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Argentina

Juez santafesino falla en contra del gobierno y frena la intervención de Vicentín

Fabián Lorenzini, juez santafesino a cargo del concurso preventivo de acreedores de Vicentín, falló hoy en contra del gobierno y restituyó temporalmente al directorio, dejando sin poder a los interventores, como simples “veedores del proceso”.

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El juez Fabián Lorenzini, que estaba a cargo del concurso preventivo de acreeedores por la quiebra de la división aceitera del Grupo Vicentín, falló en contra del gobierno en la intervención que trató de implementar Alberto Fernpandez.

Lorenzini dispuso a través de un fallo que el directorio de Vicentín S.A.I.C. vuelva a tomar control de la compañía y que los interventores Gabriel Delgado y Luciano Zarich queden relegados a una posición de veedores y consultores en el proceso de quiebra que está enfrentando la empresa.
El juez santafesino, sin embargo, se declaró “incompetente” para definir la inconstitucionalidad del decreto presidencial, por lo que esta decisión recaerá sobre la Cámara de Apelaciones. 
Si bien la decisión de Lorenzini puede quedar sin efecto tras una decisión favorable al gobierno de la Cámara, el proceso es largo y mientras tanto el gobierno no podrá avanzar con la intervención, dándole tiempo a la compañía a ponerse en regla, preparar su defensa legal y seguir presionando para que los diputados y senadores del Congreso no cedan ante los delirios expropiadores del kirchnerismo gobernante.

Que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la a la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma“.

Además, planteó “que los señores interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores“.

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A pesar de las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que evidentemente no entiende las diferencias entre constitucionalidad y legalidad, la intervención de Vicentín enfrenta serios problemas legales.

Primero y principal, desde un punto de vista más filosófico, de esos que le gusta plantear a la cúpula del gobierno K, la ley que habilita al gobierno a la intervención de una empresa para declararla de “utilidad pública” nace de una ley que se introdujo el 17 de enero de 1977, en pleno Proceso de Reorganización Nacional.

Videla, habiendo tomado la suma del poder público bajo su figura y la de la Junta Militar, publicó a ley 21.499 creada unilateralmente por su gobierno y llevando únicamente su firma, para darle un marco pseudo-legal a una serie de expropiaciones que llevaría a cabo en los años subsiguientes.

Por lo tanto, si bien hay un respaldo legal para las acciones de Alberto Fernández, es el mismo gobierno quien ha teorizado en múltiples ocasiones que todo lo realizado por aquel gobierno de facto no fue legítimo. Dicen una cosa y hacen otra.

Desde un punto de vista legal, sin embargo, también hay problemas. El Poder Ejecutivo, al realizar esta intervención en vistas de una expropiación, se está entrometiendo con un proceso judicial en marcha, que ya se había expresado a favor de la empresa cuando decidió no remover al directorio original.

Consultado por La Nación, el especialista Máximo Fonrouge asegura que el decreto del gobierno es inconstitucional por avasallar un proceso judicial en marcha.

Si el Estado es acreedor, que reclame en el concurso, no puede intervenir la empresa. Esto se planteó como una intervención lisa y llana, y se están entrometiendo en un proceso concursal, en el que ya hay un juez actuando”.

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay se expresó severamente en contra de la decisión de Alberto Fernández, asegurando que no hay ningún artículo de la Constitución Nacional que prevea las circunstancias de una situación así, y que la excusa de la “emergencia pública” por la pandemia del coronavirus entraría en conflicto con el Código Civil y Comercial.

El decreto es abiertamente inconstitucional porque no se dan las circunstancias excepcionales que prevé la Constitución Nacional para que un presidente pueda dictar un decreto de contenido legislativo. El pretexto de la pandemia no cabe, es un pretexto para ejercer poder salteando al Congreso. Se crea la figura de la intervención provisoria, pero implica una violación al Código Civil y Comercial de la Nación. Manda entonces una ley de expropiación, pero mientras tanto, hace la intervención, que es una pre-expropiación. Además, el Estado no participa en Vicentin, que ya está en un concurso que corre por vía judicial.”

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Otro tarifazo: Kicillof aumenta el valor de la VTV en la Provincia de Buenos Aires

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Fue informado por el Ministerio de Transporte, que además comunicó que aplicarán un nuevo sistema de turnos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires fijó sus tarifas para renovar la oblea obligatoria y poder circular por las rutas bonaerenses a lo largo de este año 2022.

La Resolución N° 2/2022, rubricada por las autoridades del Ministerio de Transporte, reestructuró el cuadro tarifario con este nuevo tope al que se le sumará 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El valor máximo de la tarifa básica del servicio de la VTV será de 1.776,86 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado.

Así quedarán fijados los nuevos valores:

  • Actualmente está a $449,06 para motos y pasará a $645;
  • para remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg irá de $748,43 a $1.075;
  • para vehículos de más de 2.500 kg de $1.347,18 a $1.935;
  • para vehículos ligeros de hasta 2.500 kg de $1.496,85 a $2.150;
  • para autos o camionetas particulares de más de 2.500 kg de $2.694,34 a $3.870.

Cómo se llevará a cabo el sistema de turnos

También comenzó a regir un nuevo sistema de turnos según el último número de la patente para motos, autos y vehículos de carga particulares de hasta 2.500 kilos.

Una vez que el conductor concurra a realizar la VTV según su actual mes de vencimiento indicado en la última oblea que fue pegada en el parabrisas y de haber aprobado la revisión, el personal de la planta le otorgará un mes de vencimiento extra que será asignado según el último número de la patente.

Así, ese mes de vencimiento será el que el vehículo siempre tendrá para realizar la VTV cada 12 meses. En Provincia aclararon que no habrá números asignados por patente para los meses de diciembre y enero, para atender aquellos vehículos con el trámite vencido.

Ahora todos deberán concurrir cuando se les vence la oblea, y después asignarán el mes de febrero para aquellos terminados con el números 2, marzo para las patentes finalizadas en 3 y así sucesivamente.

Según la provincia, el objetivo de la medida es evitar las congestiones que se producen en las plantas de verificación, sobre todo en los meses de diciembre y enero, cuando pasan por allí un 60% más de unidades que en el resto del año.

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Preocupación en Chubut: Aumentan los rumores sobre que Jones Huala se instalaría en la provincia

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El Ministro de Seguridad de Chubut dejó en claro que el líder del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche no cuenta con permisos para salir de Chile, pero su familia dice que lo está esperando.

Luego de que la Justicia de Chile le otorgara la libertad condicional al líder terrorista mapuche Facundo Jones Huala, se generó una enorme preocupación entre quienes viven en la Comarca Andina por el posible regreso del comandante del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche a Chubut.

Juan Carlos Martínez, dirigente empresarial y político de la Comarca Andina, aclaró que esta situación y las declaraciones de Huala “preocupan a la gente que vivimos en la zona, porque en los últimos tiempos no hemos encontrado la forma de canalizar el problema de seguridad, que es una diferencia que creíamos superada en el tiempo”.

En esta línea Martínez fue claro: “No me inquieta tenerlo como vecino en Cushamen, ya que puede operar desde cualquier lugar. La intranquilidad es saber cómo ese grupo va a llevar adelante los métodos de lucha”.

A su vez, resaltó que para este grupo “no hay limites” refiriéndose al ataque de los turistas que vacacionaban en Bariloche. “Hay militantes que aseguran que ‘el turismo mata’, según los carteles dejados en las oficinas locales destruidas hace pocos días. Por el contrario, es nuestra principal actividad económica y la industria más limpia del mundo”, señaló.

Martínez, y otros vecinos, sostienen que hay “ausencia del Estado nacional” y que esto deja ”desprotegida a gran parte de la sociedad, la violencia se incrementa”. Ante esta situación, “el mismo pueblo empieza a tomar participación con justicia por mano propia y no está bien. El gobierno nos tiene que dar tranquilidad y seguridad a todos los habitantes en general y no solo a un sector”.

Facundo Jones Huala: cómo es su vida en una cárcel de Chile y por qué hace  una huelga de hambre

¿Puede realmente Jones Hualas venir a Argentina?

El ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, detalló que si bien el líder terrorista fue liberado, aún no cuenta con el permiso de salir de Chile.

De todos modos, la familia de Jones Huala repite que están acondicionando su casa para su regreso, y los miembros de la RAM están festejando en redes sociales su pronto regreso.

Das Neves remarcó: “Aquel que esté en suelo chubutense, tendrá que ser ajustado a derecho y va a ser siempre respetado. Si es en contrario, lo vamos a sacar con todo el peso de la ley en defensa de los ciudadanos de bien”.

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Argentina cayó 30 lugares en el ranking mundial de lucha contra la corrupción desde la vuelta del kirchnerismo

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Entre 2019 y 2020 cayó 12 lugares y entre 2020 y 2021 otros 18. Es el segundo peor resultado de la historia, después de haber estado casi al final de tabla en 2015.

Argentina sufrió un retroceso notable en un ranking que se realiza todos los años en cuanto a transparencia o lucha contra la corrupción en todos los países del mundo. Argentina, en esta oportunidad, retrocedió 18 lugares respecto a 2020.

De un total de 180 países estudiados, Argentina quedó situada en el puesto 96, y consiguió apenas 38 puntos sobre los 100 posibles. La media general fue de 43 puntos.

Cabe recordar que ya en 2020 Argentina había retrocedido 12 lugares, dejando 30 puestos abajo en comparación al 2019. A pesar de la rétorica kirchnerista de que en el gobierno de Macri hubo mucha corrupción, Argentina había escalado varios puestos en este estudio que realiza la ONG Transparencia Internacional, pero en estos dos últimos años perdió todo el terreno ganado.

El índice lo que hace es calificar a los países según el nivel de corrupción en los sectores públicos, y esto se construye a partir de 13 fuentes externas. Las mismas son evaluaciones y encuestas que se llevan a cabo por varias instituciones con especialistas, consultores y empresarios.

Las preguntas, por lo tanto, estuvieron orientadas hacia la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, el no castigo penal o la falta de protección a los denunciantes. También, las formas y mecanismos para obtener contratos con el Estado y el acceso a la información de asuntos públicos por parte de los ciudadanos.

El listado completo de los países y sus posiciones finales en el ranking anticorrupción.

El listado completo de los países y sus posiciones finales en el ranking anticorrupción.

¿Qué significa para Argentina haber retrocedido 30 lugares en el ranking anticorrupción?

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, filial argentina de Transparencia Internacional, explicó: “El resultado para Argentina es malo y se observa que mantiene una caída en la percepción de los consultados sobre el nivel de corrupción en el sector público en nuestro país”.

A su vez, la presidente de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, se refirió a lo que considera como los factores que contribuyeron a la caída de Argentina. Mencionó a los acusados por actos de corrupción, la falta de transparencias durante las compras de vacunas contra el coronavirus y la vinculación del Gobierno con la Justicia como los principales factores para este retroceso.

Destacaría la creciente impunidad de la que gozan los involucrados en actos de corrupción y los reiterados intentos del Gobierno por colonizar al Poder Judicial, afectando la independencia de los jueces. La gravedad de estos ataques llega al nivel de la Corte Suprema de Justicia. Sin un Poder Judicial independiente la corrupción aumenta”, dijo Ferreira Rubio.

Para luego agregar: “Otro factor que claramente influyó en la percepción de corrupción es la falta de integridad de muchos funcionarios públicos que alcanzó niveles de escándalo con el “vacunatorio VIP” y el “Olivosgate”, claros ejemplos de abuso de poder en beneficio personal y de familiares y amigos, exactamente la definición de la corrupción”.

Y completó: “La falta de transparencia que afectó y afecta los contratos de compra de vacunas es otro aspecto que contribuye a la percepción de corrupción, afecta el derecho de acceso a la información pública y dificulta el control del uso de los recursos públicos”.

Coronavirus | Vacunagate en Argentina | Argentinos protestan contra el  Gobierno por el escándalo de las vacunas VIP | COVID-19 | Alberto Fernández  | NNDC | MUNDO | EL COMERCIO PERÚ

A escala regional, Argentina también se posicionó debajo de la mitad de las posiciones, en el puesto 18 de un total de 31 Estados. 

Los mencionados Uruguay y Chile fueron los dos primeros, mientras que Brasil, Perú y México estuvieron por debajo de nuestro país. El último a nivel regional fue Venezuela.

Cabe recordar que la peor ubicación de la Argentina en este ranking anticorrupción se dio en el 2015, al obtener solo 32 puntos y ubicándose en el puesto 107 de un total de 168 países. En contrapartida, la mejor posición se dio en el 2019, al sumar 45 puntos y ubicarse en el lugar 66 del ranking.

Ahora, estamos muy cerca del peor resultado, y se especula que a este ritmo en 2022 podría Argentina terminar con 32 puntos en la encuesta, y en 2023, incluso por debajo.

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