A pesar de las grandes maniobras impulsadas por la tabacalera Philip Morris en Argentina para instalar un monopolio de tabaco calentado, Milei decidió retirar de la nueva Ley Bases el capítulo vinculado al tabaco.

El gobierno de Javier Milei ha remitido al Congreso el documento final de la nueva versión de la Ley Bases, la cual contempla la posibilidad de declarar emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el período de un año, sin posibilidad de prórroga.

Aunque el ambiente en el Congreso sugiere un clima más favorable para la aprobación del proyecto que la última, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto con los diputados de la UCR-Coalición Cívica Martín Tetaz y Juan Manuel López, han expresado su rechazo al nuevo borrador, dado que no aborda reformas en el sector tabacalero.

En este sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el presidente Javier Milei rechazó entrar en la discusión de las tabacaleras que hacen constantemente lobby para obtener beneficios del Gobierno, y aseguró que no habrá ninguna reforma para el sector en la Ley Bases.

“No vamos a quedar presos de peleas entre lobbys, internacionales o locales, que entorpezcan el tratamiento de la ley que necesitamos todos los argentinos. Después vamos a evaluar qué es lo mejor para el país, no para Massalin, para Sarandí, para sus voceros” señalo el portavoz en una entrevista de radio.

El principal argumento sostenido por aquellos que pretenden agregar modificaciones urgentes en el mercado de los cigarrillos es que el Estado Nacional no está percibiendo los impuestos correspondientes, en virtud de un sistema de cautelas que exime a las tabacaleras nacionales de sus obligaciones tributarias.

Por un lado, algunos gobernadores quieren subir los impuestos a los cigarrilos y reformar otros para aumentar la recaudación en el sector, mientras que por otro las tabacaleras piden otras medidas para bajar los impuestos o que éstos solamente afecten a algunas empresas y no a otras.

En medio de la controversia por la disputa del mercado tabacalero argentino, la corporación Philip Morris International a traves de su filial en Argentina, Massalin Particulares S.R.L, empleó distintas estrategias en el ámbito legislativo en 2017 con el objetivo de promover la implementación de un Impuesto Interno Mínimo.

La estrategia era sencilla en su apariencia, pero devastadora en su impacto: establecer un tributo mínimo combinado con una reducción general en la alícuota del impuesto interno (del 75% al 70%). Esto implicaba que las tabacaleras solo pagarían un único impuesto entre dos opciones posibles: el 70% o el llamado “impuesto mínimo”, aquel que resultara de mayor valor.

Una vez que la ley 27.430 fuera aprobada en el Congreso durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, las pymes locales se vieron obligadas a pagar por un impuesto que resultaba completamente confiscatorio, ya que superaba el valor de venta de sus productos.

Veamos un ejemplo en concreto: para el primer trimestre del año 2022, la “tasa mínima” era de $151,68 por cada atado. En aquel entonces el precio de comercialización de la marca más ecónomica era de $46, mientras que la más costosa alcanzaba los $250.

La primera empresa entre sus dos opciones: $32.2 (70%) o $151.68, era obligada a pagar el “impuesto mínimo”; es decir, estaba forzada a desenbolsar más de 3 veces el valor de su producto en impuestos. Mientras que la otra empresa, entre $175 (70%) y $151.68; tributaba el porcentual.

En otras palabras, las pymes pagaban más impuestos que las grandes tabacaleras, e incluso llegaban a pagar más en impuestos que en costos del atado de cigarrilos. Este esquema evidencia que el “impuesto mínimo” afectaba exclusivamente a las marcas nacionales, mientras que las grandes tabacaleras multinacionales no solo se libraban del gravamen impuesto en el Congreso, sino que pagaban un 5% menos de impuestos que antes.

En este escenario las tabacaleras locales con el objetivo de no desaparecer, empezaron a buscar exenciones a través del sistema judicial; encabezando así una lucha contra las distorsiones introducidas en la reforma tributaria.

Sin embargo, contrario a lo afirmado por los voceros de Philip Morris-Massalin, las tabacaleras nacionales sí cumplen con sus obligaciones fiscales, tributando el 70% del valor de sus productos. Lo que no están dispuestas a pagar es un impuesto confiscatorio que las grandes multinacionales exigen injustamente y pretenden imponer.

¿A qué se debe el ansiado interés de incluir al tabaco como una emergencia pública?

Lejos de otorgar una solución a este conflicto, los radicales y los peronistas del interior insisten con incluir en la Ley Bases un capítulo para incrementar la alicuota impositiva del 70 al 73%, una iniciativa del diputado del bloque radical, Martín Tetaz.

Sin embargo, en plena campaña electoral del 2021, el economista mediático se había comprometido públicamente a “no aumentar ni crear nuevos impuestos” en conjunto con la coalición de Juntos por el Cambio.

Con esta medida, Tetaz no solo empeoraría esta situación con las pymes, sino que busca beneficiar a las grandes multinacionales que buscan comercializar cigarrillos electrónicos, vapeadores y tabaco calentado, actualmente prohibidos en territorio argentinos, aplicándoles una tasa del 20%, tan solo un tercio en relación al impuesto interno del cigarrillo tradicional.

Esta reforma beneficiaría ineludiblemente a la empresa Massalin Particulares, puesto que el tabaco calentado es la gran apuesta a nivel global por Philip Morris International. Se trataría de la única empresa en el mercado argentino que tendría con exclusividad la distribución y suministro del dispositivo IQOS, diseñado para calentar el tabaco en lugar de quemarlo. De este modo, se consagraría una posición de dominio absoluto para la empresa en el mercado local, exclusivamente por una ley y no por cuestiones del mercado.

Es esencial destacar que detrás de la fachada de preocupación por la equidad en el mercado y el supuesto no pago de impuestos, se esconde un claro interés por expandir privilegios que distorsionan la competencia y perjudican la salud pública, y sin dudas un poder de lobby de Philip Morris que extiende sus manos y llega hasta los diputados de la Nación.

El gobierno de Milei, firme en su postura de defender los intereses de todos los argentinos, ha rechazado enérgicamente estos intentos de influencia indebida en la legislación. La eliminación del capítulo tabacalero es un claro mensaje de que el gobierno no cederá ante los intereses particulares de las grandes corporaciones, sino que buscará promover políticas que garanticen sus objetivos propuestos en campaña.

Los Moyano, empresarios y la Secretaría de Trabajo de Milei negociaron una paritaria del 15% para marzo y 9% para abril con vigencia hasta junio, a tono con las pautas que había marcado el ministro Toto Caputo.

El Sindicato de Camioneros que conducen los Moyano había impulsado unas paritarias que aumentarían los sueldos de los afiliados un 25% para marzo y un 20% para abril. Esta suba generó un cimbronazo en el Gobierno, ya que duplica la inflación para esos meses y generaría un encarecimiento injustificado de los costos de las cadenas de producción.

Por ley, y algo que solo ocurre en Argentina donde los sindicatos forman parte del proceso político, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, tiene el poder de homologar o rechazar las paritarias colectivas por rubro.

Es por esto que el secretario Julio Cordero, en coordinación con el ministro de Economía, Luis Caputo, habían decidido no homologar la paritaria y optaron por entrar en un conflicto abierto con el gremio de camioneros.

Los Moyano amenazaron con paros generales, medidas de fuerza y protestas frente a la Casa Rosada hasta que el Gobierno aprobara la paritaria, pero finalmente las amenazas fueron vacías y el Sindicato aceptó reformular el acuerdo salarial.

Tras el nuevo acuerdo, que cuenta con el visto bueno del gobierno de Javier Milei, se acordó incrementar los salarios un 15% en marzo, y un 9% en abril, en línea con la inflación, que fue del 11% en marzo y se espera que ronde el 9% en abril.

Además, no habrá aumentos en mayo y recién habrá una nueva paritaria en junio, cuando el Gobierno espera que la inflación ya esté controlada y pueda negociar con la CGT acuerdos salariales donde ya no sean necesarias fuertes subas por las subas de precios.

Por último, todas las empresas que tengan trabajadores del Sindicato de Camioneros deberán entregar una suma fija del 10% y del 7% sobre los sueldos de marzo para compensar la inflación de enero y febrero, dejando la mejora total en casi un 45%, en línea con la inflación desde que empezó el año que es del 44,7%.

Se trata del primer gran logro de Julio Cordero, quien tomó control de la Secretaría de Trabajo hace poco más de un mes, y ya se anotó una victoria absoluta sobre el sindicato más difícil del país. Cordero, que viene del sector industrial, negoció directamente con los Moyano en una reunión en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114, y consiguió el histórico acuerdo.

El empresario había utilizado los subsidios que le dio el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa para comprar competidores y cartelizarse.

En medio de la tensión con el Gobierno por la suba de las prepagas y las motivaciones políticas detrás del tarifazo, el empresario Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea a las empresas del sector de la salud privada y que decide en posición cartelizada el precio de las prepagas.

Belocopitt había entrado en una guerra abierta contra el Gobierno, luego de que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo denunciaran que Belocopitt había logrado cartelizarse en los últimos 4 años gracias a subsidios que recibió durante la pandemia y luego continuó dándole Sergio Massa.

Desde 2021 a la fecha, Swiss Medical compró a varios de sus competidores con dinero del Estado, entre ellos Medicus, y Belocopitt tomó control total de la UAS, por lo que la fijación de precios en el sector no ocurría según el libre mercado que tanto pregona Milei, sino que se trataba de empresarios prebendarios que con fondos públicos buscan sacar un rédito económico y político.

Belocopitt había fijado aumentos del 160% para la tarifa de las prepagas desde principio de año, cuando la inflación general en ese mismo período fue del 44,7%. Como denunció Caputo, la UAS comandada por el dueño de Swiss Medical estaba impulsando aumentos cuatro veces mayores que la inflación.

En el decreto desregulador que firmó Milei en diciembre se liberó el precio de las cuotas de las prepagas y se determinó que los empleados puedan optar en derivar sus aportes a las obras sociales o, directo, a los prestadores privados.

En este contexto, Belocopitt usó su posición oligopólica para subir los precios muy por encima de la inflación, motivado políticamente debido a sus vínculos con el massismo, y perjudicando económicamente a sus afiliados.

“Con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados, y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras, he considerado procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud”, afirmó Belocopitt en su carta de renuncia, admitiendo también que el sector que representaba recibió en los últimos días “reproches y observaciones por parte de funcionarios del gobierno nacional”.

“Las agresiones de las últimas horas sobre mi persona son riesgos propios de participar y comprometerse con esfuerzos e ideales. Quizás mi vehemencia o carácter, muchas veces malinterpretados, son consecuencia de mi pasión por esta actividad que heredé de mi padre y que he desarrollado durante toda mi vida, invirtiendo y reinvirtiendo en mi país”, dijo.

El texto enviado a la Comisión Directiva y Asociados de la UAS hace foco en que debe ser prioridad de todas las asociaciones que la integran seguir prestando el servicio de salud a más del 70% de la población argentina y hacerlo con calidad, para lo que “se deben despejar subjetividades que obstruyan la posibilidad de encontrar salidas consensuadas, basadas en debates técnicos, realidades de mercado y equilibrios económico financieros”.

“La Unión Argentina de Salud de ninguna manera puede quedar involucrada o asimilada a cualquier defensa que yo en lo personal pueda ejercer, todo lo cual concurre a la decisión de apartarme del cargo para el que fui honrosamente designado. Creo necesario que cualquier opinión que pueda manifestar en el futuro, o aclaraciones a los medios y analistas de opinión, no sean consideradas una posición institucional de la Unión Argentina de Salud, organización que tuve el privilegio de fundar -junto a muchos de ustedes- y de presidir durante los últimos años”, explicó Belecopitt.

Por último, le deseó éxito a Milei. “Manifiesto mi deseo de que el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, tenga el éxito que el país necesita para salir del estancamiento y la recesión de las últimas décadas y que todos los argentinos tengan la posibilidad de tener, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, el derecho a la vida, a la seguridad, a la educación, a la salud y a la propiedad privada”, cerró el empresario.