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Indignante: un diputado kirchnerista vive en un terreno tomado ilegalmente en la Provincia de Buenos Aires

Federico Fagioli, diputado del Frente de Todos y del Frente Patria Grande, vive en un barrio popular del conurbano bonaerense que se construyó a partir de una toma de tierras de la que participó e impulsó años atrás. El kirchnerismo hizo diputado a un delincuente.

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Barrio Pueblo Unido, en Glew, es un asentamiento ubicado en el municipio de Almirante Brown que se formó en 2014 cuando 115 familias ocuparon un predio abandonado en medio de Almafuerte, otro barrio popular que existe hace más de 40 años y en el que nunca hubo acceso a servicios básicos como la luz y el agua.

Gran parte de esas más de 100 familias que ocuparon Pueblo Unido se trasladaron desde Almafuerte para descomprimir el hacinamiento que los apremiaba. Otros vinieron de diferentes lugares donde no les alcanzaba el dinero para pagar el alquiler. 

Uno de los que participó de la toma seis años atrás es Federico Fagioli, quien desde diciembre es diputado nacional por el Frente de Todos y uno de los legisladores más vocales del kirchnerismo en. 

Partidariamente dentro de la coalición oficialista responde al Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois. Esto no es de extrañar, ya que es de público conocimiento que el dirigente de izquierda Grabois avala y reivindica las tomas de tierras.

El diputado, en dialogo con Infobae, confirmó que ya se firmaron las primeras obras para la integración sociourbana de Pueblo Unido.Fue una necesidad de vecinos que no teníamos donde vivir. Cuando ibas a pedir al Estado que nos faciliten lotes con servicios para pagarlos en cuotas, nunca estaba esa propuesta; entonces los vecinos tomamos por nuestra cuenta un terreno baldío que también se quería adueñar una inmobiliaria, no para hacer su casita, como nosotros, sino para venderlo a una fortuna a precio dólar”.

Por su parte, el diputado asegura que sigue viviendo en el terreno usurpado, a pesar de cobrar una millonaria suma de dinero por parte del Congreso, y con un sueldo que no se vio afectado por la cuarentena, como sí fue el caso de cientos de miles de trabajadores en todo el país.

Fedrico Fagioli junto a Victoria Donda.

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Fagioli explicó que la gente de la zona “venía reclamando que se haga una plaza, una canchita de fútbol, cuestiones sociales”, también para dar respuesta a la inseguridad que generaba este baldío luego de cada puesta del sol. “Con la gente con problemas habitacionales decidimos recuperar el terreno para hacer viviendas y hoy los vecinos de alrededor están contentos porque pueden caminar por ahí”, agregó el militante social. 

Desde que Fagioli vive en el Barrio, dijo que “nunca hubo una orden de desalojo” porque “nadie pudo acreditar ser el dueño”.

Sin embargo, hoy, a seis años, asegura que “nunca” lo volvería a hacer: “No se la pasa bien en una toma”. Pese a entender la situación por haberla vivido en carne propia, niega rotundamente que las organizaciones sociales estén detrás de las usurpaciones de los últimos meses. Desde su experiencia, dice: “Nunca en mi vida fogonearía que alguien haga una toma”.

Antes de ser electo legislador, como militante del Movimiento Popular la Dignidad y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Fagioli participó en la realización del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) mediante el cual se logró censar a más de 5 millones y medio de personas que viven en situación de vulnerabilidad en 4.416 barrios populares. Villas y asentamientos de todo el país donde la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo que habita, ni acceso regular a dos o más servicios básicos (agua corriente, electricidad, cloacas). 

En octubre de 2018 el Congreso sancionó la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana de Barrios Populares para mejorar la infraestructura de los terrenos registrados en el Renabap y permitir que su población acceda a la propiedad de sus viviendas. 

A partir de esta ley, el Estado a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado debe expropiar los más de 4 mil terrenos que figuran en el Renabap para que pasen a su patrimonio. Para luego poder entregar el dominio de cada vivienda a los habitantes de los barrios populares. 

En el texto de la norma también se especificó que al menos el 25% de las obras de urbanización deben ser adjudicadas a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular que estén formadas por los propios habitantes de los respectivos asentamientos. En dicha ley también se reglamentó que los desalojos quedan suspendidos hasta octubre de 2022.

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Por otra parte, en medio de la creciente toma de tierras en todo el país, Fagioli le contestó a Berni y a los intendentes que acusan a las organizaciones sociales de estar detrás de las usurpaciones.

Es un error plantear que estamos detrás de las tomas de tierra. Las organizaciones sociales asisten a los vecinos que la están pasando mal, que necesitan ayuda alimentaria y demás, pero no significa que las organizaciones estén fogoneando y poniendo recursos para que las tomas sucedan”, declaró. 

Y agregó: “Claro que tenemos una postura diferente a Berni, creemos que no es un tema de seguridad que se resuelve con represión y desalojo, sino es un problema de falta de un derecho, de acceso a la vivienda digna y de la especulación inmobiliaria que genera que la gente no pueda tener un pedacito de tierra. La única forma de resolverlo es con una política habitacional pública clara”.

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Aumentos en las tarifas: estiman que el incremento de la luz rondaran el 200% y el del gas un 80%

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Aún se desconoce de cuánto será el aumento, a partir de cuándo comenzará a regir y quién lo implementará.

 La aplicación de la segmentación para la quita de subsidios a la energía aún reviste mas incógnitas que certezas. Los cambios en la Secretaria de Energía engordaron la falta precisiones de la medida, como por ejemplo saber de cuánto será el incremento, cuándo comenzará a regir y quién lo implementará

Lo que aún no puede comunicar el gobierno, ya lo estimó la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo. Los incrementos finales serían del 85% para la tarifa de gas y en torno al 200% para la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, según consta en el último informe presentado por la consultora.

“En general la mayor parte de los hogares, el 70% de los usuarios del AMBA, tiene un nivel de consumo por debajo de los 400 kv que puso de tope el gobierno para aplicar a partir del excedente el pago de tarifa plena” afirmó Arceo que aclara que se trata de un promedio anual porque el nivel de consumo varía según la estación del año.

Ahora bien, si la mayoría de los usuarios consume por debajo del tope, la pregunta es cual es el ahorro para el fisco en tanto eliminación de subsidios. Sobre esto Arceo explica que el 30% de los hogares donde se consume mas de 400 kv explican a su vez el 50% del consumo de energía total. “Son pocos hogares que consumen mucha energía, con lo cual sin subsidio, o se reduce, el nivel de ahorro fiscal es bastante significativo”.

Para Arceo la incorporación del criterio de tope de consumo es un premio al ahorro de energía muy eficaz en otros países. Sin embargo este consultor explica que los sectores populares, que no tienen acceso a la red de gas, consumen más energía, sobre todo en invierno. “Por eso es importante saber si el tope de consumo alcanza también a los beneficiarios de tarifa social” agrega Arceo, para quien este punto es nodal “para proteger a los que menos tienen”. Según el consultor esto todavía no está garantizado ya que queda “esperar la letra chica de la reglamentación de la medida”.

No obstante Arceo reivindica la medida: “Es correcto penalizar el consumo excesivo dado el incremento que tuvo la demanda de gas y energía eléctrica en los últimos años que llevo a la Argentina a que solo en el primer semestre de este año creció un 18% respecto al mismo período del 2019”.

En lo que respecta al servicio de gas por red y servicio de agua potable, Massa no dio precisiones.”En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad”, dijo, sin más detalles.

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Senado: El kirchnerismo impulsa una ley para crear un ingreso fijo por indigencia

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La ley, elaborada por la senadora Di Tullio, alanzaría a 1.7 millón de personas, con un costo fiscal más bajo que el salario básico que pide Grabois.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto para crear un ingreso por indigencia, que beneficiaría a 1.7 millones y fue elaborado después de una ronda de consultas con organizaciones sociales y funcionarios.

Es mucho más restrictivo que el salario básico universal que propone Juan Grabois, porque abarca a desocupados desde 25 años a uno menos que el límite de la jubilación (59 mujeres y 64 hombres), que no sean beneficiarios de planes sociales. 

Recibirían el equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, que según el Indec alcanza 15.057 pesos mensuales. Se actualizaría por trimestre. 

El proyecto de Itahí Hagman, diputado del Frente de Todos cercano a Grabois, también propone pagar una canasta por adulto, pero abarca a desocupados de entre 18 y 64 y a quienes registren bajos ingresos. 

Se definen como tales a trabajadores de casas particulares, monotributistas de categoría A o asalariados con haberes similares. El beneficio llegaría a entre 7 y 9 millones de personas y el costo fiscal podría ser entre 2 y 3 puntos del PIB.

Di Tullio trabajó en un diseño que redujera el impacto fiscal, que esperaba presentar la semana pasada, pero debió postergar hasta que el nuevo ministro de Economía Sergio Massa se pusiera al tanto. 

Calcula un costo fiscal de 0.09 del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. El ingreso durará un año y para renovarlo el beneficiario deberá acreditar que continúa sin ingresos.

Y se promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica.

De esta manera, el Estado se encargaría de la reinserción laboral del beneficiario, que formará parte de un Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción, mediante un cruce de datos con Anses.

Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero se estima que no podrá demorarse más allá del debate del presupuesto, que llegará el 15 de septiembre a Diputados. El último no se sancionó y el kirchnerismo lo cuestionó, justamente porque no contemplaba ayuda directa a los sectores vulnerables.  

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Cuarta audiencia del juicio por la Obra Pública a Cristina Kirchner: el fiscal apuntó a la “caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”

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Se trata de las obras por remediación de canteras por las que recibió 220 millones de dólares. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron hoy la cuarta audiencia de sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, la Fiscalía ahondó sobre lo que llamó la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

Se trata de las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para obras de remediación de canteras y movimiento de suelos.

Ante el Tribunal Oral Federal 2, y sin la presencia de Cristina Kirchner, autorizada a ausentarse, el fiscal Luciani señaló que Báez ganó todas las licitaciones para la remediación de canteras por un total de 220 millones de dólares y que la gran mayoría fueron cercanas a las elecciones presidenciales de 2007 que ganó el Frente de Todos.

En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, dijo Luciani. El fiscal, con el aporte de filminas, mostró cada una de esas obras en las que expuso como en las licitaciones competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti y en algunas otras empresas, en su mayoría Petersen, que siempre quedaba descalificada. Se trata del mismo mecanismo que se utilizó para las licitaciones de las obras viales que la Fiscalía analizó en las audiencias anteriores.

A su turno, el fiscal Mola señaló que esas licitaciones se buscaron ocultar en su publicidad. Explicó que se debían publicar en los diarios de Santa Cruz para que las empresas que quisieran se presenten a competir. Pero Mola destacó que las licitaciones se publicaban en las secciones de belleza, de chistes o donde se publicaban avisos contra la eyaculación precoz. “La ley no especifica donde debe publicarse pero se hacía en lugares no relacionados con la obra publica”, señaló Mola.

La audiencia de hoy comenzó con una recusación que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, presentó contra el fiscal Luciani y uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Las defensas de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, adelantaron que también presentaron medidas similares.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, acusó Luciani el primer día los alegatos, el pasado 1 de agosto.

La Fiscalía tiene nueve audiencias para alegar la acusación contra los 13 imputados en el juicio. Luciani adelantó que usará todas y que inclusive podrían necesitar algunas más. Luego será el turno de los alegatos de cada una de las defensas que tendrántres audiencias. La primera en alegar será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

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