiedad ajena, recibe todo tipo de favores políticos. Subsidios millonarios, leyes de expropiación modeladas a su favor y un lugar privilegiado en la prensa dependiente del Estado.

A continuación, los detalles de este impresionante caso relatado por los abogados Azar, que la política y los medios cómplices han querido ocultar.

La usurpación ilegal del inmueble ajeno

Esta historia comienza con la comisión de un delito. En el año 2005, el propietario de un galpón grande de uso industrial se encontró con que su inmueble había sido usurpado por un grupito de cartoneros. Creyendo en la protección de la ley, denunció el hecho ante la policía, sin sospechar lo que le esperaba.

El proceso penal resultó ser kafkiano. El fiscal dejó pasar el tiempo con inútiles investigaciones hasta que, al grupo de usurpadores originarios, lo continuó una banda comandada por Alicia Gutiérrez, una puntera política alineada a la Tupac Amaru y al kirchnerismo.

El nacimiento de una cooperativa, con el fin de usurpar la propiedad ajena

Alicia Gutiérrez se presentó en la causa penal exhibiendo documentación falsificada. Con eso pretendía adjudicarse una falsa compra, con falsas firmas y falsos nombres ficticios. Una picardía suficiente para congelar a la Justicia penal de la Provincia, hasta que se decretó el final de la acción penal por prescripción.

En el interín, en 2008, la usurpadora Alicia Gutiérrez formó una Cooperativa de Trabajo llamada “Nueva Generación”, financiada por el Estado con el tipo de planes generosos que le brinda a piqueteros y a otros grupos afines.

Subsidios y vínculos con el poder político

Estos subsidios fueron otorgados gracias al poder de lobby que goza la Cooperativa Nueva Generación. Alicia Gutiérrez logró estrechar lazos con el kirchnerismo, de la mano de Alicia Kirchner, con la Tupac Amaru de Milagros Sala y con la Intendencia de Avellaneda, por entonces a cargo de Jorge Ferraresi.

Con esa chapa de impunidad que brinda la política, los ocupas consiguieron privilegios tales como la exención de pago de impuestos municipales y subsidios nacionales para conseguir maquinarias y provisiones. También accedieron a contactos con otras “organizaciones sociales” para proveerles pecheras y banderas para sus piquetes y marchas.

Obviamente, siempre con el dinero de los impuestos del contribuyente. El dinero público al servicio del interés privado de estos grupos de poder.

Empleados de Alicia Gutiérrez –Cooperativa Nueva Generación- estampando pecheras para piqueteros de Fenat, organización ligada a CTA.)

El juicio de desalojo

En el año 2011 un nuevo propietario, con nuevo abogado, inició demanda de desalojo en el Juzgado Civil N°1 de Avellaneda, a cargo del Dr. Pablo Ernesto Bocaccia.

La acción se desarrolló con normalidad. Abierta la instancia a prueba, se demostró la falsedad de la documentación de la usurpadora Alicia Gutiérrez. En el expediente se acreditó la ilegitimidad de la ocupación, de modo contundente.

Así, en el año 2013, el derecho de propiedad privada estaba a punto de recibir un espaldarazo, en la inminente sentencia que haría lugar al desalojo. Sin embargo, el poder político no tenía intenciones de respetar este derecho.

Una Ley de Expropiación para favorecer a los usurpadores

Sorpresivamente, en ese momento, se dictó la Ley Provincial N° 14511, aprobada por la Legislatura un 3 de junio del 2013. Esta ley declaró un supuesto interés público para expropiar al propietario y darle el inmueble a los usurpadores, en virtud de una supuesta tarea social que estaría cumpliendo la cooperativa que formaron.

Esto sin advertir que su actividad se fundaba en el delito inicial de apropiación de un inmueble ajeno, más la abultada financiación del Estado.

En otras palabras, un delirio de gasto público puesto en favor del interés particular de un grupo de piqueteros, que ocultan su falta de auto-sustentación en la tapadera de un relato ideológico romantizado, que tan buena prensa recibe entre nuestros medios y entre nuestros políticos.

Dicha ley logró su cometido, que no era expropiar, sino tan sólo suspender el desalojo por cinco largos años. Esa ley fue promovida y votada por la totalidad del cuerpo legislativo provincial.

Una muestra descarada del modo en que el kirchnerismo y la oposición desprecian el derecho de propiedad privada, y fomentan el pobrismo clientelar que crece y sostiene la enorme burocracia estatal.

La confiscación como estrategia política

Esa ley representa un modus operandi de la Provincia de Buenos Aires. Hay decenas de normas similares que favorecen a usurpadores en perjuicio de los legítimos propietarios, que se ven paralizados frente al avance del Estado interventor. Se le impide al propietario el uso y goce de su propiedad y, al mismo tiempo, se lo persigue con el cobro de impuestos que nunca cesan.

El fin último de esta estrategia es lograr la expropiación sin pagarle un centavo al propietario. La estrategia es “compensar” el pago de la expropiación, con la deuda que se le generó por impuestos al pobre y violado propietario. En pocas palabras, una confiscación, esa misma confiscación que está expresamente prohibida en la Constitución Nacional.

La propiedad así confiscada, luego va a parar a manos de grupos de poder político, siempre disimulados bajo el disfraz de organizaciones sociales. Siempre comandados por un par de vivos que satisfacen su interés egoísta, como Alicia Gutiérrez en nuestro caso.

Una peligrosa especulación política

La llegada de Cambiemos a la Provincia tampoco generó ningún cambio a esta situación. En más de una oportunidad, los voceros del Poder Ejecutivo, ligados a la ex ministra Carolina Stanley, han dicho respecto a la expropiación de tierras privadas, que “el Gobierno no espera que haya problemas con los propietarios, principalmente porque son asentamientos ocupados hace varios años (algunos desde antes del 2000) y que muchos ya los dan por perdidos”.

Esto quedó plasmado en una visita de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, la senadora Gladys González y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley a la fábrica tomada, donde se abrazaron con los usurpadores e incluso les prometieron nuevos subisidios.

María Eugenia Vidal y Gladys Gonzales (Cambiemos) se reunieron con Alicia Gutiérrez, prometiendo subsidios y prórroga del plazo de la ley de expropiación que no se dio.

Carolina Stanley con Alicia Gutierrez -Coop. Nueva Generación- en la propiedad ilegalmente ocupada

El ciudadano que se opuso a la confiscación de su propiedad

La Provincia de Buenos Aires no logró consumar la confiscación porque el propietario se empecinó en defender sus derechos. Aún cuando sufrió el expolio de sus bolsillos, enflaquecidos por el pago de impuestos, este hombre se empeñó en luchar contra el avance de los ocupantes y su complicidad con el Estado.

Mientras tanto vio fracasar sus planes de negocios. Se fundió el taller que iba a instalar en su propiedad de Wilde. Esto significó la muerte del esfuerzo industrial de dos generaciones, que daba trabajo real a varios empleados. Familias que quedaron sin ingresos genuinos, mientras los políticos decían defender las fuentes de trabajo de una cooperativa que vive de fondos públicos.

Tras 5 años de dolor y paciencia, venció el plazo de la Ley 14.511 y se reanudó el proceso de desalojo. Finalmente, el día 15 de febrero de 2019, se dictó sentencia condenatoria contra la Cooperativa Nueva Generación y contra todo y cualquier otro ocupante que se hallare en el predio objeto de la acción.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Para sorpresa de nadie: Un desalojo frustrado

Así llegó el ansiado momento de ejecutar el desalojo. Luego de una cuarentena que terminó de arruinar al propietario del inmueble, el juez Pablo Ernesto Bocaccia ordenó el lanzamiento, que se programó para 18 de octubre del 2021.

Para esa fecha, el Oficial de Justicia había acordado con la ocupante Alicia Gutiérrez un desalojo pacífico. Sin embargo, Gutiérrez decidió incumplir con su palabra, recibiendo al Oficial y a los autorizados con una patota de más de 50 personas que resistieron con amenazas la desocupación.

La desmedida hostilidad de los ocupantes ilegítimos obligó a la policía a organizar un operativo con multitud de efectivos, previsión de ambulancias y de organismos de minoridad. Más gasto público, a cargo del Estado.

Y más gasto privado, a cargo del dueño de la propiedad, que debió desembolsar una verdadera fortuna para proveer a los ocupantes de fletes y depósitos, para cuidarle sus pertenencias. No obstante, la medida se vio frustrada nuevamente por la política.

Alicia Gutierrez hostigando al Oficial de Justicia. Imagen aportada por Cooperativa Nueva Generación al medio piquetero Barricada TV.

Para la política, sólo el delincuente puede ser pueblo

Durante la diligencia judicial se recibieron todo tipo de presiones políticas. Y por impulso de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, presidida por el Dr. Guido Martín Lorenzino Matta, se decidió suspender el desalojo, tirando por la borda todo el esfuerzo y los gastos públicos y privados.

La excusa esta vez fue un jardín maternal instalado en la fábrica, tres meses después de publicada la sentencia de desalojo en contra de los ocupantes.

Al parecer, para la Defensoría del Pueblo de la Provincia, su pueblo defendido sólo incluye a los integrantes del grupo usurpador. A ellos la Provincia de Buenos Aires los reviste de impunidad y recursos estatales, para que desarrollen su tarea, corten calles, tomen inmuebles por la fuerza o por la clandestinidad, y reciban subsidios millonarios.

La Defensoría del Pueblo de la provincia, nunca jamás consideró como parte del pueblo al propietario que defiende su derecho constitucional de preservar su propiedad. Es que, desde su perspectiva, da vergüenza en nuestra nación defender la propiedad legítima, la que se adquiere con el esfuerzo privado, con el riesgo país jugando en contra.

Marcha y corte de calles contra el desalojo ordenado por sentencia firme. Imagen aportada por grupo piquetero UST.

Un país al margen de la ley

Ningún burócrata del Estado exigió el comprobante que acredite la legalidad de la ocupación del inmueble. Si hubiera sido un jardín maternal de un empresario privado, le habrían requerido un millón de papeles, empezando por contrato de locación o título de propiedad. Pero a una cooperativa comandada por una usurpadora no se le pide nada.

En esa tesitura no hay grieta en la dirigencia política. La idea firme que nos gobierna es bastardear el derecho de propiedad (un derecho vergonzante si tiene origen legítimo y legal). La idea firme que nos gobierna es hacer florecer el pobrismo, hasta que la tierra quede arrasada y desértica.

Aplastando el derecho de propiedad, florece el pobrismo.

El propietario afectado confía todavía en la justicia civil. El juez Bocaccia todavía está a tiempo de ejecutar la sentencia firme y, así, recomponer el Estado de Derecho. Al menos por una vez en este país.


Por Samuel Azar & Julián Ianiv Azar, para La Derecha Diario.

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Larreta se quedó con las tres vicepresidencias de la Legislatura de CABA y dejó afuera a toda la oposición

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A pesar de que al Frente de Todos le correspondía la Vice 2°, el oficialismo utilizó su super-mayoría para repartir las vicepresidencias entre sus aliados, sin representación de la oposición.

En un hecho que no registra antecedentes, Horacio Rodríguez Larreta se quedó con las tras vicepresidencias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Por tradición, las vicepresidencias y demás autoridades de la comisión directiva se reparten respetando el número de legisladores de cada bloque. Pero a pesar de ser la segunda minoría, el Frente de Todos se quedó sin nada, mientras que los bloques más chicos tampoco obtuvieron nada.

La Vicepresidencia 1° le corresponde al bloque con mayor cantidad de diputados y por eso fue asignada al bloque de 24 legisladores de Vamos Juntos, que componen el PRO, la Coalición Cívica, Republicanos Unidos, el Partido Socialista y Confianza Pública, que ocupará el recientemente electo Emmanuel Ferrario.

El segundo bloque es el Frente de Todos, con 19 miembros, y el tercero es la UCR-Evolución, con 8 bancas (legisladores alineados a Martín Lousteau, no están en el mismo bloque que Juntos por el Cambio), a quienes protocolarmete les correspondería la Vicepresidencia 2° y , respectivamente.

Sin embargo, como Vice 2° fue nombrado Martín Ocampo, de UCR-Evolución, y como Vice 3° fue nombrado Roy Cortina, líder del Partido Socialista y miembro de Vamos Juntos.

Es decir que las tres autoridades pertenecen al interbloque mayoritario Juntos por el Cambio (JxC), sin respetar la representación de la oposición en la Legislatura.

Mientras su espacio político habla de republicanismo, están resolviendo sus internas poniéndolas por delante de la institucionalidad. Están violentando el voto de todos los ciudadanos que nos acompañaron”, remarcó el legislador kirchnerista Javier Andrade, quien se había postulado como Vice 2°.

Esta será la primera vez que un peronista no ocupa la Vicepresidencia 2° de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde que el PRO llegó al poder en el territorio porteño, hace más de 15 años.

El larretismo ni siquiera le dio un lugar a las fuerzas más chicas. Después de Vamos Juntos, el Frente de Todos y UCR-Evolución, se ubica La Libertad Avanza con 5 legisladores, el FIT con 3 y Consenso Federal con 1.

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Coparticipación: la Corte Suprema le ordenó al Gobierno devolver $86.000 millones a Santa Fe

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La Corte Suprema determinó que el Estado deberá compensar a la provincia de Santa Fe por recursos detraídos ilegalmente en 2015, durante el mandato de Cristina a días que asuma Mauricio Macri.

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la provincia de Santa Fe en su reclamo de coparticipación contra el Estado. Se trata de dos expedientes que datan del 2015 y que representó un reclamo por unos $86.000 millones (54 por una causa, 14 por otra y 18 por una queja previa ante la Corte en 2009).

En el 2015 se había decidido que se les dejara de percibir a Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15% de coparticipación con la que se financiaba a ANSES, y se les quitaba un 1,9% por AFIP. A la fecha, la deuda continuaba impaga.

La resolución fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz se excusó por formar parte del mismo estudio de abogados que representó a Santa Fe en la causa, y el quinto voto quedo vacante, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco.

Según indicaron los magistrados, las sentencias del 2015 “tuvieron el firme propósito de que las partes convinieran y determinaran tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de su cumplimiento“.

Sin embargo, indican que “habiendo transcurrido seis años y a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente en el Consenso Fiscal de 2017 ese propósito no se ha alcanzado, lo cual coloca nuevamente al Tribunal en la situación de tener que decidir acerca de la cuantía de la condena de restitución de los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente a la Provincia”.

Ahora, el Tesoro Nacional deberá transferirle al gobierno de Omar Perotti esos $86.000 millones, que irán directamente a las arcas públicas y se acreditarán en los próximos 120 días.

No obstante, como el fallo no define la cifra exacta que debe ser pagada, en la Provincia ya aseguraron que van a plantear un recurso para que se detalle un pago por más de $100.000 millones.

Origen

La Corte falló a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis por demandas similares en noviembre de 2015 y desde allí siguió una larga batalla que está llegando a su fin.

La bomba cayó en la antesala de la asunción de Mauricio Macri, quien en enero de 2016 derogó el decreto “regalo” que le había dejado Cristina de Kirchner para terminar con la poda a las provincias, pero finalmente, un mes después, acordó con los gobernadores el reintegro de esos porcentajes por goteo en partidas incrementales.

En rigor, las deducciones se remontan a 1992, por un pacto entre Carlos Menem y los mandatarios provinciales. Pero en 2006, al vencerse el plazo, Néstor Kirchner no logró la rúbrica de esos tres distritos para continuar con el mecanismo, por lo que ordenó la quita compulsiva, de idéntico modo que los restantes 21 distritos del país.

Allí fue que los gobernadores presentaron la demanda. Y el fallo de 2015 dejó vía libre a Santa Fe y San Luis para reclamar la devolución de los montos retenidos entre 2006 y 2015 de forma retroactiva. Si bien ayer Perotti mencionó que el corte debe hacerse en 2002, cinco años antes de la presentación que inició en 2007 el exmandatario Jorge Obeid.

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Kicillof crea dos nuevos Ministerios para ubicar a una dirigente de La Cámpora y a Saintout

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El gobernador creará el Ministerio de Ambiente que asumirá la camporista Daniela Vilar y el Instituto Cultural que será para Saintout, quien se quedó sin nada tras la elección de Tolosa Paz.

Axel Kicillof vuelve a reestructurar su gabinete, en este caso no para mostrar un cambio de rumbo por pedido de Cristina Kirchner como ocurrió luego de las PASO de septiembre, si no para ubicar a aliados de su gobierno que se quedaron sin cargos luego de las elecciones.

Por decreto, el gobernador bonaerense creó el Ministerio de Ambiente y reflotó el viejo Instituto Cultural de Buenos Aires, que funcionará como una suerte de Ministerio de Cultura, en una modificación que sugiere el ingreso de más kirchneristas de Máximo y Cristina a la provincia.

La cartera de Medio Ambiente será para la diputada nacional Daniela Vilar, dirigente de La Cámpora de Lomas de Zamora, quien no se encuentra cómoda en el Congreso y pidió un puesto Ejecutivo con más caja. Sus deseos fueron escuchados por Máximo Kirchner, quien le pidió a Kicillof que la ubicara en su gobierno.

La Legislatura bonaerense venía trabajando en la creación del Ministerio de Ambiente hace ya dos años, y parecía contar con el siempre fiel apoyo de Juntos por el Cambio.

En agosto, el Ejecutivo envió un proyecto de ley que establece los lineamientos básicos para la gestión de los residuos especiales de generación universal (Regu), envases, embalajes y otros materiales reciclares en el territorio bonaerense, el cual debía ser instrumentado, según Kicillof, con un Ministerio enfocado a por lo menos esta tarea.

Sin embargo, el Gobernador no pudo esperar más y decidió ungir a este Ministerio por decreto, aunque deberá ser ratificado por la Legislatura tarde o temprano.

La diputada nacional Daniela Vilar sobre los proyectos tratados en el  Congreso
La diputada Daniela Vilar.

En tanto, en Cultura asumirá Florencia Saintout, la derrotada candidata a intendente de La Plata, cercana a Máximo Kirchner, y quien reclama un cargo de nivel luego de tener que agachar la cabeza ante la candidatura de Victoria Tolosa Paz para diputada nacional.

Saintout había quedado afuera de las listas para la Legislatura bonaerense y no pudo renovar su banca como diputada. Sin embargo, trabajó fuerte en la campaña de La Plata, pese a que la candidata fue su rival Tolosa Paz, y el cargo asoma en definitiva como un reconocimiento a ese gesto en un territorio con fuertes internas dentro del Frente de Todos.

El gobierno busca volver al viejo esquema del Instituto Cultural, una figura administrativa creada por Felipe Solá en 2003 que contempla diversos órganos que permiten “bajar” la cultura al territorio.

Uno de ellos es el “Consejo para la Democracia cultural”, un órgano colegiado en el que dialogan representantes de los trabajadores, de entidades culturales y de los municipios. El Instituto Cultural había sido desarmado en 2016 cuando María Eugenia Vidal lo reconvirtió en Ministerio, pero esta cartera fue juntada con Educación en 2019 y rebajada a una Dirección.

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Florencia Saintout.

Esta Dirección de Educación y Cultura, perderá las responsabilidades en la materia y serán trasladadas al instituto de Saintout. Además, Alberto Sileoni reemplazará a Agustina Vila en lo que quedará como Dirección de Educación, simplemente.

Vila carga con el peso de haber sido la responsable de cerrar las escuelas durante casi dos años durante la pandemia, y es actualmente la funcionaria bonaerense con peor imagen del gobierno de Kicillof.

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