El espacio de Patricia Bullrich respaldó el debate por la reducción de la jornada laboral legal en Argentina, aunque buscará presentar su propio proyecto. Los dos espacios del establishment político buscan aprobar una reforma que ahogaría al sector privado, en medio de la peor crisis de los últimos 20 años.

La bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados presentó un borrador que estudia rebajar la jornada laboral legal de Argentina hasta las 36 horas semanales como máximo, y propone como mínimo un piso de 40 horas.

Contrariamente a su discurso “opositor”, el espacio de Juntos por el Cambio, que votó en contra de la eliminación del Impuesto a las Ganancias en Cuarta Categoría para no apoyar las medidas del kirchnerismo, se mostró favorable a las reformas para rebajar la jornada, solamente marcando ciertas diferencias “cosméticas” en detalles de la ley con el oficialismo.

Algunos integrantes del bloque de Patricia Bullrich, como por ejemplo el diputado radical Martín Tetaz, aceptaron la rebaja de la jornada legal como una “prueba piloto” para algunas empresas, ofreciendo incentivos fiscales para poder efectuarla.

Nadie en Juntos por el Cambio mencionó el problema de que reducir la jornada laboral, pulverizará los sueldos mensuales y generará una caída en el nivel de salarios de Argentina, en un momento de alta inflación cuando lo que se debería buscar es recomponer los jornales, no reducirlos.

En esta oportunidad, Juntos por el Cambio no demuestra el mismo reparo “fiscalista” que mantuvo en la discusión por la rebaja del impuesto a las Ganancias. Tetaz no explicó de dónde saldrían los recursos para financiar tales rebajas tributarias, algo que para la jerga de JxC podría constituir una estafa a su propio electorado.

Por su parte, la diputada de JxC Mónica Frade manifestó su apoyo explícito a la reducción de la jornada laboral legal, pero se diferenció del proyecto oficialista marcando que el rango de 36 horas semanales resulta excesivo. Propuso establecer un sendero de reducción gradual similar al que aprobó el presidente socialsita Gabriel Boric en Chile.

Bajo el punto de vista de Justos por el Cambio, en lugar de aplicar una ley que fomente activamente la informalidad y la desocupación de un día para el otro, buscará establecer un proyecto que produzca exactamente el mismo efecto pero “en cuotas”.

Tanto el espacio de Bullrich como el oficialismo conducido por Sergio Massa y Cristina Kirchner consideran necesario y oportuno que Argentina aplique una jornada legal similar a la que tienen los países más desarrollados del planeta, aún cuando el nivel de productividad del país se asemeja más a la de un país africano.

De hecho, el producto medio por trabajador (una métrica usual para medir la proactividad) se encuentra en los valores más bajos de los últimos 20 años, y por la misma razón los salarios en términos reales también retrocedieron a los niveles más bajos desde 2003.

Argentina no muestra las condiciones mínimas e indispensables para llevar a cabo una reforma de la jornada laboral de estas características. Más aún cuando la mayor parte del empleo creado en los últimos 4 años fue altamente precario (generalmente empleo informal), y cada vez son más las personas que deben recurrir a un segundo o incluso un tercer trabajo para poder llegar a un umbral de ingresos razonable.

El país se ubicó en el puesto 158 sobre un total de 165 países seleccionados por la medición del Instituto Fraser. El modelo económico kirchnerista se encuentra completamente agotado y al borde de la hiperinflación.

El último sondeo del Índice de Libertad Económica elaborado por el Instituto Fraser reveló un fuerte derrumbe para la métrica de Argentina: sobre una muestra de 165 países seleccionados en el año 2021, Argentina ocupó el puesto 158. De esta manera, bajo el kirchnerismo el país se encuentra entre las 10 economías más reprimidas del planeta.

Se registró una puntuación de 4,77 en un indicador que va del 0 a 10, y que evalúa una serie de aspectos como el tamaño del sector público, la protección de los derechos de propiedad, la calidad del dinero, la libertad de comercio y el peso de las regulaciones sobre la iniciativa privada.

El índice para Argentina sufrió una caída del 12,4% desde que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa asumieron el Gobierno en diciembre de 2019. En este mismo período, el país retrocedió del puesto 151 en 2019 al 158.

Canada has one of the fastest growth rates in size of government in the world, suppressing the space for free exchange and Canadians’ economic freedom.

Read this year’s Economic Freedom of the World report: https://t.co/5iWSCgPwpJ pic.twitter.com/szlkDTWSF1

— The Fraser Institute (@FraserInstitute) September 19, 2023

El desempeño de Argentina es únicamente comparable con algunas economías africanas disfuncionales y estado de guerra como Sudán y el Congo, así como en países regidos por dictaduras socialistas como el caso de Venezuela (el país con la peor puntuación a nivel global). Con estas reglas de juego, el crecimiento sostenido a largo plazo resulta imposible, y con ello cualquier posibilidad de desarrollo.

De hecho, la puntuación de Argentina se encuentra lejos ya no tan solo de las economías desarrolladas, sino incluso en comparación con los países de la región. Brasil ocupó el puesto 90 de entre la muestra de 165 países, Colombia se ubicó en el puesto número 89, Paraguay se ubicó en el 68, Uruguay en el 65, Perú en el 37 y Chile lideró el ranking regional posicionándose en el puesto número 30.

Incluso Bolivia registró una métrica que superó a la Argentina en más de un 27%, atendiendo a nociones básicas de organización económica como por ejemplo la libertad cambiaria en un mercado unificado (algo que parece poco más que un sueño en Argentina). Hasta el régimen socialsita de Luis Arce y Evo Morales mantuvo al país en el puesto 117 de entre los 165 seleccionados, 41 puestos por encima de la Argentina dirigida por el kirchnerismo.

De la misma manera que ocurrió con el chavismo en Venezuela, la economía argentina coquetea con la hiperinflación y la pérdida definitiva de cualquier parámetro de “calidad” en el uso de la moneda doméstica. La última medición de la inflación del INDEC arrojó una variación interanual del 124% en los precios minoristas, y más de 130% en los mayoristas.

La libertad comercial también fue completamente obliterada, no solo por un arsenal de licencias no automáticas y cupos de exportación, sino también por la suma de un recargo de 7,5% (en concepto de impuesto PAIS) para la mayor parte de las importaciones.

Las incesantes circulares del Banco Central y las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores incrementan la presión regulatoria todas las semanas casi sin excepción, limitando cada vez más la cantidad de transacciones financieras que pueden operar en los mercados convencionales y condicionando el modo en que deben hacerlo.

La plataforma del candidato más votado en las PASO propone una serie de reformas que involucran incentivos para la construcción de viviendas familiares, para la puesta en alquiler de una mayor cantidad de inmuebles, y un alivio fiscal para el sector agropecuario.

Después de dos décadas plagadas de incesantes distorsiones, el candidato liberal Javier Milei propone un giro de 180° en el tratamiento regulatorio del país para el mercado inmobiliario. Este sector fue dramáticamente afectado por la Ley de Alquileres en los últimos cuatro años, perjudicando a propietarios, inquilinos y familias carenciadas.

El programa de La Libertad Avanza sintetiza tres ejes para el mercado inmobiliario: el mayor incentivo a la construcción de viviendas familiares, mayores incentivos para la puesta en alquiler de inmuebles que hoy permanecen fuera del mercado, y un necesario alivio fiscal para la propiedad inmueble en el sector agropecuario.

Bajo el sistema regulatorio actual, la presión fiscal para el campo es la más elevada del mundo. Asimismo, se mantiene un déficit habitacional que afecta a 3 millones de viviendas. Al menos 10.000 barrios necesitan mejorar su infraestructura en más de 200.000 edificios multifamiliares. Y en el mercado de alquileres la oferta se contrae cada vez más, incrementando las barreras a la entrada por parte de las personas que más necesitan de una vivienda.

Las propuestas de Javier Milei para revitalizar el mercado inmobiliario

Promoción de fideicomisos inmobiliarios al costo

El programa de LLA propone generalizar esta modalidad de contratos, a través de los cuales una o varias personas aportan bienes, dinero, servicios o derechos a un administrador Fiduciario. Este administrador los destina al fideicomiso, el cual tiene por finalidad con dichos bienes construir o desarrollar el proyecto de vivienda que finalmente se terminará adjudicando a los fiduciantes.

En este sentido, se instrumentará una promoción directa a través del Banco Hipotecario, y se instará a otras entidades financieras del sector privado que hagan lo mismo y actúen como administradores fiduciarios para la construcción de viviendas. Los recursos aportados por los fiduciantes podrían equivaler a no más del 25% del flujo futuro de ingresos por un período de 10 años.

La ventaja de este tipo de programas es que el costo fiscal desde el punto de vista del Estado es mínimo, pero al mismo tiempo supone un gran potencial para aminorar el déficit habitacional que sufre el país.

Eliminación de la Ley de Alquileres y desregulación de los contratos

La segunda medida será la derogación total de los parámetros de la fallida Ley de Alquileres, algo que ni el kirchnerismo ni Juntos por el Cambio están dispuestos a hacer. Se propone eliminar todas las regulaciones que fueron establecidas desde el año 2020, e incluso desarmar las que ya existían previamente.

Se propone eliminar todos los cupos de períodos temporales para la celebración de contratos de alquileres, desregular la indexación de las cuotas mensuales a la libre elección entre las partes interesadas, y finalmente eliminar la pesificación forzosa que se rige por ley en este tipo de contratos. Las partes podrán acordar un contrato de alquileres en la moneda que definan conveniente, sin ninguna restricción.

La principal apuesta de esta medida es provocar un boom de oferta de viviendas en el mercado, ya que los propietarios buscarán aprovechar al máximo las mayores facilidades legales para poder obtener una renta. 

Al mismo tiempo, los inquilinos disfrutarán de precios iniciales más bajos debido a la mayor oferta, permitiendo que una gran cantidad de personas que hoy no pueden alquilar por las elevadas barreras a la entrada en este mercado, ahora puedan hacerlo.

Eliminación de los impuestos inmobiliarios rurales y desregulación de la titularización de tierras

El proyecto de La Libertad Avanza promete derogar todos los gravámenes que afectan a la propiedad rural, en un intento por revertir casi dos décadas de constante espurio fiscal contra el sector más dinámico de la economía.

En este sentido, se apunta directamente contra la más reciente medida impositiva de Sergio Massa, que promete gravar la propiedad rural con una tasa similar a la más elevada de Bienes Personales (en torno al 2,25% del monto imponible). Todo esto quedaría completamente desmantelado con la reforma de Milei.

Por otra parte, se propone derogar la Ley 26.737, el llamado “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, por medio del cual se limita la titularización de tierras por parte de inversores extranjeros. El sistema será desregulado, permitiendo una apertura a la inversión extranjera directa y permitiendo aprovechar mejor las fuerzas productivas del país (especialmente para la generación de divisas).