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Gracias Kicillof: Argentina podría terminar pagando el triple de lo que vale YPF por la expropiación ilegal de 2012

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Entr el pago a Repsol en 2012, los intereses de esos bonos, la sentencia de la justicia de Nueva York y otros gastos llevan a un costo total de US$ 26 mil millones. La petrolera hoy vale apenas US$ 9.200 millones.

La desastrosa e ilegal expropiación de YPF, que impulsó el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, llevó a un juicio que luego de más de ocho años, ha resuelto que la Argentina deberá pagar una cifra que asciende al triple del valor total de la compañía, convirtiéndola en la estatización más cara de la historia.

La jueza Loretta Preska, quien está a cargo de una corte del Distrito Sur de Manhattan, falló en septiembre pasado en contra del país. Dictaminó que Argentina es culpable de una expropiación ilegal y la condenó a pagar la máxima pena calculada para el caso: US$ 16.000 millones de dólares.

Esa cifra multimillonaria, imposible de pagar para un país en crisis extrema y sin dólares, es solo una parte del costo total de la expropiación. Solo de intereses, ese juicio genera un costo de más de 2 millones de dólares por día, y desde 2012 y si se termina pagando la totalidad de las sanciones, el perjuicio total para el Estado trepa a más de US$ 26.000 millones de dólares.

Dado que la petrolera hoy vale US$ 9.200 millones de dólares, y solo gracias a un masivo repunte del precio del barril de petróleo por la guerra en Ucrania, apenas si podría cubrirse un tercio del costo total del juicio vendiendola íntegramente.

Pero cabe aclarar que el Estado, además, tiene el 51% de la empresa, por lo que si se vendiera el paquete accionario público, solo se podría cubrir dos de cada cinco dólares que tendrá que pagar la Argentina en todo el proceso judicial, producto de una serie de errores técnicos y estratégicos que se cometieron desde 2012.

El 16 de abril de 2012, la entonces presidente Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que declaraba de interés público la actividad hidrocarburífera y ordenaba expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol, desde la privatización de la petrolera en 1999.

La entonces mandataria habló de "recuperar la soberanía energética" y de "frenar la caída de la producción", a pesar de que por esos años, el barril del petróleo transcurría valores muy altos a la media o a los que tendría en los años posteriores.

La realidad es que Aex Kicillof, quien oficiaba de vice de Hernán Lorenzino pero que asesoraba directamente a la Presidente en cuestiones de economía, le había vendido la idea a Cristina que si se mantenían esos valores internacionales del crudo, podrían conseguir enormes cantidades de dinero.

Sin embargo, el precio del barril cayó a partir de 2014 y la expropiación de YPF, que cayó en los desmanejos de La Cámpora, resultó ser extremadamente contraproducente, generando en realidad un gasto para el Estado, que se debió de hacer cargo de sus déficits operativos.

A Repsol se le pagaron US$ 5.000 millones de dólares por el 51% del paquete accionario, y luego unos US$ 4.500 millones en intereses por los bonos que poseía la empresa española. En total, en gastos directos, se desembolsaron US$ 9.500 millones de dólares, más de lo que hoy vale toda la compañía.

Pero los gastos no terminaron ahí, ya que luego de que los accionistas minoritarios iniciaran acciones legales contra el Estado argentino, argumentando que habían sido expropiados de manera ilegal, por lo que Argentina debió pagar US$ 300 millones en abogados, US$ 860 millones por intereses anuales y deberá pagar US$ 16.000 millones de dólares en concepto de multas por la expropiación.

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Funcionarios K de la Secretaría de Trabajo trituraron documentos clave cuando se enteraron de que los iban a echar

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En las oficinas del ex Ministerio de Trabajo encontraron bolsas con documentación triturada y discos de computadoras borrados por ex funcionarios ultra kirchneristas que fueron pescados in fraganti.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, encontraron bolsas con papeles triturados en las oficinas de la Secretaría de Trabajo. Según pudieron reconstruir, se trata de expedientes de compras, alquileres de viviendas, contratos de servicios, contrataciones de remises, y más.

Desde las oficinas que ahora controla Julio Cordero, todos los ojos apuntan al ex Director General de Administración de la Secretaría de Trabajo, el ultra-kirchnerista Martín Alejandro Bugeiro, quien junto a 12 empleados de su círculo íntimo trituraron y destruyeron buena parte de los documentos que guardaba en su oficina cuando se enteró de que el actual Gobierno lo iba a despedir de su cargo.

Trituró expendientes sobre su gestión y guardó los papeles rotos en bolsas de residuos, pero cuando intentó retirarlas de su despacho, para llevarselo quién sabe a dónde, fue frenado por los agentes de seguridad que se quedaron con la evidencia, por lo que las bolsas ahora están en posesión de las autoridades del gobierno de Javier Milei.

Esto ocurrió el pasado 17 de abril, y desde entonces hay un equipo enfocado en investigar la situación. Se cree que Bugeiro eliminó todos los expedientes que llevaban su firma, pero también borró los discos rígidos de sus computadoras.

Lamentablemente en el Estado, más que una intranet anticuada, no hay almacenamiento en la nube, por lo que la destrucción física de los discos eliminó prácticamente toda la información que allí estaba guardada.

La desvinculación de Bugeiro y de sus 12 "soldados", no solo tuvo que ver con la motosierra de Milei y el esfuerzo por deskirchnerizar la planta del Estado. Toda su dirección estaba siendo auditada porque existen indicios de que podrían haber cometido actos de corrupción.

Bugeiro, apodado "El Gitano", fue encontrado por funcionarios de la Subsecretaría Legal de Capital Humano, "in fraganti" mientras intentaba eliminar la documentación que podría comprometerlo. Estaba haciéndolo junto al también despedido ex Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Nicolás Sojit.

Tras recibir la confirmación oficial de que tanto ellos dos como otros once funcionarios que trabajaban en la misma área, serían cesanteados, se negaron a dejar sus oficinas. Esa actitud llegó a un límite tal que, para sacarlos de las instalaciones, se recurrió a la policía.

Varios agentes fueron hasta sus oficinas, acompañados de funcionarios del área legal del ministerio de Pettovello. Recién entonces se descubrió que Bugeiro y su compañero Sojit sabían que su suerte estaba echada, y que solo buscaban ganar tiempo para culminar la tarea de no dejar pruebas. Las fuerzas de seguridad encontraron a Bujeira en su despacho, acompañado por Sojit, triturando documentación.

Bugeiro estaba siendo investigado por el rol que cumplió impulsando expedientes de múltiples contratos de proveedores de servicios en diversas sedes del ex ministerio de Trabajo en las provincias. También fue el encargado de compras de bienes para el Estado, como muebles de alto costo que se lo acusa de haber adquirido para uso personal.

El trabajo de Legales de Capital Humano sobre la hoy Secretaría de Trabajo impulsó los despidos de los funcionarios K basándose en una auditoría sobre ese sector, a la que también se sumó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectó varias irregulares cometidas en el organismo público, a las que calificó con la categoría de "alto impacto" por sus posibles derivaciones hacia diferentes delitos contra la administración pública.

Tras el despido efectivo de Sojit, por ejemplo, se descubrió que había tramitado un crédito otorgado al Estado Nacional por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 341 millones de dólares, que tenía como destino oficial "la mejora de la inclusión en educación secundaria y superior". Sojit fue denunciado en la Justicia debido a que no rindió cuentas, sobre cómo y por qué se gasto de esa cifra multimillonaria.

Un grupo de especialistas que auditan los muchos organismos que dependen del ministerio de Pettovello lograron recuperar alrededor del 90 por ciento de lo que antes guardaban los discos rígidos de esas máquinas.

Los auditores de Capital Humano están intentando reconstruir lo que decían los expedientes triturados, ya que no utilizaron máquinas que convertían los documentos en papel picado, si no que simplemente quedó cortado en tiras. "Si Bugeiro buscó ser eficaz en el ocultamiento de pruebas, no lo logró del todo", aseguraron los auditores libertarios.

Con todo, su despido, igual que el de los otros doce empleados jerarquicos del ex Ministerio de Trabajo K, se decidió cuando los funcionarios del gobierno libertario detectaron que manejaban millonarios fondos públicos en un área con enorme presupuesto estatal.

El cargo de Bugeiro, aunque desconocido en la opinión pública, era de extrema relevancia dentro de la estructura estatal. "El Gitano" era quien tenía la última firma para avalar o rechazar procesos de compras, contratos de servicios y hasta de locaciones de edificios y otros inmuebles que fueron o son sede del ex Ministerio de Trabajo.

Entre otros expedientes que están bajo revisión, se pueden mencionar el alquiler de varios pisos que supuestamente serían para ampliar los servicios del organismo, y la renovación de esas rentas; compras de alfombras, equipos de energía eléctrica, extintores de incendios, electrodomésticos, materiales de prevención para el Covid-19, flotas de vehículos para uso oficial, neumáticos o baterías para esos autos, aires acondicionados, cartelerías lumínicas, chalecos antireflexivos, alarmas anti-robo, tanques de agua, y muchísimos más elementos necesarios para que el Estado brinde servicios profesionales y seguros.

El ex funcionario también adjudicó licitaciones para provisiones de remises para trasladar funcionarios, para limpieza, fumigación y mantenimiento de todo tipo de variables vinculadas a lo edilicio, desde herramientos de pinturería, reparaciones de ascensores, cerrajería hasta otras erogaciones sin tanta especificación como "Elementos de protección colectiva", entre muchísimos items indefinidos.

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El Gobierno de Milei rebaja aranceles para heladeras, lavarropas y neumáticos: Los lleva al valor más bajo que permite el Mercosur

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El Ministerio de Economía está lanzando una masiva reducción de aranceles para aplacar los precios locales, aunque las rígidas regulaciones del Mercosur impiden una liberación total.

En línea con el plan de liberalización del comercio de Javier Milei, el Ministerio de Economía lanzó la semana pasada una rebaja de aranceles a insumos para las automotrices y la apertura total para importar alimentos.

Ahora, la Secretaría de Comercio profundizó el plan de apertura y anunció este sábado una reducción de los cargos que pagan heladeras, lavarropas, productos plásticos y neumáticos importados, llevando el valor del arancel a lo más bajo que permite la alianza del Mercosur. 

Esta reducción impactará inmediatamente en el nivel de precios, llevando no solo a una caída de los precios de productos importados, si no que generará más competencia y producirá una caída de todos los precios del mercado interno.

El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red X, quien aseguró que estas rebajas también beneficiarán a los fabricantes locales, ya que podrán acceder a insumos más baratos.

"El gobierno ha decidido llevar adelante una reducción en determinados aranceles a la importación", escribió. Las rebajas abarcan:

  • Heladeras y lavarropas: el arancel pasará del actual 35% al 20%. "Así volverán a tener el arancel que comparten los países miembros del Mercosur", dijo el portavoz.
  • Neumáticos: el arancel bajará del 35% al 16%. Según explicó Adorni, "esto representará un alivio para las empresas de fletes y de transporte de personas".
  • Principales insumos plásticos: del 12,6% al 6%. "Menos costo, repercusión favorable para los consumidores que demandan los diversos bienes fabricados con insumos plásticos (que van desde envases de alimentos y productos de higiene personal hasta electrodomésticos y juguetes)", explicó el funcionario.

La rebaja de aranceles implicará "mejores precios y un mayor nivel de competencia en el mercado que nos beneficiará a todos", según explicó el vocero.

Para conocer los detalles de los nuevos valores de importación, las empresas deberán esperar hasta el lunes, cuando salga el decreto publicado en el Boletín Oficial con las especificaciones técnicas de las posiciones arancelarias que alcanza la medida.

De todos modos, al disminuir el costo de importación tanto de bienes terminados como de insumos para la producción, el Gobierno busca que bajen los precios y beneficiar a los consumidores, que llegan a pagar por los electrodomésticos valores más altos que en el resto del mundo, por las tasas de importación insólitas que tenía Argentina.

El objetivo oficial es que los precios internos converjan con los internacionales, al menos, los de los países vecinos. Esto, especialmente para insumos y determinados bienes que tenían valores muy desfasados. Por caso, era común escuchar de argentinos que aprovechaban viajes en auto a Chile o Paraguay para cambiar los neumáticos por la diferencia de precios que había en la delirante economía que había dejado Sergio Massa.

Algo de esa idea se está viendo en algunos alimentos tras el ingreso de productos importados en los últimos días. En atún, manteca o café en cápsulas ya se ven descuentos de hasta 35% en los artículos nacionales y los precios ya están igualando con el extranjero.

Desde el Gobierno prometen que seguirán trabajando en medidas similares sobre otros insumos o productos. Sin embargo, aseguran que las rebajas no serán tan fuertes como les gustaría ya que la rigidez del Mercosur hace que no haya tanto espacio para bajar aranceles.

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Milei restituyó a Parques Nacionales tierras que Alberto Fernández le había cedido a grupos mapuches

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Se trata de dos hectáreas que están ubicadas a orillas del lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, que Alberto Fernández le entregó a un piquetero de Grabois que se las cedió a pseudo-mapuches.

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que va a restituir a Parques Nacionales dos hectáreas de tierras ubicadas a orillas del lago Nahuel Huapi que habían sido entregadas a comunidades mapuches por el gobierno de Alberto Fernández en el año 2021.

Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, quien puntualizó que estas tierras habían sido entregadas a una agrupación llamada Fundación Arcangel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, liderada por un dirigente piquetero cercano a Juan Grabois que inmediatamente se las dio a grupos mapuches.

"Esta agrupación era liderada por un militante del Movimiento Popular La Dignidad, llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023″, puntualizó Adorni.

El portavoz recordó que durante el último gobierno kirchnerista, se cedieron cientos de tierras a movimientos sociales K para luego dárselas a los pseudo-mapuches. "A lo largo del Gobierno del doctor Fernández y la doctora Fernández se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias", contó.

Y en esa línea, apuntó: "De hecho 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones".

"Los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos y no de los privilegiados por estar o pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina", cerró.

El recientemente designado Presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, subió un video a sus redes sociales explicando con mayor detalle la decisión y asegurando que nunca más va a flamear una bandera que no sea la Argentina en un parque nacional.

Se trata de dos hectáreas en el mejor lugar de Lago Mascardi, dentro del circuito Cerro Tronador, uno de los sitios más turísticos de Bariloche. La zona conocida como Los Rápidos fue otorgada en concesión por 10 años en 2021, bajo el acuerdo de comodato.

El último lunes, el fiscal federal Carlos Stornelli había pedido investigar a la fundación que encabezaba Dellavalle y también a los funcionarios que participaron en la cesión de esas tierras. Con su denuncia, Stornelli quiere saber si hubo auditorías que controlaran las entregas de tierras, bajo la sospecha de fraude a la administración pública.

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